En este artículo se intenta establecer el significado de la responsabilidad política institucional. Para ello, en primer término, se describe su surgimiento en el derecho inglés y los inicios de su empleo en el Perú. Luego se explica cómo han sido regulados, en las diversas constituciones peruanas, los dos instrumentos que, actualmente, sirven para hacer efectiva la responsabilidad política institucional de los ministros: la censura y la cuestión de confianza. Finalmente, se distingue la responsabilidad política de la responsabilidad jurídica, precisando que, en nuestro país, el Presidente de la República se encuentra exento de responsabilidad política, pero no de la responsabilidad jurídica que generen los actos que realice en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad jurídica se hace efectiva mediante el juicio político pero, cuando concierne a materias penales, su establecimientojudicial se viabiliza mediante el procedimiento parlamentario del antejuicio.

Del estudio de la figura se puede inferir que el principio de tutela jurisdiccional efectiva garantiza que el Estado a través de sus órganos de justicia apliquen de manera adecuada las técnicas y herramientas necesarias para asegurar que toda persona que desea entablar una demanda, se encuentre segura de que se va a realizar todo como es debido, ajustándose al debido proceso y al libre derecho de acceder a los tribunales de justicia. Pero sucede que, dicha libertad debe estar acompañada del cumplimiento obligatorio de ciertos requisitos sin los cuales las demandas están sujetas a la inadmisibilidad. Esto sucede con los casos de las demandas de régimen de visitas, en las cuales, existe una disposición legal que obliga a el demandante a cumplir con acreditar de manera fehaciente que éste se encuentra al día en el pago de sus obligaciones como padre, caso contrario, como ya se mencionó anteriormente, la inobservancia de dicha obligación terminaría con la inadmisibilidad de su demanda. Pero no solamente el principio de tutela jurisdiccional efectiva en el caso del demandante se ve afectado, sino también el de interés superior del niño en cuanto que el más interesado en poder entablar una relación de comunicación y de afectividad es el menor, al cual es obligación del Estado brindarle todas las garantías necesarias para su desarrollo óptimo.

La Ley N°30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del grupo familiar, en referencia a la regulación sobre tipos de violencia, denominada violencia económica, ha recogido un supuesto (evasión de cumplimiento de obligación alimentaria) que corresponde al código civil, pero ha querido darle un trámite distinto al amparo de dicha ley, mediante un proceso de violencia, el cual según dicho cuerpo legal, la actuación de las instituciones y operadores de justicia debe ser inmediata. Sin embargo, al querer aplicar la ley N° 30364, ha advertido que el código civil y procesal civil han regulado el proceso de alimentos que encaja perfectamente ante un supuesto de incumplimiento de obligación alimentaria. Por tal motivo, en esta investigación se ha realizado un análisis sobre la regulación de la Violencia Económica en el marco de la Ley N° 30364, a fin de dar solución a la problemática de tramitación de procesos en el supuesto de evasión del cumplimiento de obligaciones alimentarias, que atraviesan las instituciones encargadas de brindar tutela efectiva ante este tipo de violencia para que al momento de iniciar una estrategia legal, se tome la vía más idónea y tutelar.

El proceso de alimentos en nuestro país son materia de todos los días llegando a abordar demasiado tiempo, dinero y sobre gastos innecesarios que perjudican el bien jurídico protegido que es el interés superior del niño. La omisión a la asistencia familiar, es un delito que exige dolo. Por otro lado recurrir a un proceso penal requiere de los principios de última ratio y subsidiariedad, por ello para facilitar y coadyuvar al juez dentro del proceso de alimentos a probar el dolo del obligado, es necesario establecer mecanismos que ayuden a efectivizar los proceso de alimentos en menor y también la subsidiariedad de los procesos de omisión a la asistencia familiar, afirmando que el objetivo de todo esto es comprobar no solo por única omisión del obligado, sino determinar completamente y de forma continua el dolo del padre alimentista, de no querer prestar alimentos a su menor hijo, además de ello se busca la protección al menor.

Actualmente, el incumplimiento de una prestación alimentaria señalada mediante resolución judicial atribuye la comisión del delito de Omisión a la Asistencia Familiar; sin embargo, la persecución penal de la mencionada conducta ha resultado ser ineficaz, pues la excesiva carga procesal y fiscal, la demora del proceso y el incumplimiento de la pensión alimenticia en la vía penal ha generado la desprotección del bien jurídico del alimentista, por ello, la necesidad de optar por la implementación del apremio corporal, una medida de solución donde se retiene a la persona deudora alimentaria por un período de tiempo hasta el cumplimiento de la pensión de alimentos sin tener que recurrir a la vía penal, pues el Juez de Familia o de Paz Letrado, se encargará de emitir la orden de apremio.

El presente trabajo tiene por objetivo ofrecer un análisis del Recurso de Casación N° 1243-2011-Piura recaído en el expediente N° 00889-2009-0-2001-JR-CI-04 por la demanda interpuesta por Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. contra Jessenia Jacqueline Coveñas Allemant, en su condición de obligada principal, así como sucesión de Asunción Coveñas Velarde (integrada por Jesenia Jacqueline, Jessica Cecilia, Manuel Ricardo y Liliana Vanessa Coveñas Allemant; así como Mercedes Betty Allemant Vásquez) en materia de ejecución de garantías. El método empleado para el presente análisis fue un estudio de las posiciones en la doctrina, método históricodogmático y estudio de la jurisprudencia nacional, tanto del Tribunal Constitucional como las de las Cortes Supremas. Sucintamente, las conclusiones giran en torno al énfasis en la importancia de la debida motivación de las resoluciones judiciales como una de las garantía dentro de la gama que el derecho al debido proceso proporciona, la importancia de seguir reflexionando entorno al proceso único de ejecución y la importancia de que nuestros jueces tengan claros y presentes sus facultades y deberes como operadores de justicia y miembros de la Administración Pública.

