Las normas de simplificación cumplen un rol importante en nuestro sistema administrativo, puesto que busca que este sea eficiente, célere y justo en la ejecución de la normativa nacional, estableciendo, entre otras medidas, la prohibición a las administraciones públicas de imponer trabas como cobros irrazonables y requisitos innecesarios, los cuales afectan a la ciudadanía y empresas. En ese sentido, el presente trabajo expone y analiza los problemas jurídicos suscitados en el Expediente No. 0321-2016/CEB, procedimiento de eliminación de barreras burocráticas iniciado ante el Colegio de Abogados de Lima por el supuesto quebrantamiento de normas de simplificación administrativa en su trámite de incorporación de abogados. Para ello, atendiendo los hechos del caso, abordaremos como problemáticas la figura de los colegios profesionales en nuestro ordenamiento y su relación con el concepto de Administración pública según la Ley No. 27444, los límites y alcances de la competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi (CEB), el examen de legalidad aprobado en el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución No. 182-97-TDC del Tribunal de Defensa del Consumidor del Indecopi, así como también el principio del debido procedimiento. Tras un desarrollo doctrinario, estudio de la jurisprudencia constitucional e interpretación normativa, concluiremos que el Colegio de Abogados de Lima es una Administración pública, bajo el artículo I.6 del Título Preliminar de la Ley No. 27444, que realiza la función administrativa de habilitar a los abogados para realizar la representación judicial, por lo que la CEB sí era competente para analizar la legalidad de las barreras burocráticas mediante un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas que respete los derechos de defensa y debida motivación como parte del principio del debido procedimiento en sede administrativa

El derecho al plazo razonable constituye un derecho implícito al derecho al debido procedimiento; siendo que se encuentra reconocido expresamente en tratados internacionales suscritos por el Perú y de manera implícita en la Constitución. Si bien el contenido de este derecho fue desarrollado primigeniamente en el ámbito penal, el Tribunal Constitucional ha establecido que este resulta plenamente aplicable a los procedimientos administrativos y ha establecido parámetros para determinar su vulneración: (i) la complejidad del asunto, (ii) la conducta de los administrados, (iii) la conducta de las autoridades administrativas y (iv) las consecuencias que la demora produce en la situación jurídica del interesado. A través del presente trabajo de investigación, se analizará si la actuación del Tribunal Fiscal en las resoluciones emitidas durante los ejercicios 2019 y 2020 -vinculadas al derecho al plazo razonable y la inaplicación de intereses moratorios- ha respetado los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional. / The right to reasonable time constitutes an implicit right to due process; it is expressly recognized in international treaties signed by Peru and implicitly in the Constitution. Although the content of this right was originally developed in the criminal field, the Constitutional Court has established that it is fully applicable to administrative proceedings and it has established parameters to determine its violation: (i) the complexity of the matter, (ii) the conduct of the persons administered, (iii) the conduct of the administrative authorities and (iv) the consequences that the delay produces in the legal situation of the interested party. Through this research work, it will be analyzed whether the actions of the Tax Court in the resolutions issued during the fiscal years 2019 and 2020 -linked to the right to reasonable time and the non-application of late payment interest- have respected the parameters established by the Constitutional Court.

