En el año 2017 la reconocida empresa Gloria fue denunciada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) pues estaría comercializando el producto “Pura Vida Nutrimax” con la denominación “Leche evaporada parcialmente descremada con leche de soya, maltodextrina, grasa vegetal, minerales (Hierro y Zinc) y enriquecida con vitaminas (A y D)”, la cual no reflejaría la verdadera naturaleza del producto. Por ello, es importante determinar si se habría vulnerado obligaciones impuestas por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, como el deber de idoneidad e información. Para ello buscamos responder tres interrogantes: ¿la denominación utilizada por Gloria refleja la verdadera naturaleza del producto?, ¿cuál es la competencia de Digesa e Indecopi con respecto a determinar la verdadera naturaleza del producto?, ¿es correcto alegar el principio de confianza legítima para eximir de responsabilidad a Gloria? A partir de ello, concluimos que se habría vulnerado el principio de confianza legítima pues la autoridad competente habría inducido a error al administrado, por tanto, no le corresponde ser sancionado.

La presente tesis consiste en la delimitación de los presupuestos procesales que habilitan a la configuración de las medidas cautelares previas, conforme al artículo 56° del Código Tributario, desde lo establecido en dicha norma, así como a partir de los principios del derecho administrativo y civil, entendiendo a dicho instrumento como una herramienta de la teoría general del derecho que manifiesta la facultad de aseguramiento otorgada a la Administración Tributaria por parte del legislador, esto es, de la autotutela de la cobranza de la deuda tributaria; por lo que resulta necesario establecer los límites en la aplicación de la citada medida dentro del respeto de los derechos fundamentales de los contribuyentes, en especial del derecho de defensa y al debido procedimiento. De este modo, la presente investigación tiene como objetivo principal establecer la naturaleza del instituto procesal “medidas cautelares previas” y la finalidad para la que ha sido establecida, con la intención de determinar cuáles son los presupuestos procesales que configuran su aplicación. A tal efecto, se detalla la forma en que la SUNAT, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial vienen entendiendo de dicha medida, al tratarse de los entes que aplican la citada medida y quienes velan por el correcto cumplimiento de lo establecido en las normas tributarias. De dicho análisis se detecta la existencia de problemas en cuanto a la correcta verificación de los presupuestos procesales de medidas cautelares previas, en sede administrativa, así como la dificultad de solucionar el problema generado en sede judicial, por lo que se plantean una serie de medidas legislativas y reglamentarias para su solución. / Trabajo de investigación

En el presente informe se hace un recorrido a lo largo de un procedimiento administrativo sancionador donde se analizara problemas jurídicos surgidos a lo largo del procedimiento, los argumentos presentados por las partes basado en normas legales e interpretación de cláusulas contractuales, colocando mayor énfasis en la cuestionable actuación de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Gerencia General del OSITRAN, que además de alargar innecesariamente el procedimiento en perjuicio del privado, perdió la oportunidad de establecer el punto de partida para reconocer y corregir ese grave problema señalado en el párrafo precedente. Lo anterior hubiera sido muy importante a la hora de establecer un nuevo marco normativo donde se determine con precisión la separación entre obligaciones legales y obligaciones contractuales, así como, reservar al procedimiento administrativo sancionador solo para sancionar incumplimientos de las normas de policía correspondiente a su actividad regulada, en lugar de hacer malabares jurídicos aplicando figuras propias del derecho civil para determinar la responsabilidad o no de una supuesta infracción administrativa, o aplicar figuras propias del derecho administrativo sancionador para evaluar la exigibilidad o no de una obligación contractual desvirtuando lo pactado.

