La doctrina del control de convencionalidad supone, entre otras, una contestación de la Corte IDH a la pregunta sobre el valor jurídico de su jurisprudencia. En síntesis, afirma que la exégesis sobre la CADH y otros tratados interamericanos, contenida en sus sentencias y opiniones consultivas, tiene un carácter vinculante y un efecto erga omnes en aquellos Estados que han reconocido su competencia (contenciosa o consultiva). Por ello, dirá la Corte IDH, que toda autoridad nacional, sin excepción, debe cotejar su ordenamiento y prácticas domésticas a la luz de los pronunciamientos interamericanos y, de haber contradicción, decantarse por estos segundos. Desde entonces, se ha producido una divergente respuesta tanto al interior de las altas cortes nacionales como de la doctrina académica. La presente investigación, no solo pretende narrar la historia de esta figura, para luego categorizar su concepto (capítulo II), sino también presentar el vigente debate judicial y académico que ha generado (capítulo III). Asimismo, intenta poner en discusión, desde el Derecho Internacional Público y el Derecho Constitucional, aquel extremo que señala a la jurisprudencia interamericana como parámetro obligatorio y de efectos “frente a todos” (capítulo IV). Finalmente, busca comprender cómo la reconfiguración del concepto de “soberanía” estatal y la irrupción del derecho internacional de los derechos humanos, terminada la II Guerra Mundial, ha hecho posible que arribemos a reflexiones y controversias de este tipo (capítulo I). La conclusión principal a la que llegamos es que, sin poner en duda la importancia del rol interpretativo que desenvuelve la Corte IDH, la fundamentación con la que se pretende respaldar a la doctrina del control de convencionalidad es endeble e insuficiente. Es más, no solo existen inconsistencias teóricas al interior de la propuesta, sino también inminentes riesgos para el desenvolvimiento de un régimen democrático en un Estado Constitucional de Derecho.

El presente trabajo pretende determinar si estamos de acuerdo con el decisorio de la Corte Suprema al aprobar la consulta respecto a la resolución correspondiente al Expediente N°10978 – 2020. Para lo cual, analizaremos el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional de segunda instancia, luego estableceremos los criterios de aplicación de control difuso, y finalmente, analizaremos el criterio interpretativo y argumentativo de la Corte Suprema respecto a la aplicación del control difuso acorde a los criterios establecidos en el Primer Pleno Jurisdiccional en materias Constitucionales y Contenciosas Administrativo. / The purpose of this paper is to determine whether we agree with the decision of the Supreme Court in approving the consultation regarding the resolution corresponding to Case No. 10978 - 2020. For which, we will analyze the criteria adopted by the second instance jurisdictional body, then we will establish the criteria for the application of diffuse control, and finally, we will analyze the interpretative and argumentative criteria of the Supreme Court regarding the application of diffuse control according to the criteria established in the First Jurisdictional Plenary in Constitutional and Contentious-Administrative matters.

El presente trabajo de tesis, analiza en concreto el control constitucional, por un lado, el control constitucional difuso y por otro el control constitucional concentrado, ello con la finalidad de tener claro ambos conceptos, además de estudiar brevemente el tipo de control constitucional que tenemos en Latinoamérica, así como el que funciona en Europa. También este trabajo de investigación analiza en control constitucional realizado en nuestro país, revisando brevemente sus orígenes, hasta la actualidad, para lo cual luego de analizar el vigente marco constitucional respecto al control difuso realizado por la Corte Suprema de Justicia de la República, además de advertir graves deficiencias en cuanto a dicha labor de control constitucional, es que, proponemos se pueda implementar en nuestro país la figura de la Cuestión de Inconstitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional, la cual desde nuestra postura, viene funcionando de manera adecuada en España, país de donde hemos heredado y tenemos como referente gran parte de sus instituciones jurídicas, y en lo particular en lo que se refiere al control constitucional. Es así que, sustentamos resulta viable la implementación de la cuestión de inconstitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional peruano, pues la Corte Suprema ha evidenciado un déficit en cuanto a la labor de control de constitucionalidad, habiendo identificando su problemática en la provisionalidad de los jueces supremos que integran las Salas Constitucionales, además de la transitoriedad de estas Salas. Por tanto, consideramos viable que el Tribunal Constitucional pueda realizar la labor de hacer control constitucional respecto a los casos donde a un juez ordinario le surja una duda respecto a la constitucionalidad de una norma en un caso concreto, y que sea el Tribunal Constitucional a través de una sentencia determine los que corresponda y que los efectos de su sentencia donde se haya planteado la Cuestión de Inconstitucionalidad, tenga efectos erga omnes, y pueda expulsar la norma inconstitucional de ser el caso o por el contrario, ratifique la constitucionalidad de la norma en cuestión. / This thesis work specifically analyzes constitutional control, on the one hand, diffuse constitutional control and concentrated constitutional control on the other, in order to be clear about both concepts, in addition to briefly studying the type of constitutional control that we have in Latin America, as well as the one that works in Europe. This research work also analyzes constitutional control carried out in our country, briefly reviewing its origins, up to the present, for which after analyzing the current constitutional framework regarding the diffuse control carried out by the Supreme Court of Justice of the Republic, in addition to noticing serious deficiencies in terms of said constitutionality, we propose that the figure of the Question of Unconstitutionality in charge of the Constitutional Court be implemented in our country, which from our position, has been working adequately in Spain, a country from which we have inherited and have as a great reference part of its legal institutions, and in particular in what refers to constitutional control. Thus, we maintain that the implementation of the question of unconstitutionality in charge of the Constitutional Court is viable, since the Supreme Court has evidenced a deficit in terms of the work of constitutionality control, having identified its problem in the provisionality of the supreme judges that make up the Constitutional Chambers, in addition to the transience of these Chambers. Therefore, we consider it viable that the Constitutional Court can carry out the task of carrying out constitutional control regarding cases where an ordinary judge has a doubt regarding the constitutionality of a norm in a specific case, and that the Constitutional Court, through a sentence, determines the corresponding ones and that the effects of its sentence where the Question of Unconstitutionality has been raised, has erga omnes effects, and can expel the unconstitutional norm if it is the case or, on the contrary, ratify the constitutional one ity of the norm in question.

