Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto estudiar los aspectos centrales de la institucionalidad chilena vinculada con las aguas, con el fin de identificar las principales dificultades y falencias que, en nuestro sistema de gestión de recursos hídricos, deben ser abordadas para mejorar la administración de este recurso natural. Para lo anterior, en primer lugar, se revisará el estatuto jurídico del agua en su calidad de bien nacional de uso público, lo que permitirá comprender la relación existente entre las aguas y la institucionalidad que las gestiona. En segundo lugar, se estudiarán los aspectos centrales de la regulación de las aguas como bienes nacionales de uso público, lo que nos permitirá sentar las bases para entender a continuación el régimen jurídico especial al que se encuentran sometidas, y el rol que le corresponde desempeñar a la institucionalidad pública en su gestión. En tercer lugar, se analizará la situación de las aguas en el derecho comparado, estudiando con este fin la experiencia de Francia, España, Estados Unidos, Israel, Uruguay y Argentina. Se mostrará la realidad de estos seis países en la materia, a partir del análisis respecto de cada uno de ellos de una serie de variables comparables. En cuarto lugar, se revisarán los distintos actores públicos y privados que componen la institucionalidad vinculada con el agua en Chile. En quinto lugar, se estudiará en detalle el principal organismo público en materia de gestión de recursos hídricos en nuestro país, es decir la Dirección General de Aguas. Para terminar, se presentará un conjunto de consideraciones finales relacionadas con las principales dificultades de nuestra institucionalidad en la materia, los esfuerzos recientemente emprendidos y los desafíos pendientes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con la llegada de la nuevas tecnologías digitales, hablando derechamente de Internet, se han ampliado aún más las posibilidades de explotación de obras protegidas por el derecho de autor, explotaciones que, por el imperante anonimato de la Web, suelen no estar autorizadas. En efecto, Internet no tiene Constitución, reglamentos ni nada parecido. No existe allí algún organismo central de control, por el contrario, la regla general es la libertad para hacer: desde grandes compañías hasta simples usuarios, con o sin fines de lucro, se transforman simultáneamente en emisores y receptores de información y a través de las hiperuniones es posible llegar (queriéndolo o no) a alguna obra protegida por derecho de autor. Sin embargo, a pesar de las múltiples explotaciones que pueden realizarse en el nuevo entorno digital, el derecho de autor se ha mantenido coherente debido a que los principios básicos pueden y deben seguir aplicándose sin modificaciones: todas las explotaciones protegidas por propiedad intelectual, por regla general, deben ser realizadas previa autorización, las excepciones siguen siendo las mismas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El aumento explosivo de los intercambios comerciales, fenómeno que se ha intensificado en las últimas décadas, siendo éste un ejemplo manifiesto de los efectos de la globalización, han obligado al derecho internacional hacer eco de las divergencias y problemáticas que se originan en razón del mismo y que entorpecen el libre intercambio transfronterizo de bienes. El intercambio de bienes entre distintas naciones, ha condicionado la colisión normativa y práctica no solo de consideraciones de índole económica, sino también en materias tan disímiles como el medio ambiente, derechos humanos y propiedad intelectual e industrial. Con el objeto de fortalecer sus relaciones y favorecer la integración, las distintas naciones han celebrado ya de larga data, tratados internacionales con miras a reglamentar en forma armónica materias de interés para cada uno de los estados firmantes. Sin perjuicio de lo anterior, la extensión de los mismos es acotada, toda vez que estos versan sobre materias pormenorizadas, lo que sumado a detentar un carácter vinculante relativo, -las normas contenidas en el mismo son solo vinculantes e imperativas para los suscribientes-, impiden la coexistencia armónica con otros tratados de igual naturaleza entre otras naciones, e incluso con Acuerdos tendientes a reglamentar en forma integral las materias antes mencionadas. A la luz de lo anterior, ha sido necesario coordinar la entrada en vigencia de instituciones y regímenes que propendan a reglamentar en forma integral aquellas materias que ocasionan controversia, entendiendo que la deficiencia del derecho internacional es la ausencia de una institucionalidad central que permita la creación de una normativa general, cuya aplicación y extensión sea conducida con miras a beneficiar el desarrollo de la comunidad internacional. Al respecto las organizaciones internacionales encargadas de regular y fiscalizar el eficiente intercambio de bienes y servicios, ya sea GATT, OMC, etc., han entendido que ya no solo basta con regular con miras ha evitar la existencia de barreras arancelarias, discriminación entre las partes contratantes en iguales condiciones y competencia desleal, sino que en el ultimo tiempo se ha hecho gravitante la reglamentación de un nuevo elemento que entorpece las relaciones comerciales: La Propiedad Intelectual. Es así como al alero de la OMC, organización que desde su entrada en funcionamiento el año 1994 ha logrado el difícil cometido de lograr la coexistencia armónica y la interrelación económica de sus estados Miembros, es que nace el acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual en el comercio), conocido como TRIPS Agreement, encargado de armonizar la normativa internacional existente en materia de Derechos de Propiedad Intelectual y de regular aquellas materias que en tratados anteriores habían sido excluidas, extendiendo en este respecto, su campo de acción a materias tan controversiales como la salud, difusión del conocimiento, alimentación y educación.

