Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014 / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria aborda uno de los principales problemas que han surgido en la discusión doctrinaria procesal, la existencia de facultades probatorias de oficio en las diversas normativas, esto enmarcado en un análisis del procedimiento laboral de aplicación general. La forma de tomar el tema presenta una diferencia en el análisis, puesto que se analizará el efecto de las mismas en la estrategia procesal de las partes. Para llegar a este razonamiento se utiliza una herramienta teórica surgida en la economía, cual es, la teoría de juegos. Para enmarcar la investigación, el texto comienza con una visión esquemática de las dos escuelas más relevantes, el garantismo procesal y el publicismo, exponiendo aquellos puntos de discusión más relevantes en la dogmática procesal. Una vez adoptada una visión respecto del objeto del proceso, comienza un análisis respecto de la figura del juez en éste, haciendo un análisis de los diversos deberes y facultades que se le atribuyen en general en las normas procesales. Una vez terminado el análisis doctrinario general pasamos a analizar el procedimiento laboral de aplicación general, cuestión que será muy importante a la hora de establecer las reglas del juego que propondremos. Aquí nos detendremos particularmente en la regulación de las facultades probatorias oficiosas en el Código del Trabajo. Luego de haber establecido las normas relevantes para esta investigación, pasaremos a realizar un análisis económico de las mismas, basado en criterios de eficiencia. Una vez determinado aquello propondremos un modelo de análisis basado en la interacción estratégica, de la forma normal que propone la teoría de juegos, intentado extrapolar los resultados teóricos para descubrir qué incentivo es el que está poniendo el sistema en abstracto al regular de la manera en que lo hace

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria intenta realizar un análisis del derecho a la prueba en la aplicación del procedimiento monitorio del Código del Trabajo. Esto se realiza en cuatro partes distintas. En primer lugar, analizamos porque el derecho a la prueba debe tener un estatus de derecho constitucional, tanto por vía directa como indirecta, por lo que se hace imposible su limitación por el legislador laboral. En segundo lugar, se determina cual es el contenido del derecho a la prueba, analizando los diversos límites que este tiene para las partes involucradas en un proceso judicial. En tercer lugar, analizamos la evolución del derecho procesal laboral, las características base de la reforma que se realizó años atrás en nuestro país, como se configura el derecho a la prueba en esta área, y así comprender el porqué el procedimiento monitorio se configuró de la manera que lo hizo. Por último, en el capítulo final de este trabajo, analizamos, en base a todo lo anterior, porque existe una flagrante violación a lo que constituye el derecho a la prueba dentro del procedimiento monitorio, mediante una sistemática limitación de las cargas probatorias y de las reglas del contradictorio, que dejan en indefensión jurídica a la parte demandada, en pos de una defensa de la celeridad y otros principios que fundamentan la forma en estudio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es examinar la práctica de la “valoración negativa” de la prueba en el proceso penal, desde la perspectiva de la concepción racionalista. Veremos que ella no es más que una forma rebuscada de exclusión de la prueba ilícita por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en circunstancias que carece de dicha facultad. Pero ella no es la única objeción que se formula. La “valoración negativa” incrementa la tasa global de errores que el sistema produce en la determinación de los hechos. Examinaremos, entonces, el fundamento de la regla de exclusión y su coherencia con una concepción que entiende que una acertada determinación de los hechos es (junto a una correcta aplicación del derecho) la finalidad principal del proceso. Para ello, en el primer capítulo se sostendrá a la averiguación de la verdad como la finalidad principal de la prueba. Así, el primer objetivo del diseño de las reglas procesales y probatorias será la reducción de la probabilidad de errar. En el segundo capítulo se desarrollará la valoración racional como método para alcanzar dicho objetivo. En el tercer capítulo se abordará la distribución del error que el sistema inevitablemente producirá (dadas las condiciones de incertidumbre de la función adjudicativa) y su materialización a través de los estándares de prueba y otras reglas del proceso. La idea fundamental será que, una vez alcanzada una forma adecuada de distribución, ninguna regla o práctica que la altere estará justificada. En el cuarto capítulo se examinará la naturaleza de la práctica de la “valoración negativa”. Finalmente, en el capítulo quinto se tratará el fundamento de la exclusión de la prueba ilícita, con el objeto de determinar si ella se justifica en valores superiores a la disminución del error y a la forma en que adecuadamente se distribuye.