En el presente Informe se llevará a cabo el análisis de la obligación de comunicación de Hechos de importancia en materia de Mercado de Valores y la distinción de los tipos infractores correspondientes a su comunicación incompleta o inexacta. Al respecto, como resultado de la investigación, se sostendrá que acuerdos llevados a cabo entre accionistas de empresas supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores y otros actores del mercado, así no contengan obligaciones para la empresa supervisada, sí podrían calificar como Hechos de Importancia. Junto a ello, se determinará que la tipificación actual de los supuestos de comunicación incompleta e inexacta de Hechos de Importancia resulta insuficiente para que los administrados puedan conocer de antemano la consecuencia de sus conductas, vulnerándose así el principio de Tipicidad. Asimismo, como corolario, se propondrá una nueva redacción de dichos tipos infractores. Para lograr sostener tales conclusiones se realizará un estudio doctrinario de la Transparencia del Mercado y del Principio de Tipicidad en materia de Derecho Administrativo Sancionador. Esto será contrastado con la regulación sectorial aplicable y con los preceptos encontrados en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, para determinar el alcance de los tipos infractores ya descritos, se analizarán resoluciones de Procedimientos Administrativos Sancionadores emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores. / This report will carry out the analysis of the obligation to communicate Important Facts in the securities market and the distinction of the description of the conduct corresponding to their incomplete or inaccurate communication. In this regard, as a result of the investigation, it will be argued that certain agreements carried out between shareholders of companies supervised by the Superintendency of Securities Market and other market players, even if they do not contain obligations for the supervised company, could qualify as Important Facts. In addition, it will be determined that the current classification of the conduct of incomplete and inaccurate communication of Important Facts is insufficient for companies to be able to know in advance the consequence of their conduct. Likewise, a new wording of said descriptions of offending conduct will be proposed. In order to sustain such conclusions, a doctrinal study of Market Transparency and the principle of prior definition of conduct in the field of Administrative Law will be carried out. This will be contrasted with the capital market regulation and with the precepts found in the Peruvian General Administrative Procedure Law. Finally, to determine the scope of the description of the offending conduct, resolutions of sanctioning administrative procedures issued by the Superintendency of the Securities Market will be analyzed.

Contrariamente a las perspectivas tradicionales que elaboran teorías y argumentos para sostener que el Derecho Tributario o bien no tiene lagunas jurídicas o que bien sí las tiene, nosotros hemos optado por una perspectiva distinta, que consiste en comprobar empíricamente mediante el análisis jurisprudencial, que el Tribunal Fiscal y del Tribunal Constitucional resuelven casos que inequívocamente califican como lagunas jurídicas y antinomias, aun cuando no lo digan formalmente e inclusive cuando lo nieguen expresamente, comprobando con ello que en el Derecho Tributario objetivamente existen supuestos de indeterminación normativa. Tradicionalmente se ha sostenido que en el Derecho Tributario no existen lagunas jurídicas, precisamente por ser completo a causa del principio de legalidad, reserva de ley y tipicidad, de los que se deriva una regla general excluyente o principio de cierre, que constituye derecho positivo y conforme al cual, lo no regulado no está fiscalmente gravado. Conforme a ello, cualquier caso relevante o bien tiene una regla específica que lo regula, o no la tiene. En este último caso, sería de aplicación la regla de cierre, que dispone la ausencia de gravamen. La tradicional reconstrucción del Derecho Tributario está elaborada sobre los caracteres del primigenio “Estado Legal de Derecho”, cuyas bases teóricas son las del positivismo teórico, que concebía al derecho como pleno, cerrado, autosuficiente y consistente; por ende, carente de lagunas y de antinomias. Sin embargo, desde poco antes de mediados del Siglo XX el modelo de estado ha evolucionado hacia el “Estado Constitucional de Derecho“ y sus bases teóricas también se han reformulado. Ahora se admite que la Constitución al igual que los principios tienen valor normativo. Hay control de la constitucionalidad de las leyes, lo que quiere decir que el legislador se puede equivocar. El principio de legalidad ha cedido su supremacía al principio de constitucionalidad. Se admite la incorporación de la moral al derecho, entre otros caracteres, conforme a los cuales, no hay objeción para admitir la existencia de lagunas en el Derecho Tributario, toda vez que las reglas son derrotables y los principios en conflicto se aplican por ponderación. Así por ejemplo, en la RTF 1479-10-2013 se da cuenta de un caso en el que se determinó incremento patrimonial no justificado, que constituye renta presunta, pero para el cual el sistema no contenía regla que fijara la alícuota que permita calcular el impuesto. Claramente es un caso de laguna normativa en el que no hay regla que establezca la tasa aplicable. Conforme a la reconstrucción del positivismo teórico, se debió haber resuelto que el supuesto no estaba gravado, en aplicación de la regla de cierre; sin embargo, el Tribunal Fiscal aplicando el principio nadie puede beneficiarse de su propia torpeza, resolvió disponiendo el gravamen y aplicando la escala progresiva acumulativa que está prevista para rentas de cuarta y quinta categoría