Este trabalho estuda a desjudicialização da execução por quantia enquanto técnica de aceleração do processo, de modo a avaliar sua possibilidade e funcionalidade para a melhora da atual crise de sobrecarga enfrentada pelo Poder Judiciário. O trabalho apoiou-se principalmente em revisão bibliográfica, análise de dados estatísticos e em pesquisa de campo realizada junto a um cartório judicial. Está dividido em três capítulos, dispostos da seguinte forma. O primeiro capítulo desenvolve o conceito de desjudicialização da execução para, em seguida, analisar o histórico e momento atual das codificações brasileiras de processo civil, identificando, em cada caso, movimentos de desjudicialização. Posteriormente, pontua os principais aspectos do devido processo legal atual que têm relevância para o estudo da desjudicialização. Após, analisa os dados estatísticos acerca da sobrecarga do Poder Judiciário, dando ênfase ao impacto dos processos executivos nos gabinetes e cartórios judiciais. O segundo capítulo estuda procedimentos executivos esparsos do ordenamento brasileiro que também fazem uso da desjudicialização, bem como a utilização da técnica em ordenamentos estrangeiros. O terceiro e último capítulo analisa, primeiramente, de modo geral e abstrato, qual a viabilidade de se utilizar as diversas formas de desjudicialização à luz dos aspectos relevantes do devido processo legal destacados no primeiro capítulo. Finalmente, com base no diagnóstico de sobrecarga do Poder Judiciário do primeiro capítulo, aponta as características e os principais elementos para se aplicar a desjudicialização de forma mais incisiva no procedimento geral de execução por quantia, de modo a contribuir com a melhora da crise de morosidade enfrentada pelo Poder Judiciário. De forma conclusiva, pode-se dizer que a desjudicialização é técnica compatível com o devido processo legal e que uma iniciativa desjudicializada que crie uma alternativa para os cartórios judiciais pode ser um primeiro passo para que, dentre outras melhorias, seja possível um progressivo alívio no fluxo de processos levados ao Judiciário / This study analyzes the possibility and functionality of the de-judicialization of debt enforcement as a technique to accelerate the procedure, with the purpose of reducing the overload of court cases faced by the judiciary system. The study relied on extensive review of the literature, statistical data analysis and field research carried out in a notary public office. The text is divided into three chapters. The first one develops the concept of de-judicialization of the enforcement, with the subsequent analysis of the Brazilian codifications of the civil process through the history to the present, identifying, in each case, movements of de-judicialization. It also presents the main aspects of the present due process of law, that are relevant for the study of the de-judicialization and analyses statistical data on the court system overload, emphasizing the impact of the executive proceedings on chambers and notary public offices. The second chapter presents Brazilian sparse executive proceedings that also make use of de-judicialization, as well as the use of the technique abroad. The third chapter analyses, first, in a general and abstract point of view, the viability of using the different forms of de-judicialization, as per relevant aspects of the due process of law referenced in the first chapter. Finally, based on the diagnose of overload of the court system presented in the first chapter, it`s appointed characteristics and main elements for the implementation of de-judicialization in a more effective way in the general proceeding of debt enforcement, as a way to reduce the lengthy of the Brazilian courts. Conclusively we can say that de-judicialization, is a technique that meets the due process requirements and represents a de-judicialized initiative that provides an alternative for the notary public offices, which may become a first step, among others, to a progressive relief in the flow of cases brought to the judiciary system.

