La importancia del sector extractivo en nuestro país como factor de desarrollo y crecimiento, radica sin lugar a dudas, en el impacto que genera en la cadena productiva, comercial y de generación de empleo nacional, lo cual resulta importante para el sostenimiento de la dinámica económica ya que esta actividad implica la apuesta de grandes inversiones por parte de importantes conglomerados empresariales extranjeros como nacionales que buscan posicionarse en el mercado mundial de la comercialización de minerales y explotación de recursos naturales. Siendo este el escenario en el cual confluyen además las exigencias propias de un mundo globalizado, las empresas del sector en aras de establecer un equilibrio entre el mantenimiento de su producción y el desarrollo local de las poblaciones cercanas al proyecto han comenzado a incluir progresivamente en sus planes estratégicos programas de responsabilidad social empresarial (RSE). Sin embargo, el tratamiento tributario respecto a la deducibilidad sobre este tipo de gastos no ha encontrado uniformidad en los pronunciamientos de las principales entidades resolutoras, encontrándose criterios divergentes, como el que sostiene la Administración Tributaria (SUNAT) la cual ha considerado por desestimar en diversas oportunidades la posibilidad de deducir estos desembolsos al no considerarlos necesarios para producir y/o mantener la fuente generadora de renta calificándolos como meras liberalidades; no obstante, también se perfila una postura más amplia asumida progresivamente por el Tribunal Fiscal, en ciertos casos obedeciendo a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación. Esta situación genera una afectación a los contribuyentes debido a la falta de seguridad jurídica que se otorga a sus inversiones lo que pudiera traer como consecuencia posibles perjuicios económicos debido a la pérdida del escudo fiscal de dichos gastos. El presente trabajo de investigación desarrolla una revisión doctrinaria, legislativa y jurisprudencial de las implicancias tributarias y constitucionales que se suscitan al pretender la deducción sobre este tipo de gasto, además se busca determinar los alcances y límites del principio de causalidad y la importancia de la fehaciencia de los gastos realizados a fin de determinar si en efecto tales gastos deben considerarse como deducibles, tomando en cuenta los principales gastos por RSE incurridos por empresas extractivas.

El presente trabajo de investigación tiene la intensión de advertir sobre la responsabilidad tributaria que asumen las entidades públicas que expropian bienes inmuebles para la ejecución de obra pública, así como resaltar la obligación tributaria de los expropiados, todo ello dentro del contexto normativo que dispone que las entidades expropiadoras asumirán el pago del Impuesto sobre la Renta obtenida y que recae en los expropiados de los bienes. Previamente a la determinación de las responsabilidades señaladas, estudiaremos las teorías de renta aplicadas en nuestra legislación tributaria para finalmente apreciar la teoría de renta aplicable a la transferencia de bienes inmuebles en la expropiación. En este análisis tendremos en consideración el pronunciamiento del Tribunal Constitución referente a la afectación del derecho de propiedad en la expropiación así como la inconstitucionalidad de afectar con el Impuesto a la Renta a la transferencia de propiedad como consecuencia de la expropiación, puesto que dicha transferencia no media una libre voluntad del transferente, el mismo que se ve en la obligación de transferir su inmueble a cambio de un precio justipreciado. Este pronunciamiento constitucional será de relevancia para la conclusión final del trabajo, puesto que la responsabilidad tributaria de las partes que se relacionan en la operación de expropiación tendrán vinculación directa con la inconstitucionalidad de la norma que afecta con el tributo en cuestión a la transferencia de bienes como consecuencia de la expropiación. / Trabajo de investigación

