La Policía Nacional del Perú en virtud de la normatividad vigente, de manera anual realiza el proceso de Cambios Generales de Colocación de los Oficiales, el presente trabajo de investigación se va a desarrollar desde una visión de la buena administración, siguiendo a los principios de meritocracia, transparencia y corrección, instrumentos que permiten garantizar de manera eficiente y eficaz el procedimiento de asignación del personal policial, el cual está constituido por profesionales capacitados en el ámbito operativo y administrativo, con conocimientos especializados, habilidades y destrezas para desempeñar un puesto y/o cargo, con la finalidad de cumplir lo regulado en el artículo 166° de la Constitución Política del Perú, como es la de garantizar el orden interno, así como prestar ayuda y protección a la comunidad y a las personas. Esta investigación tiene como objetivo aplicar los principios de buena administración, como la meritocracia, la transparencia y la corrección, en los cambios generales de colocación de los Oficiales de la Policía Nacional del Perú, y determinar si la materialización de estos principios en el mencionado proceso garantiza un eficiente y efectivo cumplimiento de sus funciones policiales, que coadyuve al eficaz cumplimiento de sus funciones, como velar por la seguridad ciudadana y mantener el orden interno. Asimismo, se establecerá cómo el principio de buena administración, a través de sus sub principios pueden orientar el procedimiento administrativo de forma positiva en los Cambios Generales de Colocación en la Policía Nacional del Perú, y que esta asignación del personal no devenga en arbitrariedades, actos de corrupción o favoritismos, que deslegitimen la línea de carrera de los oficiales; sino por el contrario, que esta sea realizado dentro de un accionar legítimo de la institución policial, en el cual los Oficiales sean promovidos o asignados con un criterio objetivo, meritorio y transparente, a fin de responder a las exigencias de un servicio policial de calidad y que satisfaga los intereses colectivos.

El presente estudio tiene por finalidad determinar de qué manera la regulación de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General ha afectado la seguridad jurídica y la protección al medio ambiente, respecto de las actividades de la industria manufacturera. De acuerdo a ello, en el presente estudio se expone de manera general la potestad sancionadora de la Administración Pública; definición y elementos de las infracciones administrativas; los eximentes de responsabilidad administrativa, la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad, las obligaciones ambientales aplicables a los titulares de la industria manufacturera, entre otros. Asimismo, para determinar el efecto mencionado, se ha evaluado la normativa y las resoluciones emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el sector industria manufacturera, desde el año 2017 al 2019. Verificándose una afectación negativa tanto a la seguridad jurídica como a la protección al medio ambiente, respecto de las actividades de la industria manufacturera. Motivo por el cual, se recomienda la modificación de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el Reglamento de Supervisión del OEFA. / The purpose of this study is to determine how the regulation of voluntary remedy as an exemption from responsibility in the Law 27444, Law of General Administrative Procedure has affected the legal security principle and the protection of the environment, regarding of the activities of the manufacturing industry. Therefore, this research exposes about the sanctioning power of the Public Administration; the definition and elements of administrative infractions; exemptions of administrative responsibility, the voluntary remedy as a responsibility exemption, the environmental obligations applicable to the holders of the manufacturing industry, and others. Also, to determine the aforementioned effect, the regulations and resolutions issued by the Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), in the manufacturing industry sector from 2017 to 2019, have been evaluated in this study. Verifying a negative impact on both legal security principle and environmental protection, regarding of the activities of the manufacturing industry. Accordingly, it´s recommended the modification of the Law 27444, Law of General Administrative Procedure and the Supervision Regulation of the OEFA. / Trabajo de investigación

