La justificación de la presente investigación radica en la relevancia actual del control constitucional de los actos parlamentarios y la judicialización de la política. Así, resulta determinante desarrollar su contenido y alcances. El presente Informe tiene como objetivo analizar el caso materia de análisis referido al control constitucional de un acto parlamentario como el procedimiento de investigación ante la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República. A través del referido caso, pretende analizar el derecho al debido proceso en sede parlamentaria, así como también a sus derechos integrantes como el principio de legalidad, el derecho de defensa, el derecho a la debida motivación, entre otros. De igual modo, se busca delimitar los conceptos indeterminados de “ética parlamentaria” y de “conflictos de intereses” en la función parlamentaria. La hipótesis que se plantea radica en que los actos parlamentarios sí pueden ser objeto de control constitucional ante la vulneración de derechos fundamentales. De ahí que se coincida con el sentido de los fallos estimatorios de las instancias judiciales, las cuales determinaron que en el caso en concreto se acredita la afectación de los derechos fundamentales del Congresista Javier Diez Canseco referidos al principio de legalidad, tipicidad, defensa, motivación y honor. Los supuestos teóricos en los que se sustenta la presente investigación son la teoría del principio de separación de poderes, la doctrina de los actos interna corporis y los internal proceedings. Por consiguiente, plantearemos nuestra línea argumentativa respecto a los principales problemas jurídicos identificados.

La empresa Muyang CO, Ltd. (China) presentó su solicitud de registro de la marca constituida por el signo FAMSUN , el cual busca distinguir productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional. No obstante, tanto en primera como en segunda instancia administrativa, denegaron dicho registro, pues infringía el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial; es decir que, se consideraba que el signo generaba un riesgo de confusión indirecta, ya que el signo “FAMSUN” puede provocar que el consumidor piense que este signo, constituye una variación de las marcas registradas SAMSUNG (Certificado N° 2747) y SAMSUNG (Certificado N° 131911), por lo que no pueden existir ambos signos en el mercado. Posteriormente, Muyang CO, Ltd. (China) impugnó la Resolución N° 3467-2016/TPIINDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2016, la cual agotó la vía administrativa en el procedimiento administrativo antes mencionado. Luego de ello, en primera instancia judicial, se declaró INFUNDADA la demanda, debido a que no era posible la coexistencia pacífica entre el signo solicitado y las marcas registradas. Sin embargo, la segunda instancia judicial revocó la sentencia de primera instancia; y, la reformó, declarando FUNDADA la demanda y NULA la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI, puesto que, ambos signos buscan diferenciar algunos productos similares de la misma clase; y del análisis integral de ellos, es posible concluir que no existe riesgo de confusión, pues existen diferencias a nivel fonético y gráfico existentes, así como al tipo de consumidor al que van dirigidos los productos. En consecuencia, pueden coexistir de manera pacífica en el mercado. Ante dicha decisión judicial, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI interpuso un recurso de casación, el cual la Corte Suprema declaró IMPROCEDENTE, al considerar que la entidad recurrente efectúe una revaloración del signo solicitante, lo que se contrapone con la finalidad del recurso de casación. La principal controversia respecto del presente expediente consiste en haber insertado como punto de análisis, el criterio del consumidor selectivo, por parte de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, previa consulta de Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es así que, en aplicación a dicho criterio, la segunda instancia judicial declaró la nulidad de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI y ordenó a Indecopi a inscribir el registro del signo FAMSUN a favor de Muyang CO, Ltd. (China). Entonces, para efectos del presente informe, es necesario analizar los siguientes puntos: i) determinar la validez de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI, la cual denegó el registro del signo FAMSUN a favor de la empresa Muyang CO, Ltd. (China) y, por ende, si correspondía o no denegar el signo solicitado; y, ii) analizarla introducción de los factores del consumidor selectivo y especializado, los cuales son nuevos para el Derecho de Marcas, al realizar la comparación de signos y su riesgo de confusión, utilizado en la Resolución N° 21 emitido por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado.

