Nuestra realidad corporativa evidencia una situación inquietante que, muchas veces, impide el correcto desarrollo de la empresa. Dicha situación hace referencia al problema de agencia y los abusos de poder que se dan en el seno de la empresa. Tal problema reside en el desequilibrio de poder entre los shareholders mayoritarios y minoritarios, sobre todo en mercados emergentes como el peruano, donde el sistema legal no es efectivo ni confiable. En determinadas situaciones, estos desequilibrios de poder se hacen más evidentes: votaciones de Junta General de Accionistas, retención injustificada de beneficios, falta de información transparente y oportuna, o dilución deliberada del capital social de la empresa. Toda empresa nace con intención de permanencia y desarrollo en el mercado. Por ello, frente a los problemas que se puedan presentar, consideramos que la celebración de convenios societarios que contengan cláusulas que protejan al accionista minoritario, sería entendida como práctica de buen gobierno corporativo. Ello, en la medida que, lo que se pretende es que la empresa sea una entidad que refleje respeto e igualdad hacia todos sus stakeholders, así como transparencia y responsabilidad. Es decir que, lo que se debe procurar es una sinergia corporativa entre ambas instituciones. En ese contexto, la presente investigación se ha valido de comparar tres sistemas jurídicos con los cuales el Perú guarda relaciones histórico – comerciales. Asimismo, se han estudiado dos casos: Chiquitoy y La Polar, con la finalidad de aterrizar los conceptos teóricos en la realidad mercantil. De manera que, las conclusiones finales de la investigación evidencian que es posible proteger al accionista minoritario de manera cabal, en la medida que la cultura corporativa se alinee con los objetivos de la empresa, la cual se entiende como la búsqueda de la permanencia y crecimiento de la sociedad en el mercado.

El Estado peruano es un Estado Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 01 de enero de 1995. A partir de ese momento, este país asumió determinadas obligaciones internacionales como consecuencia de la suscripción del Acuerdo por el que se establece la OMC , junto con los Acuerdos Comerciales Multilaterales de la OMC , todos ellos denominados “Acuerdos de la OMC”. En general, el Perú, como Estado miembro, le es atribuible la obligación de asegurar la conformidad de sus normas, regulaciones y procedimientos administrativos con las disposiciones contenidas en los diferentes acuerdos de la OMC. Sin embargo, lo anterior no siempre sucede y en diversas ocasiones la Administración Pública del Estado peruano puede emitir internamente medidas inconsistentes con los acuerdos de la OMC. Las personas, empresas privadas y en general, toda personas dedicada a una actividad comercial en el territorio peruano son actores importantes en el intercambio comercial internacional de bienes y servicios, influyendo directamente en el crecimiento económico del país en un contexto cada vez más globalizado. Sin embargo, muchas veces éstos se ven directamente afectados por medidas establecidas por la Administración Pública del Estado inconsistentes con los acuerdos de la OMC.

Desde hace más de treinta años, en gobiernos democráticos y autoritarios, se viene hablando de la necesidad de reformar la justicia en el Perú, asumiéndose como posibles soluciones el incremento presupuestal, asegurar el nombramiento de magistrados capaces para los cargos más importantes o promover la modificación de la estructura del Poder Judicial. Sin embargo, existe un problema al cual parece haberse dado importancia secundaria: el acceso de los ciudadanos a la justicia.

En los últimos años, el uso y el avance de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), han cobrado un rol importante en el desarrollo de la economía digital, pues es gracias al uso de la tecnología que diversas actividades tradicionales como la venta de productos, o el desarrollo de transacciones bancarias han podido ser simplificadas. Sin embargo, pese a que el uso de la tecnología ofrece una gran gama de oportunidades y que facilitan el desarrollo de actividades, sectores como el retail, consumo y financiero se han visto afectados de forma directa por su uso, a raíz de la mayor incidencia de ciberataques; es en tal sentido que por medio del presente trabajo, se busca poner de relieve la necesidad de contar con un programa de cumplimiento de ciberseguridad como una práctica de buen gobierno corporativo en las entidades que forman parte delsistema financiero peruano, considerando que dicho sector es uno de los más afectados por este tipo de incidentes y que tiene un papel importante dentro de la economía de nuestro país. Por tal motivo, con el propósito de entender la situación problemática planteada, se ha plasmado dentro del presente trabajo, los conceptos clave para lograr un mejor entendimiento del problema de la investigación, además de desarrollar la experiencia en otros países, hecho que además de mostrar la gravedad y el perjuicio ocasionado por un ciberataque, nos permite tener una idea más clara de los aspectos esenciales que pueden ser implementados en nuestro país. Finalmente, considerando que existe la necesidad de implementar un programa de cumplimiento en ciberseguridad en las entidades que forman parte delsistema financiera peruano y que a la fecha no existe ningún tipo de regulación nacional sobre el tema, se pone en consideración los aspectos mínimos que deberán ser implementados en las empresas que forman parte del sistema financiero como parte de la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo. / Trabajo de investigación

