Con esta investigación me dirigiré a descubrir los problemas de la institución casación que tal vez haya sido uno de los elementos que ha contribuido en el deterioro de la imagen del Poder Judicial. Puede ser posible ya que si se considera que la casación buscaba la correcta interpretación de la ley (y de la voluntad del legislador), pues seguramente muchas leyes no incluían los intereses de los grupos minoritarios que no llegaron a estar representados en la Asamblea Legislativa. Además que debemos considerar que los conceptos de “Estado” han ido evolucionando con el tiempo. Así por ejemplo, el Estado Constitucional se presenta como una respuesta a los abusos perpetrados en nombre de la ley. La Constitución aparece como un acuerdo social cuyo contenido señala un margen mínimo de derechos sobre los cuales el legislador no puede decidir; y al mismo tiempo es elemento convergente que permite la convivencia pluralista de la población. Pues señala en principios abstractos los derechos de la población. Por ende, la labor de los jueces es fundamental porque deberán fijar el contenido de los derechos, a través del razonamiento práctico, en cada caso concreto. En este punto es necesario mencionar, aunque suene redundante, que el Ecuador se declara constitucionalmente un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. De igual forma la Corte Constitucional del Ecuador, órgano guardián y supremo intérprete de la carta política, ha pronunciado muchas resoluciones mencionando que el modelo jurídico político que el Estado ecuatoriano ha emprendido es el de un Estado Constitucional. En estas páginas se intentará confrontar si las teorías jurídico políticas del Estado Constitucional y del activismo judicial han    cumplido sus ofrecimientos en el caso práctico de la realidad ecuatoriana. Por un lado, aprovecharé estos aportes teóricos para encontrarle un espacio a la casación; y por otro lado, advertiré los riesgos de que sean utilizados por una cultura jurídica que beneficie al poder. De esta forma sugeriré como debería desarrollarse la casación en este nuevo marco estatal. También se pretende encontrar o esbozar las teorías y métodos de argumentación para que la casación se adecue al Estado Constitucional.

El interés que motivó la presente investigación está concentrado en la verificación del cumplimiento del objetivo fundamental de un proceso judicial, el cual es servir de herramienta para resolver todas aquellas situaciones jurídicas en conflicto y que son llevadas ante un órgano jurisdiccional. Para ello, partimos de la siguiente premisa: Reconocer en el proceso un instrumento, cuya importancia se ve reflejada primordialmente en la utilidad y validez de su resultado, la sentencia. Igualmente, otro elemento de la presente investigación se concentra en la intención de que el proceso laboral sea cada vez más útil y eficaz, pues es uno de los que requiere de mayor celeridad, en atención a la desigualdad de la relación material, entre otros aspectos, como veremos más adelante. Con ese fin, fue necesario analizar diversas instituciones procesales, las cuales conformarían un mecanismo procesal laboral adicional y mucho más eficiente que el actual; que a pesar de basarse primordialmente en la reducción y cohesión de etapas, tiene una naturaleza completamente novedosa y compatible que la Nueva Ley Procesal del Trabajo1 . Pues ésta última no elimina ni perjudica todas las garantías inherentes al debido proceso conforme el ordenamiento peruano y se ajusta a los principios allí contenidos.

Cuando cursaba el segundo semestre en la Facultad de Derecho de la PUCP me inscribí en el curso de negocio jurídico. Las expectativas eran muy pocas dado que el semestre anterior el primer curso de Derecho civil había sido decepcionante para mí. El hecho de que una clase se limitara a ser una paráfrasis de lo que decía cada uno de los artículos del código civil me resultaba insuficiente, sabía que había teorías que se encontraban inmersas y expresadas en el articulado, quería conocer todo ese desarrollo doctrinario. Las clases de negocio jurídico fueron lo contrario, se presentaba la teoría, había desarrollo doctrinario y sobre todo una visión crítica de lo presentado en el código civil. En ese momento, caí en cuenta de un punto que ha marcado mi carrera: si bien el Derecho constitucional ha saltado a la primera plana gracias a la actual vigencia de los derechos fundamentales, el Derecho civil no pierde la centralidad ya que es donde se regulan las relaciones entre los particulares. Ese semestre, el profesor nos presentó el caso que había dado lugar al primer pleno casatorio: el derrame de mercurio en la localidad de Choropampa. Se lesionaban todo tipo de derechos, tanto individuales como colectivos. La situación quedó presente en mí, conforme fui avanzando en mi formación civilista encontraba nuevas formas de enfocar la problemática de Choropampa, ya sea desde la perspectiva de los contratos o de la responsabilidad civil. Inclusive, cuando ya había culminado mis estudios en la Facultad, e ingresado al programa de maestría en Derecho civil, el caso seguía presente. En el segundo semestre, pero esta vez de la maestría, debía escoger un tema de tesis. Le comenté al Dr. Leysser León mi deseo de ser asesorado por él, a lo que accedió y me propuso una línea de investigación a propósito del primer plano casatorio: cómo la autonomía de los particulares se lesiona en nuestro ordenamiento. A primera vista me sorprendió la propuesta porque se trata de un enfoque distinto sobre una institución que se ha caracterizado por ser de una de las más teóricas, además de que en los cursos y en la doctrina nacional no se le estudia a profundidad. Se me planteó como un reto que no podía negar. Ahí comenzó la gestación de esta tesis.