El presente informe jurídico tiene por objetivo ofrecer un análisis sobre la Sentencia de Casación recaída bajo el Expediente N° 01430-2016-0-5001-SU-CI-01, la cual versa sobre el recurso de casación interpuesto por los demandados José del Carmen Rodríguez Rosas y Doris Victoria Sánchez Rosales contra la sentencia de segundo grado que confirmó el extremo referente a la declaración de nulidad del contrato de fecha 16 de marzo de 2007 y, basándose en la adhesión de los demandantes, revocó los dos extremos respecto a los contratos fecha 03 de abril y el de fecha de fecha 09 de mayo del 2007, declarando la nulidad también de estos. En ese sentido, el problema principal a resolver mediante este informe es acercarnos a los límites objetivos de la figura denominada como adhesión a la apelación y analizar si es que los demandantes a través de su adhesión interpuesta podían recurrir extremos que no habían sido apelados. Resultando ser que de este problema principal surgen problemas secundarios, los cuales buscan analizar si de lo resuelto en esta sentencia de casación se vulnera principios y derechos procesales. De forma sucinta, las conclusiones a las que se llega- mediante una metodología basada en el análisis de las posiciones doctrinales, a través de la dogmática y casuística aplicable- es que la adhesión a la apelación no es una mera absolución de agravios y, en tanto, los demandantes sí podían adherirse sobre extremos no apelados; sin embargo, que esta institución vulnera los derechos de la cosa juzgada y preclusión, atenta contra la igualdad procesal y contra el principio de buena fe procesal. / The purpose of the present legal report is to offer an analysis of the Cassation Judgment handed down under File No. 01430-2016-0-5001-SU-CI-01, which deals with the cassation appeal filed by defendants José del Carmen Rodríguez Rosas and Doris Victoria Sánchez Rosales against the second degree judgment that confirmed the end referring to the declaration of nullity of the contract dated March 16, 2007 and, based on the adhesion of the plaintiffs, revoked the two extremes regarding the contracts dated April 3 and May 9, 2007, declaring the nullity of these as well. In this sense, the main problem to be solved by means of this report is to approach the objective limits of the figure denominated as adhesion to the appeal and to analyze if the plaintiffs, by means of their interposed adhesion, could appeal the ends that had not been appealed. As a result, secondary problems arise from this main problem, which seek to analyze whether the decision in this cassation sentence violates procedural principles and rights. Succinctly, the conclusions reached - by means of a methodology based on the analysis of doctrinal positions, through the dogmatic and applicable casuistry - are that the adherence to the appeal is not a mere acquittal of grievances and, therefore, the plaintiffs could adhere on non-appealed points; however, that this institution violates the rights of res judicata and preclusion, attempts against procedural equality and against the principle of procedural good faith.

Mediante la Casación Laboral N° 14758-2017 Lambayeque, la Corte Suprema emitió un importante pronunciamiento sobre la trabajadora gestante pues señaló que el retiro o pérdida de confianza en este tipo de trabajadora no acarreaba un despido nulo. Por ello, en el presente informe se analizará si el criterio planteado por la Corte Suprema supuso alguna vulneración a nuestro ordenamiento jurídico y, por ende, se definirá si la trabajadora en estado de gestación tenía derecho a la reposición o al pago de una indemnización por haber sido víctima de un despido nulo. Para tal efecto, resulta indispensable examinar conceptos jurídicos como el principio protector hacia la madre gestante, la tutela resarcitoria y restitutoria, el retiro de la confianza, la carga probatoria en un despido nulo por motivo de embarazo, entre otros que coadyuvarán a realizar un adecuado análisis de la casación en referencia. / Through Labor Cassation No. 14758-2017 Lambayeque, the Supreme Court issued an important ruling on the pregnant worker since it stated that the withdrawal or loss of confidence in this type of worker did not entail a null dismissal. For this reason, in this legal report it will be analyzed if the criterion raised by the Supreme Court involved any violation of our legal system and, therefore, it will be defined if the pregnant worker had the right to replacement or payment of compensation. for having been the victim of a null dismissal. For this purpose, it is essential to examine legal concepts such as the protective principle towards the surrogate mother, the compensatory and restorative protection, the withdrawal of trust, the burden of proof in a null dismissal due to pregnancy, among others that will help to carry out an adequate matching analysis in reference.

