In order for labor rights to be recognized as fundamental in the Social and Democratic State of Law, Labor Law had to go through a process of constitutionalization, providing protection to all workers. However, for reasons of historical discrimination, a group of peopleis subject to “special protection” in the contextof labor relations: Working mothers.In this paper, the author presents a complete analysis of the fundamental rights of women in labor relations, stating the reasons for which corresponds to provide “special protection” to women in general, but in particular to working mothers. / El Derecho del Trabajo ha transitado por un proceso de constitucionalización, de modo tal que los derechos laborales han sido reconocidos como fundamentales en el Estado Socialy Democrático de Derecho, brindando tutela a todos los trabajadores. Sin embargo, por motivos de histórica discriminación, un grupo depersonas es objeto de una “protección especial” en el marco de las relaciones laborales: Las madres trabajadoras.En el presente artículo, el autor nos presenta un completo análisis de los derechos fundamentales de las mujeres en las relaciones laborales, indicando los motivos por los cuales corresponde brindar una “protección especial” a las mujeres en general y, de modo particular, a la madre trabajadora.

Se ainda hoje parece questionável a forma e a intensidade da eficácia dos direitos fundamentais individuais nas relações jurídicas entre particulares, muito mais polêmica é a questão da incidência dos direitos fundamentais sociais nesse tipo de relação. Na literatura especializada, poucos autores dedicaram-se ao tema. A maioria dentre os que tratam da vinculação dos particulares a direitos fundamentais limita-se a examinar a eficácia dos direitos individuais. Todavia, a despeito das divergências, parece que há consenso na doutrina pelo menos sobre duas questões, que constituem o núcleo do tema. São elas: (i) os direitos fundamentais sociais também denominados direitos a prestação em sentido estrito têm projeção nas relações entre particulares? (ii) Em caso afirmativo, como e com que intensidade tais direitos se projetam nessas relações? A primeira questão demanda, no campo da dogmática jurídica, um trabalho de fundamentação constitucional. A segunda, um trabalho de construção constitucional. No plano da fundamentação e da construção dogmático-constitucional, o objetivo é responder a essas mesmas questões tomando como marco normativo de referência a Constituição Federal de 1988. Trata-se de examinar, com base no texto da CF, o se , o como e a medida (ou intensidade) da projeção dos direitos fundamentais sociais nas relações entre particulares. Para orientar a investigação, adotam-se três pré-compreensões: (i) o princípio da supremacia da CF ou princípio da constitucionalidade projeta-se não somente sobre as relações de caráter político que se estabelecem entre Estado e cidadão, mas também sobre outras importantes esferas da vida social, nas quais os particulares mantêm relações intersubjetivas de interação (coordenação, cooperação e conflito); (ii) a instituição da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito importa, em conseqüência, não apenas para o reconhecimento formal e substantivo da liberdade e da igualdade, mas também para a garantia de condições mínimas de existência digna (CF, art. 1.º, III); (iii) às normas definidoras de direitos fundamentais sociais reserva-se um regime jurídico especial, inclusive em relação às demais normas constitucionais (CF, art. 5.º, § 1.º; art. 60, § 4.º, IV). Este trabalho, em que pese se situe no campo da dogmática geral dos direitos fundamentais, faz incursões no campo da teoria geral e da dogmática tópica dos direitos fundamentais. A investigação aqui desenvolvida é uma atividade cognitiva de análise da linguagem e de interpretação legislativa, bibliográfica e jurisprudencial. A conclusão é que, pelo menos no concernente ao conteúdo em dignidade e, de modo geral, ao conteúdo essencial dos direitos fundamentais sociais, não se deveria, em princípio, questionar a possível e necessária eficácia direta desses direitos no âmbito das relações entre particulares.</ / Si todavía parece cuestionable la forma y la intensidad de la efectividad de los derechos individuales fundamentales en las relaciones jurídicas entre particulares, mucho más polémica es la cuestión de la incidencia de los derechos fundamentales sociales en este tipo de relación. En la literatura especializada, pocos autores se han dedicado al tema. La mayoría de los que tratan las personas con la vinculación de los derechos fundamentales se limita a examinar la eficacia de los derechos individuales. Sin embargo, a pesar de los desacuerdos, parece que hay un consenso de principio al menos sobre dos cuestiones, que constituyen el núcleo del tema. Ellos son: (i) ¿los derechos sociales fundamentales - también referidos derechos a la disposición en el sentido estricto - se proyectan en las relaciones entre particulares? (ii) ¿en caso afirmativo, cómo y con qué intensidad estos derechos se proyectan en estas relaciones? La solicitud de la primera cuestión, en el ámbito de la certeza dogmática, es una obra de razonamiento constitucional. La segunda, una obra de construcción constitucional. En el plan de razonamiento y de la construcción dogmática constitucional, el objetivo es responder a esas preguntas, tomando como referencia normativa a la Constitución Federal de 1988. Esto es examinado basado en el texto de la Constitución, el "si", el "cómo" y "medida" (o intensidad) de la proyección de la proyección de los derechos fundamentales sociales en las relaciones entre particulares. Para orientar la investigación, se adoptan tres pre-acuerdos: (i) el principio de la supremacía de la Constitución - o el principio de constitucionalidad - proyectase no sólo sobre las relaciones de carácter político establecido entre el Estado y los ciudadanos, sino también en otras esferas importantes de la vida social en el que los individuos mantienen relaciones interpersonales (interacción de coordinación, cooperación y conflicto); (ii) la institución de la dignidad de la persona humana como base del Estado Democrático de Derecho, como resultado, no sólo para el reconocimiento formal y sustantivo de la libertad y la igualdad, pero también para la garantía de condiciones mínimas de existencia digna (CF, art. 1.º, III); (iii) la definición de las normas de los derechos sociales fundamentales reservase un estatuto jurídico especial, incluso en relación con otras disposiciones constitucionales (CF, art. 5. § 1.º, art. 60, § 4.º, IV). Este trabajo, aunque es en el campo de la dogmática general de los derechos fundamentales, hace incursiones en el campo de la teoría general de los derechos fundamentales y el dogma del tema de los derechos fundamentales. La conclusión es que, al menos sobre el contenido de la dignidad y, en general, el contenido esencial de los derechos sociales fundamentales, no se debería, en principio, cuestionar la eficacia directa posible y necesaria de estos derechos en las relaciones entre los individuos.

Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales / El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la evolución y lineamientos de los tribunales en torno a acoger o rechazar la aplicación del procedimiento de tutela de derechos fundamentales a los funcionarios públicos. Para ello realizaremos un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial de la materia, nos referiremos a las distintas hipótesis sobre este asunto, a saber: la incompetencia de los tribunales, la aplicación de la tutela a los funcionarios públicos y la declaración de inconstitucionalidad de ello, para detenernos, finalmente, en los distintos proyectos de ley existentes sobre el tema, cuyo fin es consagrar legalmente dicha aplicación.

La pesca se considera una actividad económica de gran importancia en nuestro país, ya que contribuye significativamente al desarrollo económico nacional. Los recursos hidrobiológicos son reconocidos como patrimonio de la nación, y su gestión sostenible recae en la responsabilidad del Estado, el cual debe garantizar su manejo integral. No obstante, en los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante incremento de la pesca ilegal y otros delitos relacionados con esta actividad. En respuesta a esta problemática, en el año 2018, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1393, el cual regula la interdicción de las actividades ilegales de pesca. Su objetivo fue implementar acciones para combatir la ilegalidad en el sector pesquero y asegurar el uso sostenible de los recursos. Este decreto se realizó en el marco de la delegación de facultades otorgada por el Congreso de la República (en adelante, el Congreso) mediante la ley autoritativa 30823 al Poder Ejecutivo. En este contexto, el presente informe tiene como objetivo detallar los alcances de la sentencia 265/2021 emitida por el Tribunal Constitucional. la cual resuelve la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto Legislativo 1393. Dicha demanda fue interpuesta por un grupo considerable de pescadores artesanales, quienes alegaron que dicho decreto vulneraba sus derechos fundamentales. / The fishery is considered an economic activity of great importance in our country, as it contributes significantly to national economic development. Hydrobiological resources are recognized as patrimony of the nation, and their sustainable management falls under the responsibility of the State, which must guarantee their integral management. However, in recent years, we have witnessed a worrying increase in illegal fisheries and other crimes related to this activity. In response to this problematic, in 2018, the Government promulgated the Legislative Decree 1393, which regulates the interdiction of illegal fishing activities. Its objective was to implement actions to combat illegality in the fishing sector and ensure the sustainable use of resources. This decree was made in the delegation of powers granted by the Congress of the Republic through the authoritative law 30823 to the Government. In this context, the purpose of this report is to detail the implications of sentence 265/2021 emitted by the Constitutional Court, which resolves the unconstitutionality lawsuit filed against Legislative Decree 1393. This lawsuit was filed by a considerable group of artisanal fishermen, who alleged that the decree violated their fundamental rights.

