Los diversos estudios que hemos desarrollado en los cuatro ciclos de formación de la Maestría de Derecho con mención en Ciencias Penales en la Unidad de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos han permitido conocer y acercarnos a los graves problemas que encierra y tiene el Poder Político, la Gobernabilidad del Estado Peruano y la legislación peruana en su conjunto, de continuar con las mismas características y los erráticos funcionamientos de los diversos órganos que constituyen el Estado, es posible el ocaso de lo que denominamos el Estado Moderno con graves consecuencias a la sociedad civil y territorio que lo conforman. La investigación del problema y los sub problemas afines nos darán luces al respecto y nuestras hipótesis después de ser contrastadas, serán simplemente confirmadas o negadas y nada más y solamente eso. La investigación se justifica porque primero pretende verificar la inadecuada normatividad legal del trabajador del empleo público originando efectos negativos en la aplicación de las sanciones administrativas en la administración pública, y en estrictu sensu en el Poder Ejecutivo. La falta de una adecuada legislación sobre responsabilidades administrativas e incluso penales y civiles de los denominados funcionarios y servidores públicos y su correcta conceptualización y definición originan que las sanciones a quienes son pasibles de las misma no sean las más legales, jurídicas y justas; para lo cual se debe estudiar, supervisar y verificar la idoneidad de las normas legales y actos administrativos, y de la misma manera ver si se cumple o no el fin supremo del Estado y como corolario otear en el horizonte cercano, mediano y a largo plazo sobre lo que será la sociedad peruana del futuro y lo concerniente al debilitamiento progresivo del Estado denominado moderno, por las razones expuestas. / Tesis

El período a analizar en esta investigación ha sido motivo de múltiples debates. Se le ha descrito con adjetivos tales como, desorden, ensayo y anarquía, dejando la impresión que esta es una época nebulosa y oscura de la historia en la que no se presentaron grandes avances concretos y que producto de la agitación reinante los gobiernos eran numerosos y muy cortos, además del hecho de que no había una opinión reinante por lo que se juraron dos Constituciones, además de dar paso a un proyecto de organización federal. Esto es visto así mayoritariamente puesto que entre los años 1823 y1833 ocurre una especie de período de transición entre dos momentos históricos coyunturales: la salida del poder de Bernardo O’Higgins en enero de 1823 y el advenimiento de los conservadores al poder con el Gobierno de José Joaquín Prieto (18 de septiembre de 1831). Por consiguiente, la mayoría de las investigaciones tradicionales al respecto, le ha asignado un juicio de valor a este período de la historia; por un lado se encuentran los historiadores conservadores, entre los cuales se puede nombrar a Ramón Sotomayor Valdés y a Carlos Walker Martínez, quienes estiman que dentro de estos diez años se produce un caos (o anarquía) total hasta que el bando conservador (representado sin lugar a dudas en la emblemática figura del Ministro Diego Portales), tras la ruptura que impuso la batalla de Lircay, estableció un orden y un control que urgían de sobremanera. Por otro lado los historiadores liberales entre quienes se encuentran José Victorino Lastarria, Benjamín Vicuña Mackenna y Diego Barros Arana, proponen que este decenio resultaba ser más que nada una especie de período de organización que mejoraría las instituciones del Estado con el tiempo mediante ensayos que llevarían al pensamiento de la época a un gran desarrollo moderno, el cual interrumpido precisamente por los resultados de Lircay y el ascenso de los conservadores al poder. La motivación y objetivo que persigue esta investigación, es ir más allá de estas dos tradicionales perspectivas de entendimiento del decenio 1823 – 1833 y dilucidar con hechos y nombres concretos si es factible hablar de una anarquía o un desorden, por ello, el objeto principal de estudio en estas páginas será el desarrollo y funcionamiento del Poder Ejecutivo entre el 28 de enero de 1823 hasta la promulgación de la Constitución de 1833 (26 de mayo de 1833). Estas fechas han sido así escogidas por encerrar entre sus días los verdaderos márgenes que permiten separar las épocas históricas, por un lado la salida de O’Higgins y por otro la promulgación de la Constitución, hecho que corona definitivamente el avance conservador y el fin de los ‘ensayos constitucionales’. Al analizar en concreto lo acontecido entre estas fechas, se pretende llegar a un resultado fresco, y en lo posible, libre de una postura ideológica o política, ya que si bien estas son totalmente válidas, al quedarse inmerso en ellas se ejerce un juicio desde una perspectiva más general (debate) en desmedro de la descripción específica y científica de lo ocurrido, la cual puede sin duda, arrojar nuevas luces para comprender este período.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Planteada la relevancia del tema, los objetivos buscados, las hipótesis de trabajo y la metodología a utilizar. No queda más que mencionar, que no es nuestra intención afirmar, que este es un análisis total de las relaciones entre los poderes del Estado y de estos con la ciudadanía. La intención, es hacer un análisis de la evolución de las facultades de gobierno y administración, aunque siempre en un marco amplio y comprensivo de los diversos factores que influyen en el fenómeno jurídico, sin quedar limitados a la pura norma, que es solo un aspecto de dicho fenómeno. Pero estamos conscientes, que quedan puntos de análisis relevantes en lo referente a las relaciones de poder, que no son tratadas aquí y que escapan a los objetivos de este trabajo. Con todo, tratamos de reunir los aspectos relevantes del pasado, con miras a tener los conocimientos suficientes para construir una democracia en el futuro

