Mediante el presente trabajo de investigación se ha realizado una ardua investigación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como de las Resoluciones Finales emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual en el Sector Financiero. Siendo estos últimos instrumentos jurídicos los principales analizados, los cuales nos han llevado a una primera conclusión y esta es: la falta de predictibilidad en la emisión de la mismas y, por tanto, la falta de seguridad en el sistema de protección al consumidor, siendo los principales afectados los usuarios, consumidores e incluso los mismos proveedores. Toda esta incertidumbre jurídica que viene originando el sistema de protección al consumidor en el sistema financiera es la que se analiza mediante el presente trabajo, proponiendo, además, propuestas concretas de como podemos seguir evitando esta situación y corregir así esta asimetría jurídica, dejando de generar perjuicio a las partes del procedimiento administrativo. / Trabajo académico

Los principios generales del Derecho Administrativo son enunciados normativos que forman la base para la aplicación e interpretación del Derecho, mediante estos se dirige el poder de las entidades en miras del respeto por los derechos de los administrados, En ese sentido, la aplicación de estos principios en el Derecho es esencial. No obstante, se ha verificado que en diversos pronunciamientos del Indecopi se estaría inaplicando el Principio de Confianza Legítima, el mismo que brinda un valor legal a las expectativas objetivas generadas del administrado, lo cual causaría inseguridad jurídica. En el presente artículo voy a realizar un análisis sobre el problema mencionado, estudiando al principio en sí, sus fundamentos e importancia, la normativa vigente aplicable. Además, voy a analizar algunas resoluciones del Indecopi, sobre productos alimenticios envasados, en las que desconoce las competencias de una entidad sectorial competente al no tomar en cuenta los títulos habilitantes que esta emite causando así, inseguridad jurídica a los administrados que se ven confundidos al tener dos opiniones distintas de dos entidades de la Administración Pública. Finalmente, en la parte final de este artículo se propone una posible solución al problema identificado, la cual busca definir las competencias de las dos entidades en base a los objetos jurídicos que cada una protege, poniendo límites sus actuaciones de acuerdo a dichas competencias. / The principles of Administrative Law are normative statements that form the basis for the application and interpretation of the Law, through which the power of the entities is directed in order to respect the rights of those administered. In that respect, the application of these principles In law it is essential. However, it has been verified that in various Indecopi pronouncements the Principle of Legitimate Trust is not being applied, which provides legal value to the objective expectations generated by the administrator, which would cause legal uncertainty. In this article I am going to analyze the aforementioned problem, studying the principle itself, its foundations and importance, and the current applicable regulations. In addition, I am going to analyze some resolutions of Indecopi, on packaged food products, in which it ignores the powers of a competent sectoral entity by not taking into account the enabling titles that it issues, thus causing legal uncertainty for those administered who are confused when have two different opinions from two entities of the Public Administration. Finally, in the final part of this article a possible solution to the identified problem is proposed, which seeks to define the powers of the two entities based on the legal objects that each one protects, setting limits on their actions according to said powers. / Trabajo académico

La empresa Laboratorio Algas Marinas SAC obtuvo, con fecha 30 de abril de 2009, el registro de la marca Sacha Peru SAC en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 151670, con vigencia hasta el 30 de abril de 2029. Con fecha 25 de setiembre de 2020, Nutricorp LLC (Estados Unidos de América) solicitó la cancelación del registro por falta de uso. En el presente informe se analizará la Resolución N° 0218-2022/TPI-INDECOPI (expediente N° 864618-2020/DSD), en cuyo pronunciamiento se analizan las condiciones del uso de la marca, la forma del uso de la marca, el uso de la marca Sacha Peru, logotipo y la cancelación total y parcial. El problema de la presente investigación se basa principalmente en los medios probatorios que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha utilizado para determinar si una marca está siendo usada en el Perú, ya que estos actualmente están relacionados a algún documento que pruebe su comercialización tales como boletas o facturas, los mismos que no siempre reproducen fielmente las marcas de los productos materia de la transacción, sobre todo si presentan elementos gráficos. Sin embargo, hoy en día se pueden utilizar mecanismos tecnológicos para determinar si una marca está siendo usada, más aún considerando que la Internet es un activo muy importante para los empresarios. El mundo ha experimentado una evolución tecnológica y digital. Al respecto, la internet se ha convertido en indispensable para el marketing digital de cualquier marca, ya que es un medio poderoso para su divulgación y publicidad. Las empresas tienen la oportunidad de promocionar y posicionar sus marcas en este modelo que garantiza su visibilidad, creando una conexión entre la marca y el cliente potencial a nivel mundial a través de la web, redes sociales, etc.; es decir, es inimaginable para los empresarios un mundo sin internet. Por ello, indagaremos si el Indecopi debería, a fin de analizar si una marca está siendo usada realmente en el mercado, considerar su presencia a través de la publicidad en la internet. Asimismo, se analizará si los productos naturales están debidamente identificados en la nomenclatura oficial “Clasificación de Niza” para obtener una protección adecuada y evitar abusos del derecho que pueden llegar a afectar a las empresas, si fue correcta la decisión de las dos vocales para emitir un voto de discordia y señalar que si se estaba haciendo uso efectivo de la marca Sacha Peru pero solo para distinguir cápsulas conteniendo aceite de sacha inchi. Por último, se estudiará si una empresa de origen estadounidense, que pretende cancelar la marca Sacha Peru, podría provocar engaño e inducir a error a los consumidores sobre la procedencia geográfica del producto si ejerce su derecho preferente de registro de marca al lograr cancelarla.