Por que uma instituição se estabelece com maior facilidade em um local do que em outro? Essa questão motiva o presente trabalho, que investiga em perspectiva comparada a criação da Defensoria Pública instituição concebida para prestar assistência jurídica nos Estados brasileiros a partir de um marco comum: a Constituição de 1988. A abordagem institucionalista deste estudo sustenta que, para explicar a questão enfrentada, é preciso direcionar o foco da investigação para a estrutura institucional e para os atores que compõem o sistema de justiça. Dessa maneira, a hipótese formulada e avaliada nesta pesquisa demonstra que arranjos institucionais implantados em certos Estados, antes de 1988, para desempenhar a assistência judiciária fixaram atores interessados na sua permanência, e isso dificultou a criação da Defensoria local. Esses arranjos institucionais conferiam a setores da Procuradoria-Geral do Estado e/ou a advogados particulares a função de atender juridicamente as pessoas pobres. Arranjos diferentes de assistência judiciária, presentes em outros Estados, produziram o efeito contrário, ou seja, estimularam certos atores a buscarem o desenvolvimento do modelo proposto pela Constituição. Em outras palavras, a implementação da Defensoria não ocorreu em terreno vazio, mas, ao contrário, teve que disputar o espaço já ocupado por outras instituições e atores no interior do sistema de justiça. Sua criação enfrentou constrangimentos maiores em alguns Estados por causa do tipo de arranjo institucional de assistência judiciária previamente existente. Veremos que essa abordagem, além de destacar o potencial do institucionalismo histórico para analisar mudanças institucionais do sistema de justiça, coloca em evidência o ativismo político de atores estatais como elemento central da explicação. Esse ativismo é essencial para compreender o desenvolvimento da Defensoria Pública no Brasil. / Why does an institution take root more easily in one place than in other? This issue motivates the present study, which investigates in a comparative perspective the creation of Public Defenders Office an institution designed to provide legal aid in the Brazilian States, considering the existence of a common legal base: the Federal Constitution from 1988. The studys institutionalist approach argues that, to explain the question addressed, it is necessary to direct the researchs spotlight to the structure and actors, which composes the justice system. Thus, the developed and evaluated hypothesis shows that institutional arrangements embedded before 1988 in certain States to promote legal aid have set some actors interests in the status quo maintenance, and that hampered the creation of Public Defenders Office in such States. These institutional arrangements ascribed legal aid to State Attorney Generals departments and/or to private lawyers. There were different frameworks of legal aid in other States, which engendered the opposite effect, that is, they prompted some actors to seek to develop the model proposed by the Constitution. In other words, the Public Defenders Office was not implemented in emptiness; instead it had to contend for space within justice system that was already occupied by other actors and institutions. Its creation faced major constraints in some States because of the kind of earlier existing institutional arrangements for legal aid. We will see that this approach, besides highlighting the historical institutionalisms potential to analyze changes in Brazilian justice system, emphasizes the political activism of state actors as a key factor for the explanation. This kind of activism is essential to understand the development of Public Defenders Office in Brazil.

[pt] A presente dissertação pretende abordar os aspectos empíricos da atuação do Tribunal de Contas da União (TCU) no Brasil desde o início da vigência da Constituição de 1988 até 2010. Para tanto, o trabalho se inicia com uma abordagem teórica sobre a prestação de contas estatais, representada por meio do fenômeno da accountability, sendo utilizada a análise realizada por diversos cientistas políticos, notadamente no contexto latino americano. Em um segundo momento, passa-se ao estudo da figura dos Tribunais de Contas, sintetizando as características de alguns modelos base de órgãos de controle externo existentes em outros países, discorrendo-se, posteriormente, sobre breves aspectos históricos do TCU – com ênfase para os debates da Constituinte de 87-88 -, desembocando nos aspectos normativos e institucionais da Corte de Contas no Brasil. Por fim, o trabalho revela as reais feições da atuação do TCU, demonstradas por meio da comparação jurídica sucessiva interna, realizada sob dois principais aspectos norteadores referentes ao Tribunal (a apreciação anual das contas prestadas pelo Presidente da República e o exercício de algumas atividades ordinárias do TCU, tais como fiscalizações, recebimento de denúncias, cobrança executiva, dentre outras), recobrindo o período de 1989 a 2010. / [en] This essay intends to cover the empirical aspects of the performance of the Federal Audit Court (Tribunal de Contas da União - TCU) since the beginning of the Constitution of 1988 to 2010. To this end, the work begins with a theoretical approach on the state accountability, represented by the accountability phenomenon, analyzed by several political scientists, especially in the context of Latin America. In a second moment, we pass to the study of the figure of the Audit Courts, summarizing the characteristics of some base models of external control agencies in other countries, writing, after that, about brief historical aspects of TCU - with emphasis on the debates of the 87-88 Constituent - and culminating in the regulatory and institutional aspects of the Federal Audit Court in Brazil. Finally, the work reveals the real features of the action of TCU, demonstrated by the legal successive internal comparison, carried out under two main guiding aspects related to the Court (the annual review of accounts rendered by the President and the exercise of some ordinary activities of TCU, such as inspections, receiving complaints, executive lawsuits, among others), covering the period from 1989 to 2010.

