A través de este informe jurídico se analiza la Resolución N° 116-2018/SELINDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, mediante la cual se dio fin al procedimiento administrativo iniciado de oficio por el Indecopi contra el Colegio de Abogados de Lima (CAL), declarando la ilegalidad de las tres barreras burocráticas impuestas que este impuso. Así, este trabajo académico analiza, por un lado, si las medidas impuestas por el CAL pueden ser objeto de análisis en un procedimiento administrativo de barreras burocráticas; y, por otro lado, si dichas medidas constituyen barreras burocráticas ilegales. Para ello, se han utilizado las normas aplicables y vigentes a la fecha de la controversia, como la Ley de Organización y Funciones del Indecopi; la Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada; la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley de Colegio de Abogados; así como jurisprudencia y doctrina referida al tema. De esta manera, a partir de la investigación y análisis realizados, demostraremos que las tres medidas impuestas por el CAL sí pueden ser analizadas en el marco de un procedimiento administrativo de barreras burocráticas, en tanto se enmarcan en la definición legal de barrera burocrática al cumplir con los tres elementos característicos de esta; así como que las tres medidas constituyen barreras burocráticas ilegales, en tanto el CAL no siguió las formalidades para imponer dos de ellas y no es competente para imponer la tercera. / Trough this legal report, we analize the Resolution N° 116-2018/SEL-INDECOPI, issued by the Specialized Chamber for the Elimination of Bureaucratic Barriers of Indecopi, which ended the administrative procedure initiated ex officio by Indecopi against the Lima Bar Association (LBA), declaring the illegality of the three bureaucratic barriers it imposed. Therefore, this academic report analyzes, on the one hand, whether the measures imposed by the LBA can be subject to analysis in an administrative procedure of bureaucratic barriers; and, on the other hand, whether such measures constitute illegal bureaucratic barriers. For this purpose, the applicable regulation in force at the date of the dispute have been used, such as the Law of Organization and Functions of Indecopi, the Law for the Elimination of Cost Overruns, Obstacles and Restrictions to Private Investment, the Law of General Administrative Procedure and the Law of the Bar Association, as well as jurisprudence and doctrine on the subject. In this way, based on the research and analysis carried out, we will demonstrate that the three measures imposed by the LBA can be analyzed in an administrative procedure of bureaucratic barriers, since they fit the legal definition of bureaucratic barrier, because they comply with the three characteristic elements of this. Also, we will demonstrate that the three measures constitute illegal bureaucratic barriers, since the LBA did not follow the formalities to impose two of them and is not competent to impose the third one.

El presente informe jurídico aborda la Resolución No. 006-2013-OEFA/TFA, la cual resuelve declarar infundado el recurso de apelación de Pluspetrol e impone una multa de 8047.41 UIT. Sobre ello, se analiza si la decisión tomada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental de resolver el caso e imponer una multa de 8,047.41 UIT contraviene principios ambientales (en la obligación del cumplimiento del PAC) y procedimentales (derecho de defensa y principio de debida motivación en la imposición de la multa); así como, el deber de inhibición frente a un conflicto jurisdiccional. En esta línea, para abordar las problemáticas planteadas, este informe jurídico analiza la Ley del Procedimiento Administrativo General, el Texto Único Ordenado del Poder Judicial y la normativa ambiental, incluyendo la Ley General del Ambiente, el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, y el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Además, se realiza una interpretación jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Constitucional y otras resoluciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental. De esta manera, el presente informe jurídico concluye que la resolución citada previamente contraviene principios ambientales, como el principio de prevención y no regresión ambiental. Además, es antijurídica al no considerar la normativa ambiental aplicable en materia de hidrocarburos y áreas naturales protegidas. Asimismo, se determina que el Tribunal de Fiscalización Ambiental debió inhibirse de conocer el Procedimiento Administrativo Sancionador y archivarlo. Por último, la imposición de la multa no vulneró el derecho de defensa ni el principio de debida motivación. / This legal report addresses the Resolution No. 006-2013-OEFA/TFA, which declare Pluspetrol's appeal ungrounded and imposes a fine of 8047.41 UIT. Regarding this, it is analyzed whether the decision taken by the Environmental Inspection Court to resolve the case and impose a fine of 8,047.41 UIT violates environmental principles (in the obligation to comply with the PAC) and procedural principles (right of defense and principle of due motivation in the imposition of the fine); as well as the duty of inhibition in the face of a jurisdictional conflict. Also, to address the problems raised, this legal report analyzes the General Administrative Procedure Law, the Single Ordered Text of the Judiciary and environmental regulations, including the General Environmental Law, the Environmental Protection Regulation for Hydrocarbon Activities, and the Regulations of the Law of Protected Natural Areas. In addition, this legal report perform a jurisprudential interpretation of the sentences of the Constitutional Court and other resolutions of the Environmental Inspection Court. In this sense, this legal report concludes that the previously cited resolution violates environmental principles, such as the principle of prevention and nonenvironmental regression. Furthermore, it is illegal by not considering the applicable environmental regulations regarding hydrocarbons and protected natural areas. Likewise, it is determined that the Environmental Control Court should have recused itself from hearing the Administrative Sanctioning Procedure and filed it. Finally, the imposition of the fine did not violate the right of defense or the principle of due motivation.