La presente investigación tiene como objetivo determinar si el recurso de anulación de laudo arbitral puede ser considerado, tal y como lo establecen la Duodécima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, y la jurisprudencia constitucional vigentes, como una vía igualmente satisfactoria que el proceso constitucional de amparo para la protección de los derechos fundamentales lesionados en un arbitraje o con el laudo que le pone fin. Para dicho efecto, se determinan, a partir de la experiencia comparada y nacional, los criterios para calificar a un proceso judicial ordinario como una vía igualmente satisfactoria que el proceso constitucional de amparo para la tutela de los derechos fundamentales. Luego de sustentar la opción por la tesis de la autonomía del arbitraje, se realiza una aproximación teórica al recurso de anulación de laudo arbitral, mecanismo judicial ordinario de control de la regularidad del laudo arbitral y de las actuaciones arbitrales en general. En un tercer momento, se desarrollan las relaciones, no siempre pacíficas, entre el arbitraje y su control constitucional por medio del proceso de amparo. Se estudia las tesis en torno a la posibilidad de que el recurso de anulación puede ser calificado como una vía igualmente satisfactoria que el amparo para la tutela de los derechos fundamentales lesionados en el curso de un arbitraje o con el laudo que le pone fin. Finalmente, se determina si el recurso de anulación de laudo arbitral puede, en efecto, ser calificado como una vía igualmente satisfactoria que el amparo para la tutela de los derechos fundamentales lesionados en un arbitraje.

La tesis está referida al estudio del instituto de la actuación de sentencia impugnada en el proceso de amparo que, en mi opinión, es una de las principales novedades e innovaciones que aporta el Código Procesal Constitucional a nuestra legislación constitucional. El referido instituto está regulado en el segundo párrafo del Artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Este confiere al demandante el derecho a solicitar al juez de primer grado, que emitió una sentencia estimativa de condena, su ejecución aún cuando la sentencia no estuviera firme.

Heuristic evaluation of applications built for mobile devices has different implications than their desktop (web or OS) based counterparts. The singularities of the Android platform, due especially to the vast range of devices with different specifications of hardware, make the testing scenarios not easy to cover, and are sometimes overlooked. The present work studies the implications of doing heuristic evaluation of mobile applications that support multiple screen sizes and resolutions, and proposes an adaptation of the standard, with regards to the problems and challenges that these tasks entail. It also presents a validation of the adaptation using a realworld case study. / Tesis

