Este informe trata sobre la Resolución 14 del 27 de diciembre de 2013 proferida en el Expediente Nº 014923-2013-0-1801-JR-CI-05, que declaró nulo, todo lo actuado por la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del gobierno del expresidente García entre los años 2006 y 2011 a partir de la expedición de la citación del 8 de marzo de 2013, incluyendo todos los actos posteriores a la indicada citación, referidos exclusivamente al expresidente. El informe aborda los principios del debido proceso que deben respetar las comisiones parlamentarias, los alcances y límites del control constitucional aplicables al Poder Legislativo cuando investiga; y, finalmente, las características mínimas que debe tener la citación a cualquier persona que sea objeto de investigación parlamentaria. Se plantea que el control constitucional de los actos de las comisiones investigadoras del Congreso está dotado de una intensidad distinta al control que alcanza a las comisiones que tienen potestad sancionadora; y precisa que las características de una citación serán distintas dependiendo del avance que tenga la comisión investigadora. El informe construye un marco teórico relativo a las comisiones investigadoras del Congreso, los alcances del control constitucional de los actos de éstas, para, finalmente, delimitar los estándares mínimos que deben tenerse presentes al citar a una persona cuyos actos son materia de investigación. El informe concluye analizando el pronunciamiento judicial mencionado, y ensayando criterios alternativos al control constitucional de los actos desarrollados por las comisiones investigadoras, mediante una propuesta que recoge – y a su vez distingue – de otros criterios jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, en sus diversas sentencias e informes, respectivamente, han determinado que en el procedimiento de renovación de cuadros, se ha vulnerado, entre otros, los derechos al debido procedimiento y a la motivación de resoluciones administrativas de los oficiales de la Policía Nacional del Perú; sin embargo, actualmente se continúan emitiendo actos administrativos que denotan cómo las autoridades públicas terminan haciendo un ejercicio arbitrario de las facultades discrecionales otorgadas por ley, sin garantizar los referidos derechos. Como consecuencia de ello, en la actualidad todos aquellos oficiales que no se encuentran conforme con tal decisión acuden al Poder Judicial en búsqueda de tutela jurisdiccional efectiva, logrando su reincorporación. En ese sentido el objetivo del presente trabajo académico es determinar de qué manera el principio de buena administración puede orientar el ejercicio de la facultad discrecional en el procedimiento administrativo de renovación de cuadros. Al respecto, Ponce afirma que, para cumplir con un debido procedimiento administrativo o deber de buena administración, las autoridades públicas durante la actividad procedimental deben de actuar de forma objetiva en función al deber de debida diligencia, de tal forma que reduzca los márgenes de arbitrariedad. Concluyendo que la aplicación del principio de buena administración, manifestado a través del principio de transparencia y del deber de debida diligencia o debido cuidado, como elemento núcleo, impone a la administración policial la obligación legal de actuar de manera imparcial y con la implementación de los criterios técnicos desarrollados permitirá establecer cuidadosamente los elementos de hecho y de derecho, garantizando una debida motivación de las resoluciones administrativas. De esta forma se cumple con orientar de manera positiva el ejercicio de la facultad discrecional en los procedimientos administrativos de renovación de cuadros

El reconocimiento pleno de los derechos fundamentales en el trabajo exige indefectiblemente un cauce procesal adecuado, célere y eficaz que protega de manera completa y suficiente estos derechos. Sin embargo, la Ley Procesal del Trabajo no contempla un proceso especial de tutela de derechos fundamentales, pero si reconoce algunas garantías procesales de refuerzo para la protección de los derechos fundamentales. Esta investigación tiene el objetivo de indentificar si las garantías de refuerzo que se reconoce en dicha ley son suficientes. Para ello, se hace una análisis dogmático jurídico exploratoria de las leyes procesales del trabajo a nivel nacional e internacional. La principal conclusión que se obtiene de la investigación es que la actual ley procesal del trabajo no otorga una protección completa, suficiente e idónea a los derechos fundamntales del trabajo.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el expediente judicial N° 155-2012-0-1817-SP-CO-02, el cual versa sobre un proceso de anulación de laudo arbitral. La elección del expediente radica, principalmente, en la vigencia actual de una indeterminación de los alcances de la revisión judicial en los procesos de anulación de laudo cuando se evalúa la garantía de debida motivación. En ese sentido, se analiza i) la procedencia de un pedido de nulidad sustentado en la afectación al derecho al debido proceso, en el cual no se presentó reclamo previo o solicitudes contra el laudo, ii) los alcances del examen judicial de la motivación del laudo arbitral y iii) las implicancias del incumplimiento del deber de revelación como causal de anulación de laudo por la supuesta afectación al derecho a un juez imparcial. Tras ello, se concluye que i) cualquier pedido de anulación basado en la afectación a los derechos al debido proceso y a la prueba puede contenerse en las causales taxativas de anulación de laudo y no puede inaplicarse el requisito de reclamo previo; que ii) el examen judicial de motivación de los laudos arbitrales únicamente puede corroborar la existencia de motivación y la motivación interna entendida como logicidad; y, finalmente, que iii) el incumplimiento del deber de revelación no es una vulneración al derecho a un juez imparcial, pero es posible que se interprete como una vulneración al derecho de defensa y como una contravención a las normas arbitrales (como causal de anulación), siempre y cuando sea acreditado.