El presente Informe analiza cuestiones jurídicas relevantes del Expediente 142-2011-PA/TC; un proceso de amparo en que se pretendió la declaración de ineficacia de un Laudo Arbitral por vulnerar derechos fundamentales. Se analizan las siguientes cuestiones. En primer lugar, si el proceso de anulación de laudo arbitral es una vía previa o paralela al amparo. En segundo lugar, si el proceso de anulación de laudo arbitral es una vía idónea igualmente satisfactoria al proceso de amparo para tutelar derechos fundamentales. En tercer lugar, si la pretensión es fundada. En cuarto lugar, si la actuación del TC consistente en emitir pronunciamiento de fondo sin correr traslado de la demanda a la parte demandada vulnera los derechos de defensa y a la pluralidad de instancia. En quinto lugar, si debió incluirse en el proceso a la otra parte del arbitraje. La importancia del análisis de estas cuestiones radica en la necesidad de establecer reglas claras para regir la relación entre el arbitraje y la jurisdicción, así como de que estas reglas sean razonables y conformes con nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, la metodología empleada en el trabajo consiste en el contraste de las cuestiones antes mencionadas con las fuentes jurídicas constitucionales, procesales y arbitrales pertinentes. Finalmente, las conclusiones obtenidas son las siguientes: Con relación al primer problema, el proceso de anulación de laudo arbitral es una vía paralela al amparo. Con relación al segundo problema, el proceso de anulación de laudo arbitral, por regla general, es una vía idónea igualmente satisfactoria que el amparo. Con relación al tercer problema, la pretensión es infundada. Con relación, al cuarto problema, la actuación del TC vulnera los derechos fundamentales de defensa y a la pluralidad de instancia. Con relación al quinto problema, sí debió incluirse en el proceso a la otra parte del arbitraje.

El presente artículo académico tiene como finalidad analizar el derecho a la educación y las limitaciones que acarrean en cuanto a la disponibilidad de instituciones educativas y la accesibilidad no solo a través de normas (aunque claramente estas significan una contribución y un avance significativo en el enfoque que le damos), sino también en políticas públicas que aseguren a nuestras personas el pleno ejercicio de este derecho y no solo el derecho, sino el desarrollo de capacidades y destrezas que los alejen de la ignorancia y los acerquen a su realización personal y de la sociedad. Da cuenta al problema estructural que vivimos en nuestro país y abre un debate enriquecedor en el que se pueden cuestionar desde el acceso a instituciones educativas hasta las prácticas sociales que nos hacen vivir en situaciones de desigualdad sistémica. Para explicar este problema nos basamos en la concepción de justicia e igualdad que nos presenta la filósofa política Nancy Fraser entendiendo la justicia igualitaria en dos dimensiones: reconocimiento y redistribución. La intención y el propósito del Estado en cuanto al derecho a la educación deberá ser el de alentar desde la edad más temprana hasta el final de la educación formal a analizar y aprender los valores que como sociedad queremos construir

En el presente informe se analizará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Duque vs. Colombia. De esta forma, se buscará llegar a una conclusión sobre la responsabilidad del Estado colombiano por la vulneración del principio de igualdad y no discriminación, y el derecho a la integridad, en perjuicio de Ángel Duque. Para ello, se empleará normativa nacional respecto a la regulación colombiana sobre parejas del mismo sexo, así como normativa internacional sobre la protección de los derechos humanos. Asimismo, se examinará la jurisprudencia de la Corte Constitucional posterior y si con ello se puso fin a la vulneración de los derechos del señor Duque o si, a pesar de ello, es necesario que se declare la responsabilidad constitucional del Estado. De igual forma, se verá si los establecimientos de salud públicos garantizan una atención de calidad a las personas con VIH/SIDA, en comparación a un seguro social. Con ello, se pretende llegar la conclusión de que Colombia es responsable por la vulneración de los derechos humanos contemplados en la Convención Americana; por tanto, tiene la obligación de subsanar el daño causado y garantizar que una situación similar o igual vuelva a darse dentro de su territorio. / This report will analyze the judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Duque vs. Colombia case. In this way, it will seek to conclude on the responsibility of the Colombian State for the violation of the tenet of equality and non-discrimination, and the right to integrity, to the detriment of Angel Duque. For this, national regulations will be used regarding Colombian law on same-sex couples, as well as international regulations on the protection of human rights. In addition, the jurisprudence of the subsequent Constitutional Court will be examined and if this put an end to the violation of the rights of Mr Duque or if it´s necessary to declare the constitutional responsibility of the State. In the same way, it will be seen if public health establishments guarantee quality care for people with HIV/AIDS, compared to social security. With this, it is intended to conclude that Colombia is responsible for the violation of the human rights contemplated in the American Convention; therefore, it must rectify the damage caused and guarantee that a similar or the same situation occurs again within its territory.

