Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto analizar el estado de la legislación chilena en materia de solución de conflictos, específicamente en relación al contrato de seguro. El segundo objetivo de este trabajo es determinar si el método empleado por el legislador a través de la ley 20.667 de 9 de Mayo de 2013 se adecúa a los estándares del debido proceso legal. Para dicho cometido, en un inicio se abordarán las generalidades del contrato de seguro. Posteriormente, se analizarán los aspectos del arbitraje, su relación con el derecho comercial y en particular con el contrato de seguro. Luego, se desarrollarán los aspectos del debido proceso legal y la manera como se cristaliza dicha garantía fundamental en el arbitraje. Finalmente, se realizará un análisis práctico del derecho de seguros a la luz de la jurisprudencia y de la doctrina nacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito central de este trabajo consiste en analizar el principio de objetividad que debe guiar la actividad persecutora del Ministerio Público como órgano exclusivo a cargo de la dirección de la investigación penal. Éste es concebido por nuestro sistema procesal penal como una consecuencia directa del principio de legalidad y viene a entregar una directriz fundamental que debe guiar la actividad investigativa del Ministerio Público, lo que se traduce en el deber de investigar con igual celo tanto aquellos hechos o circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también aquellos que le eximan de ella, la extingan o atenúen. Lo anterior nos plantea inmediatamente la idea de que nuestro legislador ha entendido la función del Ministerio Público no como un persecutor a ultranza, sino muy por el contrario, éste tendría una función consistente en ser lo que algunos llaman “custodio de la ley”, imprimiéndole características, que en opinión de parte de la doctrina lo alejan de su real misión en el sistema procesal penal, razón por la que se han formulado fuertes críticas respecto de su existencia, postulándose incluso su abolición de nuestro sistema y su reemplazo por otros principios que impliquen deberes acordes con la misión del Ministerio Público como ente persecutor. Nuestro estudio se basará en analizar las distintas críticas que se han formulado al respecto y comprobar que tan razonables resultan ser éstas, para formular finalmente una propuesta al respecto

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo trata sobre la institución del Amicus Curiae en los procedimientos ambientales, frente a las normas del Debido Proceso Legal

¿Es el Derecho Procesal Constitucional parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo de la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo, para ello, por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinantes para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitiría la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales; ergo, en realidad el Derecho Procesal Constitucional constituye parte del derecho procesal.Para demostrar ello, el autor desarrollará el concepto del proceso y concluirá señalando que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.

¿El Derecho Procesal Constitucional es parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo a la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo para ello por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinante para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitirá la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales, por ello, en realidad el Derecho Procesal Constitucional, constituye parte del derecho procesal. Para ello, y desarrollando el concepto del proceso, el autor concluirá que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.

El presente artículo diagnostica los principales problemas de la distribución de competencias entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema peruanas en el contexto del proceso de amparo contra resoluciones judiciales, lo cual genera una auténtica «guerra de Cortes». Seguidamente, el autor propone un «armisticio» para dicha guerra, es decir, una solución para que ambos tribunales desempeñen de la mejor manera posible el papel conferido por el ordenamiento jurídico.

This article aims to determine the extent for the regimen of administrative procedure of selection, in the framework of the Peruvian Public Procurement Law. In that way, by analyzing the juridical doctrine and the Supervisory Agency of Public Procurement’s pronouncements on the matter, it will be determined that we are facing and optional regime on exemptions. / El presente artículo busca determinar el alcance del régimen de exoneraciones de los procedimientos administrativos de selección, en el marco de la normativa de Contrataciones con el Estado en el Perú. En ese sentido, a través del análisis de la doctrina y de los pronunciamientos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, se verificarási es que nos encontramos o no ante un régimen facultativo de exoneraciones.

Es innegable la vital importancia que con lleva actualmente una acumulación de pretensiones, ello se desprende de manera clara de la finalidad principal que la misma tiene: evitar sentencias contradictoras, siendo que el presupuesto para la acumulación de pretensiones es que estas sean conexas entre sí. Por ello, en el presente artículo, el autor iniciará determinando qué significa una acumulación de pretensiones, para luego educarnos sobre cuáles son los fines constitucionales que subyacen a la misma, siendo para ello necesario desarrollar los tipos de acumulación que podrían presentarse, siendo finalmente posible determinar cómo deberá darse una acumulación de pretensiones, refiriéndose así a los requisitos recogidos en el Código Procesal Civil.

El presente artículo aborda el tema de la fijación de los puntos controvertidos durante la etapa Postulatoria, los cuales a juicio del autor permitirán definir los lineamientos del proceso y concretamente la posterior etapa Probatoria. Para lograrlo, el autor  sostiene que es necesario un correcto saneamiento del proceso, interpretando las pretensiones y contrapretensiones de las partes con el fin de determinar si hay un conflicto de intereses que genere incertidumbre jurídica. De esta forma, el juez se aleja de particularidades que no forman parte del fondo de la litis. This article addresses the issue of fixing controversial points during the stage of pleadings, which allow defining the process guidelines and specifically the subsequent Evidentiary Stage. to achieve this, the author submits that it is necessary to a proper sanitation of the process, by interpreting the claims and counterclaims of the parties in order to determine whether there is a conflict of interest that generates legal uncertainty. In this way, the judge is far from particularities that are not part of the background of the dispute.

El proceso de cumplimiento ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional a través de un precedente vinculante que impone una serie de requisitos que, a la postre, restringen el acceso de los justiciables a este tipo de tutela, por lo que se impone matizar el proceso vía un overruling parcial.