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Doctor en derecho / Los mecanismos de solución de controversias (abreviados en este estudio con la sigla MSC) representan el foro que decide las demandas comerciales interpuestas por los Gobiernos (y en algunos casos los privados) que se ven perjudicados por el incumplimiento de la normativa jurídica comercial acordada entre un grupo de países. Estos foros congregan métodos no jurisdiccionales (negociaciones) y jurisdiccionales (arbitraje, tribunales) de solución de controversias 1 . Los MSC son vitales para persuadir a los países a cumplir la normativa de integración acordada y, por esto, para conferir estabilidad a los bloques de integración; además de llenar los vacíos de esta normativa y solucionar ambigüedades jurídicas.2 Cumplen una función clave ya que posibilitan que los Gobiernos recurran a una tercera instancia imparcial que resuelva las diferencias contribuyendo, de esta forma, a evitar que un conflicto comercial se politice y se vea afectado por otras consideraciones no comerciales que pueden eventualmente agravar la disputa.

Durante cientos de años el Derecho ha propuesto un guion de ficción, según el cual las decisiones legales se basan únicamente en los hechos y la ley aplicable. El objetivo de este trabajo es enfrentar dicha creencia popular. Las decisiones de jueces, árbitros y jurados se ven influenciadas por emociones, atajos cognitivos, el ambiente que los rodea, entre otros factores. Así, buscamos demostrar que la inserción de aspectos de la psicología cognitiva y biología a los modelos de comportamiento humano logra mayor capacidad predictiva, comprobar la existencia de heurísticas, sesgos y emociones que afectan la toma de decisiones de los individuos y reflexionar sobre las herramientas otorgadas a los jueces para cumplir con su función. Para ello, nos valemos de los instrumentos desarrollados por la Psicología Cognitiva y Psicología Evolucionista, con énfasis en el Appraisal Tendency Framework, para indagar, a través de estudios propios y de terceros, en la influencia de atajos cognitivos en las decisiones legales (y, específicamente, el impacto del enojo en las decisiones de responsabilidad civil). A partir de ello concluimos que el enojo es un catalizador de justicia; una emoción asociada a la tendencia a responsabilizar al infractor, compensar a la víctima y, en general, brindar el impulso necesario para luchar contra lo que consideramos injusto. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con este trabajo, pretendo colaborar a dar un mejor y mayor uso, en la nueva justicia penal chilena, a mecanismos que otorgan una resolución pacífica y más eficiente de los conflictos jurídico penales entre las personas. Considero que con la reparación – entendida como una forma legítima de reacción frente al delito – está cambiando la manera de percibir los conflictos penales y cómo les damos solución. Una respuesta que debe basarse en los principios y valores de un Estado democrático de derecho, que a través de la mediación, intentará satisfacer no sólo el interés del Estado por reestablecer el orden y la paz social, sino que también los intereses de las víctimas y de los imputados, verdaderos protagonistas del conflicto que se deriva de la comisión de un delito

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

El presente trabajo busca realizar un estudio integral del Arbitraje de Consumo. Para lo cual analizaremos la propuesta normativa del Sistema de Arbitraje de Consumo peruano, estableciendo las condiciones necesarias para su viabilidad en nuestro ordenamiento jurídico, proyectando el posible desempeño de los diversos actores del Arbitraje de Consumo en el Perú y proponiendo su implementación gradual en el sector de mayor cantidad de Reclamos y Denuncias Administrativas en nuestro Sistema de Protección al Consumidor, el Sector Bancario y Financiero en la Sede Central del Indecopi. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto analizar el estado de la legislación chilena en materia de solución de conflictos, específicamente en relación al contrato de seguro. El segundo objetivo de este trabajo es determinar si el método empleado por el legislador a través de la ley 20.667 de 9 de Mayo de 2013 se adecúa a los estándares del debido proceso legal. Para dicho cometido, en un inicio se abordarán las generalidades del contrato de seguro. Posteriormente, se analizarán los aspectos del arbitraje, su relación con el derecho comercial y en particular con el contrato de seguro. Luego, se desarrollarán los aspectos del debido proceso legal y la manera como se cristaliza dicha garantía fundamental en el arbitraje. Finalmente, se realizará un análisis práctico del derecho de seguros a la luz de la jurisprudencia y de la doctrina nacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Panel de Expertos es el ente técnico que dirime las discrepancias que se suscitan dentro del sistema eléctrico chileno, tanto entre particulares, como entre particulares y el regulador. La naturaleza jurídica del Panel ha sido objeto de extensos debates académicos y legislativos, producto de la particular característica de sus dictámenes: ellos son vinculantes e irrecurribles. La Corte Suprema se ha pronunciado desfavorablemente sobre el Panel en diversos Oficios a lo largo de los años, indicando al Legislador la importancia de que se aclare expresamente la naturaleza jurídica del mismo. A pesar de ello y de esta suerte de limbo jurídico, en sus 13 años de funcionamiento el Panel goza de una favorable apreciación entre los entes sometidos a sus dictámenes. El presente trabajo pretende dar luces acerca de las diversas posturas doctrinarias existentes respecto a su naturaleza jurídica, y entregar una propuesta que permita subsanar las afectaciones constitucionales derivadas de la inimpugnabilidad de sus dictámenes. Palabras clave: Panel de Expertos, solución de controversias, Sistema eléctrico, naturaleza jurídica.

El presente trabajo académico analiza la importancia de la facultad de solución de controversias a cargo de los organismos reguladores como instrumento de regulación y como mecanismo que busca armonizar los intereses privados con el interés público. En ese sentido, el trabajo académico reconoce a la facultad de solución de controversias como una auténtica función pública al servicio del interés general. Como consecuencia de lo anterior, el trabajo académico cuestiona el retroceso que se viene experimentando en el ejercicio de la facultad de solución de controversias debido, principalmente, a la creciente popularidad del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias. En esa línea, en el trabajo se abordan las posibles causas que habrían derivado en el retroceso en el ejercicio de la facultad de solución de controversias. Finalmente, el trabajo académico contiene una propuesta normativa que busca reafirmar la naturaleza de la facultad de solución de controversias como función pública y garantizar su ejercicio efectivo por parte de los organismos reguladores. Como se indica en el presente trabajo académico, la implementación de una mejora normativa resulta indispensable para evitar el ocaso de la facultad de solución de controversias frente al avance de la jurisdicción arbitral.