El presente trabajo tendrá como base de análisis la sentencia del tribunal constitucional EXP. N.º 06572-2006-PA/TC. En este fallo el TC declara fundada la petición de la demandante y declara nula la sentencia de la Corte Superior de Piura. Entendemos que la Corte Superior de Piura cometió un error jurídico en este caso, pero ¿cuál? En el presente trabajo se buscará demostrar que la Corte Superior de Justicia de Piura vulneró el principio de legalidad, lo que nos llevará finalmente a estudiar el alcance de este principio en su aplicación y sentido último, en el marco de un análisis argumentativo-jurídico del discurso respecto a los principios y los derechos fundamentales. / The present work will have as a base of analysis the sentence of the constitutional court EXP. No. 06572-2006-PA/TC. In this ruling, the TC declares the plaintiff's petition founded and declares the judgment of the Superior Court of Piura null and void. We understand that the Superior Court of Piura made a legal error in this case, but which one? In the present work we will seek to demonstrate that the Superior Court of Justice of Piura violated the principle of legality, which will finally lead us to study the scope of this principle in its application and ultimate meaning, within the framework of an argumentative-legal analysis of the law. speech regarding fundamental principles and rights.

El objetivo del presente informe es sacar a la luz el tema del consumo como derecho humano para comprender si los consumidores con algún tipo de discapacidad, dentro del mercado de seguros especiales, realmente tienen acceso a diversos productos de salud y otros servicios que ofrece dicho rubro. Asimismo, es importante considerar que se tendrá en cuenta el desarrollo internacional en materia de derechos del consumidor y otros derechos que se relacionan transversalmente, como el derecho a tener un seguro médico en igualdad de condiciones. / L'objectif de ce rapport est de mettre en évidence la question de la consommation en tant que droit de l’homme pour comprendre si les consommateurs présentant un certain type de handicap, au sein du marché des assurances spéciales, ont réellement accès aux différents produits et/ou services de santé offerts par ledit article. De même, il est important de considérer que le développement international sera pris en compte en ce qui concerne les droits des consommateurs et d'autres droits qui sont transversalement liés, comme le droit d'avoir une assurance maladie dans des conditions égales. / The objective of this reports to bring to the fore the issue of consumption as a human right to understand whether consumers with some type of disability, within the special insurance market, really have access to various health products and others service that offered by said item. Likewise, is important to consider the international development will be taken into account regarding consumer rights and other rights that are transversally related, such as the right to have health insurance under equal conditions.

Las organizaciones públicas, para poder cumplir con sus funciones, cuenta con distintitas potestades, entre ellas la discrecionalidad, que lo facultad a emitir actos sin la necesidad de previamente exista un procedimiento como son los actos de administración que están relacionados con las acciones del personal, pueden acarrear la vulneración de los derechos de su personal, como pueden ser: Derecho a la unión familiar, Derecho a los estudios, Derecho de residencia habitual, entre otros. En ese sentido, el presente trabajo tiene como finalidad demostrar la importancia de motivar los actos de administración, relacionado a las acciones de personal. Para lo cual se realiza un análisis teórico y dogmático sobre la importancia de las acciones de personal, los actos emitidos por las organizaciones administrativas, su debida motivación y los derechos vulnerados al no configurarse dicha circunstancia. Asimismo, se efectuó un análisis exegético de la normativa que regula los actos de la administración. Llegando a las conclusiones: a) Que los actos de administración, relacionados a la asignación de personal deben estar debidamente motivados; b) Deberían ser impugnables los actos de administración, relacionados a la asignación de personal; c) Una regulación idónea debería buscar un equilibro entre la protección de los derechos individuales y los intereses públicos.