A lo largo de desarrollo del siguiente informe jurídico se analizará el expediente administrativo en materia de protección al consumidor, el cual refleja la denuncia interpuesta por la señora Carmen María Del Rosario Bejarano Flores contra CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NUEVA ACROPOLIS S.A.C., con el fin de determinar si la denunciada cumplió con todos los requisitos para obtener la Conformidad de Obra del departamento N°301, ubicado en el proyecto inmobiliario de la denunciada, debido a que, como consecuencia, la denunciada entregó un departamento con un área o metraje diferente al indicado en contrato suscrito con la denunciante. Los temas a desarrollar permitirán confirmar que el departamento entregado a la señora Bejarano la Municipalidad de Surquillo no debió otorgarle la Conformidad de Obra; acto seguido, si la medida correctiva estuvo bien aplicada. De esta manera, a lo largo del presente trabajo, se podrá observar y cuestionar el análisis de los temas controvertidos analizados por el órgano resolutivo, siendo importante la revisión e interpretación del marco regulatorio a fin de determinar si el análisis y resolución emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor estuvieron bien enfocados; sin perjuicio del enfoque en aras de resguardar la protección de los derechos de la denunciante como consumidora. / Through the following legal report, the administrative file on consumer protection will be analyzed, which reflects the complaint filed by Mrs. Carmen María Del Rosario Bejarano Flores against CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NUEVA ACROPOLIS S.A.C., it seeks to determine if the defendant complied with all the requirements to obtain the Building Compliance of apartment No. 301, located in the real estate project of the denounced. The issues to be developed will make it possible to confirm that the apartment delivered to Mrs. Bejarano by the Municipality of Surquillo should not have granted her the Building Compliance; immediately afterwards, if the corrective measure was well applied. In this way, throughout this work, it will be possible to observe and question the analysis of the controversial issues analyzed by the resolving body, being important the review and interpretation of the regulatory framework in order to determine if the analysis and resolution issued by the Commission of Consumer Protection, was well focused, without prejudice to the focus in order to safeguard the protection of the rights of the complainant as a consumer.

El presente informe jurídico analiza la Resolución N° 001882-2021-SERVIR/TSC- Primera Sala, emitida por el Tribunal del Servicio Civil - SERVIR, la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto por la servidora Liliana Margot Chanamé Castillo, Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, contra la Resolución N° 000135-2021-SG/MC emitida por la Secretaría General de la entidad. Los hechos versan principalmente en si la servidora habría -presuntamente- elaborado los Términos de Referencia de las órdenes de servicio N° 2172-2019, N° 3704-2019, N° 4236-2019 y N° 673-2020 y, posteriormente, habría otorgado la conformidad de las mismas, a fin de beneficiar indebidamente a Richard Cisneros Carballido, quien, como proveedor del servicio contratado, no habría cumplido a cabalidad con sus obligaciones contractuales. En consecuencia, el 5 de octubre del 2020, a través de la Resolución Directoral N° 000221-2020-OGRH/MC, la Dirección General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura inició el procedimiento administrativo disciplinario en contra de la citada servidora, el mismo que concluyó con la imposición de la máxima sanción, destitución del cargo de Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos. En ese sentido, en el presente informe se analizarán los principales problemas jurídicos identificados en la Resolución N° 001882-2021-SERVIR/TSC-Primera Sala, bajo el análisis de la normativa interna del Ministerio de Cultura, legislación pertinente, doctrina y jurisprudencia, respecto al procedimiento administrativo disciplinario, las obligaciones contractuales y los presuntos actos de corrupción en los que estaría involucrada la servidora. Luego, se compartirá la posición personal sobre los temas discutidos. Finalmente, se expondrán las conclusiones y recomendaciones, a fin de dilucidar una correcta interpretación de nuestras normas aplicables al procedimiento administrativo disciplinario. / This legal report analyzes Resolution No. 001882-2021-SERVIR/TSC-First Chamber, issued by the Civil Service Tribunal - SERVIR, which resolves the appeal filed by Liliana Margot Chanamé Castillo, Director General of the General Office of Human Resources of the Ministry of Culture, against Resolution No. 000135-2021-SG/MC issued by the General Secretariat of the entity. The facts mainly deal with whether the servant would have -allegedly- prepared the terms of reference of service orders N° 2172-2019, N° 3704-2019, N° 4236-2019 and N° 673- 2020 and, subsequently, would have granted the conformity thereof, in order to unduly benefit Richard Cisneros Carballido, who, as provider of the contracted service, would not have fully complied with his contractual obligations. Consequently, on October 5, 2020, through Directorial Resolution No. 000221-2020- OGRH/MC, the General Directorate of the General Office of Human Resources of the Ministry of Culture initiated the disciplinary administrative procedure against the aforementioned servant, which concluded with the imposition of the maximum sanction, dismissal from the position of General Director of the General Office of Human Resources. In this regard, this report will analyze the main legal problems identified in Resolution No. 001882-2021-SERVIR/TSC-First Chamber, under the analysis of the internal regulations of the Ministry of Culture, relevant legislation, doctrine and jurisprudence, regarding the administrative disciplinary procedure, the contractual obligations and the alleged acts of corruption in which the civil servant was involved. Then, the personal position on the issues discussed will be shared. Finally, conclusions and recommendations will be presented, in order to elucidate a correct interpretation of our rules applicable to the administrative disciplinary procedure.