El debate legal tributario sobre los derechos de los contribuyentes y la demora de la administración tributaria y el Tribunal Fiscal en la resolución de impugnaciones del proceso contencioso tributario ha ocupado el interés de la opinión pública y los operadores del derecho, como consecuencia de los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre esta materia. A partir de ello, se ha generado espacios de discusión respecto a las implicancias de dicha demora en el cómputo del plazo de prescripción y de los intereses moratorios, temas que revisten especial importancia por las consecuencias jurídicas que se derivan de su aplicación en la esfera jurídica de las personas. En el presente trabajo, se cuestiona la razonabilidad del tratamiento de la suspensión del cómputo del plazo de prescripción en el ámbito tributario, a propósito del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 2051-2016-PA/TC – caso Industrial Paramonga –, que ordena la reanudación del plazo de prescripción de la acción para determinar y exigir la deuda tributaria cuando el Tribunal Fiscal se haya excedido del plazo legal para resolver el recurso de apelación en el procedimiento contencioso tributario. A partir de ello, se realiza un análisis de los motivos o razones que sustentan los límites a la recaudación de ingresos destinados al gasto público por aplicación de la institución de la prescripción en el ámbito tributario, para determinar si estos cumplen con el principio de razonabilidad en el caso concreto de la suspensión del cómputo del plazo de prescripción durante el tiempo que se excede el plazo legal establecido para resolver impugnaciones administrativas en el ámbito tributario. Con esta finalidad, se ha recurrido a los principios constitucionales que se encuentran en conflicto al aplicarse la prescripción en el ámbito tributario, recurriendo a los precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional, así como a la doctrina especializada en el tema para determinar la naturaleza jurídica de la prescripción. Asimismo, se ha recurrido a la aplicación del Test de proporcionalidad aplicado por el máximo intérprete de nuestra Constitución, con lo cual se concluye que la posición interpretativa de dicho órgano – respecto a la reanudación del plazo de prescripción – no es adecuada, pues hay una grave afectación al deber de contribuir en que se sustenta la recaudación en nuestro país. / The legal debate surrounding taxpayers' rights and the prolonged processing times within tax administration and the Tax Court regarding challenges to tax disputes have captured public interest and legal experts' attention, especially in light of recent rulings by the Constitutional Court. These developments have sparked discussions about the ramifications of such delays on the calculation of statutory limitations and accrued interest, issues of paramount importance due to their direct implications on taxpayers' rights and protections. This paper critically examines the rationale behind suspending the statute of limitations in tax matters, particularly in response to the Constitutional Court's ruling in Case No. 2051-2016-PA/TC – Industrial Paramonga –, which mandates the reinstatement of the statute of limitations for actions to determine and collect tax debts when the Tax Court exceeds the prescribed deadline for resolving appeals in tax litigation. Drawing on this context, an analysis is undertaken to evaluate the justification for imposing limits on revenue collection for public expenditure through the mechanism of prescription in tax law. The focus is on determining whether such limitations adhere to the principle of reasonableness, particularly concerning the suspension of the statute of limitations during periods when the legal timeframe for resolving administrative challenges in tax matters is exceeded. To this end, constitutional principles in conflict during the application of prescription in tax law are examined, relying on jurisprudential doctrines articulated by the Constitutional Court and specialized legal scholarship to ascertain the legal nature of prescription. Furthermore, the application of the Proportionality Test by the Constitutional Court is scrutinized, leading to the conclusion that the Court's interpretation regarding the reinstatement of the statute of limitations is inadequate, as it significantly undermines the fundamental duty to contribute to revenue collection, a cornerstone of fiscal policy in our nation.

Las municipalidades pretenden mejorar el nivel de recaudación del impuesto predial, con el objetivo de tener ingresos solventes que puedan satisfacer las necesidades públicas en beneficio de los pobladores. La presente investigación tuvo por objetivo principal determinar la relación entre la cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial en el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, 2021-2022. Se realizó un estudio de enfoque mixto, de tipo aplicada, de nivel descriptivo correlacional y de diseño no experimental. Se utilizó como instrumentos el cuestionario, la entrevista y la guía de análisis documental, en relación con la cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial de los años 2021-2022. Los resultados que se obtuvieron mostraron que la cultura tributaria tiene una relación directa con la recaudación del impuesto predial, lo que refleja que aquellos contribuyentes que posean conocimientos tributarios, de modo voluntario tienden a cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias, contribuyendo a la recaudación del impuesto predial. / Municipalities aim to improve the level of property tax collection, with the aim of having solvent income that can satisfy public needs for the benefit of residents. The main objective of this investigation was to determine the relationship between tax culture and property tax collection in the Tax Administration Service of Chiclayo, 2021-2022. That said, a mixed approach study was carried out, of applied type, at a correlational descriptive level and with a non-experimental design. The questionnaire, the interview and the documentary analysis guide were used as instruments, in relation to tax culture and property tax collection for the years 2021-2022. The results obtained showed that tax culture has a direct relationship with the collection of property tax, which reflects that those taxpayers who have tax knowledge voluntarily tend to comply with the payment of their tax obligations, contributing to the collection of property tax.

In this paper, the author analyses one of the obligations to inform recently implemented in Spain that requires from natural and legal persons to report about assets and properties abroad. Failure to comply with this requirement may make recognition of a gain over incomes and properties values not being declared. These gains will be considered income tax from last tax period. / En el presente trabajo, la autora analiza una obligación de informar recientemente incorporada al ordenamiento español que obliga a toda persona física y jurídica a declarar los bienes y derechos que posea en el extranjero, cuyo incumplimiento conlleva la generación de una ganancia patrimonial en relación con aquellos elementos patrimoniales no declarados que se imputarán al último ejercicio no prescrito.