En septiembre del 2017 se aprobó en nuestro país la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción al 2021, siendo uno de sus objetivos específicos “Instalar y consolidar la Gestión de Conflicto de Intereses y la Gestión de Intereses en la Administración Pública”, estableciendo como meta contar con un marco normativo que regule la gestión de los conflictos de interés y la gestión de intereses en nuestro país. En diciembre del 2019 se estableció la presentación obligatoria de la Declaración Jurada de Intereses por parte de funcionarios y servidores públicos, así como de aquellos que desempeñan función pública y otros, además de otras disposiciones. A partir de estas normativas, se implementó la Plataforma Única de Declaraciones Juradas de Intereses, la cual alberga las declaraciones presentadas por todos los funcionarios y servidores públicos a nivel nacional, las cuales son públicas. Cabe resaltar que la declaración jurada de intereses es un instrumento que busca prevenir posibles conflictos de intereses en el Estado, toda vez que se trasparentan los vínculos familiares, personales y empresariales de funcionarios y servidores públicos. El presente proyecto de innovación aborda la problemática referida a que funcionarios y servidores públicos competentes, así como la ciudadanía no puedan acceder a opciones de búsqueda en la Plataforma Única de Declaraciones Juradas de Intereses, para poder identificar posibles conflictos de intereses en la administración pública. En ese sentido, la propuesta de innovación es una mejora a la Plataforma de Declaraciones Juradas de Intereses a fin de que sea una herramienta capaz de identificar posibles conflictos de intereses y puedan gestionarse adecuadamente, a la par de poder obtener data estadística que permita conocer el nivel de cumplimiento de las instituciones públicas, el historial de riesgos de conflictos de intereses de los funcionarios y/o servidores públicos, así como la variabilidad de información contenida en las declaraciones presentadas por los mismos. Este sistema sería utilizado por dos usuarios: i) oficinas institucionales (oficinas de recursos humanos y logística) y ii) ciudadanos. En las entrevistas realizadas ha quedado evidenciada la deseabilidad de contar con estos servicios para que puedan efectuar un mejor filtro y evitar la búsqueda manual o de revisión de cada declaración jurada, así como para conocer si la gestión de las autoridades de está efectuando adecuadamente y no por intereses personales o de terceros. Asimismo, se ha visto que los servicios que se proponen resultan factibles y viables, considerando que existe una base de datos de respaldo y la línea del Estado en la prevención y lucha de actos de corrupción, lo cual ha llevado a que se invierta en el fortalecimiento tecnológico. / Trabajo de investigación

El presente informe analiza los problemas jurídicos relativos a la afectación a los derechos de los consumidores en el marco de la prestación de servicios financieros por parte de una empresa bancaria. En concreto, sobre la limitación al derecho a efectuar pagos anticipados o prepagos reconocido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como respecto a la obligación de la empresa bancaria de brindar acceso inmediato al libro de reclamaciones. De esta manera, se presentan los principales hechos y argumentos sobre la limitación al derecho a efectuar el pago anticipado de un consumidor en específico (El Sr. Gamarra) en uno de los establecimientos comerciales de Mibanco por parte del personal de la denunciada. Al respecto, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI concluye que Mibanco limitó el derecho al pago anticipado, debido a que su personal le indicó al Sr. Gamarra que (i) debía estar presente el asesor de su cuenta para proceder con su solicitud, (ii) que debía pagar un número de cuotas determinadas antes de proceder con el pago anticipado, y (iii) que debía presentar la solicitud de pago anticipado en una fecha determinada. Del mismo modo, se concluye que Mibanco infringió con lo establecido en el artículo 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor al no haber brindado al Sr. Gamarra acceso inmediato a su libro de reclamaciones virtual luego de que éste lo exigiera por no permitírsele efectuar el pago anticipado de su crédito. Sobre lo analizado, concluyo que se sancionó adecuadamente a Mibanco por la infracción al artículo 86 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Sin embargo, en lo relativo al acceso al libro de reclamaciones, debió sancionarse por infracción al artículo 152.