La presente investigación tiene como principal objetivo establecer los presupuestos jurídicos los presupuestos jurídicos para sustentar la regulación del otorgamiento de facultades legislativas al ejecutivo. Debido a que, a pesar que nuestra Constitución establezca cuales son los límites para que se dé esta dación de facultades, consideremos que hoy en día quien tiene protagonismo en dictar normas es el poder ejecutivo más no el poder legislativo. Debido a ello, esta investigación se centra en exponer el principio de separación de poderes y su relación con los decretos legislativos. Finalmente, se presenta una propuesta novedosa la cual se basa en cuales materias que no deben ser delegables, el control previo de los decretos legislativos y la excepcionalidad.

El presente trabajo académico aborda la facultad discrecional de los jueces al momento de ordenar se realice nueva tasación dentro del proceso de ejecución de garantías, puesto que si bien es cierto el art. 729 del Código Procesal Civil, otorga dicha facultad, esta se materializa mediante resolución inimpugnable, es necesario resaltar que la facultad discrecional no puede confundirse o admitir arbitrariedad. La resolución que emite el juez ordenando se realice una nueva tasación, debe encontrarse sujeta a criterios objetivos que permitan demostrar que la decisión del juez se encuentra motivada, dado que lo contrario nos llevaría a una motivación aparente, lo cual vulnera los derechos fundamentales. Asimismo, es necesario delimitar y establecer los requisitos objetivos a los que debería ceñirse el juzgador al momento de hacer uso de la facultad discrecional contenida en el Art. 729 del Código Procesal Civil, que lo faculta a decidir si debe ordenar la tasación de oficio, o continuar el remate con la tasación presentada con la demanda. Consecuentemente a través del análisis de resoluciones judiciales, se identificará que efectivamente dichas resoluciones no se encuentran motivadas, evidenciando que el juez no puede ser un mero aplicador de normas, sino debería interpretarlas y arribar a conclusiones que traten de ser justas.

El Proyecto Roma es un modelo educativo en valores y de inclusión educativa, cuyos principios básicos son la confianza en el aprendizaje de todo el alumnado, la construcción del conocimiento de manera social a través del trabajo cooperativo en proyectos de investigación, la concepción de las aulas como si fuesen un cerebro (proceso lógico de pensamiento), la democracia en las mismas y la diferencia como valor que mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por su lado, el constructo Funcionamiento Ejecutivo comprende todos aquellos dominios que se ocupan de la regulación consciente del comportamiento humano dirigido a una meta volitiva, entre los cuales se encuentran recogidas las capacidades de iniciativa, planificación y organización, flexibilidad, inhibición y control emocional. El contexto educativo del Proyecto Roma, a partir de su fundamentación teórica y metodológica, se abre al estímulo de tales dominios en el ser humano, desde la perspectiva del aprendizaje socializado.