El presente trabajo tiene como objetivo principal verificar que el procedimiento de imposición de la sanción administrativa disciplinaria de arresto simple por la comisión de faltas leves en el personal militar de las Fuerzas Armadas, regulado por la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las FFAA - LRDFFAA, respete las garantías y principios del debido procedimiento. Con la finalidad de asegurar que el referido procedimiento administrativo disciplinario se ajuste a estas garantías y principios fortaleciendo la legitimidad y el funcionamiento eficaz de las Fuerzas Armadas del Perú, teniendo en cuenta el cumplimiento de la preservación de la disciplina y al mismo tiempo que salvaguardan los derechos individuales del personal militar. / The main objective of this work is to verify that the procedure for imposing the administrative disciplinary sanction of simple arrest for the commission of minor offenses in the military personnel of the Armed Forces, regulated by Law No. 29131, Law of the Disciplinary Regime of the Armed Forces - LRDFFAA, respect the guarantees and principles of due procedure. In order to ensure that the aforementioned disciplinary administrative procedure conforms to these guarantees and principles, strengthening the legitimacy and effective functioning of the Peruvian Armed Forces, taking into account compliance with the preservation of discipline and at the same time safeguarding the individual rights of military personnel. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, plantear la necesidad de establecer un programa de cumplimiento en el sector pesquero extractivo industrial, que dote a los administrados de las herramientas para fortalecer el cumplimiento normativo al interior de sus compañías y provea al ente rector en materia sancionadora pesquera de las herramientas legales para evaluar adecuadamente el procedimiento administrativo sancionador. Para ello, se analiza doctrina y pronunciamientos de los órganos administrativos sancionadores en materia pesquera y los argumentos de defensa de los administrados, pasando además por un riguroso análisis de la aplicación del principio de culpabilidad, considerando los factores exógenos que aplican a esta actividad, como son el clima, salinidad del mar, corrientes marinas, otros. Estudiaremos así, el actuar preventivo de los administrados en esta actividad económica atípica y si éste, además de otras actuaciones diligentes, podrían conformar un programa de cumplimiento pesquero que conlleve a un tratamiento especial de la responsabilidad, ya sea la exoneración o la atenuación, conforme lo prevé la Ley de Procedimiento Administrativo General, arriesgándonos a afirmar entonces que un programa de cumplimiento en el sector extractivo pesquero industrial debidamente implementado podría variar el resultado del procedimiento administrativo sancionador, concluyéndose así que sería retador pero beneficioso para todos los actores de este rubro, regular programas de cumplimiento voluntarios.

La población de la Policía Nacional del Perú (PNP) que labora en la provincia de Lima bordea los 48 mil efectivos aproximadamente quienes al cometer una presunta infracción disciplinaria que atenta los bienes jurídicos protegidos contra los 10 millones de habitantes de la provincia de Lima, son sometidos a un procedimiento administrativo disciplinario (PAD). Se ha evidenciado que el 62.96% (1,413) de actos administrativos (resoluciones) correspondientes a la provincia de Lima por investigaciones administrativas disciplinarias (infracciones muy graves) ocurridos entre los años 2018 y 2019 han sido declaradas nulas por el Tribunal de Disciplina Policial (TDP) y devueltas para el reinicio del PAD debido a contravenciones a las normas vigentes, o sea una débil valoración de las pruebas. El problema deriva en la deficiente valoración de la prueba por parte de los investigadores de la Inspectoría General de la PNP (IG PNP) en el PAD, cuyas causas son la deficiente capacitación en la actuación procedimental sancionadora, carencia de un estándar probatorio y la alta o constante rotación de recursos humanos. Con la finalidad de superar esta problemática se ha propuesto la implementación de un aplicativo informático de capacitación con soporte físico complementario para enfrentar la deficiente valoración de la prueba por parte de los investigadores de la IG PNP. Desde el punto de vista de la deseabilidad, el funcionamiento del aplicativo informático es necesario para fortalecer las capacidades de los investigadores y ofrecer un eficiente servicio a los usuarios; en cuanto a la factibilidad, contaría con los requisitos tanto tecnológicos, logísticos, organizacionales, políticos, culturales, así como de los usuarios; con relación a la viabilidad, se cuenta con los recursos y medios necesarios para su planeamiento, desarrollo y aplicación.

La legislación y jurisprudencia tributaria no han definido cuál es el plazo en el cual la Administración Tributaria debe emitir el cierre de requerimiento –a partir del segundo requerimiento- en un procedimiento de fiscalización a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Dicha circunstancia podría dar lugar a una actuación administrativa irrazonable que vulnere derechos de los administrados que conforman el debido procedimiento administrativo, como son el derecho al plazo razonable, a la seguridad jurídica y a la razonabilidad de las actuaciones administrativas. En efecto, nos encontrarnos ante una actuación administrativa de carácter discrecional, en la cual la celeridad con que la Administración Tributaria evalúa la información presentada por los administrados y emite el Resultado de Requerimiento, es únicamente responsabilidad de ella. Por tanto, no sería razonable que las consecuencias jurídicas perjudiciales por la falta de celeridad administrativa, como son el devengo de intereses moratorios o la suspensión de la prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria, sean trasladadas a los fiscalizados. Si bien el procedimiento de fiscalización tributaria busca privilegiar el interés público, en tanto busca identificar los aspectos que permiten definir la correcta determinación de las obligaciones tributarias; también es cierto que, dicha facultad debe ser ejercida acorde a los derechos de los contribuyentes, tal como lo establece el Artículo 74° de la Constitución. En tal sentido, a fin de garantizar los derechos de los fiscalizados sin reducir las facultades de fiscalización de la Administración Tributaria, se propone incorporar un plazo para que la Administración Tributaria evalúe la información presentada en el procedimiento de fiscalización, cuyo incumplimiento no signifique la caducidad de su facultad de fiscalización, sino la suspensión de la aplicación de intereses moratorios y el cese de la suspensión del plazo de prescripción de la acción de determinación de la Administración Tributaria.