La Propiedad Intelectual es por creces una de las ramas del derecho más olvidadas a nivel nacional. Tal es así que, el Perú es considerado a nivel internacional como uno de los países con mayor cantidad de delitos contra la propiedad intelectual, lo cual, se ve reflejado al encontrarse en la posición 28 de 45 en el Ranking mundial de políticas de Propiedad Intelectual, según el Índice Internacional de Propiedad Intelectual – IPI. El poco desarrollo que se le ha otorgado a las políticas de la Propiedad Intelectual en el Perú se ve reflejado en las vulneraciones contra los derechos de la propiedad intelectual, así como la deficiente regulación y/o normas complementarias que protejan o regulen su tratamiento. Es en este punto en donde podemos señalar que, las políticas de Propiedad Intelectual en el Perú no otorgan una debida regulación, dejando en el olvido a figuras que adquieren especial importancia en las industrias a nivel internacional. Las marcas, al ser derechos de Propiedad Intelectual, se encuentran reguladas conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 del Régimen de la Comunidad Andina, dentro del cual, se encuentra el Perú como país miembro. Es así como las marcas no han sido ajenas a las deficientes políticas de la Propiedad Intelectual que se ha desarrollado en territorio nacional. En relación a las políticas de Propiedad Intelectual implementadas en el Perú, se ha optado por desarrollar y enfocar la regulación única y exclusivamente para un sector de las marcas, en específico, para las marcas tradicionales, dejando en total olvido a las marcas no tradicionales, tales como las marcas olfativas y sonoras, a pesar de encontrarse expresamente reconocidas para su registro en territorio nacional. De esta forma, en el presente trabajo de investigación, se va a desarrollar las políticas de Propiedad Intelectual para marcas no tradicionales que tiene el Perú, a fin de identificar sus deficiencias, para finalmente, sugerir propuestas de mejora en función al Derecho Comparado. El presente trabajo de investigación es una crítica constructiva al sistema jurídico nacional en materia de regulación de marcas no tradicionales, la cual busca generar interés, esclarecer vacíos, y proponer mejoras, a fin de impulsar el registro de las marcas no tradicionales, las cuales, se han visto en el olvido en todo el territorio nacional. 2 Finalmente, y en función a los principios de la Ley del Procedimiento Administrativo General, todos los administrados tienen el derecho de contar de procedimientos que otorguen seguridad jurídica, lo cual, no se ha venido ejerciendo en cuanto al registro de las marcas no tradicionales, generando confusión e incerteza respecto al procedimiento que se debe seguir para su registro.

Los «deberes de protección» (Schutzpflichten), en tanto creación de la dogmática alemana, representan una de las categorías más controvertidas que ha ocupado la atención de la doctrina del Derecho Continental durante el siglo XX, perdurando incluso hasta nuestros días. La problemática en torno a ella es sencilla de aprehender pero compleja de tratar; básicamente se trata de discriminar si su violación comporta una responsabilidad civil de naturaleza contractual o extracontractual. Planteado así el asunto, el principal objetivo de este trabajo radica en absolver dicha interrogante pero partiendo de una cuestión previa, a saber, si la categoría en cuestión, en tanto representa una solución esbozada para un sistema foráneo como el alemán, encuentra en el escenario nacional un ambiente propicio para su “recepción mecánica” (a nivel dogmático) o si por el contrario, la especificidad del modelo peruano exige del intérprete una construcción de similar envergadura (pero de distinta configuración) que, aun cuando desde un ángulo técnico-jurídico suponga una disociación conceptual de la figura de los Schutzpflichten, represente, en el fondo (a nivel teleológico), una figura destinada a cautelar los bienes personales y patrimoniales de las partes en la relación de obligación, y que para este efecto adopta la calidad de “deber”. En la medida que esta última clase de deberes logran en nuestro discurso emancipación jurídica de aquellos deberes “creados” por Heinrich Stoll allá en 1932, la problemática que en Alemania se ha mantenido en boga por más de ochenta años (a pesar de la reciente modernización del BGB), encuentra por fin cabida y, sobre todo, legitimidad en un medio como el peruano caracterizado por estudiar la figura en clave comparada pero sin atender con suficiencia la propia realidad del sistema jurídico nacional. A partir de ahí, exponer la naturaleza de tales deberes, distintos de los Schutzpflichten, y fundamentar su adscripción al dominio contractual, supone la máxima a cuyo propósito el presente trabajo se termina conduciendo.