Entre los múltiples dilemas que deben resolverse al estructurar un proceso de justicia transicional, se encuentra la posibilidad de construir políticas que respeten los estándares de derecho internacional y no representen un obstáculo para que se llegue a un acuerdo entre las partes en conflicto. El presente artículo plantea que el margen de apreciación nacional es un mecanismo idóneo para la incorporación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito nacional y, más concretamente, en procesos de justicia transicional. Para ello, se explicará el margen de apreciación nacional y su compatibilidad con el control de convencionalidad, las críticas a la incorporación del margen de apreciación en el contexto americano y la posibilidad de utilizar el margen de apreciación en contextos de justicia transicional, como mecanismo idóneo para incorporar y armonizar las decisiones de la Corte Interamericanacon los procesos de justicia transicional. / Among the multiple dilemmas that must be resolved when structuring a transitional justice process is the possibility of constructing policies that respect the standards of international law and do not represent an obstacle to reaching an agreement between the parties in conflict. This article proposes that the national margin of appreciation is a suitable mechanism for the incorporation of the judgments of the InterAmerican Court of Human Rights at the national level and, more specifically, in transitional justice processes. To this end, the national margin of appreciation and its compatibility with the control of conventionality, the criticisms to the incorporation of the margin of appreciation in the American context and the possibility of using the margin of appreciation in transitional justice contexts will be explained, as a suitable mechanism to incorporate and harmonize the decisions of the Inter-American Court with transitional justice processes.

El presente trabajo de investigación busca analizar el referéndum en el Perú, en el marco del contexto internacional y del Derecho Comparado, centrándose en el control de constitucionalidad que se puede hacer respecto de los temas en consulta (objeto) para dar solución a dos problemas identificados: la oportunidad del control y el organismo competente. En relación con el momento en que se hace este control, se hace posteriormente a que la iniciativa cuente con un importante número de respaldos expresados a través de la recolección de firmas, y podría ser negativo, con lo que generaría un desincentivo a asumir la promoción de este tipo de iniciativas. De otro lado, respecto del organismo encargado de este control constitucional, se ha constatado que potencialmente hay un control originario y luego uno sucesivo, que puede recaer en el Jurado Nacional de Elecciones y los jueces constitucionales (en dos instancias) y finalmente en el Tribunal Constitucional. En ese sentido, el presente trabajo plantea que el control constitucional se haga mientras se realiza la recolección de firmas (una vez que se logre una cantidad similar a la requerida para presentar una demanda de inconstitucionalidad -5000 firmas) y que esté a cargo del Tribunal Constitucional, en instancia única, por la especialidad de sus funciones, como un control preventivo, a través de un procedimiento célere; por tanto, se incluyen propuestas de textos normativos para reformar la Constitución y la Ley Nº 263000, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, con dichos alcances.