La definición de Entidad Pública a nivel formativo, tomando como referencia a la Ley del Procedimiento Administrativo, es la investigación llevada a cabo en la presente pesquisa mediante un tipo de investigación de resultados y documentales, junto a un diseño bibliográfico con un método analítico de análisis documental, formulándose como objeto de estudio proponer una definición al término entidad pública en la ley del procedimiento administrativo general, analizando el concepto de “entidad pública” existente en el ordenamiento peruano y a la luz del Derecho Comparado. Por tanto, para dar respuesta a la propuesta se estudiaron distintas fuentes, documentos, revistas, libros y páginas web con importantes aportes al tema de investigación para tratar la forma de organización constitucional del Estado, analizar el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, las características jurídicas de las entidades públicas y sus clases de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, asimismo, realizar un análisis comparado con países como España y Argentina. De esta manera, se puede concluir señalando el vacío conceptual existente hasta la actualidad sobre la definición propiamente dicha de Entidad Pública tanto en el ordenamiento jurídico peruano como en los países de España y Argentina, motivo de investigación de la presente tesis con la finalidad de brindarle un concepto idóneo. / The definition of Public Entity at the educational level, taking the Administrative Procedure Law as a reference, is the investigation carried out through a type of results and documentary research, together with a bibliographic design with an analytical method of analysis. documentary, formulating as an object of study to propose a definition of the term public entity in the law of general administrative procedure, analyzing the concept of "public entity" existing in the Peruvian legal system and in the light of omparative Law. Therefore, in order to respond to the proposal, different sources, documents, magazines, books and web pages were studied with important contributions to the research topic to <leal with the form of constitutional organization ofthe State, analyze article I of the Preliminary Title of the Single Ordered Text of Law No. 27444, the legal characteristics of public entities and their classes according to our legal system, likewise, carry out a comparative analysis with countries such as Spain and Argentina. In this way, it can be concluded by pointing out the conceptual gap that exists to date on the definition itself of Public Entity both in the Peruvian legal system and in the countries of Spain and Argentina, the reason for the investigation of this thesis in order to provide a suitable concept.

El Perú presenta un vasto legado de bienes inmuebles prehispánicos y a su vez, una gran diversidad de pueblos indígenas. En muchos casos coexisten, como en el bien inmueble prehispánico Wari ubicado en territorio indígena. Bajo este contexto, el 2018 el Ministerio de Cultura convocó a los pobladores quechuas a una reunión preparatoria del proceso de consulta previa para el procedimiento de declaratoria de patrimonio cultural de la Nación deWari, buscando aprobar su delimitación; sin embargo, el proceso no continuó debido al rechazo de la población. En ese escenario, esta investigación identifica la forma en que el Estado desarrolló el procedimiento administrativo para la aprobación de la delimitación de la declaratoria de patrimonio cultural de Wari, planteándose los siguientes objetivos: 1) determinar cómo el Estado aplica el marco normativo del patrimonio cultural de la Nación en territorio de los pueblos indígenas; 2) conocer el desarrollo del procedimiento administrativo para la aprobación de la delimitación de la declaratoria del patrimonio cultural de la Nación de Wari en territorios indígenas; y 3) determinar la forma en que el Ministerio de Cultura ha abordado el reconocimiento del territorio de pueblos indígenas donde se ubica un bien inmueble prehispánico dentro del procedimiento administrativo para la aprobación de la delimitación de la declaratoria de patrimonio cultural de la Nación de Wari. Teóricamente se realiza el análisis socio-antropológico del Derecho, considerando contextos socioculturales plurales, donde hay dos grupos sociales: el aparato estatal y los pueblos indígenas. El trabajo concluye que el Estado ha aplicado con mayor prevalencia el marco normativo de protección del patrimonio cultural de la Nación por sobre el derecho de los pueblos indígenas quechuas, mostrando debilidades institucionales que no permiten la continuidad de dicho procedimiento, poniendo así en riesgo la seguridad jurídica del territorio indígena y la protección de Wari. / Peru has a vast legacy of pre-Hispanic real estate and also a great diversity of indigenous people. In many cases they coexist, such is the case of the pre-HispanicWari real estate located in indigenous territory. In this context, in 2018 the Ministry of Culture summoned the Quechua people to a preparatory meeting for the prior consultation process for the declaration procedure of cultural heritage of the Wari Nation, seeking to approve its delimitation; however, the process did not continue due to the rejection of the population. In this scenario, this research identifies how the State developed the administrative procedure for the approval of the delimitation of the declaration of the Wari cultural heritage, considering the following objectives: 1) To determine how the State applies the regulatory framework of the National cultural heritage in indigenous territories; 2) to know the development of the administrative procedure for the approval of the delimitation of the declaration of the Wari Nation cultural heritage in indigenous territories; and 3) to determine how the Ministry of Culture has approached the recognition of indigenous territories where a pre-Hispanic real estate is located within the administrative procedure for the approval of the delimitation of the declaration of Wari Nation cultural heritage. Theoretically, this research applies a socio-anthropological analysis of Law, considering plural socio-cultural contexts where there are two social groups: the State and the indigenous peoples. This research concludes that the State has applied mainly the regulatory framework for the protection of the National cultural heritage over the right of the Quechua indigenous people, showing institutional weaknesses that prevent the continuity of said procedure, thus jeopardizing the legal protection of the jurisdiction of the indigenous territory and the protection of Wari.