En el presente informe se analizan los principales problemas jurídicos que surgen en el marco de un procedimiento de barreras burocráticas iniciado por la empresa Wi-net Telecom S.A.C contra la Municipalidad de Miraflores, recaído en el Expediente N° 000134-2022/CEB donde se discute la legalidad y razonabilidad de la exigencia de presentar una autorización de uso de infraestructura de terceros para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. El punto de partida es el análisis de cada uno de los cuatro (4) medios de materialización alegados por Wi-net Telecom S.A.C en la interposición de su denuncia para determinar si la Comisión es competente para pronunciarse sobre ellos y, en consecuencia, si son susceptibles de ser analizados en un procedimiento de barreras burocráticas. Sin perjuicio de ello, es menester de este informe determinar la legalidad de la barrera burocrática objeto de cuestionamiento. Para ello se utilizará el análisis de legalidad empleado por el Indecopi que se divide en 3 aspectos; legalidad de fondo-competencias, legalidad de forma y legalidad de fondo- compatibilidad con otras normas. Finalmente, de manera complementaria se abordarán otros temas tales como la presunta vulneración del principio de continuidad de infracciones por las multas consecutivas impuestas por la Municipalidad, entre otros. / This report analyzes the main legal issues arising in the context of a bureaucratic barrier procedure initiated by the company Wi-net Telecom S.A.C against the Municipality of Miraflores in Case No. 000134-2022/CEB, where the legality and reasonableness of the requirement to submit an authorization for the use of third parties infrastructure for the installation of telecommunications infrastructure is discussed. The starting point is the analysis of each of the four (4) means of materialization alleged by Wi-net Telecom S.A.C. in the filing of its complaint in order to determine whether the Commission is competent to rule on them and, consequently, whether they are susceptible to be analyzed in a bureaucratic barrier procedure. Notwithstanding the foregoing, it is the duty of this report to determine the legality of the bureaucratic barrier matter of this discussion. For this purpose, we are going to apply the legality analysis used by Indecopi, which is divided into three aspects: substantive legality-competences, formal legality and substantive legality-compatibility with other regulations. Finally, in a complementary manner, other issues such as the alleged violation of the principle of continuity of infractions by the consecutive fines imposed by the Municipality, among others, will be addressed.