Quién responde frente al consumidor cuando este sufre algún perjuicio en los servicios de transporte contratados por aplicativos deben de ser los aplicativos móviles y también los conductores cada uno en proporción de lo que el pasajero espera que respondan. La idea es cuestionar que las normas actuales necesitan un cambio conforme han mejorado las formas de contratación de los pasajeros del taxi regular al taxi por aplicativo. La norma se ha quedado en el pasado no contempla figuras como intermediarios ni la velocidad de las relaciones de consumo actuales. / Trabajo académico

La aparición de Internet supuso un reto para la protección de obras y respeto de derechos de autor. Se ha concluido que nos encontramos ante una “anarquía”, dado que lo virtual se confunde con lo material, y se pretende utilizar erróneamente los mismos mecanismos de protección de obras que son utilizados en el entorno “físico”. No obstante, esta “anarquía” puede dejar de ser tal si nuestras herramientas jurídicas son reinterpretadas, con el fin de lograr delimitar cuál es el alcance de protección de los autores, y de intervención de la autoridad administrativa. Es en ese contexto que el presente trabajo tiene por objetivo proponer un mecanismo de protección de derechos patrimoniales y de tutela de las autoridades administrativas adecuado para Internet, en el marco del fenómeno y auge de publicación de obras audiovisuales en plataformas streaming. De esta forma, a partir de la aplicación de dicho mecanismo, será posible establecer un equilibrio entre la protección al autor y la libertad de los usuariosconsumidores, siendo los pasos que, a nuestra consideración, se deberán emplear, los siguientes: (i) Aplicación de Licencias Creative Commons de forma previa a la publicación de obras en Internet; (ii) la interpretación amplia, no restrictiva, de los límites y excepciones, utilizando la Regla de los tres (3) pasos, así como la consideración de un límite que permita “user generated content”; y (iii) en caso que se produzca una infracción, la aplicación de una tutela administrativa efectiva que sea aplicada de forma proporcional en caso el supuesto infractor supere dichos límites y excepciones, con especial énfasis cuándo se comercialice la obra sin la debida autorización del autor.

Este Expediente está referido al procedimiento de oficio iniciado por el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI contra UNITED DISCO S.A., por una práctica discriminatoria que fue detectada en su establecimiento comercial, la Discoteca Aura. Como primer problema jurídico analizado en este caso se evalúan los alcances de la discrecionalidad del INDECOPI para la realización de las acciones de fiscalización. Como segundo problema jurídico, se evalúan los alcances de la materialización del derecho al debido procedimiento y cómo podría haberse visto afectado en el procedimiento. En este sentido, con respecto al primer punto se concluirá que la realización de inspecciones con la colaboración de organizaciones civiles (la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Defensa Legal) fue ilícita, pero que la diligencia encubierta sí se encontraba en arreglo al margen de discrecionalidad de la Administración. Por su parte, con respecto al segundo punto, se concluirá en que el derecho al debido procedimiento se habría afectado debido a que el Tribunal omitió brindar respuesta a un pedido del administrado presentado en su recurso de apelación, y a que tanto la Comisión como el Tribunal graduaron inadecuadamente la sanción. Para estos efectos, se considerarán tanto doctrina y jurisprudencia vinculadas como los instrumentos legislativos vigentes al momento de ocurridos los hechos. Nos referimos principalmente a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y al Decreto Legislativo N° 807, Decreto que establece las Facultades, normas y organización del INDECOPI.

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar los argumentos y la decisión adoptada por el INDECOPI, correspondiente a la denuncia interpuesta por las empresas Panini S.p.A. y Panini España S.A. en contra de la empresa Corporación Gráfica Navarrete S.A. por presuntamente haber cometido actos de competencia desleal vulnerando la cláusula general prevista en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1044. Ello debido a la comercialización de cromos autoadhesivos con las imágenes de los futbolistas participantes del mundial Sudáfrica 2010 sin contar con las autorizaciones correspondientes. Para ello, se empleará el método dogmático, específicamente la dogmática jurídica. La elección del expediente objeto del presente informe se encuentra fundamentada principalmente por tres razones: (i) existe un conflicto entre el bien jurídico protegido por la Ley de Represión de Competencia Desleal y lo que podría resultar más beneficioso para el consumidor, (ii) la vigencia y reiteración de este caso a lo largo de más de 10 años y (iii) su vinculación con otras materias del derecho. La conclusión principal del presente informe es que Panini S.p.A. y Panini España S.A. se encontraban legitimadas para interponer su denuncia en contra de Corporación Gráfica Navarrete S.A. y que la conducta de Corporación Gráfica Navarrete S.A. vulnera la cláusula general establecida en el artículo 6 de la Ley de Represión de Competencia Desleal.

