En el presente informe se analiza si la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo en contra del artículo único de la Ley N° 31399 debe o no ser declarada fundada por el Tribunal Constitucional. Para ello, se hace uso de jurisprudencia nacional e internacional, así como de doctrina sobre la materia para determinar la existencia de vicios de inconstitucionalidad. En ese sentido, se concluye que la demanda debe ser declarada procedente en tanto cumple con los requisitos establecidos por el Nuevo Código Procesal Constitucional. Sin embargo, en el análisis de fondo, se identifica que la norma impugnada, en efecto, contraviene en su totalidad y directamente a la Constitución de 1993. De igual manera, se observa que la ley incurre en vicios de inconstitucionalidad material, debido a que vulnera el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la participación política mediante referéndum y los principios de soberanía popular y democrático. Finalmente, debido a la naturaleza de la materia que se pretende regular, la norma incurre, asimismo, en un vicio de inconstitucionalidad formal al ser expedida siguiendo el procedimiento regulado para una ley ordinaria cuando, por el contrario, corresponde su incorporación al ordenamiento jurídico vía reforma constitucional (es decir, mediante el artículo 206 de la Constitución). Por todo ello, se afirma que la demanda de inconstitucionalidad debe ser declarada fundada y, en consecuencia, la Ley N° 31399, expulsada del ordenamiento jurídico. / This report analyzes whether or not the unconstitutionality claim filed by the Executive Branch against the sole article of Law No. 31399 should be declared founded by the Constitutional Court. For this, national and international jurisprudence is used, as well as doctrine on the matter to determine the existence of vices of unconstitutionality. In this sense, it is concluded that the claim must be declared admissible as long as it meets the requirements established by the New Constitutional Procedure Code. However, in the substantive analysis, it is identified that the challenged norm, in effect, completely and directly contravenes the 1993 Constitution. Likewise, it is observed that the law incurs defects of material unconstitutionality since violates the constitutionally protected content of the right to political participation through referendum and the principles of popular and democratic sovereignty. Finally, due to the nature of the matter that is intended to be regulated, the norm also incurs a formal unconstitutionality defect when it is issued following the regulated procedure for an ordinary law when, on the contrary, its incorporation into the legal system corresponds via constitutional reform (that is, through article 206 of the Constitution). For all these reasons, it is stated that the claim of unconstitutionality must be declared founded and, consequently, Law N° 31399, expelled from the legal system.

El presente informe jurídico analiza la decisión del Tribunal Constitucional recaída en el Pleno Sentencia N° 676/2020 (EXP. N° 01739-2018-PA/TC) que declara la improcedencia de la demanda de amparo presentada por Óscar Ugarteche Galarza. En este caso, el ciudadano alegó la vulneración a sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad frente a las resoluciones denegatorias del RENIEC para inscribir su matrimonio igualitario celebrado en el extranjero. En ese sentido, cuestionamos la decisión del Tribunal Constitucional al no pronunciarse sobre el fondo de la controversia en un caso de especial relevancia constitucional y sobre el que poseía plenas facultades. Asimismo, sostenemos que la inscripción del matrimonio del recurrente no supone una violación al orden público internacional. También defendemos la posición de que existe protección de rango constitucional en el Perú para el matrimonio entre personas del mismo sexo, al aplicar el estándar de protección internacional de derechos humanos para la comunidad LGBTIQ+, así como los métodos de interpretación sistemática y evolutiva. Por último, concluimos que, en efecto, los derechos fundamentales del recurrente fueron vulnerados. Cabe decir que la presente investigación fue realizada en base a la investigación de las más recientes fuentes doctrinales sobre la materia, así como de la legislación y jurisprudencia internacional para el estándar de protección de derechos humanos. / This legal report analyzes the decision of the Constitutional Court handed down in the Plenary Sentence No. 676/2020 (EXP. No. 01739-2018-PA/TC) which declares the inadmissibility of the amparo claim filed by Oscar Ugarteche Galarza. In this case, the citizen alleged the violation of his fundamental rights to equality and non-discrimination and to the free development of personality in the face of the refusal resolutions of the RENIEC to register his equal marriage celebrated abroad. In this sense, we question the decision of the Constitutional Court by not ruling on the merits of the controversy in a case of special constitutional relevance and over which it had full powers. Likewise, we maintain that the registration of the appellant's marriage does not constitute a violation of international public order. We also defend the position that there is constitutional protection in Peru for marriage between people of the same sex, by applying the standard of international protection of human rights for the LGBTIQ+ community, as well as the methods of systematic and evolutionary interpretation. Finally, we conclude that, indeed, the fundamental rights of the appellant were violated. It should be said that the present investigation was carried out based on the investigation of the most recent doctrinal sources on the matter, as well as international legislation and jurisprudence for the standard of protection of human rights.

