El presente trabajo académico tiene como propósito realizar un análisis crítico y empírico sobre la falta de regulación de los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias distintas al despido. Bajo este enfoque, se analiza la naturaleza de la amonestación escrita y la suspensión sin goce de haberes como principales medidas disciplinarias impuestas por el empleador para sancionar a los trabajadores, las cuales no cuentan con un procedimiento regulado por ley a diferencia del despido por causa justa. De esta manera, se evidencia una necesidad de regulación ante la posible afectación del derecho a la defensa, que se acredita toda vez que los empleadores no establecen un procedimiento para que los trabajadores emitan sus descargos luego de recibir una imputación por la presunta comisión de una infracción o falta que contraviene una obligación en el marco de la relación laboral. El presente trabajo resalta la necesidad de regular este vacío legislativo a partir de las experiencias de los trabajadores en el Perú, así como el tratamiento normativo en el Derecho Comparado. Por tales motivos, ante la ausencia de la regulación en el Perú, se propone una propuesta legislativa para garantizar el derecho a la defensa en los procedimientos de sanciones disciplinarias distintas al despido. / The purpose of this academic work is to make a critical and empirical analysis of the lack of regulation of procedures to impose disciplinary sanctions other than dismissal. Under this approach, the nature of written reprimands and suspension without pay are analyzed as the main disciplinary measures imposed by the employer to punish employees, which do not have a procedure regulated by law unlike dismissal for just cause. In this way, a need for regulation is evident in the face of the possible impact on the right to defense, which is proven every time that employers do not establish a procedure for employees to issue their defenses after receiving an accusation for the alleged commission of a crime. infraction or fault that contravenes an obligation within the framework of the employment relationship. This work highlights the need to regulate this legislative vacuum based on the experiences of employees in Peru, as well as the regulatory treatment in Comparative Law. For these reasons, in the absence of regulation in Peru, a legislative proposal is proposed to guarantee the right to defense in disciplinary sanction procedures other than dismissal. / Trabajo académico

El trabajo de investigación tiene como finalidad optimizar los procesos que realizan los órganos disciplinarios de la PNP, al haberse percibido que existe una carga procesal significativa de expedientes administrativos disciplinarios no resueltos, o expedientes resueltos sin llegar a determinarse responsabilidad disciplinaria alguna para los presuntos infractores, adicionalmente a ello se suman los expedientes prescritos y caducados, esto hace necesaria la reorientación de las actuales políticas disciplinarias. Las hipótesis propuestas se fundamentan en el incremento de la carga procesal de expedientes, de los casos de prescripción y caducidad; así como, en el incremento del porcentaje de infracciones cometidas en un sector definido de la PNP. La investigación realizada es de tipo descriptivo, habiéndose analizado información relevante, los instrumentos aplicados son la guía de observación y guía de entrevistas, el prototipo ha sido validado mediante el proceso de testeo de expertos, en ese sentido, se concluye, que es necesaria la modificación de las actuales tablas de infracciones previstas en la Ley N° 30714, a efectos de optimizar el procedimiento disciplinario, haciéndolo más agil, eficiente, oportuno y menos burocrático, contribuyendo a disminuir la actual carga procesal y coadyuvando al fin preventivo, educativo y formador de disciplina en el personal policial. / The purpose of the investigation work is to optimize the processes carried out by the PNP disciplinary bodies, when it is perceived that there is a significant procedural burden of unresolved disciplinary administrative files, or files resolved without determining any disciplinary responsibility for the alleged offenders, In addition to this, the prescribed and expired records are added, this makes it necessary to reorient the current disciplinary policies. The proposed hypotheses are based on the increase in the procedural burden of files, prescription and expiration cases; as well as, in the increase of the percentage of infractions committed in a defined sector of the PNP. The research carried out is descriptive, having analyzed relevant information, the instruments applied are the observation guide and interview guide, the prototype has been validated through the expert testing process, in that sense, it is concluded that modification is necessary of the current tables of infractions provided for in Law No. 30714, in order to optimize the disciplinary procedure, making it more agile, efficient, timely and less bureaucratic, helping to reduce the current procedural burden and contributing to the preventive, educational and training purpose of discipline in police personnel.

