El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar el impacto en la gestión operacional, financiera e imagen institucional de los principales bancos de Lima Metropolitana como son el BCP Y BBVA debido al incremento de los ciberdelitos o delitos informáticos en el sistema financiero en los últimos 5 años. Este acto es cometido principalmente de forma digital, por lo que no permite que las entidades financieras puedan controlar en su totalidad. En el primer capítulo, desarrollamos el marco teórico que es fundamental para analizar de manera amplia y concisa el impacto que viene teniendo en los últimos 5años; identificaremos las distintas definiciones de ciberdelito, su clasificación, impacto económico a nivel mundial y finalmente su impacto en el Perú y en el sistema financiero peruano. En el capítulo siguiente, desarrollaremos la metodología de la investigación realizando un análisis claro y conciso de los principales bancos que vienen siendo afectados por los delitos informáticos. Todo ello se llevará a cabo a través del método de investigación y las técnicas e instrumentos de recopilación de datos, de modo que nos permitan identificar el impacto y la magnitud real con la cual los bancos se ven afectados por este hecho delictivo. En el tercer capítulo realizaremos el análisis de la investigación realizada en el segundo capítulo; esto nos permitirá dar respuesta a nuestra pregunta de investigación ¿Cuáles son los principales factores financieros, operacionales y de reputación empresarial que vienen siendo impactados por el incremento de los delitos informáticos en los principales bancos del Perú como son Banco de crédito del Perú y Banco Continental en los últimos 5 años? En el capítulo cuarto, presentaremos los hallazgos, brechas y barreras encontradas durante nuestro proceso de investigación que nos permitirán tener un panorama más claro del problema propuesto. Finalmente, en el quinto y último capítulo presentamos las conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados arrojados de acuerdo a nuestra investigación desarrollada en los capítulos anteriores. / The objective of this research is to analyze the impact on the operational and financial management of the main banks of Metropolitan Lima, due to the increase in cybercrimes or cybercrime in the financial system in the last 5 years. Cybercrime is committed mainly digitally, so it does not allow financial entities to control this criminal act in its entirety. In the first chapter, we develop the theoretical framework that is fundamental to analyze in a broad and concise way the impact that has been taking place in recent years; we will identify the different definitions of cybercrime, their classification, economic impact at world level and finally their impact on Peru and the Peruvian financial system. In the next chapter, we will analyze the main banks that are being affected, identifying the impact and the magnitude with which they are affected. In the third chapter we will carry out the analysis of the research carried out in the second chapter. This will allow us to answer our research question. What are the main financial, operational and business reputation factors that are being impacted by the increase in cybercrime in the main banks in Peru, such as Banco de Crédito Del Peru and Banco Continental in the last 5 years? In the fourth chapter, we will present the findings, gaps and barriers found during our research process that will allow us to have a clearer picture of the proposed problem. Finally, in the fifth and final chapter we present the conclusions and recommendations based on the results obtained according to our research developed in the previous chapters. / Tesis

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Resalta los altos niveles de delincuencia e inseguridad ciudadana en el distrito de El Agustino. También señala los serios déficits en los demás aspectos (ambiente, lazos comunitarios, salud, participación política y economía). La confluencia de los diversos déficits en la vida y desarrollo de las personas realimentan y refuerzan situaciones anómicas propias de la inseguridad ciudadana. El enfoque de la seguridad humana permite un análisis estructural de la problemática de inseguridad. No se circunscribe al ámbito policial o de represión para abordar la problemática de la criminalidad y sus diversas expresiones (robos, hurtos, homicidios, etc.). Parte de la premisa de que son las limitaciones en el acceso de empleo, educación, salud, participación política, entre otros, los factores que inciden en la presencia o incremento de la problemática de la criminalidad y aquello dentro de determinados contextos particulares. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objetivo la realización de un análisis jurídico sobre la aplicación del delito contemplado en el artículo 38 de la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales. Esta memoria pretende aportar a la discusión y escaso tratamiento dogmático con el que cuentan, hasta el día de hoy, los delitos relativos a la protección del medio ambiente y al patrimonio cultural. En concreto, se ahondará en los orígenes de la necesidad de legislar sobre la protección a los Monumentos Nacionales, la tramitación del proyecto de Ley N° 17.288, la tramitación del proyecto de Ley N° 20.021, los elementos de la tipicidad que contempla el delito del artículo 38 de la Ley N° 17.288, a saber, sujeto, objeto material y bien jurídico protegido, la conducta, las circunstancias típicas y el elemento subjetivo del tipo; problemas de antijuricidad, en relación con la legitima defensa, el estado de necesidad justificante y el ejercicio legítimo de un derecho; así mismo se analizará la culpabilidad y las formas especiales de comisión del delito, iter criminis, autoría y participación, concursos y la penalidad. Por último, se hará una breve mención a los proyectos de ley más relevantes que se encuentran actualmente en tramitación en el congreso y que pretenden influir, de distintas maneras, en el delito del artículo 38 de la Ley N° 17.288. La metodología utilizada en el presente trabajo será el método dogmático, propio de las ciencias jurídicas.