Hace más de diez años (en 2007) se incorporó, en el Código Tributario, una regla mediante la cual se limitó el tiempo con el que cuenta la Administración Tributaria para solicitar documentos, con motivo de un procedimiento de fiscalización. Sin embargo, el mismo dispositivo estableció que, si la fiscalización estaba vinculada a la aplicación de las normas de Precios de Transferencia (y más recientemente, a la Norma Antielusiva General), no habría un límite temporal para requerir los referidos documentos. El presente trabajo tiene por objetivo realizar un análisis crítico, tanto desde el punto de vista constitucional como procedimental, sobre la falta de plazo máximo para las actuaciones de la Administración referidas a la solicitud de documentos, con motivo de un procedimiento de fiscalización definitiva. En ese sentido, se analizan los principios y valores constitucionales que sustentan la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria y aquellos que sustentan la preclusividad de los plazos y se practica el test de proporcionalidad a fin de ponderar los principios y valores constitucionales en conflicto. También se evalúan los efectos procedimentales de la referida regla, en cuanto a la prescripción, la posibilidad de impugnar y los intereses moratorios que se computan durante el procedimiento de fiscalización, con el objeto de identificar los principios o valores constitucionales que pueden verse afectados. Como resultado del análisis descrito se verifica que la falta de un límite temporal para solicitar documentos por parte de la Administración implica un conflicto entre principios constitucionales no ponderados por el legislador, que genera una serie de afectaciones constitucionales. Adicionalmente, se verifican en el ámbito procedimental —a través de los efectos de la anotada regla— otras afectaciones constitucionales. Finalmente, se formulan posibles soluciones a los problemas detectados y se contrastan los aspectos favorables y desfavorables de tales opciones. / Trabajo de investigación

La presente tesis busca justificar la importancia de integrar y consolidar la óptica de los "Principios de la OCDE sobre políticas para la mejora de la aplicación y cumplimiento de la regulación" –cumplimiento basado en evidencia, selectividad, enfoque de riesgo y proporcionalidad y principio de regulación responsiva– en el modelo actual de enforcement de la Inspección del Trabajo peruana; ello, a fin de dotarle de fundamentos y criterios teórico prácticos sólidos, los cuales, coadyuven a garantizar la mejora de los aspectos relacionados con la problemática de la eficacia de la normativa sociolaboral en aquellos ámbitos de la eficacia –nos referimos a la eficacia como cumplimiento y como aplicación– en los que el ejercicio de las facultades inspectivas puede tener una incidencia directa. Defendemos nuestra postura, (i) sobre la base de la utilidad y legitimidad técnica de los criterios desarrollados por los principios (son producto de la investigación prolongada de las mejores prácticas de enforcement en los países de la OCDE y en países que no pertenecen a la OCDE), (ii) por el enfoque teórico de cumplimiento normativo que se asume para la consecución de la efectividad de las regulaciones; es decir, el de la regulación responsiva; (iii) porque se puede dar cuenta de experiencias concretas en la administración pública peruana con base en los postulados de la regulación responsiva que dan evidencia de resultados favorables en los porcentajes de cumplimiento; (iv) porque los referidos principios se enmarcan dentro del esquema de mejora de la racionalidad legislativa que ha adoptado el Estado peruano con la aprobación del D.L 1448 el cual se alinea con los estándares internacionales y recomendaciones de la OCDE sobre mejora regulatoria (los que también implican a los mecanismos de enforcement de la ley); y, además (iv) porque en el Perú pueden haber fundamentos legales a favor de la aplicación de algunos de estos principios como son el de “enfoque de riesgo y proporcionalidad” o el de “regulación responsiva”; o más aún, también porque ya hay un antecedente jurisprudencial en el Tribunal Constitucional peruano que puede relacionarse con el enfoque responsivo. Concluimos que, con base en el diagnóstico sobre la problemática de la eficacia de la normativa sociolaboral en el Perú al que nos aproximamos en el capítulo II; y, teniendo en cuenta el estado situacional del modelo actual de enforcement de la SUNAFIL a partir del diagnóstico realizado sobre la base del análisis de los “Principios de la OCDE sobre políticas para la mejora de la aplicación y cumplimiento de la regulación”, resulta imprescindible avanzar hacia la integración y consolidación de la óptica de los principios de la OCDE, al menos, en lo que refiere a las competencias inspectivas que tienen repercusión directa en la eficacia de las normas como cumplimiento y aplicación.