Actualmente contar con un procedimiento de canal de denuncias es un elemento mínimo de cualquier programa de cumplimiento normativo, el cual tiene por finalidad que trabajadores de empresas privadas, funcionarios públicos o cualquier persona pueda alertar, informar o denunciar presuntos hechos de los que tengan conocimiento o que podrían ser parte de la comisión de delitos asociados a la corrupción, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, entre otros que comprende la ley N°30424 “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”. El presente trabajo de investigación tiene por finalidad evaluar la tendencia global a incentivar denuncias de irregularidades como mecanismo de prevención y persecución de delitos, su eficiencia, efectividad, las estrategias que implanta Estados Unidos, La Unión Europea y países que se encuentran proyectando su regulación como Chile. Desglosaremos la necesidad de establecer incentivos a los denunciantes, sus elementos mínimos y la eficiencia de los procedimientos de canales de denuncias; así como la necesidad de efectividad para obtener el éxito de esperado, por lo que, el objetivo es que se consiga una mayor participación de los posibles alertantes, que comprenda la entrega de información útil para investigarse hechos reales y se permita sancionar a los responsables. Posteriormente, se efectuará un análisis comparado de la regulación de incentivos, que van desde protección personal hasta incentivos económicos a los denunciantes. Finalmente abarcaremos la eficiencia y efectividad de los canales de denuncias, sus comunes obstáculos que impiden su uso y finalidad, además de propuestas de mejora para regular incentivos en Perú.

[pt] A presente tese de doutorado sobre Reflexões sobre a Prática e o Discurso Docente no Ensino Jurídico Comparado: a Disciplina de Direitos Humanos, suas Características e Desafios no Brasil e na Argentina no período de 1985-2000 postula uma análise científica do processo de educação jurídica para a formação dos operadores de direito. Através do estudo comparado da disciplina de direitos humanos, incluída nas grades curriculares dos projetos didáticos-pedagógicos desenvolvidos nos cursos jurídicos pertencentes a instituições representativas do Brasil e da Argentina, como a PUC-Rio e Universidade de Buenos Aires (UBA) verifica-se diversos graus de semelhança na inclusão de conteúdos e a mudança de discurso e práticas docentes desenvolvidas em sala de aula. Esta pesquisa partindo da premissa do importante papel que historicamente a sociedade latino-americana tem dado aos bacharéis em direito identifica e descreve as características e dissonâncias entre o discurso docente e as práticas aplicadas no último quartel do século XX. A leitura comparada das características identificadas permite concluir que a disciplina de Direitos Humanos deve sua inclusão a necessidade de satisfazer as demandas de dois processos paralelos: democratização e internacionalização. Mas esta inclusão consiste basicamente na adoção de um discurso formalista dos Direitos Humanos que não é acompanhado de condições e práticas pedagógicas transformadoras. / [es] La presente tesis de doctorado sobre Reflexiones sobre la Práctica y el Discurso Docente en la Enseñanza Jurídica en Brasil y Argentina (1985-2000) en Particular en la Disciplina de Derechos Humanos postula un análisis científico del proceso de educación jurídica para la formación de los operadores de derecho. A través del estudio comparado de la disciplina de derechos humanos, incluida en las estructuras curriculares de los proyectos didácticos y pedagógicos desarrollados en los cursos jurídicos pertenecientes a instituciones representativas de Brasil y de Argentina, como la PUC-Rio y la Universidad de Buenos Aires (UBA), se verifican diversos grados de semejanza en la inclusión de contenidos y el cambio del discurso y de las prácticas docentes desarrolladas en sala de clases. Esta investigación partiendo de la premisa del importante papel que históricamente la sociedad latinoamericana ha dado a los bachilleres en derecho identifica y describe las características e disonancias entre lo discurso docente y las prácticas aplicadas en lo último cuarto del siglo XX. La lectura comparada de las características identificadas permite concluir que la disciplina de Derechos Humanos debe su inclusión a la necesidad de satisfacer las demandas de dos procesos paralelos: democratización e internacionalización. Pero esta inclusión consiste básicamente en la adopción de un discurso formalista de los Derechos Humanos que no es acompañado de condiciones y prácticas pedagógicas transformadoras.

