El proyecto de innovación se desarrolló en el marco de las Contrataciones Públicas del Perú. A partir de la información recolectada, se evidencio que una gran cantidad de profesionales que laboran en los OEC de las Entidades Públicas no se encuentran certificados, a pesar de ser está una obligación que deben cumplir todas las Entidades a nivel nacional. Por ello, este proyecto está enfocado en encontrar una solución al problema público identificado que es la “Ineficaz implementación del procedimiento de certificación de profesionales y técnicos que laboran en el OEC de las Entidades Públicas a nivel nacional desarrollado por el OSCE entre los años 2018 y 2019”. La principal evidencia del problema fueron los informes emitidos por los OCI de 62 entidades en el año 2019, que identificaron que el 72.04 % de los profesionales no se encuentran certificados, y por los informes de 12 entidades, que identificaron que el 65.40 % no se encuentran certificado. En consecuencia, se pone en riesgo la gestión logística. Por consiguiente, se propone cambios innovadores para enfrentar este problema identificado, siendo la propuesta “Mejorar la Plataforma Pública del SICAN” que implementa un registro de información, que permitirá generar una base de datos confiable y accesible para un control y monitoreo más eficiente del OSCE, los OCI, de la Contraloría General y de cada una de las OECs. Asimismo, esta propuesta fue validada por los principales usuarios, desde el punto de vista de la deseabilidad organizacional, la perspectiva de la factibilidad y la viabilidad económica. / This innovation project was developed within the framework of the Procurement Peru’s public sector. From the information collected, it became evident that a large number of professionals and technicians working in the bodies in charge of Public Entity Procurement (OEC) is not certified, at although this is an obligation that must be fulfilled by all national entities. Therefore, this project is focused on finding a solution to the public problem identified as the "Ineffective implementation of the certification procedure of professionals and technicians who work in the OEC of Public Entities at the developed by the OSCE between 2018 and 2019". The main evidence of the problem were the reports issued by the institutional control bodies (OCI) of 62 public entities in 2019, which identified that 72.04% of professionals are not certified, and by reports from 12 entities, which identified that 65.40% did not are certified. Consequently, logistics management is put at risk. The project therefore proposes innovative changes to address this problem identified, being the proposal "Improve the SICAN Public Platform" than by implementing an information register, which will make it possible to generate a reliable and accessible data for more efficient control and monitoring of the OSCE OCI, the Comptroller General's Office and each of the OECs. In addition, this proposal was validated by the main users, from the point of view of desirability and from the perspective of feasibility and economic viability. / Trabajo de investigación

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar, en primer lugar, las competencias de la Municipalidad Provincial del Santa respecto de la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. De forma específica, si es que dicha entidad, en el marco de sus competencias de protección a la salud y cuidado del medio ambiente está facultada a solicitar requisitos adicionales a los establecidos en la normativa sectorial de telecomunicaciones y aplicar una calificación distinta al procedimiento administrativo que debe iniciarse para solicitar la autorización para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Esto permitirá analizar si es que las disposiciones normativas contenidas en la Ordenanza N° 033-2012-MPS, que regula y reglamenta la instalación de antenas y de estaciones radioeléctricas en la provincia del Santa, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. En segundo lugar, se analizará si Torres Unidas S.R.L incurrió en un conducta calificada como una infracción administrativa al instalar una infraestructura de telecomunicaciones sobre la base de lo establecido en la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones y su Reglamento; así como la naturaleza jurídica de las medidas impuestas por la entidad administrativa en el marco del procedimiento administrativo sancionador que inició en su contra por presuntamente haber instalado infraestructura de telecomunicaciones sin contar con la debida autorización.