El presente informe jurídico tiene por objetivo analizar la denuncia por la supuesta existencia de una barrera burocrática, interpuesta por Geo Supply S.A.C., una empresa de telecomunicaciones dedicada a la prestación del servicio público móvil por satélite, contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entidad administrativa encargada del cálculo y cobro del canon por el uso del espectro radioeléctrico. La referida denuncia tiene por finalidad que el Indecopi declare la inaplicación de la metodología de cálculo del canon a su caso concreto, al considerar que esta constituye una barrera burocrática ilegal e irracional. El caso bajo análisis presenta una cuestión jurídica compleja, que parte por determinar la naturaleza del cobro del canon efectuado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dependiendo de la postura que se asuma, las consecuencias jurídicas serán diametralmente distintas. De esta forma, se presentan problemas relativos a la conceptualización del tributo, sus características, los límites de la potestad tributaria, las competencias de los órganos administrativos, la interpretación constitucional y la vía idónea para cuestionar el carácter confiscatorio de un tributo. Estas materias tienen implicancias de significativo valor económico y jurídico, dado que los criterios que resuelven este caso son aplicables a similares cobros que hace el Estado por otro tipo de recursos naturales. En ese contexto, el presente caso invita a explorar las conexiones entre el derecho tributario, el derecho de las telecomunicaciones, el derecho administrativo, ello enmarcado en la teoría de un Estado Constitucional de Derecho, por lo que es necesario utilizar las herramientas de la teoría general del derecho. En ese sentido, la hipótesis del presente informe sostiene que el canon por uso del espectro radioeléctrico tiene naturaleza tributaria, específicamente califica como una tasa, de la especie derecho, que se distingue de los precios públicos. En consecuencia, en el presente informe se sostendrá que la forma de cuestionar la razonabilidad del cobro es mediante un control de constitucionalidad (confiscatorio), que no forma parte de la competencia del Indecopi, toda vez que existen otras vías pertinentes, tales como el proceso contencioso tributario o los procesos constitucionales de acción popular o amparo. / The objective of this legal report is to analyze the complaint for the alleged existence of a bureaucratic barrier, filed by Geo Supply SAC, a telecommunications company dedicated to the provision of the public mobile satellite service, against the Ministry of Transport and Telecommunications, an administrative entity in charge of the calculation and collection of the fee for the use of the radioelectric spectrum. The aforementioned complaint is intended for Indecopi to declare the non-application of the fee calculation methodology to its specific case, considering that it constitutes an illegal and irrational bureaucratic barrier. The case under analysis presents a complex legal issue, which starts by determining the nature of the collection of the fee made by the Ministry of Transportation and Communications. Depending on the position taken, the legal consequences will be diametrically different. In 2 this way, there are problems related to the conceptualization of the tax, its characteristics, the limits of the tax authority, the powers of the administrative bodies, the constitutional interpretation and the ideal way to question the confiscatory nature of a tax. These matters have implications of significant economic and legal value, since the criteria that resolve this case are applicable to similar charges made by the State for other types of natural resources. In this context, the present case invites us to explore the connections between tax law, telecommunications law, administrative law, framed in the theory of a Constitutional State of Law, so it is necessary to use the tools of the theory general of law. In this sense, the hypothesis of this report maintains that the fee for the use of the radioelectric spectrum has a tax nature, specifically it qualifies as a rate, of the right kind, which is distinguished from public prices. Consequently, in this report it will be argued that the way to question the reasonableness of the collection is through a constitutionality control (confiscatory), which is not part of Indecopi's competence, since there are other relevant channels, such as the process tax litigation or constitutional processes of popular action or protection.