Memoria para optar al grado de Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente tesis está enfocada en el estudio relativo a la sanción penal de conductas pertenecientes al fenómeno social del acoso sexual callejero. De esta manera, el estudio gira en torno a la conceptualización y caracterización del presente fenómeno, recurriendo a distintas fuentes como la doctrina, jurisprudencia y nuestra legislación nacional. De este modo, se explica por qué nuestro ordenamiento jurídico resulta insuficiente a la hora de dar una respuesta al presente fenómeno; así, se analizan aquellos cuerpos normativos que más se acercan a su sanción, en específico, los delitos contenidos en el Libro II, Título VII (“Crímenes y Delitos contra el Orden de las Familias, contra la Moralidad Pública y contra la Integridad Sexual”) de nuestro Código Penal. También se estudian aquellas iniciativas de ley existentes que buscan dar una respuesta al vacío de punibilidad relativo a los actos constitutivos de acoso sexual callejero, destacando el Proyecto de Ley que modifica el Código Penal para tipificar el acoso sexual callejero (Boletín N° 9936-07). De esta forma, se explicitan las distintas etapas de tramitación de referido Proyecto de ley, dando cuenta de las principales falencias de los tipos penales propuestos en éste. Finalmente, se proyectan una serie de modificaciones para un mejor y más eficaz tratamiento de dicho fenómeno social, conciliando una perspectiva de género con el respeto de los derechos y principios que deben permear nuestro ordenamiento jurídico-penal

Memoria para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La necesidad de estudios relacionados con los mecanismos de financiamiento al terrorismo está relacionada con la relevancia que ha adquirido el fenómeno en los últimos años. En ese sentido, es el atentado contra las torres gemelas, el hito que visibilizó internacionalmente los alcances y el poder con el cual cuentan las células terroristas para llevar a cabo sus acciones. La posterior respuesta de la comunidad internacional se enfocó en la creación y adopción de un sinnúmero de legislaciones y políticas destinadas a prevenir y combatir el fenómeno, lo que se plasmó en diversos instrumentos internacionales como el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la resolución 1373 –que hace exigibles a los Estados parte el cumplimiento de las disposiciones del Convenio-, y las recomendaciones del GAFI. El presente trabajo se estructuró de forma tal que comenzamos mencionando algunos de los distintos mecanismos de financiamiento, continuando con el estudio de las fuentes de nuestra legislación nacional -ya referidas-, además del análisis de la Historia de la Ley 18.314 y de la Ley 20.393. Finalmente, en el último capítulo, se analizó la legislación chilena pertinente (artículo 8 principalmente), contrastada con los mecanismos ya expuestos para determinar si efectivamente los mismos quedan contemplados dentro de la figura analizada, para de esta forma concluir que se requiere de una postura escéptica y crítica respecto de la regulación del fenómeno en cuestión, y que esto en definitiva, nos lleva a confirmar la hipótesis postulada que señala que la normativa nacional actual, no da cuenta de la naturaleza del delito de financiamiento al terrorismo, ni de la complejidad de los métodos en los que puede configurarse la financiación de organizaciones terroristas, y por tanto, no es posible asegurar que la misma sea eficaz al momento de regular, y mucho menos prevenir el fenómeno.

El delito de colusión ha tomado mayor importancia en los recientes años debido a la cantidad de procedimientos de contratación pública que el Estado es capaz de suscribir. No obstante, aun existe cierta discusión o confusión en referencia a sus elementos y el bien jurídico que busca proteger, logrando que exista diversos tipos de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, algunos más polémicos que otros. Un ejemplo de ello, es el Recurso de Nulidad N° 341-2015, el cual plantea una concepción del delito de colusión restrictiva respecto a sus elementos. En el presente trabajo, realizamos un análisis de la resolución en mención. De esta manera, hemos identificado tres problemas jurídicos: i) el concepto de funcionario público para el cargo de Consejero de OSIPTEL; ii) la connotación del elemento “defrauda”; y, iii) el significado del contexto contractual requerido para el delito de colusión. Así, pues, mediante una revisión de la doctrina y jurisprudencia nacional, así como del análisis de tratados suscritos por el Estado en materia de lucha contra la corrupción, hemos logrado responder los problemas anteriormente señalados, obteniendo un resultado diferente a lo expresado en la resolución. Esto toda vez que, partimos del entendimiento que el bien jurídico de este delito es la imparcialidad del funcionario público, con lo cual no se requiere un perjuicio patrimonial al Estado, que el contexto contractual debe aplicar a todas las fases del procedimiento de contratación y, también, que el cargo de consejero cumple con los requisitos para ser considerado un funcionario público. / The crime of collusion has become more important in recent years due to the number of public procurement procedures that the State is capable of underwriting. However, there is still some discussion or confusion regarding its elements and the legal asset that it seeks to protect, resulting in various types of jurisprudential pronouncements in this regard, some more controversial than others. An example of this is the Appeal for Annulment No. 341-2015, which raises a restrictive conception of the crime of collusion with respect to its elements. In the present work, we carry out an analysis of the resolution in question. Thus, we have identified three legal problems: i) the concept of a public official for the position of Director of OSIPTEL; ii) the connotation of the element “defraud”; and, iii) the meaning of the contractual context required for the crime of collusion. Thus, through a review of the national doctrine and jurisprudence, as well as the analysis of treaties signed by the State in the fight against corruption, we have managed to answer the aforementioned problems, obtaining a different result than that expressed in the resolution. This since, we start from the understanding that the legal right of this crime is the impartiality of the public official, which does not require a patrimonial damage to the State, that the contractual context must apply to all phases of the contracting procedure and, also, that the position of director meets the requirements to be considered a public official.

