Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis trata de dar una solución normativa a la contradicción existente entre el pluralismo informativo como condición de existencia de una sociedad democrática y la concentración del mercado de los medios de comunicación social. Los dos primeros capítulos explican la problemática. El tercer capítulo describe las soluciones que se han dado en Derecho comparado. Y el cuarto y último capítulo, el fundamental, detalla y critica la solución chilena, para luego aportar una solución propia

Tesis (Magister en Derecho y Nuevas Tecnologías) / Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET) / En el año 2011, un grupo de usuarios miembros de la red social en línea Facebook presentaron una demanda colectiva alegando que la práctica publicitaria de las historias patrocinadas viola el Derecho de publicidad de la ley de California. Esta práctica de marketing social, consistía en exhibir los nombres e imágenes de perfil junto a la aprobación comercial de ciertos productos o servicios, en publicidades dirigidas a sus amigos registrados. Facebook es una red social que suma usuarios alrededor de todo el mundo - incluyendo a nuestro país - y por ende no podemos estar ajenos a discutir sobre el tema. Es por esto que se ha de proponer un proyecto de análisis jurisprudencial del caso Fraley v. Facebook que tendrá como fin extraer cual es el esquema de protección que otorga el Derecho legal de publicidad del Estado de California a las personas. En ésta obra, se proporcionará un breve recorrido doctrinario y jurisprudencial para ayudar a entender cómo funciona la protección del Derecho legal de publicidad de los usuarios en éste caso y compararlo con un enfoque más armónico de las fuentes de daño sufrido por las personas.

Esta tesis se propone desmentir algunos falsos mitos en torno a la libertad de expresión y el delito de apología del terrorismo en el Perú, considerando que la ideología de grupos subversivos que ha servido como base legitimadora de la violencia contra millares de ciudadanos desde los ochenta a los dos mil, es adoptada, en la actualidad, por algunos movimientos que pueden incurrir en actos de apología del terrorismo. A través de algunas recomendaciones, se establecerán criterios para una nueva tipificación del delito de apología del terrorismo en el Perú a fin de permitir una más efectiva persecución del mismo. La investigación invita a al legislador a tomar medidas para que la libre expresión individual y colectiva no exceda los límites constitucionales establecidos, llevando a la comisión de actos de apología, en un país que vivió en carne propia la brutalidad del terrorismo.

La presente investigación se basa en analizar la existencia de un uso excesivo de la privación de la libertad como sanción aplicada al delito de difamación cometido por lo periodistas al ejercer el derecho a la libertad de expresión al momento de expresar sus ideas o noticias en cualquier medio de comunicación sobre un tema de interés social, por lo tanto, surge un enfrentamiento entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión. También, se ha identificado cual es el conflicto que surge al colisionar ambos derechos, a su vez, se determinó su tratamiento en la legislación peruana como en el derecho comparado. En la vida real, este conflicto el cual necesita una solución que básicamente se plantea por la ponderación que debe realizar el juez para determinar a qué derecho le da preferencia respecto al otro. Sin embargo, en muchos casos esta ponderación no es entendida por el justiciable, ya que no son claros los argumentos establecidos por el juez. Esta falta de claridad se refleja al momento de analizar cuatro sentencias en las cuales se dejan entrever que muchos argumentos varían según la calidad de la persona, en algunas casos son personas mediáticas, personas que ocupan u ocuparon algún cargo público y otros, ciudadanos comunes. Finalmente, se ha elaborado una propuesta legislativa modificando el artículo 132° del Código Penal Peruano.

Nuestra Constitución además de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, otorga elementos esenciales para el ejercicio de la ciudadanía. Siendo la participación ciudadana un acto trascendental no sólo la vida política ciudadana sino también en la toma de decisiones públicas. En las últimas participaciones electorales, la ciudadanía ha tenido una gran transformación debido al rol activo que brindan las redes sociales, pues podemos apreciar que la ciudadanía utiliza estos medios digitales para ser más activos en la vida política. Mediante la aplicación de las redes sociales, los ciudadanos se convierten en agentes activos de la vida política de su país, dando lugar a que exista una renovación en un sistema democrático. Es así que nos hemos propuesto analizar la participación de la ciudadanía en los procesos electores a través de las redes sociales, toda vez que la participación ciudadanía es fundamental en un proceso electoral.

Cuenta Ricardo Palma que allá por el año 1558, un español de nombre Antonio Solar poseía una famosa hacienda en Barranca, kilómetros ----~ más al norte de su lugar de residencia, Lima. Cuando dio la primera cosecha, el mayordomo envió diez de los mejores melones producidos con dos indios, no sin antes remitir una epístola a su patrón. Estos nativos, ignorantes de la escritura, no concebían cómo se podía transmitir mensajes a través de una simple hoja; imaginaban la existencia de un poder mágico y místico, creían, en pocas palabras, en su vida (concebían las letras no como signos convencionales sino como auténticos espíritus, que no sólo funcionaban como recaderos sino además como espías). Ya encaminados a su destino, al provocarles en un par de oportunidades tan apetitosas frutas, no tuvieron mejor idea que esconder la carta detrás de una tapia, colocando una piedra encima, pudiendo así comerlas sin ser descubiertos: ¡Vaya ingenuidad de los pobres! Llegando a la capital, con la carga ya aminorada y con el mensaje delatante, los mandaderos fueron rápidamente descubiertos en su truhanería.