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de estudio del presente trabajo son las implicancias en la determinación de los sujetos legitimados para demandar y respecto de los cuales se debe ejercer la pretensión, en los procedimientos laborales. Por cuanto es recurrente en sede laboral, el error de demandar por parte de quien no detenta la legitimidad o hacerlo respecto de aquel que no está legitimado para ser sujeto pasivo de la pretensión. El objetivo anterior señalado, se busca lograr en la primera parte del trabajo, a través de una exposición de los conceptos aportados por la dogmática procesal, tales como concepto de proceso, parte, capacidad y legitimación procesal. Más adelante, se desarrolla de manera particular, la incidencia de la legitimidad procesal en distintos procedimientos laborales que manifiestan problemas paradigmáticos en este tema, como son el procedimiento de tutela de derechos fundamentales y procedimientos laborales originados por incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales con el trabajador por parte de la empresa contratista y subcontratista, teniendo como solidaria o subsidiariamente responsable a la empresa principal, según el artículo 183 B del Código del Trabajo. Respecto de estos temas, se desarrolla en capítulos distintos, un análisis jurisprudencial atingente a los casos de conflicto tratados antes de manera teórica. 11 Finalmente se tratan en un apartado especial, determinados casos de relevancia en atención a la legitimidad procesal, como son los casos del Fisco como demandado en procedimientos laborales y el caso de la legitimidad procesal que detentarían los causahabientes de la víctima de un accidente de trabajo, en atención al daño moral sufrido. El derecho a demandar no radica exclusivamente en quien tiene el derecho material, sino que existen casos que por mandato de la ley, es necesario la presencia de ciertos sujetos legitimados. Es por ello que nuestro campo de estudio abarcará los diferentes casos en donde haya un conflicto en determinar los legitimados para obtener la satisfacción de una pretensión o contra quien se quiere obtener, y como esto incide en los efectos de la sentencia. Es el caso de legitimidad procesal en juicios del régimen de subcontratación, el legislador plantearía la posibilidad de ejercer la acción por parte del trabajador, en contra de la empresa principal o la empresa contratista, desatendiendo a quien de ellas hubiese incumplido. La misma posibilidad otorgaría respecto de ejercer la acción en contra de la empresa principal, contratista o subcontratista. Dentro de la legitimación activa, en el marco del procedimiento de tutela laboral, existe la posibilidad de ejercer la acción por personas distintas al trabajador afectado, esto podría generar distintos problemas. Por una parte luego de obtenida la sentencia, podría solicitarse la ejecución por parte de personas que no hayan actuado en el proceso, y por otro lado surgiría la posibilidad que dentro de un mismo conflicto material se inicien distintos procedimientos, obteniendo sentencias contradictorias.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación se centra en la relevancia de la introducción de nuevas tecnologías en materia probatoria. Siguiendo el método descriptivo se analizan los aspectos esenciales de la propuesta de reforma procesal civil cuya tramitación legislativa se inició en 20121, tanto en sus normas positivas como principios fundantes para dotar a la investigación de un marco que permita analizar el tratamiento de los modernos medios de prueba en la propuesta. Luego, se analizan los modernos medios de prueba, su tratamiento en la ley vigente y la situación en derecho comparado. Se relevan los medios de fijación de hechos en soportes inmateriales y la captación, tratamiento y transmisión de datos o de rasgos biométricos, analizados desde la óptica normativa y de impacto procesal, sin referirnos en forma alguna a la cadena de certificación, tratamiento y custodia forense de cualquiera de ellos. Las instituciones probatorias a analizar en detalle son: libertad probatoria, forma de incorporación de los medios de prueba al proceso, carga de la prueba y sujetos probatorios. Finalmente realizamos propuestas que se ajusten a los estándares e imperativos que constituyen nuestro sistema civil (tanto sustantivo como procesal).