El presente informe jurídico realiza un análisis sobre las controversias legales suscitadas entre las empresas General Electric y LATAM durante al final de los años 90, aquellos tienen su origen en 3 contratos de distribución celebrados sucesivamente entre ambas empresas en los años 1992, 1994 y 1996. En dichos conflictos legales, cobran relevancia las figuras de derecho penal y constitucional como el delito de estafa, la idoneidad del engaño, el deber de auto protección de la víctima, las medidas de coerción personal, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, la procedencia del Habeas Corpus y los límites materiales del Tribunal Constitucional para pronunciarse en controversias penales. El objetivo del informe es determinar si la conducta desplegada por los funcionarios de General Electric se configura bajo el delito de estafa y determinar la competencia del Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre el auto apertorio de instrucción emitido por el 25° Juzgado Penal de Lima. Finalizado el mismo, arribamos a la conclusión que no se ha configurado el delito de estafa al no existir un engaño desplegado por parte de los funcionarios de General Electric. Por otro lado, sostenemos que el Tribunal Constitucional ostenta competencia para determinar la constitucionalidad del auto apertorio de instrucción a efectos garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución, quedando prohibido que este órgano determine la responsabilidad penal de los investigados pues ello le corresponde al juez penal.

El presente informe analiza la Casación Nº 231-2017 Puno, emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de setiembre de 2017. La casación resuelve el proceso seguido en contra de Bernardo Natividad Meza Alvarez, ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Melgar, Helard Huamán Maman, Jose Haytara Carreón, y Jose Domingo Choquehuanca, por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Melgar y en ilegítimo favor de la Empresa Alabama S.A. al haberse interesado directa e indebidamente en el Proceso Exonerado 001-2010-MPM-A. En la decisión adoptada, la sala resuelve declarar la absolución de los procesados. Para lo cual sustenta su casación en una serie de fundamentos entre los cuales resalta la determinación del patrimonio como bien jurídico protegido en el delito de negociación incompatible. Asimismo, la sala estableció que el interés en provecho propio o de terceros, se expresa a través de la afectación patrimonial, en sintonía con ello, el delito de negociación incompatible sería un delito de peligro concreto dado que no se habría acreditado mediante pericia alguna el peligro real e inminente para el patrimonio. En el presente informe se sostiene que el bien jurídico protegido en el delito de negociación incompatible no es el patrimonio, sino es la imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función pública (bien jurídico especifico) y el correcto funcionamiento de la administración pública (bien jurídico genérico), los cuales son afectados a través del actuar interesado del funcionario público y no a través de la acreditación de un daño patrimonial. Asimismo, argumentamos que nos encontramos frente a un delito de peligro abstracto y no de peligro concreto, conforme lo aseverado por la Corte Suprema, por lo que la absolución de los imputados sería desacertada

El presente informe busca responder a tres problemas jurídicos identificados a raíz de la resolución emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente N.° 07009-2013- PHC/TC. El primer problema jurídico pretende dar a conocer los alcances jurisdicciones de las Comunidades Indígenas. Así, como atestiguarán a lo largo del presente informe, la adopción de un modelo social intercultural permitirá desplegar un mayor campo de protección, mediante el diálogo entre culturas. Asimismo, sostengo que el operador jurídico mediante el uso mesurado de la hermenéutica analógica, realizará una interpretación intercultural de los derechos fundamentales, dejando atrás el marcado carácter universal-tradicional. El segundo problema jurídico plantea un análisis atendiendo a las condiciones peculiares de las niñas indígenas, mediante una evaluación a partir del derecho colectivo de las comunidades y las relaciones de poder en las que se encuentran inmersas. Por último, el tercer problema jurídico brindará los alcances normativos del artículo 15° del Código Penal Peruano, sobre el cual pueden presentarse soluciones divergentes, siendo necesaria una aplicación cuidadosa de la referida eximente/atenuante de responsabilidad penal.