El informe jurídico presentado respecto del precedente de observancia obligatoria emitido por el Tribunal administrativo de solución de reclamos de Usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones(TRASU) tiene por objetivo analizar la pertinencia del precedente dentro del contexto actual del estado de los reclamos dentro del mercado de telecomunicaciones, y cómo el mismo responde a la necesidad de dotar de seguridad jurídica y predictibilidad del principio de la debida motivación de las resoluciones en las respuestas de los reclamos que emiten las empresas operadoras o concesionarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. Para tal efecto se analizó como es que debía de ser entendido este principio dentro de un procedimiento de reclamo en base a la doctrina administrativa y que la misma debía de ser complementada con los principios delimitadores desarrollados por el Tribunal Constitucional. Asimismo, se analizó las distorsiones que presenta el mercado de telecomunicaciones que afecta el respecto al principio de la debida motivación en donde se evidencia un incremento exponencial de la cantidad de reclamos en el sector desde el año 2015. Adicionalmente, se detalló las figuras procedimentales con las que cuentan las empresas operadoras a efectos de poder corregir sus propias resoluciones sin la necesidad que se planteen recursos administrativos por los usuarios. Finalmente se tuvo como conclusión principal que el precedente se encuentra correctamente sustentado, sin embargo, es pertinente que la debida motivación sea complementada bajo supuestos delimitadores que desarrolla el tribunal constitucional a efectos de velar por una mayor protección hacia los administrados; y asimismo, el precedente debe ser acompañado de medidas que solucionen las distorsiones que presenta el mercado de las telecomunicaciones que quitan recursos a las empresas operadoras para que implementen de manera eficaz los aspectos señalados en el precedente.

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar los problemas jurídicos identificados en el Expediente No. 032-2017-OEFA/DFSAI/PAS, que versa sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) contra ORAZUL por exceder los Límites Máximos Permisibles (LMP) del parámetro Sólidos Suspendidos Totales (SST) para efluentes líquidos de la actividad eléctrica. Básicamente, el presente informe se centra en dos áreas distintas del derecho: Derecho Ambiental y Derecho Administrativo, sobre los cuales se presenta una posición fundamentada respecto de cada uno de los problemas detectados en ambas áreas. Dentro del ámbito ambiental, se analiza los conceptos de aguas turbinadas y efluentes líquidos que fueron empleados por ORAZUL y OEFA en el marco del procedimiento administrativo sancionador. Esto último se contrasta con los nuevos cambios regulados en el marco normativo ambiental aplicable a las actividades eléctricas (dentro de las cuales se encuentra la generación). Por otro lado, dentro del ámbito administrativo, se examina si existió o no vulneración de los principios del procedimiento administrativo sancionador (como el principio de causalidad). Además, se desarrolla la aplicación del principio de retroactividad benigna debido al cambio normativo contemplado en el Nuevo Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas.

El presente informe versa sobre la controversia que resolvió el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) a propósito de la disconformidad por parte de los ingenieros de nacionalidad extranjera, debido a que el Colegio de Ingenieros del Perú había impuesto el cobro ascendente a $/. 2 000,00 (dos mil dólares), para la obtención de la colegiatura. Además, habría generado un trato diferenciado entre ingenieros nacionales y extranjeros al establecer dos procedimientos de colegiación: ordinario y temporal, en el cual los ingenieros extranjeros solo podían optar por la colegiatura temporal. El primer objetivo ha sido determinar la naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales, con énfasis en el Colegio de Ingenieros del Perú. También, se determinará cuáles son los criterios que se habría adoptado para considerar a una entidad como parte de la Administración Pública, a fin de indicar si el Colegio de Ingenieros del Perú forma parte de las entidades de la Administración Pública. Al respecto, se ha concluido que el Colegio de Ingenieros del Perú posee una naturaleza jurídica mixta porque ejerce función pública y privada. Por ende, en tanto, ejerce función administrativa su actuación debe ser acorde con lo regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo General. / This report deals with the controversy resolved by the National Institute for the Defense of Competition and Intellectual Property (INDECOPI) regarding the disagreement on the part of the engineers of foreign nationality, since the Peruvian College of Engineers had tax the charge amounting to $ /. 2,000.00 (two thousand dollars), to obtain tuition. In addition, it would have generated a differentiated treatment between national and foreign engineers by establishing two registration procedures: ordinary and temporary, in which foreign engineers could only opt for temporary registration. The first objective has been to determine the legal nature of the Professional Associations, with emphasis on the College of Engineers of Peru. Also, it will be determined what are the criteria that would have been adopted to consider an entity as part of the Public Administration, to indicate if the College of Engineers of Peru is part of the entities of the Public Administration. In this regard, it has been concluded that the College of Engineers of Peru has a mixed legal nature because it exercises a public and private function. Therefore, while exercising an administrative function, its performance must be in accordance with what is regulated by the General Administrative Procedure Law.