El presente artículo tiene como intención demostrar la importancia de la aplicación del principio de proporcionalidad como criterio hermenéutico para la argumentación de las decisiones producidas como resultado de las Sanciones Administrativas en materia Socio Laboral, respaldando esta postura con argumentos legales y dogmáticos que permitirán justificar acertadamente su empleo, logrando demostrar que la aplicación de este principio conlleva al ejercicio eficiente de la potestad sancionadora en materia laboral, logrando un adecuado cumplimiento de la finalidad misma de las inspecciones laborales, que es la protección a los derechos del trabajador; para lograr este objetivo, nos detendremos no solo a realizar una interpretación sistemática de las normas laborales realizaremos un análisis detallado de las resoluciones administrativas emitidas por el órgano de inspección laboral , lo que nos permitirá verificar que las autoridades inspectivas en la mayoría de casos omiten la valoración de este principio como fuente de argumentación limitándose a desarrollar una interpretación literal de la norma y omitiendo el estudio de las condiciones especiales de cada caso, lo que da lugar a pronunciamientos indebidamente motivados y que puede poner en riesgo aun naciente sector empresarial y al propio derecho de los trabajadores; este estudio en su conjunto, nos permitirá establecer el momento legalmente válido para la aplicación del Principio de Proporcionalidad como criterio para la determinación de sanciones laborales, dentro del sistema de determinación de sanciones administrativas empleados por la autoridad laboral hasta el día de hoy, lo que brinda relevancia práctica al estudio desarrollado

El presente trabajo de investigación busca justificar la actuación de los poderes exclusivos y excluyentes que detenta la Administración Pública a través de sus órganos (poderes de fiscalización y sancionador), ante actos que califican como inconstitucionales (actos antisindicales). Para ello, se parte desde la eficacia horizontal de los derechos fundamentales y las distintas teorías que abordan el denominado “contenido constitucionalmente protegido” de estos derechos, en tanto límite inquebrantable en las interrelaciones entre privados. Se responde, además, a la pregunta de qué lugar ocupa la Constitución en un Estado como el peruano, pues esto justifica que deba reformularse nuestra concepción del principio de legalidad y ser entendido como juridicidad (sujeción al ordenamiento jurídico), siempre teniendo en cuenta los principios de interpretación constitucional como fuerza normativa, unidad y concordancia práctica. El caso bajo estudio demuestra como un privado que detenta un poder (poder de dirección), se inmiscuye en el pleno disfute de un derecho fundamental (huelga), el cual afecta en su contenido constitucionalmente protegido y busca justificar en una errónea concepción del principio de legalidad y tipicidad (como sujeción a la ley) y en un supuesto deber de garante de otro derecho cuya titularidad le corresponde a los trabajadores (derecho al trabajo). Teniendo en cuenta ello, el objetivo que se persigue es demostrar que no existen zonas exentas de control y que cualquier acto que califique como inconstitucional, debe ser sancionado.

Este caso trata de una demanda contenciosa administrativa interpuesta por el Sr. Valentín Hidalgo contra la Municipalidad de Santiago de Surco, cuya pretensión era la nulidad de la Resolución N° 1670-2002-DFC-SSS, que ordenaba al Sr. Hidalgo la demolición de las construcciones y el pago de una multa, por haber cometido la siguiente infracción: "construir sobre área pública". La Municipalidad de Santiago de Surco sustentó su actuación en la Resolución N° 206-96-MLM-DMDU y el Plano N° 150-96-MLM (dichos documentos no formaban parte del Expediente), ambos aprobados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde supuestamente se acreditaba que el inmueble sobre el que había construido el Sr. Hidalgo era una vía pública. Por su parte, el Sr. Valentín Hidalgo sostenía que poseía el Inmueble desde hace más de 30 años de manera pacífica y pública, por lo que se trataba de un bien privado. A efectos de analizar el caso, hemos solicitado a través de Acceso a la Información Pública la resolución y el plano señalado en el segundo párrafo anterior. De la misma manera, se ha realizado un levantamiento topográfico del Inmueble a efectos de solicitar un Certificado de Búsqueda Catastral. En similar sentido, hemos obtenido el plano de levantamiento topográfico realizado por COFOPRI. Todo lo anterior, a efectos de determinar la verdadera naturaleza del Inmueble y la supuesta comisión de la infracción