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se responde la pregunta sobre la procedencia de que el juez laboral decrete pruebas con posterioridad a la audiencia de juicio oral, en el contexto del procedimiento laboral de aplicación general. Ante la falta de norma expresa que resuelva esta problemática en nuestra legislación laboral, es necesario efectuar un análisis con el objeto de averiguar si deben regir en la materia las normas civiles, en su calidad de supletorias al procedimiento laboral, haciendo de esta manera aplicables las disposiciones relativas a las medidas para mejor resolver del Código de Procedimiento Civil, o si, por el contrario, debe considerarse que estas normas no podrían recibir aplicación, como consecuencia de una ponderación de los principios informativos que inspiran el derecho procesal laboral chileno, por encontrarse estos últimos en pugna con la legislación civil en este punto, toda vez que el legislador laboral estableció, en el artículo 432 del Código del Trabajo, que en todo lo no regulado en aquel Código o en leyes especiales, serán aplicables supletoriamente las normas contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas sean contrarias a los principios que informan este procedimiento. Por esta razón se expone la ponderación de los principios y su posible pugna con la posibilidad de decretar medidas para mejor resolver, y además se analiza la respuesta que ha recibido esta interrogante en otras ramas del derecho procesal chileno, particularmente, en aquellos procedimientos regidos por el principio de la oralidad, ello con el objeto de conocer las tendencias por las que se ha inclinado la ley chilena y en definitiva conocer la respuesta más acorde al espíritu general de la ley laboral.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El procedimiento de exhumación es usado en el proceso penal para la identificación, reconocimiento y descripción de la causa de muerte posterior a una inhumación regular. El presente texto tiene como objetivo analizar el procedimiento de exhumación aplicable en Chile desde su regulación normativa hacia su uso práctico en casos judiciales. Así, se pretende entender el procedimiento como excepción a la práctica funeraria chilena sobre el uso de cementerios y el entierro del cuerpo. Pretende, además, vincular su desarrollo al uso de procedimientos científicos en el proceso penal. En este sentido, realizaremos un análisis transversal del procedimiento, integrando una perspectiva jurídica, social y científica forense, que finalizará en la revisión del caso de exhumación del Ex Presidente Salvador Allende, en relación con su objeto, contexto y uso.

El caso “Giuliana Llamoja”, ha marcado un hito en la historia, casuística y doctrina del derecho procesal penal y constitucional peruano, sentando precedentes en teorías y jurisprudencia sobre “motivación de las resoluciones judiciales” “argumentación jurídica” y “prueba indiciaria”, siendo el caso que, hasta hoy en día, es empleada y comentada para el análisis de cualquier resolución, discusión o teoría jurídica en la especialidad de derecho penal y derecho procesal penal. En el informe se establece como objetivo de la investigación, determinar si: Procede el Hábeas corpus contra resoluciones judiciales firmes que resuelven sentencia condenatoria por falta de valoración probatoria y motivación de la sentencia, así como si se vulneraron el derecho al debido proceso, la tutela judicial y el empleo de la prueba pericial para motivar la sentencia, analizando las siguientes instituciones, doctrina y teorías jurídicas: debido proceso, tutela judicial efectiva, motivación escrita de resoluciones, teorías de la argumentación jurídica, la prueba penal y la prueba indiciaria. Al final los resultados fueron los siguientes: Procede el habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes que resuelven sentencia condenatoria con falta de valoración probatoria y motivación de la sentencia, soslayando los principios y presupuestos procesales mínimos, que protegen contra cualquier vulneración o amenaza que limite de alguna forma los derechos fundamentales como la libertad personal, la tutela procesal efectiva y el debido proceso. En el presente caso se ha vulnerado el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, porque la sentencia condenatoria emitida con falta de valoración probatoria y motivación no resiste al canon de control constitucional (razonabilidad, coherencia y suficiencia), a la vez que falla en la corrección lógica, coherencia narrativa y justificación externa, precisamente por el defecto de motivación inicial, lo que lo convierte en una sentencia arbitraria e inconstitucional contrario al principio de Debido Proceso Legal y la Tutela Judicial Efectiva, lo que se vincula de manera directa con el principio de presunción de inocencia e indubio pro reo, ya que la motivación indebida genera dudas sobre los hechos. No se han valorado adecuadamente las pruebas indiciarias, específicamente la prueba pericial, con la consecuencia ausencia de razonamiento, motivación y argumentación; errores que se volvieron evidentes a medida del desarrollo del proceso penal, resultando en la nulidad de la ejecutoria suprema y fundado en parte la demanda de Habeas Corpus

El presente artículo versa sobre el análisis de la aplicación de la suplencia de queja deficiente; como un principio orientador, garantista, de naturaleza procesal, e implícito en la actualidad en el ordenamiento jurídico procesal constitucional peruano. Principio que configura una facultad y una obligación del Juez constitucional de suplir la deficiencia en la que hubiese incurrido la parte actora de un proceso, en la determinación del derecho subjetivo vulnerado. Trabajo de investigación, en el que determinaremos a través de un análisis: histórico, normativo, comparado y jurisprudencial; el desarrollo y configuración del citado principio en nuestro ordenamiento procesal. Para luego proceder a un análisis de la viabilidad de la aplicación de la suplencia de queja deficiente en el ámbito del proceso civil; siendo el objetivo de la presente investigación: determinar la viabilidad de su aplicación en los procesos civiles. Desarrollándose la investigación bajo el enfoque del método cualitativo, empleándose la observación documental como instrumento de la presente investigación explicativa. Radicando nuestra conclusión, en el sentido que este principio es perfectamente aplicable a otros campos del derecho procesal civil, además de los que se describen en el presente trabajo; a fin de brindar una efectiva tutela procesal a los derechos de naturaleza civil, por el que se faculta al Juez a precisar el derecho conculcado, siempre que este se derive de los hechos expuestos por las partes procesales. Debiendo regularse en forma taxativa la aplicación de la suplencia de queja deficiente, a fin de brindar un marco normativo adecuado para su aplicación. / This artiche deals with the analysis of the application of the substitution of deficient complaint; as a guiding, guaranteeing principle, of a procedural nature, and currently implicit in the peruvian constitutional procedural law system. Principle that configures a power and obligation of the constitutional judge to make up for the deficiency in which the plaintiff of a process would have incurred, in determining the subjective rigth violated. Research work, in wich we’ll determine through an analysis: historical, normative, comparative and in the case law; the development and configuration of the aforementioned principle in our procedural order. To then proceed to an analysis of the feasibility of applying the substitution of deficient complaint in the field of civil proceedings; being the objective of the present investigation: to determine the viability of 3 its application in civil proceedings. Developing the research under the qualitative method approach, using documentary observation as an instrument of the present explanatory research. Establishing our inference, in the sense that this principle is perfectly applicable to other fiels of civil procedural law, in addition to those described in the present work; in order to provide an effective procedural protection for civil rights, by which the judge is empowered to specify the violated right, provide that it is derived from the facts presented by the procedural parties. The applicatipn of the substitution of deficient complaint must be strictly regulated, in order to provide an adequate regulatory framework for its apllication.

La regulación de estándares probatorios en el sistema jurídico nacional hace inevitable que se analice su practicidad y aporte en el quehacer judicial. Debido a ello, en el presente artículo se analizarán aspectos relevantes que buscarán dar una respuesta a esta controversia sobre su utilidad y la mejor forma de introducir esta figura bajo una fórmula normativa. / The regulation of evidentiary standards in the national legal system makes it inevitable that their practicality and contribution to judicial work be analyzed. Due to this, this article will analyze relevant aspects that will seek to answer this controversy about its usefulness and the best way to introduce this figure under a normative formula. / Trabajo académico