Para participar en el mercado, los agentes económicos adoptan distintas estrategias y formas de organizarse con la finalidad de que su oferta resalte por encima de la de sus competidores. Ello incluye, por su puesto, el tipo de modelo de negocio. En el mercado de los cines esto no funciona diferente. No obstante, hace unos pocos años, INDECOPI, a través de la Sala Especializada en Protección al Consumidor emitió la Resolución N.º 243-2018/SPC-INDECOPI, a través de la cual sancionó con una amonestación a Cinemark por infringir el artículo 50 literal e) del Código de Protección y Defensa del Consumidor al establecer que los consumidores que hayan adquirido un boleto para asistir a la función de una película en sus instalaciones puedan ingresar a las salas de cine con alimentos que no hayan sido adquiridos en su área de confitería. Es por ello por lo que, en el presente trabajo, no solo analizaremos la discusión sustantiva sobre la comisión de la infracción antes mencionada, estableciendo como cuestión previa el rol del INDECOPI como protector de los consumidores y del adecuado desarrollo del proceso competitivo; sino que, además, discutiremos sobre aspectos formales propios del procedimiento administrativo sancionador relativos a la imputación realizada durante el inicio y la sanción y medida correctiva impuestas hacia el final. Para tal fin, hemos realizado un estudio de fuentes doctrinarias y legislativas, así como pronunciamientos de la Administración Pública y jurisprudencia del Tribunal Constitucional. / To participate in the market, economic agents adopt different strategies and forms of organization to make their offer stand out from those of their competitors. This includes, of course, the type of business model. This is also true in the film industry. However, a few years ago, INDECOPI, through the Specialized Chamber for Consumer Protection, issued Resolution No. 243-2018/SPC-INDECOPI, whereby it sanctioned Cinemark with a reprimand for infringing Article 50, Literal e), of the Code of Consumer Protection and Defense by establishing that consumers who have purchased a ticket to attend the screening of a movie in its facilities may enter the movie theaters with food that has not been purchased in its confectionery area. That is why, in this legal report, we will not only analyze the substantive discussion on the commission of the infringement, establishing as a prior question the role of INDECOPI as a protector of consumers and the proper development of the competitive process, but we will also discuss formal aspects of the administrative sanctioning procedure regarding the imputation made at the beginning and the sanction and corrective measure imposed towards the end. For this purpose, we have made a study of doctrinal and legislative sources, as well as pronouncements of the public administration and the jurisprudence of the Constitutional Tribunal.

Mediante Resolución N° 3011-2017/SPC-INDECOPI, el INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria, respecto a la competencia del mismo en los casos de procedimientos administrativos de oficio en protección al consumidor en materia de servicios financieros, el siguiente criterio: El INDECOPI que no será competente para conocer de oficio las controversias en materia de protección al consumidor en servicios financieros cuando, (i) en primer lugar, la conducta de la entidad supervisada vulnere la normativa de protección al consumidor, y, (ii) en segundo lugar, la conducta se encuentre tipificada en el Reglamento de Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS). El criterio establecido surge en virtud de que, en nuestro país, el sistema de protección al consumidor financiero se encuentra marcado por la intervención de dos autoridades: el INDECOPI y la SBS, lo cual, en algunos casos, crea dificultades al delimitar el ámbito de intervención de parte de dichas autoridades. En el presente artículo, se vio la necesidad de analizar el criterio antes indicado, habiendo determinado que, si bien el mismo representa una propuesta de solución al contexto antes explicado, a través de este, el INDECOPI estaría dejando de ejercer su deber de proteger a los consumidores, toda vez que, si bien bajo nuestro actual régimen de protección al consumidor en servicios financieros da lugar a que una misma conducta sea conocida por dos autoridades distintas – INDECOPI y la SBS –, aquellas actúan con un fundamento distinto. Finalmente, se concluyó que si bien ambas autoridades actúan a fin de tutelar bienes jurídicos distintos, existe una necesidad de replantear el sistema de protección al consumidor financiero, a fin de garantizar una adecuada protección al consumidor.

A través de la Resolución N° 0740-2018/SPC-INDECOPI, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual pone fin en sede administrativa a una denuncia formulada contra Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. por el hecho referido a haber impedido a uno de sus clientes realizar depósitos en su cuenta de ahorros, en atención las normas prudenciales relacionadas al delito de lavado de activos. En ese sentido, en el presente informe se evaluará si existe un parámetro objetivo para evaluar el respeto al deber de idoneidad en aquellos casos donde el proveedor invoque la aplicación de las normas prudenciales establecidas en el artículo 85° del Código de Protección al Consumidor. De igual forma, se analizará si la entidad financiera denunciada cumplió con deber de información, así como cuáles serían las obligaciones dentro del marco normativo actual. Para ello, se tomará en cuenta la normativa emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el Decreto Legislativo N° 1106, así como la normas que tutelan la protección al consumidor y la jurisprudencia emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual