Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente obra surge a raíz de la identificación de un problema constitucional en el proceso penal: en nuestra Carta Fundamental se le garantiza a la víctima el ejercicio a la acción penal y nuestro Código Procesal Penal la recoge, a través del forzamiento de la acusación. Sin embargo, en la práctica, cuando el fiscal del Ministerio Público, sin haber formalizado la investigación, decide no continuar con la persecución penal, por medio del sobreseimiento o de la decisión de no perseverar, los tribunales nacionales han negado sistemáticamente a los querellantes deducir el forzamiento de la acusación. Con esta idea en mente nos propusimos encontrar una vía apropiada para facilitar la aplicación de dicha institución. Para ello, realizamos una investigación bibliográfica de distintas fuentes relativas al tema, legales, jurisprudenciales, administrativas y doctrinarias. Como resultado, descubrimos las razones que fundamentan la posición predominante, dimensionamos su alcance y nos aventuramos con una reinterpretación de las normas que permita efectivamente la aplicación del forzamiento de la acusación, sea en presencia o ausencia de formalización previa

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En atención a la naturaleza de los hechos que se discuten en materia penal, por regla general, no será posible para los intervinientes premunirse de pruebas de forma anticipada al proceso, como si es factible, por ejemplo, en materia civil. Es por ello que cobra vital relevancia la prueba que clásicamente se encuentra al servicio de la Justicia Penal, en la que para lograr el esclarecimiento de los hechos que revisten el carácter de delito suele recurrirse a la prueba testimonial. Como nuestro actual Código Procesal Penal no nos entrega una definición de esta prueba, y existe en la doctrina cierta tendencia a confundir los conceptos de testigo y testimonio, un primer objetivo de esta investigación será arribar a una correcta conceptualización, en el marco de un proceso penal, de esta prueba, comprendiendo su naturaleza, función y el cambio de paradigma que implicó para sí la instauración de la Reforma Procesal Penal en nuestro país. De los grandes cambios que trajo consigo esta reforma, es la inexistencia de testigos inhábiles en el proceso penal y el establecimiento de la libre convicción o sana crítica racional como el sistema de valoración de la prueba, los que constituyen el corazón de esta investigación, pues de ellos, y de los principios en que se sustentan, dependerá la valoración que Tribunal del Juicio Oral en lo Penal haga de esta prueba, que le permitirá alcanzar el grado de convicción exigido por la ley y finalmente condenar o absolver al imputado. De tal forma, se analizarán los diversos modelos o pautas de valoración de la prueba testimonial, distinguiendo entre aquellos que postulan que la valoración debe efectuarse únicamente respecto del testimonio, postura que rechazamos, y quienes defienden la tesis que la valoración debe recaer tanto en el testimonio, es decir la declaración que rinda el testigo en la audiencia del juicio oral, como en el testigo mismo, como sujeto que declara en el proceso, postura a la que adherimos. Para fundamentar esta posición se recurrirá a la legislación vigente, la revisión de diversos autores que consideran este tema desde un punto de vista teórico de la prueba y desde un punto de vista práctico o dirigido a los litigantes, legislación comparada y casos jurisprudenciales de nuestros Tribunales de Justicia. Es importante destacar y determinar que la adopción de una u otra postura posee diferentes consecuencias prácticas y jurídicas. Finalmente, se propondrán como elementos de valoración de credibilidad de la prueba testimonial determinados aspectos personales del testigo y su posición subjetiva dentro del proceso penal en que el que declara, como elementos que complementan los modelos o pautas de valoración que se centran en el testimonio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la presente investigación consiste en distinguir los conceptos del artículo 297 del Código Procesal Penal, como son los principios de la lógica, conocimientos científicamente y las máximas de la experiencia; analizar las diversas funciones que cumplen las máximas de la experiencia en un sistema de valoración racional de la prueba como la sana crítica; y estudiar su aplicación en el proceso penal chileno. A través del análisis de jurisprudencia, se intentará conocer el uso que los tribunales superiores de justicia han hecho del concepto, y como éstos han contribuido a precisar los alcances de “las máximas de la experiencia” mediante el conocimiento de recursos de nulidad en materia procesal penal. / 07/11/2017

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Es sabido que la justicia laboral juega un papel importante dentro de la sociedad, debido a que en la resolución de conflictos que surjan respecto de esta materia se ven afectados intereses sociales y familiares. Es por este motivo que se hace necesario que los asuntos laborales sean resueltos por tribunales especializados en la materia y en el menor tiempo posible. En el presente trabajo analizaremos la importancia y la incidencia que tendrá en nuestro ordenamiento jurídico la nueva reforma laboral y veremos si se cumplen los objetivos perseguidos por ella

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En un área del Derecho Procesal con un escaso tratamiento doctrinario, como lo es el de la libre competencia, el principio de publicidad ha pasado prácticamente inadvertido, pese a que adopta allí ciertas cualidades difíciles de observar en otras sedes. Este trabajo pretende otorgarle la visibilidad que se merece, desentrañando su esencia, desde lo general a lo particular. Así, en primer lugar, se aborda la configuración de los principios procesales, referidos tanto al proceso como al procedimiento. Para luego dar paso a una explicación teórica del proceso de libre competencia, en tanto mecanismo de solución de estos conflictos, y de sus respectivos elementos de existencia. La parte medular de este trabajo la componen los capítulos tercero y cuarto, donde se analiza la aplicación del principio de publicidad en esta especial forma de proceso y, principalmente, el establecimiento de destacadas excepciones configurativas de secreto. De entre ellas, destaca la declaración de confidencialidad y reserva, institución que supone interesantes problemáticas, como la de su justificación, contenido, alcance y fuente, control judicial y efectos intra y extraprocesales, todas las cuales serán analizadas detallada y críticamente.