Submitted by admin tede (tede@pucgoias.edu.br) on 2016-09-01T18:47:12Z No. of bitstreams: 1 WALÉRIO MAGALHÃES BANDEIRA.pdf: 638499 bytes, checksum: 076850cede05ad0d47d19d649279c29f (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-01T18:47:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 WALÉRIO MAGALHÃES BANDEIRA.pdf: 638499 bytes, checksum: 076850cede05ad0d47d19d649279c29f (MD5) Previous issue date: 2013-12-09 / Started in England in the second half of the eighteenth century , the Industrial Revolution gave rise to a radical change in society , giving rise gradually worldwide relations of mass, with the production and distribution of goods and services on a large scale , affecting the lives hundreds , thousands or millions of people, sometimes by a single act or legal fact , highlighting transindividual or collective and hence giving rise to the "second great wave of law" rights , which is the protection of collective rights ( the first wave focused on providing access from " poor " to justice through legal aid ) . This work follows the movement of the " third great wave " , which aims to identify the pitfalls for the effectiveness of collective process , and to achieve this objective should be analyzed: a) proper access to justice , with the delivery of the good life by correct representation of the trust b ) the essential exercise a more active role of the judge and humanized c ) the extension of the concept of res judicata ed ) on the effective coercive means for the proper fulfillment of obligations . To achieve this aim , we build on the innovations brought about by the "Preliminary Draft Model Code of Collective Processes for Ibero - America," written by Brazilian Scholars , in a comparative study with the national legal system , for, through a critical approach delineate problems in national legal system , finally finding answers that solve . / Iniciada na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, a Revolução Industrial deu ensejo a uma mudança radical na sociedade, fazendo surgir gradativamente em todo mundo as chamadas relações de massa, com o advento da produção e circulação de bens e serviços em larga escala, o que afetou, direta ou indiretamente, a vida de centenas, milhares ou até milhões de pessoas, por vezes em razão de um único ato ou fato jurídico, pondo em evidência a necessidade da tutela dos chamados direitos transindividuais ou coletivos “lato sensu”, o que fez surgir o movimento jurídico conhecido como a “segunda grande onda do direito”: a da tutela dos direitos coletivos (a primeira onda tratou do acesso pelos “pobres” à justiça por meio da assistência judiciária). O presente trabalho segue o movimento da “terceira grande onda”, que visa identificar os escolhos para a efetividade do processo coletivo e, para alcançar tal desiderato, serão analisados os seguintes pontos: a) o devido acesso à justiça, com a entrega do bem da vida pela correta representação dos tutelados; b) a imprescindibilidade de um novo papel, mais ativo e humanizado, do juiz; c) o alargamento da noção de coisa julgada e d) dos meios coercitivos eficientes para o devido cumprimento das obrigações, a fim de se realizar a entrega da tutela jurisdicional. Para alcançar tal desiderato, toma-se como base as inovações trazidas no “Anteprojeto do Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América”, inovador trabalho elaborado por doutrinadores de escol dos países interessados, sob direção de eminentes doutrinadores brasileiros. O presente trabalho trata, assim, de um estudo comparado do homenageado anteprojeto com o ordenamento jurídico pátrio, objetivando, por meio de uma abordagem crítica, delinear os problemas existentes no atual sistema jurídico brasileiro, a fim encontrar respostas ou rotas que os solucionem.

