El trabajo de investigación tiene como objetivo mejorar la calidad de las investigaciones administrativas disciplinarias en las Oficinas de Disciplina de Inspectoría General PNP, en la búsqueda de una correcta administración de la disciplina policial, estableciendo la responsabilidad de una probable infracción al Régimen Disciplinario Policial (RDP) o algún articulado del ordenamiento legal. La hipótesis presentada se basa en las causas relevantes de la baja calidad de las investigaciones administrativo disciplinarias en la OD N° 7 de la IG PNP, debido a la limitada especialización en asuntos administrativo disciplinarios de los auxiliares de investigación, carencia de condiciones de motivación laboral y una deficiente política de calidad del servicio. En el presente estudio, se empleó el tipo descriptivo, hallándose información significativa, bajo los instrumentos formulados y aplicados al personal que labora en el Sistema Disciplinario Policial. Asimismo, el prototipo fue validado en el proceso de testeo de expertos, concluyéndose en la propuesta del prototipo final: elaboración de una directiva para el proceso de recategorización de los suboficiales PNP a la categoría de oficiales de servicio jurídico policial en el grado de capitán de servicios, el documento propuesto es perfectible de acuerdo a su trámite administrativo. La directiva propuesta permitirá identificar las capacidades, potencialidades, aptitudes e idoneidad que deben tener el personal PNP que logre su recategorizacion como oficial del servicio jurídico, para su asignación a las oficinas correspondientes. / The objective of the research work is to improve the quality of administrative disciplinary investigations in the Disciplinary Offices of the PNP Inspector General, in the search for correct administration of police discipline, establishing responsibility for a probable violation of the Police Disciplinary Regime (RDP). ) or any article of the legal system. The hypothesis presented is based on the relevant causes of the low quality of disciplinary administrative investigations in OD No. 7 of the IG PNP, due to the limited specialization in disciplinary administrative matters of research assistants, lack of work motivation conditions and a poor service quality policy. In the present study, the descriptive type was used, finding significant information under the instruments formulated and applied to personnel who work in the Police Disciplinary System. Likewise, the prototype was validated in the expert testing process, concluding in the proposal for the final prototype: preparation of a directive for the process of recategorization of PNP noncommissioned officers to the category of police legal service officers in the rank of captain. services, the proposed document can be perfected according to its administrative procedure. The proposed directive will make it possible to identify the capabilities, potential, aptitudes and suitability that PNP personnel who achieve their recategorization as legal service officers must have, for assignment to the corresponding offices.

En el presente informe jurídico se pretende analizar los argumentos jurídicos invocados por el Tribunal Registral, a través de la Resolución N° 2025-2021- SUNARP-TR, en la cual se decide confirmar la tacha sustantiva formulada por la registradora pública; debido a que, no se había establecido la valorización del predio que se pretendía transferir por donación. De modo que, se tiene como propósito determinar si la omisión de la valorización del bien inmueble en el contrato de donación es un requisito de validez que determina la existencia de un defecto insubsanable en el título que, a su vez, acarrea la tacha o; por el contrario, es un elemento que forma parte del contenido del contrato de donación, pero cuya omisión puede ser subsanada por un acto posterior y, por consiguiente, su omisión solo debe ameritar que el registrador público formule observación al advertir la falta de ese elemento en el parte notarial. En ese sentido, se pretende analizar si la valorización del bien inmueble es un requisito de formalidad que, por tanto, su inobservancia acarrea la nulidad, o si nos encontramos ante un requisito de contenido del contrato que es pasible de ser subsanado, a través de un parte notarial aclaratorio. Finalmente, se analiza si de conformidad con la normativa vigente el registrador público se encuentra habilitado a interpretar la naturaleza del acto jurídico sujeto a calificación y cuáles son los límites que debe tener en consideración cuando realiza la evaluación de los títulos que se pretenden inscribir. / The purpose of this legal report is to analyze the legal arguments invoked by the Registry Court, through Resolution No. 2025-2021-SUNARP-TR, in which it is decided to confirm the substantive blemish formulated by the public registrar; due to the fact that the real value of the property that was intended to be transferred by donation had not been established. So, the purpose is to determine if the omission of the valuation of the real estate in the donation contract is a validity requirement that determines the existence of an irremediable defect in the title that, in turn, leads to the blemish or; on the contrary, it is an element that forms part of the content of the donation contract, but whose omission can be corrected by a subsequent act and, therefore, its omission should only warrant that the public registrar make an observation when noticing the lack of that element in the public instrument. In this sense, it is intended to analyze if the valuation of the real estate is a formality requirement that, therefore, its non-observance leads to nullity, or if we are faced with a content requirement of the legal act that can be corrected, through of an explanatory notarial part. Finally, it is analyzed whether, in accordance with current regulations, the public registrar is empowered to interpret the nature of the legal act subject to qualification and what are the limits that must be taken into account when carrying out the comprehensive evaluation of the titles that are intended to be registered.