El presente trabajo académico busca analizar la motivación de los actos administrativos en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores de la Autoridad Nacional del Agua, para lo cual, primeramente se realiza una labor dogmática, de carácter más puramente intelectual de la categoría jurídica de la motivación, posteriormente da a conocer el marco institucional en el cual se enmarca nuestro objeto de estudio, para finalmente hacer un análisis de la aplicación práctica que se viene haciendo de esta categoría en materia de procedimiento administrativo sancionador por transgresión a la legislación de recursos hídricos. Para ésta última parte, se empleó la metodología funcional-inductiva, considerando que una investigación jurídica que opte por la metódica funcionalista partirá siempre del trato directo con la realidad concreta, que es la materia de su análisis hasta lograr una generalización. El trabajo académico considera como población a la totalidad de las resoluciones emitidas por el TNRCH de la ANA en materia de PAS el año 2017 y la muestra comprende las resoluciones emitidas por el TNRCH de la ANA en materia de PAS durante el primer cuatrimestre del año 2017. Se concluye, entre otros, que en el 10% de las resoluciones emitidas por TNRCH, éste determinó que las resoluciones impugnadas fueron emitidas sin la debida motivación durante el primer cuatrimestre, lo cual hace resaltar la importancia de la motivación elemento sustancial y deber jurídico de la Administración Pública.

El presente informe jurídico trata sobre la Resolución Nº124-2020/CCDINDECOPI mediante la cual la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal declara fundada la infracción a los principios de autenticidad y adecuación social en el marco de la Ley de Represión de Competencia Deseal en el ámbito de publicidad comercial por parte del señor Andy Merino Ramírez, influencer peruano, quien, haciendo uso de sus redes sociales publicita el aplicativo Picap, plataforma de económica colaborativa que facilita la intermediación entre conductores de moto lineales con usuarios que desean ser trasladados. El objetivo de este informe es dilucidar si el contenido compartido en las redes sociales por los influencers puede ser publicidad, de este modo, reconocer la aplicabilidad de la Ley de Represión de Competencia Desleal al caso en concreto. Asimismo, buscamos estudiar las categorías jurídicas en las que un influencer llega a ser parte de la relación de difusión de publicidad, a fin de establecer la asignación de responsabilidad que se lo puede atribuir. Finalmente, aterrizamos el trabajo realizado un análisis respecto del examen realizado por la Administración Pública, a fin de concluir si este fue el adecuado en el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio en contra del influencer y en atención a la normativa del sector. / This legal report analyzes the Resolution Nº 124-2020/CCD-INDECOPI by which the Unfair Competition Oversight Commission declares the infringement of the principles of authenticity and social adequacy founded within the framework of the Law for the Repression of Unfair Competition in the field of commercial advertising by Mr. Andy Merino Ramírez, a peruvian influencer, who, using his social networks, advertises the Picap application, a collaborative economic platform that facilitates intermediation between linear motorcycle drivers with users who wish to be transferred. The objective of this report is to determine whether the content shared on social networks by influencers may be advertising, thus recognizing the applicability of the Law for the Repression of Unfair Competition to the specific case. Likewise, we seek to study the legal categories in which an influencer becomes part of the advertising diffusion relationship, in order to establish the assignment of responsibility that can be attributed to it. Finally, we land the work carried out an analysis regarding the examination carried out by the Public Administration, in order to conclude if this was the appropriate one in the framework of the sanctioning administrative procedure initiated ex officio against the influencer and in attention to the regulations of the sector.

La Resolución N° 131-2010-OS/CD, analizada en el presente trabajo, pone fin al procedimiento administrativo sancionador llevado a cabo por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería contra la empresa minera Southern Peru Copper Corporation, por haber incurrido en infracciones a normas ambientales. Dicho ello, la finalidad del presente trabajo es ofrecer un análisis crítico sobre la observancia de los principios de legalidad y debido procedimiento, límites de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en el marco de dicho procedimiento sancionador. Para tal efecto, se recurrirá a la Ley del Procedimiento Administrativo General, así como también, a la normativa sectorial, jurisprudencia y doctrina, que permitirán el adecuado y cabal desarrollo del objetivo propuesto. En función del análisis realizado, se argumenta que el organismo regulador ha vulnerado los principios de legalidad y debido procedimiento, al inobservar las exigencias formales previstas para la imposición de sanciones, y al no respetar el procedimiento legalmente establecido, afectando de forma irreparable el derecho de defensa de la empresa minera. De esta manera, se concluye que la Resolución N° 131-2010-OS/CD debió declarar la nulidad de todo lo actuado, en lugar de persistir en la imposición de sanciones en manifiesta contravención a los principios señalados. / Resolution No. 131-2010-OS/CD, analysed in this paper, puts an end to the administrative sanctioning procedure carried out by the Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería against the mining company Southern Peru Copper Corporation for having incurred in infractions of environmental norms. That said, the purpose of this paper is to offer a critical analysis of the observance of the principles of legality and due process, limits of the sanctioning power of the Public Administration, within the framework of this sanctioning procedure. For this purpose, the General Administrative Procedure Act will be referred to, as well as sectorial regulations, jurisprudence and doctrine, which will allow for the adequate and full development of the proposed objective. Based on the analysis carried out, it is argued that the regulator has violated the principles of legality and due process by failing to comply with the formal requirements for the imposition of sanctions, and by not respecting the legally established procedure, irreparably affecting the mining company's right of defence. Thus, it is concluded that Resolution No. 131-2010-OS/CD should have declared the nullity of all the proceedings, instead of persisting with the imposition of sanctions in clear contravention of the principles mentioned.

La presente investigación busca realizar un examen del régimen sancionatorio de conductas anticompetitivas en el Perú, vigente desde la creación del Indecopi en noviembre de 1992. A lo largo de estos años, el Indecopi ha ido reforzando sus herramientas para la detección de conductas anticompetitivas, sancionando a diversas empresas y directivos con multas cuantiosas. No obstante, pese a la labor eficaz desplegada por dicha entidad, se ha detectado falencias tanto en la tramitación de los procedimientos sancionadores como en la imposición de las multas, como herramienta disuasoria con la que cuenta la autoridad. En tal sentido, se plantea algunas propuestas para mejorar el régimen sancionatorio y de esa forma contribuir con los objetivos perseguidos por la libre competencia. Así, en un primer plano, se expone la problemática actual en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores contra conductas anticompetitivas. Posteriormente, se analizan posibles reformas a nivel institucional, tal como la implementación de una única instancia administrativa, la pena privativa de libertad para directivos, la inhabilitación del cargo para gerentes y directores y el daño reputacional empresarial. Finalmente, se proponen mejoras a los mecanismos de colaboración y/o herramientas de enforcement existentes: programas de clemencia, recompensas y cumplimiento. Por tanto, se concluye replantear el enfoque punitivo actual, a través de la implementación de medidas complementarias a las multas; así como continuar fortaleciendo el diseño y ejecución de los instrumentos de detección de cárteles con los que cuenta la autoridad de competencia.

En la presente investigación se abordará una problemática en torno una de las figuras jurídicas más importantes relacionada a la impugnación de actos administrativos. Nos estamos refiriendo a la interdicción o prohibición de reforma peyorativa. A lo largo del trabajo, sostendremos que la aplicación de esta garantía, creada precisamente para favorecer al recurrente, no debería estar limitada únicamente a los procedimientos administrativos sancionadores. Si bien dicho planteamiento contradice a la literalidad del artículo 258.3 del TUO de la Ley N° 27444, así como a la práctica administrativa peruana que se ha venido llevando a cabo a lo largo de los años, consideramos que existen fundamentos doctrinarios, constitucionales y jurisprudenciales para sustentar una interpretación amplia y extensiva de la llamada “non reformatio in peius”. En realidad, dicha figura jurídica también debería poder ser alegada cuando se recurren actos administrativos en cualquier tipo de procedimiento, a excepción del trilateral, al cual se aplican principios y garantías especiales. / This research will address a problem related to one of the most important legal figures related to the impugnation of administrative acts. We are referring to the interdiction or prohibition of pejorative reform. Throughout this paper, we will argue that the application of this guarantee, created precisely to favour the appellant, should not be limited only to administrative sanctioning procedures. Although such an approach contradicts the wording of article 258.3 of the TUO of Law No. 27444, as well as the Peruvian administrative practice that has been carried out over the years, we consider that there are doctrinal, constitutional and jurisprudential grounds to support a broad and extensive interpretation of the “non reformatio in peius”. In fact, this legal figure should also be invoked when appealing administrative acts in any type of procedure, with the exception of trilateral procedures, to which special principles and guarantees apply. / Trabajo académico