En la presente investigación se ha realizado un estudio de carácter histórico, jurídico e institucional de algunos conflictos entre poderes en el Perú, para demostrar que existen una serie de incongruencias entre la forma gobierno peruana y sus respectivos mecanismos de control, esto con la finalidad de iniciar el debate sobre la posibilidad de aplicar la Teoría del poder Neutro en la realidad constitucional peruana, específicamente, como un nuevo enfoque de solución de conflictos ante eventuales impases. Obteniendo, gracias a la recopilación de fuentes doctrinarias e históricas, una serie elementos propios del régimen político peruano, como lo son: una tendencia presidencialista muy arraigada a en la colectividad, una marcada influencia anti parlamentarista fruto de la crisis partidista y la politización del derecho, la carencia de lineamientos constitucionales rígidos para establecer un eficiente equilibrio del poder y una creciente actitud populista de convertir a la lucha contra la corrupción en una especie de venganza o ficción de justicia política. De igual manera, al entender la verdadera naturaleza de una fuerza moderadora de carácter neutral, se desmitifica la creencia de entender a la división del poder político como una estructura tripartita sustentada en el reparto funcional del mismo, empezando a comprender como al otorgarle poder legislativo absoluto a la soberanía popular puede inducir al despotismo incluso en estados democráticos.

El objetivo de este Proyecto de Comunicación es elaborar una propuesta de funciones generales para las Oficinas de Comunicación de los ministerios del Poder Ejecutivo del Perú, que otorgue a la comunicación una posición estratégica en su estructura orgánica. Sobre esta base se propone un perfil para el profesional que las dirija y una propuesta de organización para la oficina. Este proyecto se sustenta en una investigación cualitativa de tipo exploratoria, bibliográfica y documental que permite describir, analizar y comprender cómo se lleva a cabo la comunicación en los ministerios bajo las normas vigentes. Se asume el enfoque de la Nueva Teoría Estratégica (NTE), que plantea pasar de la fragmentación analítica a la complejidad, de la racionalidad a la relacionalidad, de la emisión de información a compartir significado, así como escuchar y dialogar para reconducir a un cauce común las posiciones que se presentan como incompatibles. Se revisan prácticas internacionales a la luz del debate sobre la comunicación del Estado, que trasciende a los gobiernos. Luego, se realiza un análisis de los documentos de gestión de los 18 ministerios que permite verificar que la comunicación en estas entidades tiene un enfoque difusionista, instrumentalista y cortoplacista, destinado a: a) resaltar la figura del personaje con mayor rango en la entidad, b) promover las políticas del gobierno de turno y c) destacar la imagen pública de la entidad. Se propone además que las Oficinas de Comunicación de los ministerios se transformen en Oficinas Generales, se incorporen al segundo nivel jerárquico institucional de la entidad y dependan del despacho ministerial. / The objective of this Communication Project is to elaborate a proposal of general functions for the Communication Offices of the Ministries of the Peruvian Executive Branch, giving communication a strategic position in its organizational structure. On this basis, a profile for the professional who will direct them and an organizational proposal for the office are proposed. This project is based on a qualitative, exploratory, bibliographic and documentary research that allows describing, analyzing and understanding how communication is carried out in the ministries under the current regulations. It assumes the approach of the New Strategic Theory (NST), which proposes moving from analytical fragmentation to complexity, from rationality to relationality, from the emission of information to the sharing of meaning, as well as listening and dialogue to redirect the positions that appear to be incompatible to a common channel. International practices are reviewed in the light of the debate on State communication, which transcends governments. Then, an analysis of the management documents of the 18 ministries is carried out to verify that communication in these entities has a diffusionist, instrumentalist and short-term approach, aimed at: a) highlighting the figure of the highest-ranking person in the entity, b) promoting the policies of the government of the day and c) highlighting the public image of the entity. It is also proposed that the Communication Offices of the ministries be transformed into General Offices, be incorporated into the second institutional hierarchical level of the entity and report to the ministerial office.