El tratamiento de información médica en el ámbito laboral es una materia poco investigada estrechamente vinculada al ejercicio de los derechos fundamentales a trabajar en un entorno seguro y saludable, a la intimidad y a la protección de información sensible. Más aún, se han identificado ciertas incongruencias entre las disposiciones normativas de seguridad y salud en el trabajo y de protección de datos personales que obstaculizan el adecuado tratamiento de esta información médica de trabajadores a cargo del empleador. El presente artículo académico realiza una investigación explicativa que identifica -en las intrincadas disposiciones normativas y en la ausencia de un diálogo entre las ramas jurídicas involucradas- las principales dificultades para un comprobado estado actual de afectación a derechos fundamentales por la ausencia de una fórmula jurídica certera para el adecuado tratamiento de información médica de trabajadores. / The treatment of medical information in the workplace is an under-researched subject closely linked to the exercise of the fundamental rights to work in a safe and healthy environment, to privacy and to the protection of sensitive information. Furthermore, certain inconsistencies have been identified between the regulatory provisions on safety and health at work and the protection of personal data that hinder the adequate processing of this medical information of workers under the employer's care. This academic article carries out an explanatory investigation that identifies -in the intricate regulatory provisions and in the absence of dialogue between the legal branches involved- the main difficulties for a proven current state of impact on fundamental rights in the absence of an accurate legal formula for the adequate treatment of workers' medical information. / Trabajo académico

El presente informe analiza la controversia surgida entre la empresa Multiservis Clave 90 E.I.R.L. y la Municipalidad Provincial de Arequipa, a raíz de la expedición de una ordenanza municipal por dicha entidad pública que, según la citada empresa en la demanda de amparo interpuesta, suponía una vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad de trabajo y de empresa. Así, el objetivo principal estriba en determinar si las exigencias contenidas en la citada ordenanza, norma que constituiría el acto vulnerador de tales derechos, constituyen o no barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, además de la pertinencia de dilucidar esta controversia a través de la vía de la demanda de amparo o, por el contrario, recurriendo a una vía igualmente satisfactoria. Es así que, en cuanto al primer aspecto, se concluye que dicha norma contiene disposiciones que se tornan en barreras burocráticas carentes de razonabilidad y, en relación a la vía empleada, se aprecia que esta resultase tiene que la misma resulta válida para garantizar la protección de derechos fundamentales, bajo la figura del amparo contra normas legales contemplada en el Código Procesal Constitucional empleándose, como apoyo, doctrina y jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional sobre la materia, con la finalidad de brindar mayores alcances en cuanto a las diversas opiniones de las instancias en las que se dilucidó la controversia. / This report analyzes the controversy that arose between the company Multiservis Clave 90 E.I.R.L. and the Provincial Municipality of Arequipa, following the issuance of a municipal ordinance by said public entity that, according to the aforementioned company in the amparo lawsuit filed, represented a violation of its fundamental rights to freedom of work and business. Thus, the main objective is to determine whether or not the requirements contained in the aforementioned ordinance, a rule that would constitute the act that violates such rights, constitute illegal and/or unreasonable bureaucratic barriers, in addition to the relevance of elucidating this controversy through of the application for protection or, on the contrary, resorting to an equally satisfactory route. Thus, regarding the first aspect, it is concluded that said norm contains provisions that become bureaucratic barriers lacking reasonableness and, in relation to the method used, it is appreciated that this result must be valid to guarantee protection. of fundamental rights, under the figure of protection against legal norms contemplated in the Constitutional Procedural Code, using, as support, doctrine and jurisprudence of the Constitutional Court itself on the matter, with the purpose of providing greater scope regarding the various opinions of the instances. in which the controversy was elucidated.

El caso materia de desarrollo del presente informe es de relevancia; dado que, permite analizar y abordar los criterios que a lo largo de los años el INDECOPI y el Tribunal Constitucional han desarrollado vinculados a la discriminación. Asimismo, el caso permite abordar el estudio y desarrollo de derechos fundamentales tal como el de igualdad, el mandato de no discriminación y el respeto a la dignidad de todo ser humano, para lo cual se recurre a nuestra Constitución Política del Perú de 1993 y disposiciones internacionales. Además, permite desarrollar si corresponde que la discriminación en el consumo se distinga del trato ilícito, con lo que expongo mi postura debidamente fundamentada empleando los criterios esbozados a lo largo de estos años. Finalmente, es necesario señalar que el caso materia de informe se rige bajo el Decreto Legislativo N° 716 (derogada y el precedente del actual Código de Protección y Defensa del Consumidor), que incorpora lo estipulado en la Ley N° 27049, Ley que precisa el derecho de los ciudadanos a no ser discriminados en el consumo, que entró en vigencia en 1998 y fue la norma que por primera vez estableció en nuestro país de manera expresa a nivel legislativo la prohibición de discriminar a los consumidores.