El presente Informe Jurídico aborda un caso de fiscalización de Indecopi contra Maxi Mobility, una empresa de economía colaborativa que vincula conductores con usuarios que requieren servicios de transporte. La empresa fue acusada de violar el deber de idoneidad, un principio legal que exige que los servicios cumplan con los estándares mínimos de seguridad y eficacia. Maxi Mobility no cumplió con estos estándares en dos áreas clave: la contratación de conductores y la seguridad del servicio que proporcionaba. Además, se identificaron tres cláusulas en sus términos y condiciones que exoneraban a la empresa de responsabilidad de manera anticipada, lo que se consideró abusivo. Como resultado de estas infracciones, Indecopi impuso sanciones a Maxi Mobility. El objetivo de estas sanciones no era solo castigar a la empresa, sino también impulsar mejoras en las condiciones que ofrece a sus usuarios, garantizando así que cumpla con sus obligaciones legales y éticas hacia los consumidores. / The present report addresses a case of oversight by Indecopi against Maxi Mobility, a collaborative economy company that connects drivers with users requiring transportation services. The company was accused of violating the duty of suitability, a legal principle that demands products and services meet minimum safety and efficacy standards. Maxi Mobility failed to meet these standards in two key areas: the hiring of drivers and the safety of the service it provided. 2 Additionally, three clauses in their terms and conditions were identified that exonerated the company from liability in advance, which was considered abusive. As a result of these infractions, Indecopi imposed sanctions on Maxi Mobility. The aim of these sanctions was not only to penalize the company, but also to drive improvements in the conditions it offers to its users, thus ensuring it meets its legal and ethical obligations towards consumers.

Piense usted en su grupo musical o artista favorito. Digamos que se encuentra caminando por la calle y visualiza un artículo “de colección”, por ejemplo, un edredón o muñecos con la imagen del artista o integrantes del grupo musical elegido, no puede evitar la tentación y lo(s) adquiere a un precio “bastante cómodo”, llega a su casa y lo(s) instala inmediatamente en su dormitorio, ¿ha considerado usted que, en lugar de mostrarle su apoyo, podría estar perjudicándolo? Tener a los Backstreet Boys o a Johnny Depp en el estante podría resultar tentador. Sin embargo, en lugar de brindar su apoyo podría estar favoreciendo una conducta tipificada como una infracción a la “Clausula General” o un acto de “explotación indebida de la reputación ajena artículo 6 y 10 del D. L. N°1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, respectivamente. En ese sentido, el propósito del presente trabajo se concentra en presentar y analizar ambas infracciones, las dos destinadas a sancionar conductas en las cuales se observe la explotación comercial de la imagen de una persona, conductas que en el derecho norteamericano se relacionan con el denominado “Right of Publicity” y que en el Perú se recogen en el caso Grupo La República Publicaciones S.A. vs Capri International S.A. - Resolución N°0086-2019/SDCINDECOPI, ¿Cuál es su alcance? ¿protege sólo a las personas famosas?, el desarrollo concluirá que el denominado “Right of Publicity” constituye un derecho relacionado al valor patrimonial de la imagen de una persona (famosa o no), cuya infracción, además de constituir un supuesto de competencia desleal, puede llegar a generar responsabilidad civil