La presente investigación tiene como finalidad demostrar que a partir de la promulgación de la Ley N° 29364 mediante la cual se modifica el trámite de la calificación del recurso de casación, se ha postergado significativamente la ejecución de las sentencias o autos finales en los procesos civiles, litigios que por su naturaleza son conocidos en segunda instancia por las Salas Civiles de las Cortes Superiores de Justicia. En esta investigación se realizará un análisis sobre el recurso de casación, sus antecedentes históricos, su regulación actual en el Perú, así como un estudio comparado de las diferencias con el ordenamiento jurídico de España para plantear alternativas de solución que permitan facilitar el trámite del recurso de casación mediante la propuesta que sean las salas superiores quienes califiquen los requisitos de admisibilidad del recurso. Se plantea que la Corte Suprema conozca casos en los cuales se hayan calificado previamente requisitos de admisibilidad los cuales no revisten mayor complejidad y tenga la vocación de ser una corte vértice dispuesta a cumplir finalidades históricas como la unificación de la jurisprudencia y la debida aplicación normativa. Se advertirá cómo es que se viene pervirtiendo el uso de este recurso, así como el tiempo que toma la calificación de un recurso improcedente al momento de que la Corte Suprema lo evalúe. El recurso de casación ha perdido su carácter de extraordinario, debido a que en el día a día se viene interponiendo como si se tratara de una tercera instancia en la búsqueda de dilatar la ejecución de una sentencia o auto final, además se podrá verificar que la Ley N° 29364 permite que el recurso sea interpuesto en contra de resoluciones que no pueden ser impugnadas en esta vía, sin embargo, con la regulación actual, la Corte Suprema se encuentra obligada a conocer estos recursos a todas luces improcedentes, dilatando indebidamente la solución de un conflicto y, con ello, impidiendo la tutela de la seguridad jurídica y predictibilidad.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:23:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro.pdf: 1850422 bytes, checksum: 0aa420a4caf4e09cb3c47d14b2cab9e3 (MD5) Previous issue date: 2015-10-29 / This works derives from the certainty that judicial reviews are the main cause for the delays in lawsuits, specially at the Labor Courts, in which the plaintiff or the defendant are sometimes forced to waive their rights due to such lawsuits delays. It shall discuss alternatives, in the Extraodinary Review Procedure to adjust it to the constitutional procedural principles, since in practical terms one can verify 3 judicials instances, while we maintain that the Superior Labor Court should be restricted to its role as an extraordinary instance. This is not possible when one can not distinguish the effects of an Ordinary Review from that of the Extraordinary Review. The Extraordinary Review is subject to the competence of the panels of the Superior Labor Court and applicable to review the rulings of the Regional Labor Courts on Ondinary Reviews of individual claims whenever the requirements of CLT's article 896 are present. The limitation of the applicability of the Extraordinary Review is not enough to grant TST the status of a true Extraordinary Review Court. The scope of this work is to establish the exact function of the Superior Labor Court and its efectiveness, based upon the constitutional procedural principles, specially the due process of the law and the reasonable procedural length, which comprises the effectiveness and fast-track of the procedure by analysing the effects of both Ordinary and Extraordinary Reviews / Este trabalho tem origem na crença de que os recursos são os principais responsáveis pela morosidade dos processos, mormente na justiça do trabalho, onde a parte se vê obrigada, muitas vezes, a abrir mão de seus direitos em razão da demora judicial na solução do processo. Discutiremos alternativas, no âmbito do recurso de revista, a fim de adequá-lo aos princípios constitucionais do processo, pois o que se verifica na prática é a existência de três instâncias judiciais, enquanto que defendemos que o TST deve se limitar à sua natureza de instância extraordinária. E isso não é possível quando os efeitos dos recursos de natureza extraordinária não se distinguem dos efeitos dos recursos de natureza ordinária. O recurso de revista é cabível para turmas do TST, contra as decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando presentes as hipóteses do artigo 896 da CLT. A limitação ao cabimento do Recurso de Revista é insuficiente para transformar o TST em verdadeiro órgão de natureza extraordinária. O propósito deste trabalho é estabelecer a exata função do Tribunal Superior do Trabalho e sua eficácia, com base nos princípios constitucionais do processo, em especial o devido processo legal e o princípio da duração razoável, que engloba a efetividade e a celeridade processual, analisando os efeitos dos recursos de natureza ordinária e extraordinária

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:21:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rafael de Oliveira Guimarao.pdf: 2058058 bytes, checksum: 04c1a47b190401da5c198e91b9bcc99d (MD5) Previous issue date: 2013-04-25 / This paper addresses the issue of knowledge ex officio on the exceptional appeals, namely, appeal to the Superior Court of Justice, extraordinary appeal to the Brazilian Supreme Court and appeal requesting resolution of conflict in previous jurisprudence. The study justifies itself when we see the growth possibilities of knowledge of matters of public order by the judge, and, withal solidifies a defensive jurisprudence in the Superior Courts, and still, when examining the possibility of knowledge of such matters on appeal to the Superior Court of Justice what one sees is the occurrence of such a possibility in the case of knowledge of the appeal. The paper has the intention of identifying whether the matters of public order have constitutional guard, making the balance of principles with the constitutional prohibition inscribed in art. 105, III of CF/88, for instance, that allows to Superior Court of Justice to hear an appeal or the Superior Court of Justice, only where the matter has really been appreciated by lower stage of appeal. The study aims to systematize the possibility of knowledge of matters of public order in exceptional appeals, whether such phenomenon actually takes place, in which cases, and if it implies turn the Superior Courts into a third stage of appeal or not / O presente trabalho tem por objetivo abordar a problemática da cognição de ofício nos recursos excepcionais, quais sejam, recurso especial, extraordinário e embargos de divergência. A necessidade do trabalho surge quando verificamos o crescimento das possibilidades de conhecimento das matérias de ordem pública de ofício pelo magistrado, e, ao mesmo tempo se solidifica uma jurisprudência defensiva nos Tribunais Superiores, e ainda, quando da análise da possibilidade de conhecimento de tais matérias em grau de recurso especial, o que se vê é a ocorrência de tal possibilidade no caso de conhecimento do recurso. O Trabalho tem o intuito de identificar se as matérias de ordem pública tem resguardo constitucional, fazer o contrapeso principiológico com a vedação constitucional insculpida no art. 105, III, da CF/88, por exemplo, que permite que ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de um recurso especial, somente no caso de a matéria ter efetivamente sido apreciada pela instância ordinária. O estudo visa sistematizar essa possibilidade de conhecimento das matérias de ordem pública nos recursos excepcionais, se tal fenômeno realmente ocorre, em que casos, e se isso implica em transformar os Tribunais Superiores numa terceira instância ou não