En las últimas décadas hemos sido testigos que las sociedades actuales han venido evolucionado y se ha producido la trascendencia de los intereses colectivos por sobre los individuales. Es así que se ha producido la aparición de los denominados derechos de tercera generación dentro de los cuales se encuentran los derechos de los consumidores. El presente Informe nos permite analizar un asunto que continua vigente en nuestros días y que cada vez va adquiriendo mayor importancia, nos referimos a la tutela judicial de los derechos de carácter difuso. En el caso materia de análisis, el cual se desarrolla en el marco de un proceso de amparo, nos permite abordar sobre la protección de los derechos de los consumidores desde una óptica procesal. A través del caso planteado se pretende analizar los principales institutos procesales y demás mecanismos existentes en el modelo de proceso del proceso de amparo para efectos de verificar si estos resultan eficaces y/o suficientes para brindar una adecuada protección a los derechos los consumidores. De igual manera, en la búsqueda por un mejor resolver plantearemos nuestra posición sobre cómo debió haber resuelto el Tribunal Constitucional el presente caso, en ausencia de mecanismos procesales idóneos para el desarrollo de un proceso colectivo

El presente informe tiene como objetivo analizar el caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de junio de 2020, desde una perspectiva de género y teniendo en especial consideración a los derechos económicos sociales y culturales. De esta manera, se demostrará el vínculo innegable que existe entre la educación sexual integral y los derechos humanos, particularmente el derecho a la educación, a la salud y al principio de igualdad y no discriminación. Asimismo, se explicará como la existencia de los estereotipos de género obstaculiza el disfrute de derechos humanos de las niñas y adolescentes y como una situación de violencia sexual puede llegar a constituir una forma de tortura o trato cruel e inhumano. El presente trabajo abarca una investigación de carácter dogmático, dado que su objeto de estudio son las normas positivas, instituciones o conceptos jurídicos que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En atención a ello, se recurrirá a herramientas metodológicas y documentales prescindiendo de herramientas cualitativas y cuantitativas.

Someter a un proceso penal a personas jurídicas en el estado en que se encuentra el derecho penal hoy en día es ilegítimo pues, ante una actuación desmedida por parte de quienes ejercen la facultad punitiva del Estado, estos entes fictos no pueden accionar jurídicamente como sí lo puede hacer un individuo (persona natural) procesado y ello en razón de que el reconocimiento de los derechos fundamentales, entendidos como derechos humanos, se encuentra condicionado a que les puedan ser aplicables determinados derechos subjetivos concebidos específicamente para el ser humano, siempre que les puedan ser aplicables según su naturaleza, conforme lo establece el propio Tribunal Constitucional. En el presente trabajo se ofrece una reinterpretación de lo que debe ser entendido por derechos fundamentales, a fin de que dicho concepto pueda calzarle a todo sujeto de derechos que participa en la sociedad y, a partir de ahí, se analiza si es posible inferir la responsabilidad penal de personas jurídicas dentro del marco de un derecho penal legítimamente funcionalizado, no solo al individuo, como responsable de un determinado hecho punible, sino a todo sujeto de derechos.

El presente trabajo se refiere al Derecho a la Salud y Seguridad Alimentaria, como Derecho de la Persona y considera que debe ser tomado en cuenta al momento de evaluar si corresponde levantar o prorrogar la moratoria dispuesta por la Ley N°29811 “Ley que establece la Moratoria al ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un periodo de 10 años”; la misma que es una expresión visible del Principio de Precaución El desarrollo de la presente tesis se realiza a través de cuatro capítulos y desarrolla conclusiones. En el primer capítulo, abordo el tema del Derecho a la Salud y la Seguridad Alimentaria, como Derechos de la Persona, y su conexión con los Organismos Vivos modificados (OVM) propuestos por la Biotecnología e Ingeniería Genética. En el segundo capítulo, analizo la pertinencia del Principio de Precaución como medio de defensa del Derecho a la Salud y Seguridad Alimentaria frente a organismos vivos modificados (semillas); y la falta de certidumbre científica en torno a su inocuidad e impacto. En el tercer capítulo, desarrollo el Principio de Precaución en el Perú remitiéndome a las interpretaciones judiciales y administrativas emitidas en nuestro país, así como a la descripción del contenido de Ley N°29811, implementación técnica y ejecución. Se presentan casos jurisprudenciales. En el cuarto capítulo efectúo un análisis crítico de la Ley N°29811: aspectos favorables, refiero ausencias, y presento propuestas para lograr una mejor tutela efectiva al Derecho a la Persona a la Salud y su seguridad alimentaria frente al ingreso y/o producción de Organismos Vivos Modificados- OVM.

En el presente informe jurídico se realiza un análisis de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Alfredo Lagos del Campo vs. Perú. Esta es la primera en la cual la Corte IDH declara violado el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre los derechos económicos sociales y culturales. Este caso es sobre el despido por falta grave del señor Alfredo Lagos del Campo en su condición de presidente del Comité Electoral de la comunidad industrial de la empresa industrial Ceper-Pirelli, en el marco de la Constitución de 1979 y la Ley 24514. En esa medida, luego de presentar los principales hechos de fondo y procesales, se procede a desarrollar los problemas jurídicos relativos a la justiciabilidad de los derechos laborales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; la libertad de expresión de los representantes de los trabajadores y su fundamento democrático; el derecho a la estabilidad laboral —con referencias a su desarrollo nacional—; los derechos a las garantías judiciales y a un recurso efectivo; y su reparación ante el sistema interamericano.