En el presente informe jurídico la autora se propone analizar la Resolución N° 0094-2019/SPC-INDECOPI que, a su vez, resuelve una controversia administrativa entre el Indecopi y el Banco de Crédito del Perú S.A por una presunta infracción al Artículo 86° de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, que reconoce el derecho a realizar pagos anticipados. En este procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio por la autoridad se identifica un conflicto competencial entre la citada entidad y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS; asimismo, se cuestiona la prescripción de la infracción imputada; y, por último, se cuestiona si existió una infracción al Código de Consumo. En este sentido, en base a las principales normas de protección al consumidor y a la regulación del sistema financiero, se busca dilucidar cada uno de estos puntos. Así, la autora defiende que el Indecopi es la entidad competente para resolver en casos de materia de protección al consumidor financiero; que no se concretó la prescripción de las infracciones imputadas; y, finalmente, demuestra la comisión de una infracción contra el derecho a efectuar pagos anticipados. Asimismo, se profundiza en una crítica al desaprovechamiento del Indecopi para sentar una posición más concreta sobre su competencia para resolver casos de protección al consumidor financiero. / In this legal report the author proposes to analyze Resolution N° 0094-2019/SPCINDECOPI, which, in turn, resolves an administrative dispute between Indecopi and Banco de Crédito del Perú S.A. for an alleged violation of Article 86° of Law N° 29571 – Code of Consumer Protection and Defense, which recognized the right to make prepayments. In this administrative sanctioning procedure initiated ex officio by the authority, a competence dispute is identified between the aforementioned entity and the Superintendence of Banking, Insurance and Private Pension Funds – SBS; likewise, the statute of limitations of the alleged infringement is questioned; and, finally, it is questioned whether there was an infringement to the Consumer Code. In this sense, based on the main consumer protection norms and the regulation of the financial system, each of these points is elucidated. Thus, the author defends that Indecopi is the competent entity to resolve in cases of financial consumer protection matters; that the statute of limitations of the imputed infringements did not materialize; and, finally, she demonstrates the commission of an infringement against the right to make prepayments. Likewise, a criticism of the failure of Indecopi failure to establish a more concrete position on its competence to resolve cases of financial consumer protection is also discussed in depth.

El presente Informe Jurídico está orientado a analizar el procedimiento administrativo contenido en el Expediente No. 212-2015/ILN-CPC, el cual fue promovido por la denuncia que formuló un consumidor contra varias entidades financieras como consecuencia de no haber brindado un servicio idóneo tras haberse realizado operaciones fraudulentas con sus tarjetas de crédito. El mencionado expediente es relevante debido a que se analiza jurídicamente la legitimidad de la realización de compensaciones bancarias a partir de las cuentas en que los consumidores -en su calidad de trabajadores- reciben sus remuneraciones. Dicho análisis obliga a tomar en cuenta no solo la normativa de protección al consumidor, sino también, la civil y la laboral, además de tener en cuenta jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Asimismo, se analiza la actividad probatoria que tiene lugar en los procedimientos administrativos de protección al consumidor respecto a las medidas de seguridad que implementan los bancos para evitar consumos fraudulentos con las tarjetas de crédito, así como el cumplimiento de los proveedores de atender los reclamos o requerimientos de los consumidores. Por ello, en torno a lo señalado en el párrafo anterior, se identifican cinco problemas jurídicos. La metodología que se utiliza para el análisis respectivo se enfoca a realizar un análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial sobre las instituciones jurídicas, materiales y procesales, que están contenidas en el desarrollo de cada problema planteado, para los cual se tendrá en cuenta los fundamentos de las partes participantes del procedimiento, así como los pronunciamientos que se expidieron en primera y segunda instancia.