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) cumple el rol de autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo, teniendo entre sus finalidades la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normatividad legal en el orden sociolaboral. Al determinarse que los empleadores incurrieron en infracciones a la normatividad verificada, se emite un Acta de Infracción, iniciándose el Procedimiento Administrativo Sancionador con la notificación de imputación de cargos, que comprende actos y diligencias que conducen a la determinación de responsabilidad administrativa en la comisión de infracciones. Empero, la normativa vigente no establece plazos entre la emisión del Acta de Infracción y la imputación de cargos, siendo frecuente la imputación luego de meses, generando insatisfacción al usuario (trabajador denunciante), evidenciándose mediante reclamos del libro de reclamaciones. El retraso administrativo fue identificado como causa con mayor impacto sobre nuestro problema, planteándose el desafío de innovación: “¿Cómo podemos reducir la alta insatisfacción por el retraso administrativo en el proceso de notificación de imputación de cargos por comisión de infracciones por parte de la SUNAFIL en lima metropolitana porque actualmente presentan inoportunidad en la notificación de este servicio?”. Se realizó la propuesta de solución “CONOCE TU PROCEDIMIENTO INSPECTIVO”, siendo prototipada, testeada y validada por usuarios, servidores y funcionarios. El proyecto de innovación tiene previsto implementarse mediante un aplicativo digital, que reduzca la insatisfacción, permitiendo conocer de forma más transparente el estado y resultado del procedimiento, reduciendo los reclamos. / The National Superintendency of Labor Inspection (SUNAFIL) plays the role of central authority and governing body of the Labor Inspection System, having among its purposes the surveillance and demand of compliance with legal regulations in the socio-labor order. When it is determined that the employers incurred violations of the verified regulations, an Infraction Record is issued, initiating the Administrative Sanctioning Procedure with the notification of the imputation of charges, which includes acts and proceedings that lead to the determination of administrative responsibility in the commission of violations. However, the current regulations do not establish deadlines between the issuance of the Infraction Report and the imputation of charges, with accusations frequently being made after months, generating dissatisfaction for the user (reporting worker), evidenced by complaints in the complaints book. Administrative delay was identified as the cause with the greatest impact on our problem, posing the innovation challenge: “How can we reduce the high dissatisfaction due to the administrative delay in the process of notification of charges for commission of infractions by SUNAFIL in metropolitan Lima because they currently present inopportunity in the notification of this service?” The solution proposal “KNOW YOUR INSPECTION PROCEDURE” was made, being prototyped, tested and validated by users, servers and officials. The innovation project is planned to be implemented through a digital application, which reduces dissatisfaction, allowing the status and results of the procedure to be known in a more transparent way, reducing complaints.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en diversos pronunciamientos que los signos constituidos por una denominación en idioma extranjero no pueden acceder a registro en los siguientes casos: a) cuando la denominación sea de uso común en los países miembros de la Comunidad Andina; b) cuando sea comprensible para el público consumidor debido a su raíz común y por su similitud fonética; y, c) cuando la denominación haya sido adoptada por un órgano oficial o reconocido de la lengua en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, como por ejemplo, la Academia Peruana de la Lengua. No obstante, el INDECOPI no obedece los criterios de análisis mencionados, por lo que, a través de la presente investigación, buscamos determinar qué se entiende por distintividad marcaria y su predictibilidad en los procedimientos de registro de marca, identificando los criterios de registrabilidad que son utilizados actualmente, tomando en cuenta los fallos emitidos sobre signos constituidos por denominaciones en idioma extranjero de los últimos años.

