El presente Informe contiene el análisis realizado respecto del Expediente No. 2032, en donde no solo se resumen los hechos sobre los que versa la controversia, sino también se desarrollan y resuelven los problemas jurídicos encontrados en el caso, proponiendo una solución distinta a la inicialmente planteada por el Poder Judicial. Las áreas del Derecho sobre las que versa el Expediente son Derecho Societario y Derecho Procesal Civil. En virtud de lo anterior elegí estudiar este Expediente: pues ambas áreas del Derecho complementan mi área de práctica profesional, que es el Derecho Financiero. Considero que lo anterior contribuye a mi formación como futura abogada, pues profundizando mis conocimientos sobre distintas áreas del Derecho es que logro comprender mi área de práctica profesional de manera integral. La finalidad de este Informe es poder aportar a la seguridad jurídica de aquellos que opten por realizar una escisión, pues el análisis contenido en el mismo brinda una interpretación completa de las normas aplicables del ordenamiento jurídico, llenando el vacío sobre qué sucede con las obligaciones del bloque patrimonial escindido. Nuestra principal hipótesis es que no ocurre la novación de las obligaciones del bloque patrimonial escindido, y ello se sustenta en la diversa doctrina que existe sobre la materia. De ser lo anterior cierto, nuestra conclusión principal es que el caso sobre el que versa el Expediente fue resuelto de manera incorrecta, luego de haber estado en el Poder Judicial casi diez años y de haber pasado por la Corte Suprema de la República tres veces.

La Ley N°30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del grupo familiar, en referencia a la regulación sobre tipos de violencia, denominada violencia económica, ha recogido un supuesto (evasión de cumplimiento de obligación alimentaria) que corresponde al código civil, pero ha querido darle un trámite distinto al amparo de dicha ley, mediante un proceso de violencia, el cual según dicho cuerpo legal, la actuación de las instituciones y operadores de justicia debe ser inmediata. Sin embargo, al querer aplicar la ley N° 30364, ha advertido que el código civil y procesal civil han regulado el proceso de alimentos que encaja perfectamente ante un supuesto de incumplimiento de obligación alimentaria. Por tal motivo, en esta investigación se ha realizado un análisis sobre la regulación de la Violencia Económica en el marco de la Ley N° 30364, a fin de dar solución a la problemática de tramitación de procesos en el supuesto de evasión del cumplimiento de obligaciones alimentarias, que atraviesan las instituciones encargadas de brindar tutela efectiva ante este tipo de violencia para que al momento de iniciar una estrategia legal, se tome la vía más idónea y tutelar.

El presente trabajo busca cuestionar los argumentos utilizados por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en la Sentencia Casatoria N° 1888-2012- CUSCO para impedir que una hipoteca sea transferida vía cesión de derechos junto con la no caducidad adquirida en su constitución. La postura que adopta la Sala Suprema se basa esencialmente en que el cesionario no es una empresa del Sistema Financiero y en que la no caducidad es una facultad de las empresas del Sistema Financiero y no un privilegio de la hipoteca. Sobre los argumentos planteados por la Sala Suprema, en el trabajo se desarrollan contraargumentos sólidos, en los que se sustenta la relevancia de la situación jurídica de crédito por sobre la persona posicionada y la nula razón jurídica para denominar facultad a algo que técnicamente no lo es. Asimismo, se explora la posibilidad de actualizar el concepto de privilegio dentro del ordenamiento peruano a fin de que esta institución no se limite al orden de prelación de cobro. En suma, la conclusión principal es que los argumentos dados por la Sala Suprema carecen de justificación externa en las premisas normativas correspondientes a la cesión de derechos, por lo que la Sentencia Casatoria N° 1888-2012-CUSCO vulnera el derecho fundamental a la debida motivación judicial

El proceso de alimentos en nuestro país son materia de todos los días llegando a abordar demasiado tiempo, dinero y sobre gastos innecesarios que perjudican el bien jurídico protegido que es el interés superior del niño. La omisión a la asistencia familiar, es un delito que exige dolo. Por otro lado recurrir a un proceso penal requiere de los principios de última ratio y subsidiariedad, por ello para facilitar y coadyuvar al juez dentro del proceso de alimentos a probar el dolo del obligado, es necesario establecer mecanismos que ayuden a efectivizar los proceso de alimentos en menor y también la subsidiariedad de los procesos de omisión a la asistencia familiar, afirmando que el objetivo de todo esto es comprobar no solo por única omisión del obligado, sino determinar completamente y de forma continua el dolo del padre alimentista, de no querer prestar alimentos a su menor hijo, además de ello se busca la protección al menor.