Las comunidades Chila Chambilla y Chila Pucará interpusieron un Recurso de Amparo Constitucional (RAC) frente a las concesiones mineras otorgadas a la empresa Cemento Sur S.A, sin haberse realizado el proceso de consulta previa. El Tribunal Constitucional (TC) lo declaró improcedente, debido a que, en su opinión, la consulta previa no es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de 1993. Asimismo, en sus votos singulares, los magistrados Miranda Canales y Ferrero Costa, señalaron que el derecho a la consulta previa no comprende el otorgamiento de concesiones mineras, debido a que no representa riesgo para las comunidades involucradas. Frente a ello, se analizó si es que, según los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha establecido en su jurisprudencia y lo dispuesto en diferentes instrumentos jurídicos internacionales (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenio 169 de la OIT, entre otros), la consulta previa aplicaba para este caso. Asimismo, se examinó por qué los magistrados del TC, en virtud del control de convencionalidad, estaban obligados a aplicar dichos estándares en su fallo interno, y si es que el actual planteamiento de la consulta previa en Perú cumple los estándares señalados. Como resultado se estableció que dicho planteamiento vulnera los estándares planteados por la CoIDH en relación con la consulta previa, y obstaculiza casos como el de las comunidades Chila Chambilla y Chila Pucara, cuya aplicación se demandó desde la concesión de su territorio. Asimismo, se evidenció la deficiente aplicación del control de convencionalidad en el caso. / The Chila Chambilla and Chila Pucará communities filed a writ of Amparo (constitutional protection) against the mining concessions granted to Cemento Sur S.A, without the prior consultation process. The Constitutional Court (TC) declared it inadmissible, stating that prior consultation is not a fundamental right enshrined in the 1993 Political Constitution. Additionally, in their individual votes, magistrates Miranda Canales and Ferrero Costa stated that the right to prior consultation does not include the granting of mining concessions, as it does not pose a risk to the communities involved. Therefore, it was analyzed whether, according to the standards established by the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) in its jurisprudence and the provisions of different international legal instruments (American Convention on Human Rights, ILO Convention 169, among others), prior consultation applied to this case. Likewise, it was examined why the TC magistrates, under the control of conventionality, were obligated to apply these standards in their internal ruling, and whether the current approach to prior consultation in Peru meets the standards indicated. As a result, it was established that this approach violates the standards set by the IACHR regarding prior consultation and obstructs cases such as those of the Chila Chambilla and Chila Pucara communities, whose application has been demanded since the granting of their territory. Additionally, deficient application of conventionality control was evidenced in the case.

El trabajo presenta el balance del control jurisdiccional realizado por el Tribunal Constitucional (TC) sobre las decisiones de no ratificación de magistrados (jueces y fiscales) expedidas por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), periodo 2009 al 2018. El control del ejercicio de la potestad de ratificar está principalmente a cargo del TC, quien viene diseñando en sus resoluciones el equilibrio que debería existir entre esta potestad con la de impartir justicia, cada vez que resuelve los procesos de amparo sobre la decisión de no ratificar a un magistrado. En las dos primeras décadas de este siglo el control se hizo con interpretaciones y aplicaciones que, si bien evolucionan en favor de la protección, se trata de una tutela al debido proceso relativizado, limitada a examinar o constatar que la decisión administrativa cuente con justificación interna (formal), evaluando la corrección lógica y la coherencia narrativa del razonamiento (premisas normativas y fácticas) que permitan su enlace con la decisión. La tutela constitucional es desconfiada en brindar una protección que controle la validez de la justificación externa de la decisión administrativa, pues no evalúa la corrección constitucional de las interpretaciones y/o argumentos expresados por el ex CNM en sus resoluciones, ni aplica criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que si resulta controlable en las destituciones. La falta de un control judicial más riguroso sobre el ejercicio de la potestad de ratificar podría permitir y/o convalidar eventuales arbitrariedades que, a su vez, podrían influir en el sistema democrático de gobierno, la existencia de un sano equilibrio de potestades y el respeto mutuo de competencias. Finalmente, además de realizar el balance cuantitativo y estadístico, se analizan críticamente las resoluciones jurisdiccionales del TC para conocer la realidad práctica del control que ejerce sobre las decisiones de no ratificación, específicamente del deber de motivar y la intensidad que emplea como parámetro de control vinculante, para lo cual también se recurre a la prueba exacta de Fisher.