Este informe jurídico busca el análisis en la aplicación y ejecución de ciertas figuras jurídicas parte del órgano colegiado y Tribunal Administrativo del Indecopi en el marco de un procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor que versa, particularmente, sobre un caso de comercialización de un can por parte del proveedor. De tal manera, esta investigación pretende abordar con mayor complejidad los siguientes aspectos de especial relevancia en el expediente estudiado: la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor y el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) para procedimientos que versen en torno a mascotas, la actividad probatoria realizada por la Comisión del Indecopi y la revisión de actos administrativos. Para dicho efecto, se emplea doctrina nacional e internacional y diversos pronunciamientos del Indecopi que llevan a determinar que para este caso en particular si bien resulta competente la Comisión por contener la denuncia otros actos que afectan intereses difusos; no obstante, mayoritariamente y determinado por la cuantía, el ORPS es quien conoce y resuelve sobre este tipo de infracciones. En tal medida, se incluye como reflexión que se amerita una revisión por parte del legislador sobre las competencias asignadas al ORPS para este tipo de casos, en tanto y en cuanto, requieren de un despliegue mayor y exhaustivo de la actividad probatoria por parte del órgano administrativo –que no podría realizarse adecuadamente en vía sumarísima- a fin determinar el estándar de consumidor razonable y en consecuencia la responsabilidad administrativa del proveedor. / This legal report aims to analyze the application and enforcement of certain legal concepts by the collegial body and Administrative Tribunal of Indecopi within the framework of an administrative proceeding regarding consumer protection, particularly focusing on a case involving the sale of a dog by the provider. This investigation intends to address with greater complexity the following aspects of special relevance in the case under study: the jurisdiction of the Consumer Protection Commission and the Deciding Bodies of Summary Proceedings (ORPS) regarding proceedings related to pets, the evidentiary activity carried out by the Commission, and the review of administrative acts. For this purpose, national and international doctrine and several pronouncements of Indecopi are employed, leading to the determination that, in this specific case, although the Commission is competent due to the presence of other acts in the complaint that affect diffuse interests; nevertheless, mostly and determined by the quantity, the ORPS is the one who knows and resolves on this type of infringements. To such extent, it is included as a reflection that a review by the legislator on the competences assigned to the ORPS for this type of cases is merited, since it requires a greater and exhaustive deployment of the evidentiary activity by the administrative body - which could not be adequately conducted in a summary proceeding- in order to determine the reasonable consumer standard and, consequently, the administrative liability of the provide.

En el presente análisis se analizará la vulneración a la legalidad dada a partir de la falta de motivación de la contradicción que genera la emisión de la Resolución N° 1990-2013-TC-S1, la cual decide dejar sin efecto las actuaciones previas, incluyendo la Resolución N° 1737-2013-TC-S1, está última había determinado la sanción por trece meses a la empresa TESACOM PERU S.A., la cual había incurrido en impedimento por presentar el Anexo N° 3- Declaración de no estar impedido de contratar, y ser presentada por su representante legal, el capitán Dorrego Arias, quién era servidor público / In this analysis we will analyze the violation of legality due to the lack of motivation of the contradiction generated by the issuance of Resolution No. 1990-2013-TC-S1, which decides to leave without effect the previous actions, including Resolution No. 1737-2013-TC-S1, the latter had determined the sanction for thirteen months to the company TESACOM PERU S.A., which had incurred in impediment for submitting Annex N° 3-Declaration of not being impeded from contracting, and presented by its legal representative, Captain Dorrego Arias, who was a public servant