El presente trabajo tiene por objeto hacer un desarrollo sobre la situación del desarrollo de la Tutela Colectiva en el Perú. El problema central para enfrentar este tipo de controversias es la capacidad de identificar el interés detrás del grupo, pues, al ser un número bastante amplio de sujetos, no es posible atribuir a uno de ellos la titularidad exclusiva de derechos colectivos. Los intereses difusos y colectivos pertenecen a todos en general, pero a nadie en particular. Es por ello que surge la necesidad de que se realice un proceso eficaz para la tutela de los derechos supraindividuales. Pues bien, este contexto nos permite reflexionar sobre la regulación de tutela colectiva y las pocas normas sobre la materia se encuentran dispersas en el Código Procesal Civil y en otras leyes, así como de las instituciones procesales básicas que, al pretender aplicarse a este tipo de controversias presentan problemas en los justiciables, en los órganos jurisdiccionales y en general en todo el sistema judicial. Este problema, entonces, interesa a todos los sujetos que participan en un litigio, por lo que debe buscarse un tratamiento especial para este tipo de situaciones con la finalidad de superar los problemas tradicionales del proceso. Así descrito el problema, debemos revisar cuáles serían los beneficios de contar con una regulación colectiva en nuestro país, la cual permitiría satisfacer los derechos de incidencia colectiva. Una regulación sobre esta materia implica desafíos para las instituciones procesales tradicionales como lo son legitimidad para obrar y la cosa juzgada, las cuales deben ser replanteadas en beneficio de una regulación colectiva.

El presente artículo versa sobre el análisis de la aplicación de la suplencia de queja deficiente; como un principio orientador, garantista, de naturaleza procesal, e implícito en la actualidad en el ordenamiento jurídico procesal constitucional peruano. Principio que configura una facultad y una obligación del Juez constitucional de suplir la deficiencia en la que hubiese incurrido la parte actora de un proceso, en la determinación del derecho subjetivo vulnerado. Trabajo de investigación, en el que determinaremos a través de un análisis: histórico, normativo, comparado y jurisprudencial; el desarrollo y configuración del citado principio en nuestro ordenamiento procesal. Para luego proceder a un análisis de la viabilidad de la aplicación de la suplencia de queja deficiente en el ámbito del proceso civil; siendo el objetivo de la presente investigación: determinar la viabilidad de su aplicación en los procesos civiles. Desarrollándose la investigación bajo el enfoque del método cualitativo, empleándose la observación documental como instrumento de la presente investigación explicativa. Radicando nuestra conclusión, en el sentido que este principio es perfectamente aplicable a otros campos del derecho procesal civil, además de los que se describen en el presente trabajo; a fin de brindar una efectiva tutela procesal a los derechos de naturaleza civil, por el que se faculta al Juez a precisar el derecho conculcado, siempre que este se derive de los hechos expuestos por las partes procesales. Debiendo regularse en forma taxativa la aplicación de la suplencia de queja deficiente, a fin de brindar un marco normativo adecuado para su aplicación. / This artiche deals with the analysis of the application of the substitution of deficient complaint; as a guiding, guaranteeing principle, of a procedural nature, and currently implicit in the peruvian constitutional procedural law system. Principle that configures a power and obligation of the constitutional judge to make up for the deficiency in which the plaintiff of a process would have incurred, in determining the subjective rigth violated. Research work, in wich we’ll determine through an analysis: historical, normative, comparative and in the case law; the development and configuration of the aforementioned principle in our procedural order. To then proceed to an analysis of the feasibility of applying the substitution of deficient complaint in the field of civil proceedings; being the objective of the present investigation: to determine the viability of 3 its application in civil proceedings. Developing the research under the qualitative method approach, using documentary observation as an instrument of the present explanatory research. Establishing our inference, in the sense that this principle is perfectly applicable to other fiels of civil procedural law, in addition to those described in the present work; in order to provide an effective procedural protection for civil rights, by which the judge is empowered to specify the violated right, provide that it is derived from the facts presented by the procedural parties. The applicatipn of the substitution of deficient complaint must be strictly regulated, in order to provide an adequate regulatory framework for its apllication.

El presente trabajo académico realiza un análisis del derecho fundamental a la debida motivación y los distintos estándares establecidos para su evaluación en sede judicial. Por ello, a fin de analizar el contenido de dicho derecho fundamental, se detalla, en primer lugar, la importancia de la teoría de la argumentación jurídica en la labor del juez, y dentro de ello, la justificación interna y externa, como herramientas para determinar un estándar mínimo de justificación de argumentos. De manera seguida, se desarrolla también el contenido del derecho a la debida motivación desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Todo ello, permite sostener la tesis de acuerdo con la cual es posible la revisión de la justificación interna y externa del laudo, logrando así no sólo armonizar el contenido del Decreto Legislativo Nº 1071, sino que, además y, sobre todo, permite una efectiva tutela de derechos fundamentales en toda jurisdicción