Como bien es sabido, la población LGBTIQ+ ha sido histórica y estructuralmente discriminada en nuestro país. Por tal motivo, la presente investigación surgió como respuesta a las recientes sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario en el Perú (casos Óscar Ugarteche, Andree Martinot y Susel Paredes) y la falta de deliberación parlamentaria sobre dicha materia. Razón por la cual, se tiene como objetivo respaldar la teoría de que el Tribunal Constitucional se encuentra facultado para realizar un control fuerte de constitucionalidad —mas aún si se encuentra frente a una población en especial situación de vulnerabilidad—, el cual permita el reconocimiento del matrimonio igualitario en el Perú. De ahí que, a través del presente trabajo académico, se propone realizar un análisis de las diferentes estrategias jurídicas empleadas por las Cortes Constitucionales del derecho comparado (Estados Unidos, Colombia y Ecuador), respecto del reconocimiento del matrimonio igualitario. Así como, un estudio que contraste las sentencias emitidas por el Poder Judicial —en primera instancia— y el Tribunal Constitucional, correspondiente a la referida materia. Finalmente, se expondrán cada uno de los argumentos por los cuales, la autora considera que no resulta aplicabla la tesis waldroniana —contraria al control judicial o judicial review— en el caso peruano. / As is well known, the LGBTIQ+ population has been historically and structurally discriminated against in our country. For this reason, this investigation arose in response to the recent rulings issued by the Constitutional Court on the recognition of equal marriage in Peru (Óscar Ugarteche, Andree Martinot and Susel Paredes cases) and the lack of parliamentary deliberation on said matter. For this reason, the objective is to support the theory that the Constitutional Court is empowered to carry out a strong control of constitutionality —even more so if it is faced with a population in a particularly vulnerable situation— which allows the recognition of the equal marriage in Peru. Hence, through this academic work, it is proposed to carry out an analysis of the different legal strategies used by the Constitutional Courts of comparative law (United States, Colombia and Ecuador), regarding the recognition of equal marriage. As well as, a study that contrasts the sentences issued by the Judiciary —in the first instance— and the Constitutional Court, corresponding to the aforementioned matter. Finally, each of the arguments will be presented for which the author considers that the Waldronian thesis —contrary to judicial review— is not applicable in the Peruvian case. / Trabajo académico

El accionar de las entidades de la Administración Pública - frente a los agentes económicos y/o administrados - cumple un rol fundamental en la relación entre el Estado y la Sociedad. Es debido a ello que, la exigencia de requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros que condicionen, restrinjan u obstaculicen, el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o afecten a los administrados en la tramitación de procedimientos administrativos, debe darse en observancia al Principio de Legalidad con la finalidad de salvaguardar el debido procedimiento administrativo. A pesar de ello, la experiencia nos ha demostrado que - reiteradamente - la autoridad administrativa ha establecido exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros incumpliendo normas y/o principios de simplificación administrativa en perjuicio de los administrados; así como también, restringiendo u obstaculizando la presencia de los agentes económicos en el mercado a través de exigencias ilegales y/o carentes de razonabilidad. Este escenario ha generado que, la informalidad sea vista como una opción válida en desmedro del desarrollo económico y social del Perú. En este contexto, el Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas, llevado a cabo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, toma un papel protagónico en la prevención y eliminación de barreras burocráticas, ya que ha permitido declarar la inaplicación de aquellas barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad en base a lo establecido en la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas - aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1256. Una muestra de la efectividad del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas es el Ranking de Barreras Burocráticas elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi desde el año 2016. En efecto, solo en el año 2017, el referido Ranking de Barreras Burocráticas1 informó que se eliminaron 3 288 barreras burocráticas a nivel nacional, lo cual significó un ahorro ascendente a más de S/ 570 millones de soles a la ciudadanía. Ello, es una muestra de la trascendencia del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas - a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas. Sin embargo, a pesar de la efectividad del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas, aún está pendiente el debate con relación a la Naturaleza Jurídica del mismo; así como también, respecto a los efectos jurídicos que este produce. Es debido a ello que, el objetivo del presente trabajo radica en dilucidar la Naturaleza Jurídica del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas. Para ello, como punto de partida, se realizará el análisis de los tipos de procedimientos administrativos: (i) procedimiento general y (ii) procedimientos especiales: trilateral y sancionador. Posteriormente, se evaluarán las características del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas a la luz de la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas - aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1256 - para con ello determinar qué tipo de procedimiento es.

Constitutionalizaton of Law’s different areas is a phenomenon gradually more ingrained in our cultural and legal framework. Maybe the best demonstration is the increasingly prominent role of the Constitutional Court (TC) – Constitution’s Supreme Interpreter – in defining and redefining concepts, rights and legal principles touching a range of subjects, from TaxLaw to Human Rights. This is relevant to understand the Law and its current effects whether it is valued positively or negatively. / La constitucionalización de las distintas áreas del Derecho es un fenómeno cada vez más arraigado en nuestra cultura y contexto jurídicos. Tal vez la forma más evidente en que se haya manifestado sea el creciente protagonismo del Tribunal Constitucional (TC), supremo intérprete de la Constitución, en la significación y resignificación de conceptos, derechos y principios jurídicos que, a través de sus sentencias, han afectado desde el derecho tributario hasta los derechos humanos. Sea que esto se valore positiva o negativamente, su relevancia para comprender el derecho y sus efectos en la actualidad es innegable.