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de algunos derechos fundamentales, las libertades de expresión e información, la intimidad personal y la autodeterminación informativa, cuyo desarrollo y vigencia está directamente vinculado con el afianzamiento jurídico y social de la libertad individual, la dignidad de la persona, y el régimen político democrático. Para este efecto, el trabajo analiza el contenido y alcances de cada uno de estos derechos y los principales problemas de interpretación y aplicación que le son propios. Asimismo la interrelación que se da entre estos derechos y las controversias que, muchas veces, surgen de su ejercicio, buscando determinar criterios razonables de ponderación para resolver dichos conflictos en una perspectiva que armonice y favorezca su respeto, abandonando las posturas que proclaman la posición preferente o supremacía a priori de alguno de estos derechos en desmedro de los otros. El interés por los derechos objeto de este trabajo tiene diversos factores de justificación. De un lado, como acabamos de indicar, por su relevancia jurídica y social, tanto como tema de reflexión académica como por su incidencia para la vigencia y consolidación del Estado de Derecho y el Régimen Democrático en nuestro país. De otro lado, por la necesidad de aportar al estudio y debate de las nuevas dimensiones y contenidos que actualmente corresponden a estos derechos. En este sentido, nos ha impulsado el ánimo de desarrollar con mayor profundidad e integralidad algunos aspectos tratados en diversas investigaciones y publicaciones que realizamos durante los últimos años. Adicionalmente, el hecho que se haya empezado a contar con diversas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional donde se abordan estos temas, situación inexistente cuando empezamos esta investigación, amerita el análisis de dicha jurisprudencia dada su contribución a la comprensión de los problemas que aquí presentamos.

Los programas de televisión, actualmente, destinan importantes espacios a la difusión de información que, en muchas de las veces, atañen al ámbito personal y familiar de las personas; en ese contexto surge la necesidad de tutelar en forma preventiva al derecho a la intimidad y evitar así la configuración de un daño derivado del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Este es el problema que se cierne sobre el derecho a la intimidad; frente a él, corresponde estudiar el mecanismo que permita obtener una tutela preventiva. Siendo así, en el presente trabajo analizamos el derecho a la intimidad y su tutela a través de la acción inhibitoria frente al ilícito derivado del ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información; para ello, determinamos su génesis y su desarrollo en la experiencia nacional y comparada, con principal énfasis en el Common Law y en el Derecho italiano, ordenamientos en los que se forjó y desarrolló el derecho a la intimidad. Ello nos permite determinar que: 1. La tutela del derecho a la intimidad no sólo es resarcitoria, 2. En el ámbito nacional no existen estudios referidos a la tutela inhibitoria y 3. La jurisprudencia nacional no ha desarrollado los fundamentos que permitan tutelar en forma preventiva el derecho a la intimidad. La ausencia de análisis, por parte del formante jurisprudencial, sobre el tipo de tutela que requiere el derecho a la intimidad ha generado que frente a la amenaza de su vulneración se espere la configuración del daño, quedando la tutela resarcitoria como único medio de protección. A fin de estudiar la tutela inhibitoria del derecho a la intimidad, se hace necesario recurrir al método dogmático, a fin de conocer el desarrollo doctrinal que ha presentado. Asimismo, para el análisis de la viabilidad de la aplicación de la tutela inhibitoria en el escenario jurídico nacional, es menester valerse del Derecho comparado. Se recurrirá también al método funcional mediante la revisión de jurisprudencia, a fin de conocer y de dar solución a la problemática descrita en el presente trabajo

La presente investigación muestra cómo, en los conflictos socioambientales que han acontecido en el Perú en la última década – los casos de Bagua, Conga, Tía María y Espinar-, se han esparcido una serie de expresiones discriminatorias alrededor de las poblaciones afectadas por determinados proyectos de inversión. Así, se corrobora una clara intención, de parte de una serie de medios de comunicación y funcionarios públicos, de buscar catalogar a estas poblaciones como “terroristas”, “salvajes” o “ignorantes” con el único objetivo de deslegitimar sus reclamos frente al resto de la sociedad. Esta situación crea un escenario polarizado entre las comunidades afectadas y el resto de la población, buscando justificar todo tipo de atropello contra los derechos de las poblaciones locales y exhortando al enfrentamiento contra estas por ser consideradas como una amenaza para el desarrollo del país. Al respecto de lo anterior, sostenemos que este tipo de manifestaciones son discursos de odio, es decir, comentarios, opiniones o cualquier tipo de manifestación que están en contra de un determinado colectivo para humillar, atacar o justificar la exclusión de sus miembros. En ese sentido, proponemos la necesidad de establecer una política de regulación de la libertad de expresión contra este tipo de discursos ya que consideramos que estos discursos no se encuentran dentro del ámbito de protección de la libertad de expresión, sino bajo el ámbito de regulación, de tal manera que se concreten las condiciones apropiadas para un diálogo entre el Estado y las comunidades afectadas que sea fructífero y, donde se pueda prevenir el estallido de la violencia en los conflictos socioambientales o, si es que esta ya se hubiera desatado, poder llegar a soluciones pacíficas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los derechos fundamentales de los ciudadanos se encuentran consagrados y protegidos por la norma fundante básica y de mayor grado que existe en nuestro país. A pesar de ello, los legisladores estimaron necesario proteger algunos de ellos de manera particular respecto de los trabajadores, los llamados derechos constitucionales laborales inespecíficos, siendo uno de ellos el derecho a la libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa, en cualquiera de sus formas y por cualquier medio. No existe definición legal de él. La doctrina lo define como un derecho que posee una doble dimensión, constituyéndose como un derecho individual en cuya virtud nadie puede ser arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, y como un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. La jurisprudencia administrativa y judicial no están contestes en la forma de resolver conflictos en que se encuentre involucrado este derecho. Mediante un método mixto-deductivo y argumentativo concluyo que es innecesaria la tutela del derecho a la libertad de emitir opinión y de informar en el ámbito laboral