En el presente trabajo académico se analiza la configuración del acoso laboral o mobbing, se explica cuáles son las razones por las cuales existe una dificultad probatoria cuando se pretende demostrar la ejecución de esa conducta en un proceso laboral. Asimismo, se analiza la regulación de la carga de la prueba del acoso laboral o mobbing en el ordenamiento jurídico peruano, a partir de las disposiciones contenidas en la Ley N° 29497 (Nueva Ley Procesal del Trabajo) y, además, se realiza un análisis sobre su regulación en el derecho comparado, a partir del procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales regulado en Chile y España. En virtud al desarrollo temático expuesto, se alcanza el objetivo principal del presente trabajo académico, consistente en proponer los medios probatorios que demuestren de manera idónea la configuración de dicha conducta; concluyendo que existen cuatro (04) medios probatorios útiles que pueden ser ofrecidos a la demanda para demostrar el acoso laboral o mobbing, en específico: i) La pericia que contiene el detalle y relación de causalidad del daño alegado por la víctima, ii) Los documentos, iii) La declaración testimonial y iv) La declaración de parte, teniendo cada uno de ellos características propias que permiten su valoración objetiva.

El presente trabajo de investigación consiste en el análisis de la causal del pase a retiro por la causal de Renovación de Cuadros en la Policía Nacional del Perú, el cual es abordada desde una perspectiva comparada con el país de Colombia. Para ello, el problema de investigación se basa en analizar si ante estos casos de pase a retiro nos encontramos frente a una discrecionalidad administrativa o, por lo contrario, ante una arbitrariedad. La investigación se realiza en base a la metodología de estudio comparado con la experiencia colombiana, con la finalidad de determinar la tendencia de los efectos de la facultad discrecional otorgada a la Administración, a través de su normativa del pase a retiro de los efectivos policiales y los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional. Asimismo, el presente trabajo contiene lo siguiente: i) marco teórico conformado por la definición de los conceptos como discrecionalidad, motivación, arbitrariedad y el posterior control judicial, ii) presentación de los problemas, y, iv) desarrollo de la hipótesis en tanto consideramos que estamos ante una arbitrariedad en los casos de pese a retiro por la denomina Renovación de cuadros (Perú) y el retiro por voluntad del gobierno o del Director General de la Policía Nacional (Colombia). Además, presentamos dos casos peruanos y dos casos colombianos con los que podemos apreciar la arbitrariedad, desde pronunciamientos por parte del órgano constitucional respectivo. Lo mencionado anteriormente es importante para la formulación de las conclusiones y posibles recomendaciones, las cuales ayudarán a tener una visión de la aplicación del pase a retiro por la denomina Renovación de cuadros en Perú y del pase a retiro por voluntad del gobierno o del Director General de la Policía Nacional de Colombia.

La violencia contra la mujer y menores de edad no es un problema reciente, su visualización ha sido evidenciada desde muchos años atrás, sin embargo, hoy en día dicha problemática se ha intensificado a raíz de la pandemia y aislamiento obligatorio. Ante situación, el estado peruano tuvo una respuesta rápida para salvaguardar la integridad de las víctimas, pero a pesar de ello, los casos de violencia se agudizaron. Es por ello, que la presente investigación tuvo por objetivo proponer una medida preventiva (procedimiento) tomando como referencia el derecho comparado, mediante la cual se ha requerido la visita del equipo multidisciplinario e itinerante de urgencia a los hogares para recabar indicios de violencia, esto a fin de contrarrestar las agresiones contra la mujer y menores de edad en nuestro ordenamiento jurídico, y contribuir a que las víctimas reciban la ayuda inmediata, atención y las medidas de protección que requieren. Del mismo modo, se propone la modificación del primer párrafo del artículo 23° inciso B) de la Ley 30364; pero para ello ha sido necesario analizar la situación actual de la violencia contra la mujer y menores de edad, para posteriormente identificar dicho procedimiento; el resultado de esta propuesta normativa ha sido posible mediante la aplicación de un estudio documental, teórico y bibliográfico; seguido de un abordaje metodológico de carácter social y jurídico enfocado en ayudar a que se actúe de forma rápida, se vele por la integridad, dignidad y derechos de las víctimas, y se evite una victimización o revictimización.

La investigación desarrollada en las siguientes líneas tiene como finalidad demostrar que el Poder Legislativo incorporó al ordenamiento jurídico una norma contraria a la Constitución desde el aspecto formal y material, la cual no cuenta con un sustento fáctico que avale su permanencia, cuya aplicación genera efectos nocivos en el sistema financiero peruano. Si bien la norma tiene poco tiempo en el ordenamiento jurídico nacional y sus efectos aún están por verse, no le auguramos éxito a la iniciativa del legislador en base a la experiencia internacional revisada, básicamente porque la técnica legislativa utilizada no fue la adecuada, porque no hubo un análisis costo-beneficio fundamentado en criterios objetivos para su incorporación y porque se trata de un entregable que encubre intereses estrictamente políticos y populistas. Un dato importante para el lector: Actualmente se viene gestionando un proceso de inconstitucionalidad acumulado contra la Ley 31143, el cual eventualmente tendrá un pronunciamiento de parte de los magistrados del Tribunal Constitucional, dirimiendo si el contenido de la norma fue acorde al marco constitucional vigente o no. Nuestra intención es tratar de anticiparnos a la opinión de los magistrados, a los efectos de la expedición de la sentencia y a todas las noticias que en el futuro cercano serán materia de discusión y análisis por parte de los agentes económicos involucrados en el sistema financiero.