En nuestro medio el Nuevo Código Procesal Penal tiene un carácter acusatorio y en base a los principios de publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas; hacen que los sujetos procesales (parte acusada y acusadora) deben encontrarse preparados, a fin de conseguir la justicia y equidad en el proceso penal; en consecuencia, bajo el nuevo paradigma del Estado Constitucional de Derecho pasa a ser trascendental el papel desempeñado por la defensa quien está representada por el abogado defensor, quien es el llamado a ejercer una defensa técnica eficaz a fin de garantizar al procesado el cumplimiento y la efectividad del derecho al Debido Proceso y a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. En tal sentido, en el desarrollo del presente trabajo nos hemos planteado determinar los estándares de una defensa técnica eficaz; y si la actividad desempeñada por el abogado que no cumple con estos parámetros conlleva a la vulneración de las garantías constitucionales del procesado, situación que podría acarrear nulidad absoluta de acuerdo a lo establecido en el inciso d) del artículo 150 del Código Procesal Penal. Sin embargo, consideramos que para alegar nulidad por defensa técnica ineficaz no es suficiente que se configure esta; toda vez que, además, debe concurrir simultáneamente lo siguiente: a) Que el justiciable se encuentre en estado de indefensión; b) Que como consecuencia de la indefensión se le haya obstaculizado el acceso efectivo a la justicia; y, c) Se le haya vulnerado otros derechos constitucionales.

En el presente informe, se realiza un análisis crítico de la STC No. 01735-2008-PA/TC, por el cual se declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por Shougang y, en consecuencia, inaplique la Ordenanza Municipal No. 006-2007-A/MPN, aprobado por la Municipalidad Provincial de Nasca. Mediante dicha ordenanza, se aprobó la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Marcona (Nasca, Ica), a través de la cual se calificó determinadas áreas – donde se encontraban ubicadas concesiones mineras de titularidad de Shougang – como urbanas, lo cual significó una restricción a Shougang de realizar cualquier actividad minera en dichas áreas. Sin embargo, se advierte que el referido PDU no cumplió con el procedimiento preestablecido por ley para su aprobación, tomando en cuenta lo regulado, principalmente, en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27015, modificada por la Ley 27560 y el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Pero, además, la Ordenanza significaría una vulneración al derecho de propiedad de Shougang y, concretamente, un supuesto de expropiación indirecta el cual se encuentra proscrito. Pese a ello, el TC no resolvió en virtud de los derechos invocados por Shougang, sino que optó por declarar que existió una afectación a la libertad contractual (pese a que no fue alegado). Si bien la decisión del TC fue correcta al declarar fundada la demanda, lo cierto es que se basó en una afectación a la libertad contractual, que, si bien es afectada en este caso, en realidad las consideraciones señaladas por el TC son incorrectas. / In this report, a critical analysis of STC No. 01735-2008-PA/TC es carried out, by which the amparo lawsuit filed by Shougang was declared founded and, consequently, the Municipal Ordinance No. 006-2007, approved by the Provincial Municipality of Nazca, is not applied. Through said ordinance, the update of the Urban Development Plan of Marcona’s District (Nazca, Ica) was approved, through which certain areas - where mining concessions owned by Shougang were located - were classified as urban, which meant a restriction on Shougang from carrying out any mining activities in such areas. However, it is noted that the aforementioned PDU did not comply with the procedure pre- established by law for its approval, taking into account what is regulated, mainly, in the Organic Law of Municipalities, Law 27015, modified by Law 27560 and the Regulation of Territorial Conditioning and Urban Development. But, in addition, the Ordinance meant a violation of Shougang's property right and, specifically, a case of indirect expropriation which is outlawed. Despite this, the TC did not decide by virtue of the rights invoked by Shougang, but instead chose to declare that there was an affectation of contractual freedom (despite the fact that it was not alleged). Although the decision of the TC was correct in declaring the claim founded, the truth is that it was based on an affectation of contractual freedom, which, although it is affected in this case, the fact is that the considerations indicated by the TC are incorrect.

