Busca convertir una debilidad en una fortaleza respecto de la vigencia de Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su D.S. 007-2008-VIVIENDA, en la que se aprueba el reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el Área de Control Patrimonial y Almacén de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial del INDECOPI. Al fin del trabajo, se busca demostrar que la implementación de esta investigación, permitirá a nivel nacional incentivar su aplicación en otras instituciones públicas. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Tesis no disponible en línea / En Chile, la población con algún tipo de discapacidad, ya sea mental, física o psíquica, bordea los dos millones de personas. Sin lugar a dudas, uno de nuestros principales deberes como sociedad es velar por la plena integración de los discapacitados, dejando de lado la discriminación y diseñando medidas que garanticen su independencia, participación, y el ejercicio de sus derechos inherentes a la calidad de ser humano. Partiremos dando una visión general relativa a la discapacidad, el derecho de autor y las nuevas tecnologías, para luego dar paso a ciertos cuestionamientos que nos pareció fundamental responder; ¿Era realmente necesario y beneficioso para los discapacitados incorporar la excepción a nuestro ordenamiento, con que argumentos es posible justificarla? ¿Cómo se ha manejado el tema en otros países? ¿Es óptimo el modelo adoptado? Preguntas que iremos resolviendo y desentrañando a lo largo del desarrollo del la memoria. Podemos adelantar que la incorporación de una norma dedicada a la comunidad discapacitada, sumado a un cada vez más desarrollado entorno digital, promete un avance importante en lo referido al acceso a la información y al pleno aprovechamiento de estas nuevas tecnologías, justificándose a primera vista la necesidad de dicha excepción.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho de contratación comparada e internacional ) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En la presente tesis se analiza la regulación internacional del conocimiento tradicional. Se parte con la delimitación conceptual del término “conocimiento tradicional” para luego determinar su titularidad y características primordiales. A continuación se analizan los modelos de apropiación y protección del conocimiento tradicional y su cobertura por los derechos de propiedad intelectual. Luego se estudian la apropiación indebida del conocimiento tradicional, conocida popularmente como biopiratería, y algunos de sus casos más publicitados globalmente. Acto seguido, se desmenuza el debate actual sobre el conocimiento tradicional. Se atiende a la discusión en diferentes foros internacionales, en especial en la UNESCO, en Tratados de Derechos Humanos, en la FAO, en la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), en la OMC (en especial su Acuerdo TRIPS), en Acuerdos con regímenes TRIPS plus y en la Comunidad Andina de Naciones. Por último, se terminan proponiendo soluciones de apropiación y protección del conocimiento tradicional de lege lata y de lege ferenda

En el presente trabajo nos ocupamos de las personas jurídicas en relación a su derecho y a su deber de llevar un nombre. También nos ocupamos brevemente de los diversos signos distintivos, las marcas, las marcas colectivas, las marcas de certificación, los signos distintivos notorios, las marcas renombradas, los lemas comerciales, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen y los nombres comerciales. Exponemos como son definidos y su función que es distinta a la función individualizadora de la denominación social y/o razón social. Teniendo en consideración el concepto y función de cada signo distintivo, cuando pueden entrar en conflicto con una denominación y/o razón social. Por último y como recomendación, sugerimos la modificación de la Ley General de Sociedades (1997). / Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo aborda la Excepción al derecho patrimonial de autor del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, y su aplicabilidad a dos hipótesis de modificación del guion literario de Ficción: la adaptación a guion técnico, y la modificación del argumento de aquella obra. Complementariamente, se analizan los efectos del Derecho a la Integridad del guionista, como límite al derecho o privilegio que pueda ostentar el productor para modificar el guion La investigación implicó la creación de una matriz o esquema para la aplicación de la norma, que permite determinar si una hipótesis de uso de una obra en la producción cinematográfica se acoge a esta excepción. Su utilización permitió demostrar que la adaptación del guion literario de ficción a guion técnico es un uso que se acoge a esta excepción, mas no la modificación del argumento de la obra. Respecto al derecho a la integridad, se concluyó que otorga al guionista, y a todo autor, un derecho irrenunciable a oponerse a toda deformación y mutilación de su obra.