This article pretends to explain a problematic that must be analyzed from two perspectives, Labor and Tax law; thereby it will provide adequate solutions. Therefore, the authors will board the problematic of labor migration specifically geared to the hiring of foreign workers and its taxations methods. Furthermore, the authors will explain that the determination of the condition of domiciled or not of the foreigner, is not sufficient with the analysis of the internal tax laws; in some cases it is also necessary to analyze international standards that favor the taxpayer. / El presente artículo pretende exponer una problemática que debe ser analizada desde dos ramas del Derecho, tanto desde la perspectiva laboral como desde la tributaria, para de esa forma brindar soluciones idóneas. En ese sentido, los autores abordarán la problemática de la migración laboral concretamente en torno a la contratación de trabajadores extranjeros y la forma de tributación de los mismos; asimismo, explicarán que, para determinar la condición de domiciliado o no del extranjero, se deberá entrar en un análisis no solo en base a las normas tributarias internas, sino que también en determinados casos se deberá analizar normas internacionales que favorecen al contribuyente.

The content and function of the contribution capacity principle has been a controversial issue for economists and jurists. Through the jurisprudence of the Constitutional Court of Peru, the author claims the capacity of contribution as an implied constitutional principle to award a self-governing function from other principles (legality, equality and non confiscatory) and recognize the outstanding methodological contribution to the Financialand Taxation law unit. / El contenido y función del principio de capacidad contributiva ha sido una cuestión controvertida por economistas y juristas. A través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Perú, el autor reivindica la capacidad contributiva como principio constitucional implícito, para adjudicarle una función autónoma de otros principios constitucionales  (legalidad,  igualdad  y  no  confiscatoriedad) y destacar el aporte metodológico a la unidad del derecho financiero y tributario.

The first part of the article establishes the background and acts of authority that let the victims to file the constitutional claims. Then it enters to analyze different arguments that were made to the Mexican Courts against the acts of authority. Finally the article refers to the Human Rights that the autor considers violated. These arguments were filled to the Inter-American Commission on Human Rights. / En la primera parte del artículo se establecen los antecedentes y actos de autoridad quedieron pie a demandar el amparo. Posteriormente se entra al análisis de una serie de argumentos “que se hicieron valer en contra” de los actos de autoridad ante el Poder Judicial de la Federación. Por último se hace referencia a los Derechos Humanos que se consideraron violados, los mismos que son materia de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

This article compares and analyzes how member States of the European Union, the United States of America and the United Kingdom combat tax avoidance through its legal systems. The article addresses issues such as the influence of the Court of Justice of the European Union and the case Cadbury Schweppes in establishing anti-avoidance rules in member States of the European Union and the application of Business Purpose Doctrine in the United States of America and the United Kingdom. / El presente artículo compara y analiza la manera en que los Estados miembros de la Unión Europea, los Estados Unidos y el Reino Unido combaten la elusión tributaria a través de sus sistemas legales. El artículo aborda temas como la influencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el caso Cadbury Schweppes en el establecimiento de normas antielusivas en los Estados miembros de la Unión Europea, y la aplicación de la doctrina de la simulación en los Estados Unidos y en el Reino Unido.

Discrimination concerning taxpayers is often found in every tax system, which allows double tax burden to happen. It is for this reason that agreements such as the Double Taxation conventions and the Andean Community Resolution 578 arise, which refer to the non discrimination principle. In the following article, the author proposes a new way to interpret this non-discrimination principle contained in the Andean Community Resolution 578, analyzing Peru's context and legislation in order to determine how to solve this problem when, for example, there is a differentiated treatment and a consequent unfair taxation to those who domicile abroad. / La discriminación de los contribuyentes en el ámbito tributario es un fenómeno que ocurre constantemente y que puede contribuir a que se dé la doble carga fiscal. Es por este motivo que surgen acuerdos como los Convenios para Evitar la Doble Imposición y la Decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones, que hacen referencia al principio de no discriminación. En este artículo, el autor propone una forma de interpretar el principio de no discriminación contenido en la Decisión 578 analizando el contexto y legislación del Perú para determinar cómo solucionar este problema cuando, por ejemplo, en asuntos vinculados a la imposición por domicilio, haya un trato diferenciado.