La presenta investigación tiene como propósito verificar si en la jurisprudencia local emitida en instancia judicial existe un correcto entendimiento de la facultad excepcional de la Administración Tributaria para cuestionar en la vía de proceso contencioso administrativo las resoluciones del Tribunal Fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 157° del Código Tributario. Esta investigación se desarrolla siguiendo el enfoque metodológico de tipo jurisprudencial. Para estos efectos, revisamos los principales conceptos vinculados a esta facultad excepcional (legitimidad para obrar activa, objeto del proceso contencioso administrativo, facultad para iniciar proceso contencioso administrativo, acción de lesividad, entre otros). De igual forma, analizamos diversos pronunciamientos emitidos en instancia judicial (desde primera instancia hasta casación) en los que se ha puesto en discusión esta facultad. Con ello, verificamos que en la práctica los órganos jurisdiccionales al verificar la admisión de la demanda no cuestionan este asunto, sino que la controversia es iniciada cuando el contribuyente interpone excepción de legitimidad para obrar; asimismo, en estos casos casi en su totalidad esta acción es desestimada por diversas razones que dependen del órgano resolutor y del caso concreto. Esto demuestra que no existe una sola interpretación de la acción de la Administración Tributaria y que en la realidad no existe el carácter excepcional que hace referencia el Código Tributario. A fin de evitar lo que viene sucediendo en la jurisprudencia nacional y que supone la afectación del principio de seguridad jurídica, consideramos que se deben fijar concretamente los requisitos que se deben cumplir para que se admita la demanda iniciada por la Administración Tributaria, lo que supone una revisión conjunta del Código Tributario, la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo y la Ley del Procedimiento Administrativo General.

El presente informe tiene como finalidad analizar la normativa correspondiente a los derechos de los consumidores en los contratos masivos, entre ellos el reconocimiento del derecho a la cancelación anticipada en las operaciones de créditos y que no se incluyan cláusulas que lesionen los intereses de los consumidores en los contratos de consumo, para ello se analiza si dicha prerrogativa lesiona los intereses del proveedores en tanto produce la pérdida de la ganancia esperada por el préstamo, así como si dicho derecho podría estar afecto a ciertas cargas que permitan recuperar a los proveedores los intereses dejados de percibir. Al respecto, se analiza la evolución de dicha prerrogativa a través del método de interpretación ratio legis con la finalidad de dilucidar la razón de ser del derecho al pago anticipado, concluyendo que fijar cláusulas como penalidad por el ejercicio del derecho al pago anticipado distorsionan y desnaturalizan su razón de ser; asimismo, se deduce que en tanto el bien jurídico tutelado lo constituye el intereses de los consumidores y que éstos adquieran productos o servicios que satisfagan sus necesidades se regula el derecho a la cancelación anticipada que crea un orden económico equilibrado que protege los consumidores y garantiza la libre concurrencia de los proveedores, coadyuvando al modelo económico social de mercado.

El presente informe versa sobre la Casación Nº 1626-2018/San Martín en la cual se manifiesta una serie de problemáticas jurídicas entorno al delito de colusión en el marco de la imputación de ilícito penal al director de la Escuela de Oficiales de la FAP. Las problemáticas se centran en la aplicación incongruente de la teoría de infracción del deber en la autoría y participación que genera incertidumbre en la determinación del título de intervención delictiva y propicia una errónea introducción al proceso del instituto de la variación de la calificación jurídica. Finalmente, se advierte la generación de espacios de impunidad que responden a una perspectiva naturalista del comportamiento típico de este delito que exige la constatación de conductas comisivas por parte del intraneus para afirmar la existencia de concertación. Mediante el análisis de estos problemas se sustenta que la sentencia de segunda instancia debió ser declarada nula por la inobservancia del procedimiento para la variación del título de intervención y, sin perjuicio de ello, que el título de imputación que corresponde atribuir al director de la EOFAP es el de autor del delito de colusión. Ello atendiendo a las consecuencias sistemáticas de la teoría de la infracción del deber en la autoría y participación y al entendimiento del comportamiento típico desde una perspectiva normativa que no excluye la posibilidad de que conductas omisivas puedan ser constitutivas del delito de colusión. / This legal report deals with Cassation No. 1626-2018/San Martín in which a series of legal problems are manifested around the crime of collusion in the framework of the imputation of criminal offense to the director of the School of Officials of the FAP. The problems are focused on the incongruous application of the theory of infringement of duty in authorship and participation that generates uncertainty in the determination of the title of criminal intervention and promotes an introduction to the error process of the institute of the variation of the legal qualification. Finally, the generation of spaces of impunity is noted that responds to a naturalistic perspective of the typical behavior of this crime that requires the verification of commissive behaviors by the intraneus to affirm the existence of agreement. Through the analysis of these problems, it is sustained that the judgment of second instance must be declared invalid due to the non-observance of the procedure for the variation of the title of intervention and, without prejudice to this, that the title of imputation that corresponds to be attributed to the director of the EOFAP is the author of the crime of collusion. This taking into account the systematic consequences of the theory of breach of duty in authorship and participation and the understanding of typical behavior from a normative perspective that does not exclude the possibility that omissive behaviors may constitute the crime of collusion.