El presente informe busca analizar una serie de conceptos del derecho administrativo, específicamente del derecho de la competencia (desleal), en el mercado específico de la venta de álbumes y figuritas de cromo autoadhesivas, las cuales utilizan la imagen de distintos jugadores de fútbol sin la correspondiente autorización. Para ello, hemos escogido como caso concreto el Expediente 042-2010/CCD, que tiene como denunciantes a Panini S.P.A y Panini España S.A. y como denunciado a Corporación Gráfica Navarrete S.A. De esa manera, este trabajo tiene como objeto determinar quién está legitimado para realizar una denuncia ante la Comisión de Competencia Desleal del Indecopi; si en efecto una persona puede utilizar y/o lucrar con la imagen de otra sin pagar una contraprestación económica y bajo qué excepciones estaría permitido; qué criterios debe tener o manejar una resolución emitida por una Comisión del Indecopi para no adolecer de vicios de nulidad; y por último, evaluar los distintos criterios de graduación de sanción que estipula la Ley de Represión de Competencia Desleal. Como resultado, se corrobora que la decisión emitida por la última instancia del Indecopi, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, fue conforme a derecho, y determinó la responsabilidad de Corporación Gráfica Navarrete frente a la utilización de la imagen de los futbolistas sin el consentimiento de los mismos, y sin el pago de ninguna contraprestación. Como conclusión principal, Panini S.P.A. y Panini S.A., estaban legitimadas para presentar la denuncia contra Corporación Gráfica Navarrete S.A., y en base al análisis realizado por la Comisión y posteriormente el Tribunal del Indecopi, se determinó que el accionar del denunciado era contrario a la buena fe empresarial, correspondiéndole una sanción.

Esta investigación aborda un problema recurrente en la ejecución de los contratos públicos: la posibilidad de la Entidad de declarar la nulidad de oficio de las decisiones adoptadas durante la ejecución contractual. Por ejemplo, una Entidad identifica que aprobó una ampliación de plazo basada en información falsa o errada que presentó el contratista. ¿Puede declarar la nulidad de oficio de esa decisión? La normativa no aclara esta problemática. El OSCE y los árbitros han tenido criterios distintos e incluso contradictorios para resolver esta problemática. Esta investigación analiza si la Entidad puede declarar la nulidad de tales decisiones con base a la nulidad de los actos administrativos o en la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General / This investigation addresses a recurring problem in the execution of public contracts: the possibility of the Entity to declare the nullity ex officio of the decisions taken during the contractual execution. For example, an Entity identifies that it approved an extension of term based on false or erroneous information submitted by the contractor. Can you declare the nullity ex officio of that decision? The regulations do not clarify this problem. The OSCE and the arbitrators have had different and even contradictory criteria to solve this problem. This investigation analyzes whether the Entity can declare the nullity of such decisions based on the nullity of the administrative acts or in the application of the General Administrative Procedure Law.

La presente investigación asumió el fin de analizar si la obligatoriedad de una certificación de un modelo de prevención de riesgos en las empresas del sector de construcción que aspiren contratar con el Estado peruano, contribuye a mitigar la corrupción en el país. Para ello, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura académica y jurídica, donde se abordó detalladamente la normativa vigente sobre responsabilidad administrativa, contrataciones estatales y cumplimiento normativo, así como casos relevantes vinculados a la corrupción en el sector y su tratamiento legal en otros países. Asimismo, se identificaron los requisitos y procedimientos para contar con dicha certificación en modelos de prevención de riesgos, así como el estándar internacional, ISO 37001- Sistema de Gestión Antisoborno. Tras los hallazgos, se concluye que, la certificación obligatoria en modelos de prevención de riesgos puede significar un avance considerable para reducir la corrupción en el Perú. Sin embargo, es relevante entender que su éxito dependerá de decisiones gubernamentales y el compromiso de las partes interesadas para garantizar un cumplimiento efectivo con supervisión adecuada y evaluación de los resultados a fin de determinar su efectividad y tomar decisiones informadas que contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo. El estudio destaca su aporte al conocimiento sobre corrupción y cumplimiento normativo en el sector peruano, así como su relevancia para otros contextos nacionales e internacionales enfrentando desafíos similares en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad empresarial.