En tiempos de globalización circulan entre los países varios modelos o instituciones jurídicas, normas trasnacionales o prácticas jurisprudenciales que se insertan con mucha facilidad en los sistemas jurídicos nacionales; de modo que, no es raro que las altas cortes nacionales citen a autores como Alexy o Ferrajoli, o hagan referencia a jurisprudencia de otras latitudes, como los casos Marbury vs Madison o Rigg vs Palmer; es más, el empleo del derecho comparado (legislación, doctrina y jurisprudencia) es común en la formación de los estudiantes del Derecho. Esto quizás porque los alcances de una norma, institución, categoría o figura es limitado, por lo que los operadores jurídicos se vean en la necesidad de mirar o poner atención a la experiencia comparada para captar los cambios y las novedades que se están produciendo, y así esgrimir en sus decisiones un razonamiento respaldado, que posea garantía y sea legítimo. Por ello, el problema objeto de investigación versa en el uso del derecho comparado en las decisiones del Tribunal Constitucional; concretamente, se evalúa si el Ultimo Interprete de la Constitución emplea argumentos jurisprudenciales (decisiones de otras cortes) y teóricos (doctrina trasnacional) del derecho comparado, para interpretar, comprender o solucionar los problemas vinculados con los derechos fundamentales; y, establecer cuál es la fuerza o peso que tiene la argumentación del derecho comparado en el marco de solución de un caso concreto que involucre derechos fundamentales (nivel de vinculación). Algunos de los resultados obtenidos en la investigación son: (i) el Tribunal Constitucional emplea jurisprudencia comparada para solucionar un asunto problemático que envuelve a los derechos fundamentales; (ii) la doctrina o la teoría extranjera tiene un lugar importante en la justicia constitucional; (iii) la jurisprudencia y la doctrina son elementos empleados para interpretar, comprender y brindar una mejor solución a una problemática concreta; sin embargo, su uso es persuasivo (orientan o guían al Juez), ya que no influyen directamente en la solución del caso; y, (iv) el nivel o peso que tiene el argumento de derecho comparado en la solución de una controversia o la interpretación de una institución o norma es medio o bajo, pues su empleo responde a fines estrictamente ilustrativos.

El presente trabajo académico recoge normativa actual que está siendo aplicable a nivel registral con respecto a los pactos de reserva de aires y la independización de aires sobre aires, teniendo en cuenta que aires y azoteas son conceptos jurídicos equiparables. A partir de dichas fuentes, lo que se busca es plantear una distinción entre ambos conceptos y observar cómo es que en doctrina extranjera no se emplea los términos aires o azotea, sino surge la idea del derecho a vuelo, aspecto que intentaremos proponer como futuro cambio normativo en el Perú. Por otro lado, se analizará y cuestionará los precedentes de observancia obligatoria que dieron origen a los respectivos acuerdo plenarios que serán mencionados más adelante, debido a que no cumple con un correcto análisis crítico de las instituciones e inclusive, crean nuevos problemas jurídicos al registro y confusión a los usuarios. / This academic work includes current regulations that are applicable at the Superintendency of Public Registries (SUNARP) according to air reserve agreements and the independence of airs on airs, taking into account that airs and roofs are comparable legal concepts. From these sources, what is sought is to raise a distinction between both concepts and observe how it is that in foreign doctrine the terms air or roof is not used, but the idea of the right to flight arises, an aspect that we will try to propose as a future change normative in Peru. On the other hand, the precedents of mandatory observance will be analyzed and questioned, because it does not comply with an adequate critical analysis of the institutions and even creates new legal problems for registration and confusion for users.

Normalmente, se suele considerar (quizá por razones históricas o culturales) que “inmunidad” es igual a “impunidad”. Esta percepción no deja de ser ajena al ámbito del arbitraje, en el cual se sigue difundiendo (hasta cierto punto) la idea de que los árbitros conforman un “club” compuesto por un grupo selectivo de personas, que buscan protegerse a sí mismos. Así, se piensa que, en la medida en que los árbitros participan en la dación de legislaciones arbitrales, tienden a limitar su propia responsabilidad, fijando estándares bastante reducidos (o inmunidad) a favor de ellos mismos. En ese contexto, el artículo 32° del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje en el Perú, regula la responsabilidad civil de los árbitros, estableciendo una regla de responsabilidad limitada a supuestos de dolo o culpa inexcusable. En la presente tesis, se busca analizar si dicho estándar limitado de responsabilidad civil resulta adecuado para que el árbitro pueda cumplir con sus funciones de manera independiente e imparcial. Pero, sobre todo, se busca problematizar respecto a si está justificado que dicho estándar aplique por igual para todos los eventuales supuestos en los que el árbitro puede incurrir en responsabilidad frente a las partes. Para tales efectos, en este trabajo se hace una revisión de la forma en que se suele entender la responsabilidad del árbitro a nivel internacional (tanto desde el punto de vista normativo como jurisprudencial), se desarrollan los alcances del “contrato de árbitro” (su calificación, su formación y las obligaciones que emanan del mismo), y se estudia una lista enunciativa de trece (13) supuestos potenciales de responsabilidad del árbitro en los cuales se analiza principalmente si resulta adecuado o no aplicar el estándar recogido en el artículo 32° del Decreto Legislativo N° 1071 antes referido.