En las últimas décadas, nuestro país ha venido experimentando un alza en la colocación de créditos hipotecarios, por ello requiere atención el proceso de recuperación de crédito de las entidades financieras, ya que resulta inevitable el incremento también de los potenciales deudores. El presente trabajo de investigación se enfoca en el Efecto Peltzman que genera la duración del proceso de ejecución de garantía hipotecaria en el comportamiento del consumidor del sistema financiero tomando en cuenta el modelo de la banca múltiple que lo rige. Para ello, se deberá determinar si se está cumpliendo el objetivo del proceso de ejecución de garantía hipotecaria en el tiempo legal establecido o si, por el contrario, el plazo real puede estar modelando perniciosamente la conducta de quien adquiere este tipo de crédito, incentivándolo a que deje de pagar puesto que no hay una sanción efectiva. / In recent decades, our country has been experiencing an increase in the placement of mortgage loans, which is why the process of recovery of the credit of financial institutions requires attention, since it is inevitable the increase of potential debtors. This research paper focuses on the Peltzman Effect that generates the duration of the foreclosure process in the behavior of the consumer of the financial system taking into account the they are under the multiple banking concept. To do so, it must be determined whether the objective of the foreclosure process is being met within the prescribed legal time or whether, on the contrary, the actual term may be adversely shaping the conduct of the acquirer.

La tesis se inicia con el análisis de los distintos significados del término responsabilidad, tanto en el lenguaje ordinario como en el jurídico. Inspira ese examen el postulado de que las palabras y los contextos en los que son usadas dan cuenta de una determinada forma de comprender y de delinear una institución social. Siguiendo ese método, se concluye que la responsabilidad constituye un mecanismo de intervención social que tiene un significado particular que permite diferenciarlo de otros sistemas de atribución de consecuencias gravosas, y que el contenido central del mismo puede esbozarse de manera unitaria, sin atender a la tradicional dicotomía entre responsabilidad civil y responsabilidad penal. De manera detallada, la tesis efectúa un análisis del contenido de la responsabilidad, ahondando, entre otros, en sus presupuestos, elementos, efectos y significado. Finalmente, de manera somera, la autora esboza la estructura de otros deberes de responder distintos de la responsabilidad y que tienen como criterios de fundamentación la solidaridad y la seguridad. / The thesis begins with an analysis of the different meanings of responsibility -both in terms of day- a- day language and also in its legal context-. This analysis examines the words and contexts that are used to understand and define social institutions. Within that method of analysis, there is a logical conclussion that responsibility is a form of social intervention that has a unique meaning and is different from other systems of attibution resulting from grave consequences. The meaning of the institution can be seen in a more singular form without taking into account the traditional dichotomy between civil resposibility and criminal responsibility. The thesis details an analysis of responsibility with its accompanying assumptions, elements, effects and meaning. Finally, the autor outlines the structure of other responding sistems that take into account solidarity and security.

Since its appearance in Europe, the trial by jury had to travel a long path until it became the official procedure to try criminal cases in the United States. Although it was not really created with that specific purpose, over the years it experienced memorable moments in which it was granted with the prestige and value required to be inserted in the Constitution of that country, as a safeguard against the arbitrariness of the governmental power. Today, however, the great importance that it had in the past has significantly decreased. The needs and practices of a system with a particularly high rate of convictions have relegated and transformed it into a real endangered specie. The following article describes and explains its birth and rise, as well as its subsequent virtual disappearance due to the not so efficient as dangerous guilty pleas. / Desde su aparición en Europa, el juicio por jurados tuvo que recorrer un largo camino para convertirse en el método oficial de juzgamiento de casos penales en los Estados Unidos. A pesar de que no fue creado exactamente con esa finalidad, tuvo varios momentos memorables durante su desarrollo que le otorgaron el prestigio y valor necesarios para insertarse en la Constitución de ese país como una garantía frente al abuso del poder. Hoy, sin embargo, la gran importancia que alguna vez tuvo ha quedado atrás. Las necesidades y prácticas propias de un sistema con una altísima tasa de condenas han terminado por relegarlo, convirtiéndolo en una verdadera especie en peligro de extinción. El siguiente artículo describe y explica el nacimiento y auge de los juicios por jurados para causas penales y su posterior virtual desaparición a manos de los no tan eficientes como peligrosos acuerdos negociados de condena.

The New Criminal Procedure Code of 2004 provides an extensive protection in terms of fundamental rights; however, a new obstacle for the proper administration of justice has surfaced involving the judge, who is constantly being affected in its finaldecision by the media.The author of this article discusses this problem from the field of preventive imprisonment, focusing on current cases and doctrine. In addition, the author makes an analysis and classification of judges based on their way of making choices, showing a discouraging picture of the situation. / El Nuevo Código Procesal Penal de 2004 es más garantista en cuanto a derechos fundamentales; no obstante, un nuevo obstáculo para una correcta administración de justicia lo supone el mismo juzgador, quien está siendo afectado constantementeen su decisión por los medios de comunicación.El autor del presente artículo expone este problema desde el ámbito de la prisión preventiva, centrándose en casos actuales y doctrina. Además, realiza un análisis y clasificación de los jueces en base a su modo de tomar decisiones, mostrándonosun panorama poco alentador.