El presente trabajo se justifica en la importancia de analizar las decisiones tomadas por el máximo órgano decisor del Poder Judicial, puesto que suelen marcar la pauta de los jueces de primera y segunda instancia, por lo que el desarrollo de este texto se centra la Casación No.13768-2016-LAMBAYEQUE, la misma que gira en torno al análisis de la configuración de un despido por tardanzas reiteradas, cuya resolución final considera que se han cumplido todos los presupuestos y parámetros necesarios para un despido justificado, motivo por el cual Casaron confirmando la sentencia apelada de primera instancia y declarando infundada la demanda presentada por el trabajador. No obstante, como se demuestra en el presente trabajo, la Sala Suprema se limitó a realizar un recuento formal de lo indicado en el inciso h) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, claudicando a una interpretación más concienzuda a la luz de la aplicación de principios básicos del derecho laboral como lo son el de razonabilidad y proporcionalidad en la aplicación de la sanción, el principio de inmediatez como parámetro para la facultad sancionadora del empleador; y , en consecuencia, también una interpretación errónea debido a la omisión del análisis de la vulneración de los principios antes citados de cara a la configuración de un despido fraudulento.

En el presente informe, se analizan los conceptos de recurso de revisión, idoneidad y garantías, a la luz de un caso llevado ante el INDECOPI por la presencia de desperfectos en un producto adquirido por un consumidor. En este sentido, el autor, a raíz de un caso en concreto llevado ante el INDECOPI, vía recurso de revisión, analiza cómo y cuál fue el criterio usado por la autoridad para resolver este caso y que – posteriormente – fue dejado de lado al poco tiempo. Por ello, el autor se propone, a raíz del análisis de ambos casos, tomar una postura respecto a cuáles son las definiciones de idoneidad y garantías, para posteriormente determinar cuándo estamos ante una infracción del deber de idoneidad y quien debería ser el agente responsable o el que está en mejor posición de soportar los efectos de la infracción de la idoneidad de un producto. / In this report, the concepts of appeal for review, suitability and guarantees are analyzed, in the light of a case brought before INDECOPI due to the presence of defects in a product purchased by a consumer. Because of this, the author, as a result of a specific case brought before INDECOPI, via an appeal for review, analyzes how and what was the criterion used by the authority to resolve this case and that - subsequently - was set aside shortly weather. For this reason, the author proposes, as a result of the analysis of both cases, to take a position regarding what are the definitions of suitability and guarantees, to later determine when we are facing an infringement of the duty of suitability and who should be the agent responsible or who is in the best position to bear the effects of the infringement of the suitability of a product.

Las instituciones procesales fueron pensadas para la tutela de derechos individuales; sin embargo, con la nueva preocupación por los derechos supraindividuales, las instituciones procesales deben ser repensadas y analizadas. En efecto, la tutela de los derechos difusos tienen una lógica distinta debido a que el objeto de tutela es indivisible y afecta a un número indeterminado de titulares; es decir, la satisfacción a uno implica satisfacción de todos los sujetos que son miembros del grupo. La protección de los derechos supraindividuales trae nuevos desafíos, porque debe determinarse desde quién tendrá legitimidad para obrar hasta a quiénes alcanzará la autoridad de la cosa juzgada, pasando por la adecuada representación ¿Por qué? No todos los sujetos a quienes se afectó su derecho estarán presentes en el proceso; por ello, el hecho de velar correctamente por los ausentes es fundamental para que el proceso colectivo brinde una tutela efectiva. En el ordenamiento jurídico peruano es deficiente la regulación de los procesos colectivos. Se ha analizado solo una arista de los problemas, la legitimidad para obrar, y, de manera excepcional, en materia laboral se reguló los efectos de la sentencia cuando se declara fundada la pretensión. Ello no es suficiente: se omite la litispendencia, prejudicialidad, efectos de la sentencia si es rechazado el pedido, etc. Se analiza a modo general la importancia de la institución procesal de la cosa juzgada en el proceso colectivo, cómo tutela el ordenamiento jurídico peruano los derechos supraindividuales en los procesos constitucionales, específicamente en el amparo. La creación de normas no asegura necesariamente una tutela de los derechos, por ello, se indaga sobre la figura procesal del “estado de cosas inconstitucional” ¿protege los derechos supraindividuales? Con lo cual se concluye que el Código Procesal Constitucional no regula el alcance de la cosa juzgada cuando tutela los derechos difusos, no es suficiente solo establecer quiénes tendrán legitimidad para obrar para interponer una demanda colectiva.