Este trabalho discute a transcendência, requisito específico de cabimento do recurso de revista trabalhista, instituído pela Medida Provisória n.º 2226, de 05 de setembro de 2001. Quase uma década depois, essa criação legislativa não surtiu qualquer efeito prático, porque dependente de regulamentação por parte do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o qual, todavia, depois de vários estudos, inclina-se por descartar esse critério de admissibilidade, em face da evidente dificuldade de se conceituar o que é transcendência econômica, política, social e jurídica. A celeuma envolvendo esse requisito recursal, no entanto, abriu oportunidade para se discutir um pouco o papel da Justiça do Trabalho e, particularmente, a atuação do TST, incumbido de julgar um número cada vez maior de recursos de revista, o que pode comprometer a credibilidade de sua missão. O surgimento da transcendência, portanto, instiga a revisitar as origens do próprio recurso de revista, procurando-se identificar na herança histórica romana, ibérica e lusitana, como surgiram a recorribilidade extraordinária das decisões e a jurisprudência e de que maneira isso se transferiu para o Brasil. Examinam-se, também, o processo legislativo de criação desse requisito, as experiências similares e a influência estrangeira e aborda-se a constitucionalidade da transcendência à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, desde 1999, não admite o uso de medida provisória para legislar direito processual. A dificuldade de operacionalização desse pressuposto, fato declarado em entrevistas por alguns Ministros do TST e reconhecido pela última Comissão incumbida de estudá-lo, resultou na elaboração de anteprojeto de lei, alternativo à transcendência, que é revelado e comentado neste trabalho. Porque, na maioria das vezes, o direito do trabalho envolve interesses de grupos de indivíduos e de categorias profissionais e econômicas, com reflexos em todo o mercado de trabalho, a uniformidade de sua aplicação e de sua interpretação continua necessária, mas não pode restringir-se ao TST; deve, antes, ser compartilhada com os Tribunais Regionais, obrigados à unificação de sua jurisprudência interna. São urgentes alterações no sistema recursal trabalhista, com a adoção de medidas, mais simples, objetivas e práticas, em sintonia com os propósitos de celeridade, qualidade, eficácia, segurança e justiça nos julgamentos. / This work discusses the principle of transcendence of appeals, a specific requirement for the admission of an appeal in a labor case instituted by the Provisional Presidential Decree no. 2226 of September 5, 2001. After almost a decade, such legislative creation has not had any practical effect because it depends on regulation by the Superior Labor Court (TST) which, however, after several studies, tends to discard such criterion of admissibility in light of the clear difficulty of defining what is economic, political, social and legal transcendent. Notwithstanding, the argumentation involving such requirement has opened the door to discussions about the role of Labor Courts and, in particular, the action of the TST that is responsible for adjudging an increasing number of appeals, which might compromise the credibility of its mission. Hence, the rising of the principle of transcendence directs us to revisit the origins of the appeal in labor cases with the purpose of identifying in the Roman, Iberian and Portuguese historical heritage the source of the extraordinary appealability of decisions and the related case law and how this was transferred to Brazil. The legislative process of creation of such requirement is also examined, as well as similar experiences and foreign influences, and the constitutionality of the principle of transcendence in light of case law of the Brazilian Federal Supreme Court, seeing that it has not admitted the use of provisional presidential decrees to legislate on procedural right since 1999. The difficult operationalization of such principle, as stated in interviews by some TST Justices and recognized by the last Commission incumbent on studying it, has resulted in the preparation of a bill alternative to the principle of transcendence that is disclosed and commented herein. Considering that Labor Law, more often than not, involves interests of groups of individuals and professional and economic categories with reflexes in the labor market as a whole, it is required be consistently applied and constructed, albeit not restricted to the TST; it should, above all, be shared with the Regional Courts, compelling them to unify their internal case law. The changes in the labor appealing system are urgent, with the adoption of simpler, more objective and practical measures in accordance with the principles of celerity, quality, effectiveness, safety and justice in judgments.