La investigación se justifica en la relevancia práctica de la discusión de los problemas jurídicos encontrados en el expediente. Por un lado, aquellos relacionados al Derecho Administrativo, Constitucional y de Protección al Consumidor (la tipificación reglamentaria de las infracciones administrativas; la aplicación de la figura de la caducidad en los procedimientos de protección al consumidor y la naturaleza jurídica de estos, el objetivo de las multas administrativas, la aplicación de la eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria de la infracción).Y, por otro lado, aquellos relacionados al Derecho de Seguros (la obligación de las aseguradoras de cubrir enfermedades preexistentes). El objetivo de la investigación es brindar una opinión sustentada y sumar, con ello, al debate de los temas señalados. El autor evalúa cada problema jurídico a partir de una mirada crítica de la posición de la autoridad administrativa y de la empresa; es por ello que existe un supuesto teórico, una hipótesis y una conclusión particular para cada problema abordado. Sin perjuicio de ello, la conclusión principal de la investigación es que se descubrió que la ejecución de algunas figuras de nuestro sistema, no está del todo clara para ninguno de los actores del sistema jurídico: las autoridades administrativas, la jurisprudencia y la doctrina tienen posiciones distintas sobre los problemas jurídicos abordados en el informe. La importancia de tener claridad en ello, radica en que tiene un impacto real en la vida y en los derechos de los administrados. No solo se trata de una discusión académica

In the first part of this essay, the author describes the regulatory regime governing the issuance of opinions by the Supervising Agency of the Government Procurement (OSCE) in Peru. In the second, there is a series of interpretative elements of the binding nature of opinions of OSCE that were provided by the legislature and that institution. The third is a review of the doctrinarian characteristics that defined the institution of the Administrative Advisory Service. And finally, in the fourth part, the author proposes an interpretation of the meaning and scope of the binding nature of opinions of OSCE, with focus on their application across the various stages of government procurement in Peru. / En la primera parte de este artículo se describe el régimen normativo que regula la emisión de opiniones por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en el Perú. En la segunda, se recogen una serie de elementos interpretativos del carácter vinculante que el legislador nacional le ha dado a esas opiniones. La tercera hace una revisión de las características con que la doctrina define a la Función Administrativa Consultiva. Y en la cuarta, finalmente, se propone una interpretación del sentido y alcance del carácter vinculante de las opiniones, con especial énfasis en su aplicación durante las diversas etapasde la contratación pública en el Perú.

El presente trabajo de investigación surge debido a diversas resoluciones emitidas por la agencia de competencia peruana en materia de protección al consumidor y en materia de competencia desleal sobre productos industrializados destinados al consumo humano. En especial, el caso de productos lácteos que tuvo una gran repercusión mediática y reacción por parte de la opinión pública. Asimismo, se determinarán los alcances y límites de competencias de las dos entidades del Estado involucradas: INDECOPI y DIGESA. Al respecto, es relevante determinar si el criterio adoptado se ajusta a derecho, en tanto que vulneran principios del procedimiento administrativo; se aplicó de manera errónea conceptos de la protección al consumidor y de competencia desleal. Pero lo más importante, es que el mensaje transmitido al mercado es el de una grave inseguridad jurídica. Así, no siempre la posición política más llamativa implica una correcta aplicación e interpretación de la normativa. En ese sentido, se desarrollarán ciertos conceptos teóricos respecto al Derecho Administrativo, de Protección al Consumidor y de Competencia Desleal. Se analizará la normativa vigente hasta ese momento y se concluirá que no era posible atribuir responsabilidad administrativa a diversas empresas que ofertaban productos industrializados en el mercado peruano, especialmente, la leche evaporada. / This research work arises due to various resolutions issued by the Peruvian competition agency on consumer protection and on unfair competition on industrialized products for human consumption. In particular, the case of dairy products, which had a great media coverage and reaction from public opinion. Likewise, the scope and limits of powers of the two State entities involved will be determined: INDECOPI and DIGESA. In this regard, it is relevant to determine if the adopted position was correct, insofar as they violate principles of administrative procedure, concepts of Consumer Protection and Unfair Competition were misapplied. But the most important thing is that the message transmitted to the market is that of serious legal uncertainty. Therefore, not always the most striking political position implies a correct application and interpretation of the regulations. Certain theoretical concepts will be developed regarding Administrative Law, Consumer Protection and Unfair Competition. The current regulation at that time will be analyzed and it will be concluded that it was not possible to attribute administrative responsibility to various companies that offered industrialized products in the Peruvian market, especially evaporated milk.