El presente artículo tiene como finalidad abordar cuál es el rol que cumple la motivación en el arbitraje y cómo ésta puede ser concebida al momento que se efectúe el análisis en un laudo arbitral. El debido proceso, en sus distintas manifestaciones, tiene ciertas particularidades en el arbitraje. Uno de los aspectos que representan ciertas posturas encontradas es el de la motivación de los laudos arbitrales y la exigencia de ciertos elementos al momento de su control en sede judicial. En tal sentido, la atención se centrará en analizar los aspectos más relevantes de las teorías sobre la naturaleza del arbitraje, para analizar el rol que tiene la adecuada motivación en los laudos arbitrales. Finalmente, se reflexionará sobre la motivación en el arbitraje y su relación con la imparcialidad del árbitro, como mecanismo de control posterior por las partes de un proceso arbitral. / The purpose of this article is to approach the role and function that due motivation has in arbitration processes in general, and to further understand and delimitate its conception in regard to the analysis of a valid arbitration award. Due process, in its different manifestations, has certain peculiarities when it comes to arbitration. One of the most controversial topics is the motivation of arbitration awards and the requirements of certain elements in respect to an eventual judicial control. In that regard, attention will be focused on analyzing the relevant aspects of the theories on the legal foundation of arbitration in order to examine due motivation of arbitration awards. Finally, we will reflect on the relation between due motivation and the impartiality of arbitrators, as a way of post control to determine if an arbitration award is valid or not. / Trabajo académico

Se habla siempre que las instituciones militares ostentan valores comunes y propios, muchas veces distintas de la civilidad. Se trata de organizaciones que se rigen por normas particulares o específicas, en que la disciplina, el orden, el compromiso con el país y la propia Institución, así como con sus pares, forma parte de su naturaleza y tradición. De modo tal es importante dilucidar hasta qué punto, el carácter excepcional de la Justicia Militar debe permanecer en nuestro derecho interno, o en su defecto, analizar de qué manera afectaría a estas instituciones su extinción. Generalmente, los trabajos sobre materia de índole judicial castrense han sido realizados por Oficiales Jurídicos, miembros de la Fuerzas Armadas o personas cercanas a estas o, por el contrario, por quienes advierten una marcada posición contra los militares u opositores a los Fueros de Excepción, de manera que tanto uno como otros no siempre ofrecen una perspectiva idónea o adecuada. El acercamiento y subjetiva relación con la institución militar o un profundo desinterés sobre la misma, se dejan traslucir en dichos estudios, razón por la cual ha sido motivación esencial en la presentación de esta temática mostrar un estudio objetivo y riguroso. Tratándose de un tema que aborda tópicos de carácter jurisdiccional, a lo largo del trabajo, nos hemos detenido a reflexionar sobre la función judicial, sobre todo en la labor del juez militar y el rol que le corresponde cumplir dentro de la Justicia Militar, como operadores inmediatos del derecho. En este contexto el Derecho Militar a través del juez, adquiere especiales propiedades para impartir o administrar justicia. La equidad y la prudencia no solo se presentan como valores sino también como factores de acuerdo con los cuales el juez ha de aplicar el derecho

El presente trabajo busca poner en atención del lector una actividad que se encuentra no solo en el proceso civil peruano sino también en todo proceso o procedimiento existente, presencia que se debe a que estamos ante una actividad organizadora del proceso que permite no solo el pleno contradictorio como derecho fundamental sino el adecuado desarrollo del proceso dentro del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Esta actividad a la cual hacemos referencia es la de la fijación de puntos controvertidos. Actividad sobre la cual se han perdido las bases, así como la visión sobre su finalidad convirtiéndola, en la práctica, a una actividad de mero trámite donde no existe razonamiento ni esfuerzo alguno más allá del que implica la transcripción de las pretensiones de ambas partes en un solo documento. Formalismo que no solo desvirtúa el rol de las partes en el proceso sobre la fijación de puntos controvertidos, sino que también lo hace con el rol del juez para correcta fijación de dichos puntos a partir de la propuesta de las partes

El artículo tiene como propósito analizar la aplicación práctica y operativa de la desacumulación que instituye el artículo 51º del Código Procesal Penal 2004. La necesidad de hacer posible del proceso penal eficiente, en términos de celeridad y de plazos razonables, y con eficacia para garantizar que su decisión se funde en la verdad como presupuesto de justicia; a este cometido, no contribuye el plazo de duración promedio del proceso penal complejo y proceso complejo con organización criminal, sin soslayar la duración que alcanza el algunos casos el proceso simple criminal, que podrían llegar hasta más de 10 años para la decisión final en primera instancia; lo que no se condice con la garantía constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva en su expresión el derecho a la obtención de una decisión fundada en derecho dentro de plazos razonables. El escaso desarrollo doctrinario y jurisprudencial de la norma y su sentido literal limitan aplicación práctica y el uso por operadores para convertir la desacumulación de procesos y separación de imputaciones o delitos conexos como medio idóneo para simplificar el proceso y resolver la causa en un tiempo célere, desde que la investigación preparatoria ha cumplido su objetivo. El análisis del texto legislativo y teórico de las instituciones de la acumulación y desacumulación sostienen un ejercicio de interpretación dogmatica. La importancia y utilidad práctica de la desacumulación o separación de imputaciones o delitos conexos para el manejo de procesos complejos y procesos complejos con organización criminal reside en que sus criterios pueden bien ser aplicados en el curso del juicio oral para llegar a la conclusión del debate probatorio en forma anticipada y la emisión de decisiones finales antes de concluir el debate probatorio en su integridad, sobre todo en casos de pluralidad de imputados.