A adoção da modelagem institucional de governança do processo de avaliação ambiental norte-americano, centrada na figura da agência líder, deverá demandar a edição de uma lei formal, prevendo o referido arranjo jurídico-institucional, na forma de uma moldura (framework) adaptável às necessidades especificas e peculiaridades de cada setor da Administração. Dessa forma, a referida lei formal funcionaria como uma norma geral, e como tal poderia ser complementada pela legislação infralegal, que viria a estabelecer as disposições especificas para dar efetividade ao instituo da agência líder nos setores em que seja desejável e oportuna a implantação do mesmo, a critério da Administração. Destarte, a atuação do Poder Legislativo estaria restrita à introdução ao sistema jurídico doméstico do instituto estrangeiro, estabelecendo apenas seus contornos básicos, cabendo à Administração a avaliação da oportunidade e conveniência da escolha dos setores específicos, do estabelecimento dos contornos normativos e do momento da efetiva regulamentação concreta do instituto. / O trabalho foi aprovado e publicado em cumprimento a Norma Interna NP- 40.001.00 / Submitted by Romilson de Almeida Volotão (romilsonvolotao@terra.com.br) on 2016-03-28T21:06:46Z No. of bitstreams: 1 ULTIMA VERSÃO DA DISSERTAÇÃO.pdf: 2567378 bytes, checksum: a714072d0ee77f369be1901d8193e7fd (MD5) / Approved for entry into archive by BRUNA BARROS (bruna.barros@fgv.br) on 2016-03-30T18:46:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ULTIMA VERSÃO DA DISSERTAÇÃO.pdf: 2567378 bytes, checksum: a714072d0ee77f369be1901d8193e7fd (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2016-03-31T18:02:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ULTIMA VERSÃO DA DISSERTAÇÃO.pdf: 2567378 bytes, checksum: a714072d0ee77f369be1901d8193e7fd (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-31T18:02:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ULTIMA VERSÃO DA DISSERTAÇÃO.pdf: 2567378 bytes, checksum: a714072d0ee77f369be1901d8193e7fd (MD5) Previous issue date: 2016-02-29 / The issue of staggered performance of the Brazilian public administration, indeed evident in some cases is extremely worrying from the point of administrative efficiency of decision-making systems and processes of the various sectors that make up its structure. In this line, the general objective of this study is to analyze the dysfunctions caused by the lack of coordination in the exercise of administrative activity by the Brazilian state. However, because the topic is too broad to fit in the narrow confines of a dissertation, choose a specific institutional arrangement to serve the north of this study: the administrative and environmental licensing process for infrastructure projects. The infrastructure projects require a range of permits and licenses issued by numerous agencies or government entity, have jurisdiction to rule, each within their respective area of expertise, and on the basis of various laws. Therefore, the uncoordinated activities of these actors causes considerable economic losses, mainly due to the delay in decision-making, the exaggerated strictness of the requirements and environmental conditions and excessive legalization sector disputes. Thus, the theme-problem of this dissertation is to seek the best legal response to the propositional problem related to the inefficiency of the licensing process for infrastructure projects in Brazil. In this goal, the economic rationale was chosen as theoretical framework. With this expected to formulate proposal that the licensing process for infrastructure projects in Brazil could become a new institutional governance modeling formulated based on the study compared to the US legal system more efficient if it were adopted, whose environmental assessment process is based on interagency coordination and central figure in the so-called lead agency. / A problemática da atuação desconcertada da Administração pública brasileira é deveras evidente em alguns casos, e extremamente preocupante sob o aspecto da eficiência administrativa dos sistemas e processos decisórios dos diversos setores que compõem sua estrutura. Nessa toada, o objetivo geral do presente estudo é analisar as disfunções geradas pela falta de coordenação no exercício da atividade administrativa pela Estado brasileiro. Entretanto, como o tema é abrangente demais para caber nos estreitos limites de uma dissertação de mestrado, escolhemos um arranjo institucional específico para servir de norte deste estudo: o processo de licenciamento administrativo e ambiental de empreendimentos de infraestrutura. Os empreendimentos de infraestrutura demandam uma gama de autorizações e licenças emanadas de inúmeros órgãos ou entidade do poder público, igualmente competentes para decidir, cada qual dentro de sua respectiva área de atuação, e com fundamento em legislações diversas. Por conseguinte, a atuação descoordenada desses atores causa consideráveis prejuízos econômicos, mormente em decorrência da demora na tomada de decisões, do rigorismo exacerbado dos requisitos e condicionantes ambientais e do excesso de judicialização de controvérsias do setor. Destarte, o tema-problema da presente dissertação consiste em buscar a melhor resposta jurídica para o problema propositivo relacionado à ineficiência do processo de licenciamento de empreendimentos de infraestrutura no Brasil. Nesse desiderato, foi escolhida a racionalidade econômica como referencial teórico. Com isso espera-se formular proposta no sentido de que o processo de licenciamento de empreendimentos de infraestrutura no Brasil poderia tornar-se mais eficiente caso fosse adotada uma nova modelagem de governança institucional formulada com base no estudo comparado com o sistema jurídico norte-americano, cujo processo de avaliação ambiental está baseado na coordenação interagências e na figura central da chamada agência líder.

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