El presente informe tiene como objetivo realizar un análisis jurídico sobre los problemas vinculados a la Resolución No. 3252-2014/SPC- INDECOPI, los cuales se encuentran relacionados a la protección al consumidor en materia de servicios financieros. Al respecto, el señor Nelson Víctor Castillo Flores presentó una denuncia en contra del banco BBVA Continental S.A. por presunta infracción a la normativa de protección al consumidor debido a la supuesta inclusión de cláusulas abusivas en un contrato de refinanciamiento de deudas de productos masivos y un pagaré, y la no atención de un requerimiento de información y un reclamo presentado por el cliente en virtud de un contrato de préstamo. A raíz de ello, se busca demostrar que no se realizó un análisis adecuado en base a la normativa de protección del consumidor y la normativa sectorial emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, respecto a la necesidad de aprobación administrativa previa del clausulado cuestionado por el consumidor, su carácter abusivo y el desequilibrio de los riesgos asumidos por las partes. Además, comprobar que existe un incumplimiento al deber de información y de la acuerda atención de reclamos por parte de la entidad bancaria. Para ello, mediante la utilización de los métodos descriptivo, documental, comparado y analítico, que involucran la revisión y evaluación de la normativa aplicable, doctrina y resoluciones administrativas relacionadas a los temas en controversia, se podrá concluir que el Indecopi no realizó un análisis adecuado respecto al carácter abusivo de las cláusulas generales de contratación, la aplicación de la normativa que regulan estos acuerdos; y, que su actuación ha sido insuficiente para sancionar la inadecuada atención de reclamos y de requerimientos de información por parte de las entidades bancarias

El presente procedimiento sancionador se origina a partir de las acciones de fiscalización de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del INDECOPI. Así como resultado de dichas acciones en febrero del año 2019 se notificó al Banco Falabella el inicio de este procedimiento sancionador por la imputación de los siguientes cargos: 1. Infracción al literal c) del artículo 47° del Código por haber establecido un procedimiento de desafiliación del producto activo Tarjeta de Crédito que no cuenta con los mismos mecanismos ofrecidos a los consumidores para su contratación. La contratación de las tarjetas se podía realizar de manera personal, telefónica e internet, pero la desvinculación solo se puede hacer por vía telefónica. 2. Infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que, habría atendido las solicitudes de cancelación de tarjeta de crédito realizadas por sus consumidores fuera del plazo respectivo (10 días). 3. Infracción al artículo 38° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que, habría realizado un trato desigual injustificado al haber establecido restricciones de edad a los consumidores para acceder a sus productos financieros (edades mínimas desde los 18 a 26 años; y máxima desde los 67 hasta los 80 años). Así, a partir del análisis realizado por la Sala de Protección del Consumidor, en el presente informe se abordarán los siguientes aspectos jurídicos: 1. Delimitación de competencias de INDECOPI y la SBS. 2. La aplicación de la eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria previa a la imputación de cargos. 3. El principio de irretroactividad normativa. 4. El cambio de criterio de Sala de Protección al consumidor respecto al contenido del artículo 38° del Código de Protección y Defensa del Consumidor

El presente trabajo de investigación pretende analizar la eficacia de dos mecanismos de simplificación administrativa empleados en los procedimientos de otorgamiento de licencias de edificación tramitados ante la Municipalidad Metropolitana de Lima; estos son: la aprobación automática y el silencio administrativo positivo. Se parte de la hipótesis que dicha municipalidad desnaturaliza los referidos mecanismos de simplificación administrativa puesto que desconoce y/o obstaculiza los efectos de estos en los procedimientos administrativos sobre licencia de edificación de su competencia. Este tema resulta relevante ya que la actuación de las municipalidades en los procedimientos sobre autorizaciones administrativas para edificar es un factor determinante para contar con un desarrollo urbano ordenado y con los estándares de seguridad suficientes, así como para tutelar los intereses de los administrados sin generar inseguridad jurídica para los mismos. La investigación se sustenta en el análisis de la doctrina sobre las técnicas de la aprobación automática y del silencio administrativo positivo; en el análisis de la regulación de los procedimientos administrativos sobre licencias de edificación; sobre el análisis de pronunciamientos del Tribunal Constitucional y; sobre el análisis de resoluciones administrativas emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se concluye que los servidores encargados de la tramitación de los procedimientos y/o de realizar las acciones de verificación administrativa con posterioridad a la emisión de la licencia de edificación realizan una serie de actuaciones propias de un procedimiento administrativo en trámite, desconociendo la existencia de una resolución ficta que otorga la licencia de edificación ya sea por aprobación automática o por silencio administrativo positivo, quitándole vigencia a dichos mecanismos; lo que implica vulnerar el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad. / Trabajo de investigación