Hablar de proceso –en su acepción judicial – es considerarlo como aquel instrumento que tiene el Estado para administrar justicia respecto a los conflictos intersubjetivos de intereses de sus integrantes. En atención a esta noble función, nuestra Constitución ha incorporado determinadas instituciones procesales y algunos principios fundamentales del proceso. Todo proceso, independientemente del tipo al que se refiera, debe llevarse adelante con todas las garantías, ante un juez actúe con imparcialidad e independencia, el que debe decidir en un plazo razonable y, sobre todo, que tal decisión sea objetiva y justa. Por ello nos encontramos frente a la aspiración en alcanzar un proceso justo, o como también es conocido un debido proceso. La presente tesis tendrá como perímetro de su investigación al proceso de ejecución, en razón de que sobre este proceso existen pocos trabajos que brillen por su rigurosidad analítica, pese a que aquél presenta una compleja problemática. El proceso de ejecución en el contexto del sistema procesal tiene una gran importancia, por cuanto constituye —o debería constituir— el instrumento para que los acreedores, frente a la renuencia de sus deudores, puedan recuperar en forma efectiva sus créditos. Y de su efectividad, no pocas veces, depende la efectividad misma de todo el sistema procesal. Es más, los procesos de ejecución, en el conjunto de la carga procesal de nuestros Juzgados —tanto de Paz Letrados como Especializados— , representan un elevado porcentaje. Por ello, frente a la gran “difusión” de procesos de ejecución existente ante nuestros órganos jurisdiccionales, sorprende la ausencia de su estudio analítico y en particular de un aspecto que ha pasado un tanto desapercibido: ¿es realmente justo nuestro proceso de ejecución?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Título V del Libro Tercero del Código Tributario, l lamado, Del Cobro Ejecut ivo de las Obl igaciones Tr ibutar ias en Dinero, regula la cobranza administ rat iva y judicial de las obligaciones tributarias, estableciendo las normas de procedimiento del juicio ejecut ivo dest inado al cumpl imiento coact ivo de dichas obligaciones. Caracter íst ica relevante de este cobro ejecut ivo, tal como señala don Pedro Massone P. , consiste en que “e s u n procedimiento que se desarrolla en dos etapas, a saber: La primera, ante el respect ivo Tesorero y ante el Abogado Provincial del Servicio de Tesorerías. La segunda, ante el Juez de Letras en lo Civ il ” 1. En cuanto al incidente especial del abandono del procedimiento y a su procedencia en el cobro ejecut ivo tr ibutar io, ha sido aceptado, especialmente cuando se ha producido en la segunda fase de este procedimiento2, es deci r, en aquella que se lleva a cabo ante el Tribunal Ordinario; sin embargo, es en la primera etapa, aquel la l levada a cabo ante funcionarios del 1 MASSONE PARODI , Pedro. Tr ibunales y Procedimientos Tr ibutar ios . 3ª ed. , Legal Publ ishing, Sant iago, Chi le, 2010, p. 282. 2 Ibíd. , p. 291. 2 Servicio de Tesorer ías, en la cual existe la discusión –doctr inal y jur isprudencial - respecto de si es o no procedente su aplicación. Para un sector de la doctr ina y jurisprudencia, la etapa llevada a cabo ante funcionarios del Servicio de Tesorer ías tendr ía el carácter de administ rat iva y no jurisdiccional , por lo tanto, no ser ía cor recta la aplicación o procedencia del abandono del procedimiento, que como veremos, es una inst itución cuyo presupuesto básico es la existencia de un juicio, el que en una etapa de carácter administ rat ivo no existe; para otros , en cambio, ser ía totalmente procedente, en atención a que esta etapa -por diversos mot ivos que serán estudiados- no tendr ía realmente el carácter de administrat iva, sino que su naturaleza ser ía más bien de jur isdiccional . Di remos desde ya, que el Código Tributar io, cont iene una serie de normas que, de acuerdo al sent ido y alcance que les otorguemos al momento de su interpretación, permit irán a algunos arr ibar a la conclusión que es totalmente procedente el abandono del procedimiento en la etapa administrat iva, instalándose de este modo una discusión que, hasta el día de hoy, no se encuentra zanjada. Es la cont roversia planteada, la que pretende ser anal izada en este t rabajo, con el objet ivo de alcanzar una conclusión lógica y coherente respecto de si es o no procedente el abandono del procedimiento en la primera etapa del cobro ejecut ivo de las obligaciones t ributarias en dinero. 3 Para el efecto anterior, será necesario, con el f in de contextual izar el tema específ ico que será estudiado, desar rol lar un primer capí tulo que esté dest inado a abordar el procedimiento de cobro ejecut ivo de las obl igaciones t ributarias en dinero. Un Capítulo Segundo estará dest inado al incidente del abandono del procedimiento como inst itución de aplicación general, estableciendo su def inición, caracter íst icas, requisitos, efectos, entre otros. El Capítulo Tercero tratará del incidente del abandono del procedimiento en la etapa administrat iva del cobro ejecut ivo tributario. Se abordará la discusión existente, dando a conocer la controversia, para poster iormente, establecer cuáles son los fundamentos y postulados que permiten sostener como procedente o improcedente el incidente en cuest ión. Finalmente, el Capítulo Cuarto, estará dest inado a las conclusiones logradas en el desarrol lo de este trabajo.