El presente trabajo de investigación aborda la aplicación del Silencio Administrativo Positivo (SAP) en los procedimientos de reclamo de los Servicios de Saneamiento, es decir, los servicios regulados de Agua Potable y Alcantarillado a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios debido a la controversia que su efecto genera al implicar que iniciado un proceso administrativo de reclamo por el ciudadano en este caso el usuario, su pretensión se tiene por fundada o aceptada si la Entidad Administrativa para este efecto la Empresa Prestadora, no se pronuncia en el plazo establecido. Sin embargo, los límites de lo que debe entenderse por tener fundado el reclamo del usuario no están establecidos claramente pues si bien la doctrina señala que no se puede tener por otorgado más que lo que el usuario hubiese ganado de existir un pronunciamiento expreso, el análisis funcional de la tipología de reclamos del sector determina que la aplicación del SAP resulta pertinente por existir normas expresas en los reclamos comerciales relativos a la facturación, excepto en los reclamos por tarifa así como en los reclamos comerciales no relativos a la facturación y los reclamos operacionales, en los que está en juego la sostenibilidad del sistema regulatorio y la prestación misma del servicio que involucran dichos reclamos y asimismo por ser reclamos en que existe una gran dependencia de la colaboración de la Empresa Prestadora y del factor técnico involucrados en los mismos. / Trabajo de investigación

Hoy, ciertamente, se viene asentando en nuestro país como una rama específica de estudio lo que vendría en denominarse el Derecho Administrativo Laboral, uno de cuyos tópicos o ámbitos más interesantes, a su vez, es el referido a su aspecto sancionador. Este trabajo se plantea examinar, a partir del surgimiento y desarrollo de las potestades reglamentarias y sancionadoras atribuibles a la Administración Pública, cómo estas se materializan en el campo de la fiscalización laboral, y más concretamente, en el establecimiento de las infracciones y en la imposición de sanciones. En un estado democrático de derecho se suele asumir que un reparto natural o ideal de las potestades hace recaer en el Legislativo la de establecer las infracciones y las subsecuentes sanciones a imponer a los ciudadanos, vistas las afectaciones que se producen sobre ellos. Nuestro trabajo insiste, más bien, en evidenciar lo que la doctrina administrativista y constitucional reconocen hoy como un fenómeno creciente en el campo administrativo sancionador: el de la “colaboración reglamentaria”. Se entiende por ella a la suerte de delegación por parte del legislador al normalmente reglamentador (entidades del Ejecutivo), de la casi totalidad de sus roles propiamente punitivos: la determinación de las infracciones, la asignación del nivel de su gravedad, las sanciones a imponer, los supuestos de agravamiento de estas sanciones, entre otros aspectos. De ahí que en el presente trabajo terminemos por denominarlo como un “reglamentador punitivo laboral”, distinto, en este caso, de su tarea clásica de dotar de precisiones a una ley. Luego de repasar los distintos mecanismos de agravamiento de las sanciones, contenidos en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, examinamos los bienes jurídicos que explicarían el porqué de estos casos que conllevan a un “plus” de punición. Finalmente, precisamente por encontrarnos instalados en un estado democrático de derecho, buscamos someter estos mecanismos de agravamiento a un examen que si bien ha de tomar en cuenta los importantes bienes jurídicos que sustentan este refuerzo de la sanción, debe conciliarlos, también, con los principios del derecho administrativo sancionador