La Resolución N°1908-2022-SUNAFIL/ILM vulnera el debido proceso de la empresa inspeccionada al determinar el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo en materia de condiciones de seguridad e imputar el tipo legal el numeral 10 del artículo 28 de la RLGIT calificada como muy grave por la conducta infractora, debido a que, configura un supuesto de falta de valoración de los medios probatorios conforme al numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG. Así mismo, sobre dicha falta de valoración probatoria se desprende una conducta transgresora al Principio de competencia conforme al artículo 50 y 249 del TUO de la LPAG cuando SUNAFIL determina que la vigencia de la Resolución Gerencial de INDECI que culmina en el acto administrativo del Certificado ITSE corresponde al momento de la inspección, a pesar de que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico carece de facultad para determinar si un acto realizado por otra entidad administrativa concurre efectos jurídicos. Además, existe una indebida motivación, pues parte de supuestos de hecho inexistentes a partir de lo alegado por las partes y el propio inspector mediante el acta de infracción conforme al numeral 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. En consecuencia, dichas circunstancias generaron consecuencias jurídicas además de la sanción impuesta al inspeccionado una situación de hecho problemática para nuestro ordenamiento jurídico vinculado a la seguridad jurídica del inspeccionado sobre el sistema jurídico en materia inspectiva. / Administrative Resolution N°1908-2022-SUNAFIL/ILM violates the due process of the inspected company when it determines the non-compliance of the safety and health at work regulations regarding safety conditions and imputes the legal type section 10 of Article 28 of the Regulations of the General Law of Labor Inspection qualified as very serious for the infringing conduct, because it configures an assumption of lack of evaluation of the evidentiary means according to numeral 1.2 of Article IV of the Preliminary Title of the General Administrative Process Law. Likewise, the lack of evaluation of the evidentiary means implies a violation of the Principle of competence according to Articles 50 and 249 of the General Administrative Process Law when SUNAFIL determines that the validity of the Management Resolution of INDECI that culminates in the administrative act of the Technical Safety Inspection of Buildings Certificate corresponds to the moment of the inspection, despite the fact that, according to our legal system, it lacks the power to determine whether an act carried out by another administrative entity has legal effects. Moreover, there is an improper motivation, since it is based on non-existent factual assumptions from the allegations made by the parties and the inspector himself in the infraction report in accordance with paragraphs 1.2 and 1.11 of Article IV of the Preliminary Title of the General Administrative Process Law. Consequently, such circumstances generated legal consequences in addition to the sanction imposed on the inspected party, a problematic factual situation for our legal system linked to the legal certainty of the inspected party on the legal system in inspection matters.

El objetivo del presente artículo académico es establecer cuáles son las dificultades de la potestad sancionadora de la Administración Pública en la aplicación de los principios del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. Para ello, se determina qué se entiende por la potestad sancionadora del Estado y el desarrollo de sus manifestaciones. Asimismo, delimita cuáles son los elementos comunes entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, entre los cuales se encuentran: las sanciones, las garantías y los principios jurídicos. A partir de ello, el artículo se centra en indicar cuáles son las dificultades que enfrenta la Administración en la aplicación de los principios jurídicos del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. En ese sentido, la autora circunscribe su análisis a los problemas relacionados a la interpretación del principio de legalidad y, su garantía material, el principio de tipicidad, en el Derecho Administrativo Sancionador. A fin de mostrar cuál es el problema, se analiza la controversial sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema de Control de la Contraloría General de la República, la cual evidencia una errada interpretación del principio de legalidad entendido bajo las restricciones de una interpretación conectada, básicamente, al Derecho Penal. De esta manera, el artículo concluye estableciendo la necesidad de mejorar la técnica de interpretación de principios jurídicos en el Derecho Administrativo Sancionador por parte de los operadores jurídicos de Tribunales Administrativos y, así, dotar progresivamente de mayor autonomía al Derecho Administrativo Sancionador.