Las demandas de Nulidad de Cosa Juzgada Concursal están destinadas a separar de un procedimiento concursal a los acreedores que sustentan sus créditos en una sentencia judicial o arbitral u otro acto o convenio a los que la ley haya otorgado el carácter de cosa juzgada obtenidos o creados en base a la simulación de créditos. Dada su importancia, la finalidad del presente trabajo es identificar las razones por las cuales algunas de las mencionadas demandas son desestimadas por la autoridad judicial. En el primer capítulo se describen los procedimientos concursales, así como los aspectos referidos al procedimiento de reconocimiento de créditos. El segundo capítulo aborda las diferencias que existen entre la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta y la Nulidad de Cosa Juzgada Concursal. En el tercer capítulo se analizan los factores que determinan que algunas de las demandas sean desestimadas por los jueces y en el que se plantea una modificación legislativa como una vía para mejorar su aplicación por parte de la autoridad judicial. En el cuarto capítulo se exponen los resultados sobre las consultas realizadas a los especialistas en Derecho Administrativo y Derecho Concursal sobre las hipótesis formuladas en este trabajo de investigación, referidas a la eficacia de la propuesta de modificación legal. La conclusión a la que se arribó es que es necesaria una reforma legal que contribuya a la aplicación efectiva de dicha figura jurídica en la vía judicial y así excluir definitivamente de los procedimientos concursales a quienes simulen créditos. / The lawsuits for nullity of bankruptcy res judicata are intended to exclude certain creditors from a bankruptcy proceeding. These creditors support their claims in a judicial or arbitral decision or other act or agreement to which the law has granted a res judicata character obtained or created based on the simulation of credits. Given its importance, the purpose of this paper is to identify the reasons why some of the mentioned lawsuits are dismissed by the judiciary. The first chapter describes bankruptcy proceedings, as well as aspects related to the credit recognition procedure. Likewise, the second chapter addresses differences that exist between the nullity of fraudulent res judicata and the nullity of bankruptcy res judicata. The third chapter studies factors that determine that some of the lawsuits are dismissed by the judges, as well as a legislative amendment to improve its application by the judiciary. Finally, the last chapter explains the results obtained after consulting specialists in administrative law and bankruptcy law regarding the hypotheses formulated in this study about the effectiveness of the said legislative amendment. The conclusion reached is that a legal reform is necessary. It will contribute to the effective application of the said legal figure in order to exclude those who simulate credits into a bankruptcy proceeding. / Trabajo de investigación

El presente artículo busca presentar nociones básicas sobre la publicidad y el Principio de Adecuación Social, así como la posición de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, y el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Asimismo, se hará una comparación con la legislación española y neerlandesa. Para una explicación más dinámica, el tema será visto desde el Fashion Law, y analizaré el controvertido anuncio publicitario de Dolce & Gabbana, donde la modelo Zuo Ye intentaba degustar platillos italianos con palillos chinos; así también, aplicaré la normativa nacional, ello para analizar si el anuncio hubiese sido sancionado en Perú. En una etapa posterior, se brindarán recomendaciones para dilucidar quién es el mejor posicionado para sancionar aquellos anuncios publicitarios que vulneren el Principio de Adecuación Social, ya sea mediante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), o a través del mecanismo de la autorregulación. Además, se expondrá el rol del análisis económico del derecho en el mercado nacional. Finalmente, se presentarán conclusiones y unas breves recomendaciones, las mismas que podrán ser utilizadas para complementar futuros razonamientos de la Sala Especializada en Competencia Desleal del Indecopi. / The article seeks to present basic notions on advertising and the Principio de Adecuación Social, as well as the position taken in the Ley de Represión de la Competencia Desleal and the Código de Protección y Defensa del Consumidor. Likewise, a comparison will be made with the Spanish and Dutch legislation. For a more dynamic explanation, this will be explained from a Fashion Law perspective, and I will analyze Dolce & Gabbana’s controversial advertisement, where model Zuo Ye tried to eat Italian dishes with chopsticks, and I will apply the national regulation. This will be made to analyze whether this advertisement would have been sanctioned in Peru. Afterwards, recommendations will be provided to elucidate who is in a better position to sanction advertisements that violate the principle, either through the Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), or through self-regulation; and the role played by the economic analysis of law in the peruvian market. Finally, conclusions and brief recommendations will be presented, which may complement future reasoning by Indecopi’s Sala Especializada en Competencia Desleal del Indecopi.