En la presente investigación se analiza el régimen de las detracciones como mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas, a fin de esclarecer si estamos ante una manifestación arbitraria del poder público del Estado. Para ello, se desarrolla los conceptos de arbitrariedad y poder público, según la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como los principios de razonabilidad y de interdicción a la arbitrariedad en el contexto de un Estado Social y Democrático de Derecho. Asimismo, se desarrollan los objetivos de las detracciones para aclarar las características de las detracciones a efectos de determinar su naturaleza jurídica desde la perspectiva del Tribunal Constitucional y la doctrina. Luego, se profundiza sobre los principales cuestionamientos realizados por la doctrina para verificar si este régimen vulnera los principios tributarios constitucionales, así como los derechos fundamentales de las personas que informan nuestro modelo de Estado de Derecho. Por último, se aplica el test de proporcionalidad o ponderación entre el principio de solidaridad: deber de contribuir y el derecho a la propiedad para determinar si la creación de las detracciones constituye una medida restrictiva razonable y proporcional para disminuir la evasión fiscal y el incumplimiento tributario. Finalmente, se analiza si las detracciones podrían constituir una barrera burocrática. / In the present investigation, the regime of detractions is analyzed as a mechanism for collecting the General Sales Tax, in order to clarify whether we are facing an arbitrary manifestation of the State's public power. For this, the concepts of arbitrariness and public power are developed, according to the doctrine and jurisprudence of the Constitutional Court, as well as the principles of reasonableness and of interdiction to arbitrariness in the context of a Social and Democratic State of Law. Likewise, the objectives of the drawdowns are developed to clarify the characteristics of the drawdowns in order to determine their legal nature from the perspective of the Constitutional Court and the doctrine. Then, the main questions asked by the doctrine are examined in order to verify if this regime violates the constitutional tax principles, as well as the fundamental rights of the people who inform our model of Rule of Law. Finally, the proportionality or weighting test is applied between the principle of solidarity: duty to contribute and the right to property to determine whether the creation of the drawdowns constitutes a reasonable and proportional restrictive measure to reduce tax evasion and tax non-compliance . Finally, it is analyzed if detractions could constitute a bureaucratic barrier.

El presente trabajo de investigación jurídica tiene como propósito producir un análisis detallado de un expediente judicial para optar por el titulo de abogado. El objetivo de este trabajo es identificar y desarrollar los principales problemas jurídicos suscitados en la controversia desarrollada entre la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el contribuyente, Palmas del Espino S.A. La metodología del presente trabajo constituye en un recuento de los principales hechos que acontecieron e hicieron que surja esta controversia, con el propósito de identificar, extraer, y analizar los principales problemas jurídicos sobre los cuales se basa la controversia, para así poder exponer nuestra posición, realizando una crítica de las estrategias o argumentos esgrimidos. Para ello, se sustenta la postura adoptada en el conocimiento desarrollado a través de la carrera universitaria y profesional, así como en la investigación de doctrina y jurisprudencia realizada. Mediante el trabajo de investigación realizado concluimos que el concepto de “ingresos netos” establecido en la Ley 27037 y su Reglamento como requisito de acceso al beneficio de exoneración del Impuesto a la Renta es definido utilizando la metodología de interpretación jurídica, conforme al cual solamente pueden calificar como “ingresos netos” aquellos que estén gravados con el Impuesto a la Renta, no admitiéndose el uso de recursos interpretativos que contravengan el ordenamiento jurídico.