Considero que el presente expediente tiene especial relevancia debido a que recientemente se ha aprobado la Ley N° 31112, el cual establece el control previo de operaciones de concentración empresarial; y mediante la cual se derogó la Ley 26876 – Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico. De esta manera, mi elección del presente expediente se encuentra justificada en el hecho de que, una vez que entre en vigencia la Ley antes mencionada, se necesitará de profesionales que cuenten con conocimiento tanto del lado corporativo de una fusión y adquisición, así como del lado regulatorio, referido al control de concentraciones. En atención a lo antes mencionado, el objetivo principal de la investigación materia del presente es, en primer lugar, profundizar en la definición de operación de concentración en el Perú, así como del concepto de control. Del mismo modo, en segundo lugar, es determinar la necesidad del respeto de los principios del derecho administrativo sancionador para un eficaz procedimiento sancionador. Se utilizaron como principales métodos de interpretación jurídicos para poder arribar a las conclusiones pertinentes, los métodos de interpretación literal, teleológico y sistemático a través de la comparación con otras normas, ya sean nacionales o de derecho comparado. Ello en relación a que la interacción entre los distintos métodos de interpretación permite un análisis que le otorgará mayor riqueza a las conclusiones, teniendo en especial consideración que nacionalmente no poseemos mucho desarrollo tanto normativo como doctrinario respecto de un régimen de control de concentraciones. La conclusión principal del presente informe es que INDECOPI tuvo un criterio correcto al momento de determinar que se debía imponer la sanción, ya que el acto realizado lo ameritaba, sin embargo, finalmente, la misma no fue correctamente cuantificada tomando en consideración el administrado imputado.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el contenido de la Resolución N° 0549- 2019/SEL-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, la cual trae a referencia un tema ampliamente discutido a nivel jurisprudencial y doctrinario como es la definición de la naturaleza jurídica de los colegios profesionales y su ejercicio, en determinados ámbitos, de función administrativa. En ese sentido, se analizarán las funciones que posee el Colegio de Ingenieros del Perú, además de la revisión de sus principales instrumentos de gestión y normativos, como lo son su Estatuto y Reglamento de Colegiación 2018. Siendo así, por un lado, se corroborará que este colegiado ejerce función administrativa al otorgarles la colegiatura a los profesionales ingenieros del país. Por otro lado, del examen de los instrumentos de gestión referidos de esta entidad, se evidenciará una restricción en la modalidad de colegiatura ordinaria que no obedece a una circunstancia objetiva, pues solo responde a la nacionalidad del aspirante, lo que constituye una medida discriminatoria y, por ende, ilegal, ya que vulnera lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, así como los principios de uniformidad e imparcialidad y el artículo 66 previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

La presente tesis de investigación tiene como objetivo analizar el proceso administrativo del tiempo de pago (reembolso) a los Estudios Jurídicos contratados por una Compañía de Telecomunicaciones en el Perú. De esta manera, poder plantear una propuesta de mejora que reduzca los tiempos del proceso y los fallos existentes, a través de la aplicación de la metodología Lean Six Sigma. Para que la investigación pueda desarrollarse se realiza un análisis cualitativo, en el cual la información es obtenida por medio de entrevistas al personal involucrado en el proceso. Asimismo, se recoge data numérica respecto a los tiempos del proceso en estudio, con la que se desarrolla un análisis cuantitativo. Con la aplicación de herramientas estadísticas, se analiza la data recopilada del proceso, cumpliendo así uno de los objetivos del estudio. Luego de medir el desempeño del proceso, se observa que el nivel sigma actual es de 1.42. Además, se determina que las causas principales por las cuales se extiende el tiempo de respuesta a los pagos son: la nula gestión e integración al proceso para realizar los pagos mediante transacciones virtuales; el mal diseño del procedimiento de recepción y control de solicitudes; la inexistencia de protocolos ante ausencias programadas o por imprevistos del personal encargado; y la falta de criterio de priorización para reducir las colas. En relación con las causas encontradas, se propone una serie de mejoras que conforman un rediseño integral; principalmente, digitalizando el proceso, modernizando el medio de pago y mejorando la disponibilidad de los fondos para efectuar los reembolsos. Además, el rediseño propone el desarrollo de un Manual de Procedimientos, nuevos lineamientos con los Estudios Jurídicos y, la capacitación y organización del personal. Por otro lado, con el fin de asegurar el desempeño de estas mejoras, también se propone una serie de mecanismos para evitar errores en el proceso (Poka Yoke), para así controlar la inestabilidad de las colas de espera, los tiempos de verificación de las solicitudes, evitar retrasos en la ejecución de las transferencias interbancarias, evitar interrupciones y mantener el orden de atención de las solicitudes. Adicionalmente, se proponen indicadores necesarios para controlar el proceso de reembolso; entre ellos, indicadores que controlan los tiempos de pago, la cola de espera, el tiempo de verificación, el uso de la caja para reembolsos y el cumplimiento de los nuevos lineamientos que se tendrán con los Estudios Jurídicos. Finalmente, mediante las simulaciones realizadas y con el apoyo de la herramienta Minitab, se llega a la conclusión que, de implementar las propuestas anteriormente descritas, se alcanzaría un nuevo nivel sigma de 5.61.