La presente investigación tiene como propósito contribuir al estudio de la extensión del convenio arbitral, así como a la teoría de los contratos conexos, vistas de manera conjunta; y pretende responder a la interrogante referida a si es posible extender los efectos de un convenio arbitral a un contrato distinto al que lo contiene, pero siendo ambos contratos conexos entre sí. Esta interrogante surge de la revisión de arbitrajes en los que, al analizar la posibilidad antes mencionada, a pesar de examinar los mismos hechos, tribunales arbitrales arribaron a conclusiones diversas y opuestas; lo que denotaría una inadecuada aplicación de la extensión del convenio arbitral y de los contratos conexos. Los principales objetivos de esta investigación son: (i) analizar los supuestos en los que procede la extensión del convenio arbitral; (ii) establecer los requisitos para determinar la existencia de contratos conexos y (iii) analizar si la extensión de un convenio arbitral puede ser aplicada cuando nos encontremos frente a contratos conexos. Como hipótesis de trabajo se propone, que el convenio arbitral se puede extender a aquellos que no lo suscribieron, siempre que se cumpla con una serie de supuestos; que la extensión del convenio arbitral sí puede ser aplicada cuando se verifique la existencia de contratos conexos, analizando las circunstancias específicas de cada caso; y que para determinar si corresponde aplicar la extensión de un convenio arbitral a contratos conexos se debe realizar un análisis integral de ambas figuras. La principal conclusión de este trabajo es que la extensión del convenio arbitral sí puede darse en supuestos de contratos conexos. Los métodos aplicados para esta investigación son el dogmático, exegético y funcional, así como una revisión comparada del tratamiento del tema.

La presente investigación se concentra en el estudio de algunos supuestos no regulados por la legislación en torno a la jornada de trabajo que hemos calificado como “zonas grises”. Entre estas zonas grises podemos mencionar el tiempo que el trabajador invierte en el cambio de ropa y en desplazarse desde el umbral del centro de trabajo hasta su puesto donde finalmente se entiende, empieza a encontrarse a disposición efectiva del empleador. Determinar el tiempo de trabajo no solo es importante a efectos de verificar el límite máximo de la jornada, sino también para determinar si corresponde una compensación económica por el mismo o si es posible establecer otras reglas de medición al encontrarnos ante un supuesto ubicado en la “zona gris”; es decir, donde no puede establecerse claramente si estamos frente a tiempo de trabajo efectivo o tiempo personal. Ahora bien, esta omisión que comentamos no solo es legislativa. Si bien hemos anotado algunos casos en la jurisprudencia, aun no existe una posición particular y firme sobre el tema. En vista de ello, el estudio también toma en cuenta pronunciamientos internacionales sobre casos similares. Finalmente, otra de las omisiones del legislador que deben ser atendidas son las políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar, personal, en la que deben priorizarse especialmente alternativas que promuevan la corresponsabilidad familiar.

A partir de la identificación de las posiciones contradictorias, de la Administración Tributaria y de una resolución de la Sala 9 del Tribunal Fiscal, sobre la posibilidad de que la acción para solicitar la devolución y/o compensación del Saldo a Favor Materia del Beneficio (“SFMB”) prescriba, el presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis académico del tema, iniciando con una revisión normativa y doctrinaria de la regulación del SFMB y la prescripción en el Perú. Luego, la investigación recurre al Método Jurisprudencial para identificar si la posición de la Sala 9 del Tribunal Fiscal se puede considerar una tendencia jurisprudencial o no, así como por la relevancia que ha tenido la jurisprudencia previa del Tribunal Fiscal en el sustento de la posición de la resolución de la Sala 9 del Tribunal Fiscal; asimismo, se utiliza el Método Comparado ya que el SFMB, como devolución del Impuesto General a las Ventas (“IGV”) que ha sido económicamente soportado por el exportador en sus adquisiciones, es una figura contemplada en diversos países y en obligaciones comunitarias de la Comunidad Andina de Naciones, seleccionando a Colombia, Chile y México como parte de la muestra. De esta forma, a partir de los métodos de investigación aplicados, se realiza un análisis crítico de las posiciones tanto de la Sala 9 del Tribunal Fiscal como de la Administración Tributaria sobre la posibilidad de que la acción para solicitar la devolución y/o compensación del SFMB prescriba o no, para intentar aportar ciertas conclusiones y/o recomendaciones a un debate que consideramos relevante y no agotado.