A presente dissertação de mestrado versa sobre o fenômeno da corrupção no setor privado e sobre a necessidade de sua tipificação no ordenamento jurídico do Brasil, país em que a celebração de pactos sceleris é recorrente, seja na esfera pública, seja no âmbito das relações entre particulares. Inicia-se o trabalho acadêmico com a análise das características elementares do fenômeno da corrupção, que em sua conformação tradicional apenas é sancionado pelo Direito Penal nas hipóteses em que agente vinculado ao setor público integre o acordo delitivo. Nos últimos anos, todavia, nota-se que também atos de corrupção perpetrados na esfera privada têm recebido disciplina jurídico-penal, circunstância justificada pela hodierna conjuntura socioeconômica. Em seguida, é abordado o tratamento dispensado à corrupção privada pelos organismos supranacionais e internacionais de criação de Direito, com enfoque para o Conselho da União Europeia, o Conselho da Europa, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Africanos, que já criaram diplomas normativos voltados ao tratamento do fenômeno. Analisam-se, posteriormente, sob um viés comparado, os ordenamentos jurídicos da Inglaterra, da Alemanha, da França, da Itália e da Espanha, que dispõem de preceitos legais incriminadores para coibir os acordos corruptivos firmados entre particulares. A seguir, considerada a heterogeneidade das soluções tocantes ao assunto oferecidas pelas entidades mencionadas e pelo Direito alienígena, desenvolve-se sugestão de modelo político-criminal a ser acolhido pelo legislador brasileiro, com a identificação de bem jurídico que deve ser contemplado no momento de definição dos comportamentos caracterizadores da corrupção no setor privado. Por fim, direcionando cuidados à observância dos princípios fundamentais da ultima ratio, da subsidiariedade, da fragmentariedade e da legalidade estrita, faz-se proposta de tipificação penal do fenômeno, com a definição das condutas de corrupção privada que julgamos devam ser sancionadas na ordem jurídica brasileira. / The present masters degree dissertation speaks of the phenomenon of corruption in the private sector and of the need for its classification within the Brazilian legal system, a country where pactos sceleris agreements happen quite often, whether in the public sector or in relations between individuals. The academic work begins with the analysis of the elemental features of the corruption phenomenon, which, in its traditional conformation, is only sanctioned by criminal law in cases where the agent linked to the public sector integrates the offense agreement. In recent years, however, it is noticed that acts of corruption committed in the private sphere have also received legal and penal discipline, a circumstance justified by contemporary socioeconomic factors. After that, it addresses the treatment meted out to private corruption by supranational and international bodies of Law creation, focusing on the European Union Council, the Europe Council, the United Nations (UN) and the Organization of African States, which have already created regulatory instruments aimed at addressing such phenomenon. It then analyses, under a compared bias, the legal systems of England, Germany, France, Italy and Spain, which have incriminating legal provisions to restrain corruptive agreements between private individuals. Then, considering the heterogeneity of solutions regarding the subject offered by the aforementioned entities and by the Alien law, a suggestion of politicalcriminal model to be accepted by the Brazilian legislature is developed, with the identification of legal content that must be considered when setting behaviours featured as corruption in the private sector. Finally, carefully complying with the fundamental principles of ultima ratio, as well as subsidiarity, fragmentary and strict legality, a penal classification of the phenomenon is proposed, with the definition of private corruption conducts we believe should be sanctioned in the Brazilian Law.

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a dinâmica histórica institucional do financiamento da cultura, no Brasil e na França, no âmbito federal e central, respectivamente. Dessa forma, procurou-se examinar o contexto histórico de ambos países, em quase 60 anos. A escolha desses países se deu devido às distintas abordagens ao tema. O caso francês remete à intervenção estatal e ao financiamento direto (orçamento público), enquanto o caso brasileiro apresenta maior ênfase no mercado privado e financiamento indireto, em especial o mecenato (leis de incentivo fiscal). Para tanto, empregou-se a teoria do Institucionalismo Histórico para entender o desenvolvimento do campo, analisando-se aqui a interação entre atores, interesses e idéias, o que nos permite identificar os acontecimentos que levaram a um gradual processo de mudança institucional. A fim de complementar a análise teórica foram coletados dados, por meio de análise bibliográfica e documental, e pela realização de entrevistas, o que permitiu a interpretação e sintetização das informações, diante de uma análise histórica descritiva, com o intuito de compreender o atual formato de financiamento para o campo cultural, resultando em um estudo comparado entre Brasil e França. Ao longo dessa pesquisa foi possível verificar que ambos os países utilizam as duas formas de financiamento, adotando assim um modelo misto para a cultura. Sendo assim, o presente estudo tem por finalidade apontar a dinâmica histórica do financiamento para a cultura no Brasil e na França, buscando assim contribuir para o debate de financiamento das políticas culturais / This research seeks to analyze the evolutionary process of financing culture in Brazil and France at both the federal and central level. Thus, its purpose is to examine the historical context of both countries in nearly 60 years. These countries were chosen because they provide different approaches to the subject. The French case refers to state intervention and to direct financing (public budget), while the Brazilian case emphasizes on the private market and indirect financing, especially patronage (fiscal incentive laws). To do so, we used the theory of Historical Institutionalism to understand the development of the field, analyzing here the interaction between actors, interests and ideas, allowing us to identify the events that led to a gradual process of institutional change. In order to complement the theoretical analysis, data were collected through bibliographical and documentary analysis and by conducting some interviews as well. This enabled us to interpret and synthesize the given information and mold it into a descriptive historical analysis, aiming to understand the current financing format for the cultural field, which resulted in a comparative study between Brazil and France. It was possible to verify in this research, that both countries use both financing forms, therefore adopting a mixed model for culture. Thus, this study aims to identify the evolution of financing for culture in Brazil and France, seeking to contribute to the debate of cultural policies financing