El presente informe jurídico analiza el pronunciamiento emitido por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI mediante la Resolución 0115-2023/SDC-, en donde se pronuncia sobre la denuncia interpuesta por Aris Industrial S.A., en contra de Importaciones Bio E.I.R.L. por la presunta comisión de infracciones al Decreto Legislativo 1044, o también llamada Ley de Represión de la Competencia Desleal. En particular, porque la conducta de Importaciones Bio E.I.R.L. dentro del marco de una Licitación Pública podía representar una vulneración a la normativa de competencia desleal, ya que, presuntamente habría incurrido en la comisión de actos de engaño y actos de violación de normas. Sin embargo, el objetivo principal de este informe es determinar si la autoridad administrativa en segunda instancia realizó un trabajo congruente y acorde a derecho, respecto al análisis del tipo infractor de actos de engaño. Pues, la imputación de cargos referida a la comisión de actos de engaño frente al comportamiento de Importaciones Bio E.I.R.L. fue declarado nulo en dicho extremo, y por ende, no fue analizado por el INDECOPI. Siendo ese el caso, este trabajo se justifica en la complejidad que puede existir respecto del trabajo de calificación de infracciones que realiza la autoridad administrativa, y como en virtud de este último puede la autoridad puede analizar correctamente el comportamiento de los denunciados y, en virtud de ello, evitar cualquier afectación al mercado en línea con la normativa de competencia desleal. / This legal report analyzes the resolution issued by the Specialized Chamber for the Defense of Competition of INDECOPI through Resolution 0115-2023/SDC-, where it rules on the complaint filed by Aris Industrial S.A., against Importaciones Bio E.I.R.L. for allegedly committing violations to Legislative Decree 1044, also known as Law for the Repression of Unfair Competition. In particular, due to the fact that the conduct of Importaciones Bio E.I.R.L. in the framework of a Public Bidding, could represent a violation of the unfair competition regulations, since it would have allegedly committed acts of deception and acts of regulatory infringement. However, the main objective of this report is to determine whether the administrative authority in second instance carried out a congruent and lawful work, regarding the analysis of the infringing type of acts of deception. Well, the complaint referring to the commission of fraudulent acts with respect to the conduct of Importaciones Bio E.I.R.L. was declared null and void in that sense, so it was not analyzed by INDECOPI. Thus, this work is justified by the complexity that may exist with respect to the work of classification of infringements carried out by the administrative authority, and how, by virtue of the latter, the authority can correctly analyze the behavior of the defendants and, by virtue thereof, avoid any affectation to the market in line with the unfair competition regulations.

El problema principal abordado es determinar de qué manera la falta de criterios objetivos en la Metodología para el Cálculo de Multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para determinar los costos evitados cuando no hay información suficiente sobre el daño ambiental real afecta la aplicación efectiva del principio de internalización de costos en los procedimientos administrativos sancionadores ambientales. Los instrumentos normativos analizados incluyen la Ley General del Ambiente, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, y la Metodología para el Cálculo de Multas del OEFA. También se examinan resoluciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental que establecen criterios sobre la determinación de costos evitados. Las principales conclusiones son: 1. La falta de criterios objetivos claros genera incertidumbre y afecta la atribución adecuada de responsabilidades ambientales y económicas. 2. Esta situación debilita los objetivos de protección ambiental y desarrollo sostenible que busca promover el principio de internalización de costos. 3. La incertidumbre sobre el cálculo de multas puede generar incentivos inadecuados para que los administrados adopten medidas de prevención ambiental. 4. La subjetividad en la determinación de costos evitados impacta negativamente en la confianza legítima y seguridad jurídica de los administrados respecto a las consecuencias de sus actos. / The main problem addressed is the lack of clear objective criteria in OEFA's Methodology for Calculating Fines to determine avoided costs when there is insufficient information about actual environmental damage. This affects the effective application of the cost internalization principle in environmental administrative sanction procedures. The analyzed regulatory instruments include the General Environmental Law, the Law of the National System of Environmental Evaluation and Oversight, OEFA's Administrative Sanction Procedure Regulation, and OEFA's Methodology for Calculating Fines. Resolutions from the Environmental Oversight Tribunal establishing criteria for determining avoided costs are also examined. The main conclusions are: 1. The lack of clear objective criteria generates uncertainty and affects the adequate attribution of environmental and economic responsibilities. 2. This situation weakens the environmental protection and sustainable development objectives that the cost internalization principle seeks to promote. 3. Uncertainty about fine calculation can generate inadequate incentives for regulated entities to adopt environmental prevention measures. 4. Subjectivity in determining avoided costs negatively impacts the legitimate expectations and legal certainty of regulated entities regarding the consequences of their actions.