El presente informe jurídico analiza la denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) interpuesta por Geo Supply S.A.C., empresa del sector telecomunicaciones prestadora del servicio público móvil satelital, contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por la presunta existencia de una barrera burocrática consistente en la fórmula de cálculo del canon por el uso del espectro radioeléctrico. La denuncia tiene como pretensión que se declare la inaplicación de la metodología de cálculo del canon, al considerarla como una barrera burocrática irracional que impide la ejecución de sus actividades comerciales. El caso refleja un problema jurídico medular que radica en evaluar la naturaleza jurídica del cobro del canon por el uso del espectro radioeléctrico que realiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La posición que se adopte sobre la naturaleza de esta obligación deriva en consecuencias jurídicas distintas respecto a las reglas que deberían regir su determinación y sus características Del caso analizado se derivan diversos tópicos controvertidos en materia jurídica como la naturaleza de los cobros efectuados por la Administración, las características del tributo, el alcance de la potestad tributaria, los mecanismos de interpretación del ordenamiento jurídico, las competencias de Indecopi, la evaluación de la vía idónea para cuestionar la razonabilidad del cobro del canon, entre otros temas que serán evaluados bajo el prisma de la teoría general del derecho. En las conclusiones de este informe se confirman nuestra primer hipótesis de investigación referida a que el canon por uso del espectro radioeléctrico tiene naturaleza tributaria, al calificar como una tasa de la especie derecho, así como nuestra segunda hipótesis que sostiene que la vía adecuada para cuestionar la razonabilidad del cobro del canon es el proceso contencioso administrativo o los procesos de acción popular o amparo en sede constitucional, en cuyo ámbito se puede efectuar un control de constitucionalidad de la razonabilidad del importe cobrado. / This legal paper analyzes the complaint filed before Indecopi by Geo Supply S.A.C., a telecommunications company engaged in the provision of public mobile satellite service, against the Ministry of Transportation and Telecommunications for the alleged existence of an administrative barrier consisting in the formula to calculate the fee for the use of the radio electric spectrum (“canon fee”). This complaint seeks to declare the non-application of the fee calculation methodology, considering that such methodology qualifies as an irrational administrative barrier that prevents the execution of its commercial activities. The case reflects a key legal problem that lies in evaluating the legal nature of the canon fee charged by the Ministry of Transportation and Communications. The position adopted on the nature of this obligation leads to different legal consequences with respect to the rules that should regulate its determination and characteristics From the case analyzed, several controversial topics in legal matters are derived, such as the nature of the fees charged by the Administration, the characteristics of the tax, the scope of the taxation power, the mechanisms of interpretation of the legal system, the competences of Indecopi, the evaluation of the suitable procedure to question the reasonableness of the canon fee, among other topics that will be evaluated under the prism of the general theory of law. The conclusions of this report confirm our first research hypothesis that the canon fee it’s a tax, as it qualifies as a fee of the type of law, as well as our second hypothesis that the appropriate way to question the reasonableness of the canon fee is the administrative litigation process or the processes of popular action or amparo in constitutional venue, in which a control of constitutionality of the reasonableness of the amount charged by the Administration can be carried out.

El presente trabajo tiene como finalidad analizar la Resolución Nro. 0479-2014/SDCINDECOPI contenida en el Expediente Nro. 002-2009-CLC, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual -Sala Especializada en Defensa de la Competencia- del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), mediante la cual se establece que, a efectos de la aplicación del artículo 3 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, deberá entenderse que la interpretación de la "norma legal" en la que se basa la exención del control antitrust debe ser restrictiva o literal, es decir, la norma debe autorizar (u obligar) claramente la conducta bajo análisis y no debe aplicarse extensivamente a otras conductas. Así, para el caso concreto, desde un análisis de las instituciones del Derecho de Trabajo, y en especial de las del Derecho Colectivo de Trabajo, y del Derecho de Libre Competencia se analizarán los siguientes tres aspectos relevantes de la Resolución emitida: i. Si la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas es aplicable o no a los sindicatos respecto al ámbito subjetivo regulado en este dispositivo legal. ii. Si la legislación laboral, en particular aquella aplicable a las actividades sindicales, establece una exención (expresa o implícita) a favor de dichas organizaciones en lo que respecta a la aplicación de la legislación de libre competencia (ámbito objetivo de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas) iii. Si, de ser el caso, el actuar de los sindicatos denunciados en el procedimiento seguido resulta sancionable por la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas Del análisis de los puntos antes expuestos, se concluye, en primer lugar, que los sindicatos sí son agentes económicos, dado que son entidades de derecho privado y sin fines de lucro, cuyos integrantes (los trabajadores) realizan una actividad económica al ofrecer su fuerza de trabajo en el mercado, por lo que se encuentran dentro del ámbito subjetivo de 1 la norma en mención. En segundo lugar, respecto al ámbito objetivo del D.L 1034, compartimos el criterio de observancia obligatoria expuesto en la Resolución 0479- 2014/SD C-INDECOPI, en el sentido de que el criterio de exclusión debe orientarse a analizar si la conducta imputada como anticompetitiva es consecuencia de una autorización o permiso de la norma pertinente del sector (sin que ello represente una afectación a los principios que el derecho laboral / colectivo busca defender). Finalmente, consideramos que, a pesar de que las normas de competencia y las de relaciones laborales / colectivas buscan objetivos que podrían entenderse como contrapuestos, es posible una convivencia entre estas dos instituciones, siendo incluso que la aplicación de las normas de competencia puede llegar a ser beneficiosas en las relaciones laborales (con un énfasis especial en los trabajadores).

El Indecopi, en el ejercicio de sus funciones, realiza diversas acciones con el objetivo de proteger los derechos de las y los consumidores. Para ello, a través de la Dirección de Fiscalización (DFI), ejecuta acciones de fiscalización respecto del cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a proveedores de actividades económicas bajo su competencia. Debido a que estas acciones de fiscalización coadyuvan al objetivo del Indecopi, se configuran como intervenciones públicas sujetas de ser evaluadas. En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional se expone mi experiencia profesional como apoyo especializado en Economía en la DFI, en la evaluación de impacto de las fiscalizaciones realizadas durante el año 2019.1 En específico, se tuvo por objetivo evaluar el impacto de las fiscalizaciones orientativas sobre el nivel de incumplimiento de las obligaciones fiscalizadas. De la evaluación se evidenció que las fiscalizaciones orientativas tienen un impacto efectivo en la disminución del nivel de incumplimiento, es decir, del comportamiento infractor por parte de los proveedores.