Universidad de Chile. Escuela de Graduados de Derecho. / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET) / Este trabajo analizará uno de los bienes jurídicos protegidos por el procedimiento de Tutela Laboral, específicamente uno que no se encuentra consagrado en la Constitución Política de la República de Chile, denominado “Garantía o Derecho de Indemnidad”; haciendo una descripción del mismo, sus elementos, analizando posteriormente cuál debe ser la denominación real dentro de nuestro país, todo esto a través del estudio de diversos autores. Dentro de esta Garantía de Indemnidad me referiré al concepto y alcance de la represalia que ejercerá el empleador, analizando jurisprudencia, tanto nacional, como española. Se plantearán diversas interrogantes que se encuentran señaladas en la introducción culminando con las conclusiones que he arribado después de analizar todos los puntos recién mencionados.

La función persecutora del delito desde la constitución del 1979 ha sufrido una modificación sustancial, que empodero el rol del Ministerio Público como director de la investigación, al conducirla desde su inicio, asume su titularidad y la función de si fonnuJa o no acusación, lo que traduce y resalta la independencia de funciones dentro del proceso penal (distintas al rol jurisdiccional), adentrándonos al planteamiento del problema, es palmario saber que la desvinculacíón procesal es la injerencia modificatoria del órgano judicial en la tesis acusatoria fiscal, intromisión que toma sustento en posiciones jurisprudenciales que justifican positivamente su aplicación siempre que se respete al derecho de defensa del imputado, la igualdad de armas ínter partes, además que sea sometida a un contradictorio. En el presente trabajo explicamos que la aplicación excepcional de la tesis de desvinculación es planteada en búsqueda de la tan ansiada igualdad, pero desde una perspectiva diferente y poco tratada, como es referente a los derechos de la parte material representada por el Ministerio Público (parte procesal). La existencia de justificaciones para la aplicación de la desvinculación, evidencian posturas antagónicas, pues la muestran como la irrupción a las funciones fiscales en clara afrenta de los principios procesales del modelo actual. En el presente trabajo mostramos que esta institución procesal, tiene un anclaje justificatorio, cuando órgano jurisdiccional ejerza esta facultad que rompe el principio acusatorio, el de independencia y demás principios que erigen el nuevo modelo procesal, cuando advierta que la relación simétrica inter partes (a. razón de la falla, error, negligencia planteada en la tesis de imputación fiscal-acusación) se convierta en asimétrica, trascendiendo con ello sus efectos al directamente ofendido por el delito-víctima; viraje justificado a fin de restablecer la simetría del proceso penal, pues no olvidemos que el principio de acceso a la justicia-constitucionalmente amparado por cierto- no es de pertenencia del Ministerio Público sino es exclusividad de la víctima.

El presente trabajo responde a un cuestionamiento relevante que se formula a raíz del fallo del Primer Pleno Casatorio Civil, el cual es el siguiente: ¿una resolución homologatoria realizada por un juez en base a la existencia de una transacción o conciliación en el contexto de un proceso judicial es equiparable o no a la minuta que se firma en una transacción extrajudicial o en una conciliación extrajudicial? En primer lugar, se explicará la figura jurídica de la transacción, sus características, sus efectos y sus alcances. Asimismo, se explicará la figura jurídica de la conciliación, sus características y sus alcances. En segundo lugar, se analizará a la transacción extrajudicial con la resolución homologatoria cuyo soporte fáctico es una transacción, así como la diferencia entre ambas a fin de demostrar si son o no equiparables. De igual modo, se analizará a la conciliación extrajudicial con la resolución homologatoria cuyo soporte fáctico es una conciliación, así como la diferencia entre ambas a fin de demostrar si son o no equiparables. Finalmente, se responderá a la pregunta formulada para ello se realizará un análisis al Primer Pleno Casatorio Civil. La transacción extrajudicial no homologada judicialmente no puede ser opuesta como excepción procesal, si existe una transacción extrajudicial no homologada judicialmente esta no debe ser un supuesto que sirva como motivo para plantear una excepción procesal para terminar un proceso. El demandado debe oponer la transacción extrajudicial en el escrito de contestación de la demanda y como defensa de fondo para que el Juez se pronuncie sobre ella en la sentencia. Una resolución homologatoria realizada por un juez en base a la existencia de una transacción o conciliación en el contexto de un proceso judicial no es equiparable a la minuta que se firma en una transacción extrajudicial o en una conciliación extrajudicial.

El presente trabajo analiza la regulación existente en nuestro país respecto a la legitimación para plantear procesos que tutelan derechos supraindividuales, haciendo énfasis en el artículo 82 del Código Procesal Civil y el artículo 843 del Proyecto de Reforma de dicho Código. Ante la legitimación limitada a un número específico de instituciones que plantean las normas mencionadas, el objetivo de esta investigación radica en plantear una propuesta distinta, donde se busque otorgar una legitimidad amplia para este tipo de procesos en los que el juez en cada caso en concreto deberá analizar la “representatividad adecuada” de la persona o institución que plantee la demanda colectiva. Para lograr este objetivo, además de realizar un breve marco conceptual respecto a la legitimidad para obrar, los derechos difusos, derechos colectivos, los derechos individuales homogéneos y la representatividad adecuada, analizaremos nuestra propuesta planteada a partir de un caso real: la indemnización solicitad por INDECOPI a distintas farmacias por vulnerar derechos de consumidores al concertar precios de sus productos.