El presente trabajo de investigación analiza la relación entre la tutela ejecutiva y la institución procesal de la cosa juzgada. El objetivo fundamental propuesto es determinar si la decisión emitida en el marco de la tutela ejecutiva puede tener la autoridad de cosa juzgada. En este sentido, la hipótesis que se formula consiste en que, toda vez que el ejecutado se encuentra limitado en sus alegaciones por la regulación de nuestro Código Procesal Civil peruano y que la tutela ejecutiva no implica una cognición plena, lo decidido en el proceso de ejecución no puede gozar de la autoridad de la cosa juzgada. Para ello, se realiza un análisis e investigación de la institución de la cosa juzgada, de la tutela ejecutiva y, sobre todo, del incidente de contradicción del proceso de ejecución peruano. Luego de la investigación se concluye que, si bien debe respetarse el mandato que ordena seguir adelante con la ejecución, lo resuelto sobre el derecho aparentemente cierto y que será ejecutado no puede gozar de la calidad de cosa juzgada. De lo contrario, el ordenamiento jurídico estaría avalando la inmutabilidad de decisiones injustas. Esto atendiendo a la naturaleza de la tutela ejecutiva y de la contradicción como un incidente de cognición sumaria. / This report analyzes the relationship between execution process and the procedural institution of res judicata. The fundamental objective is to determine whether the decision issued under the execution process may have the authority of res judicata. In this sense, the hypothesis that is formulated is that every time that the execution process is limited in his allegations by the regulation of our Código Procesal Civil and that execution process does not imply full cognition, the enforcement proceedings cannot enjoy the authority of res judicata. To this end, an analysis and investigation of the institution of res judicata of executive guardianship is carried out and, above all, the incident of contradiction of the Peruvian execution process. After the investigation, it is concluded that although the mandate that orders the execution to continue must be respected the decision on the apparently certain right and to be enforced cannot enjoy the quality of res judicata. Otherwise, the legal system would be endorsing the immutability of unjust decisions. This is taking into account the nature of execution process and the contradiction as an incident of summary cognition.

Tal y como sigue vigente en la Reforma del Código Procesal Civil, nuestros jueces aún deben aplicar el iura novit curia, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero deben saber cómo y cuándo aplicarlo. En efecto, la aplicación del iura novit curia se debe adecuar a tres límites que propongo: (i) iniciativa de parte; (ii) congruencia procesal; y, (iii) contradictorio. De ese modo, la decisión final no afectará ningún derecho de las partes. Asimismo, la práctica judicial advierte que los jueces se decantan por aplicarlo en la sentencia, en la calificación de la demanda y en la fijación de puntos controvertidos. Lo ideal es que nuestros jueces lo aplique, correctamente, en la fijación de puntos controvertidos, pues, en esta etapa del proceso, los jueces ya conocerán claramente de qué trata el caso y, por ende, las partes obtendrían una decisión final que resuelva el mérito de la controversia y, a la vez, que no trasgreda ninguno de sus derechos

El presente trabajo académico de investigación tiene como objetivo general: identificar cual es el mecanismo procesal adecuado en virtud del cual se puede cuestionar la falta de acta de conciliación extrajudicial en el proceso civil a su vez poder analizar la idoneidad del cuestionamiento de las excepciones procesales y proponer una fórmula de solución. El método de estudio empleado es el Hermenéutico, se utilizó la técnica del análisis documental. Se formuló como pregunta de investigación ¿Cuál es el mecanismo procesal adecuado en virtud del cual se puede cuestionar la falta de acta de conciliación extrajudicial en el proceso civil? Se arribo como principal conclusión que: El mecanismo procesal adecuado en virtud del cual se puede cuestionar la falta del acta de conciliación en el proceso civil, es una excepción procesal debiendo de denominarse “excepción de falta de interés para obrar por falta de conciliación extrajudicial”, ubicándolo en el artículo 446 inciso 11 del código procesal civil y Se determino que también debe existir una excepción denominada “excepción de falta de interés para obrar” para poder cuestionar en su modalidad genérica al interés para obrar. / The general objective of this academic research work is to identify the appropriate procedural mechanism by virtue of which the lack of an extrajudicial conciliation act in the civil process can be questioned, while being able to analyze the suitability of the questioning of the procedural exceptions and propose a solution formula. The study method used is the Hermeneutic, the technique of documentary analysis was used. It was asked as an investigative question. The main conclusion is that: The appropriate procedural mechanism by virtue of which the lack of the act of conciliation in civil proceedings can be questioned, is a procedural exception and must be called "exception of lack of interest to act due to lack of extrajudicial conciliation", placing it in article 446, paragraph 11, of the Code of Civil Procedure and It is determined that there must also be an exception called "exception of lack of interest to act" in order to be able to question in its generic form the interest to act.