En el presente trabajo de investigación se aborda la problemática respecto a la aplicación del principio de retroactividad benigna en el ámbito sancionador tributario, dado que se trata de una discusión que, a nuestra consideración, aún no se encuentra resuelta, pues si bien la SUNAT y el Tribunal Fiscal reiteradamente han señalado que este principio no resulta aplicable al ámbito sancionador tributario, ello no ha sido así en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial, que han reconocido la aplicación de este principio. En ese sentido, lo que se busca plantear es que, a pesar de lo dispuesto en el artículo 168° del Código Tributario y la modificación efectuada mediante el Decreto Legislativo No. 1311, en realidad existen diversas razones por las que este principio resultaría plenamente aplicable. Es así que, atendiendo (i) a los límites del ius puniendi del estado, (ii) a las reglas de interpretación normativa de las leyes y la Constitución Política del Perú, (iii) al derecho fundamental a la igualdad, (iv) a las normas tributarias de países de Latinoamérica, (v) a la normativa tributaria nacional, (vi) a la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial y (vii) a que existen supuestos no contemplados en el artículo 168° del Código Tributario; es que podemos concluir que, este tema aún no ha sido zanjado, pues el principio de retroactividad benigna no se sustenta únicamente en normas de jerarquía legal, sino que también tiene un sustento Constitucional.

En nuestro medio nacional es ampliamente reconocida la potestad sancionadora de la Administración Pública, la cual se torna inevitable a efectos de asegurar que los administrados se adecúen a lo esperable en nuestro ordenamiento. Sin embargo, a pesar de la amplitud con la que se ha aceptado y aplicado en los distintos ordenamientos o sectores en los que a la entidad inmiscuida se le ha otorgado dicha potestad, nos topamos con un desarrollo dogmático y jurisprudencial –a nuestro criterio- todavía exiguo que se haya encargado de delimitar a conciencia los principios, reglas y garantías que deben regir en cada momento en que se impongan una sanción administrativa por la verificación de una infracción administrativa. De ahí que surge la necesidad de revisar críticamente las resoluciones emitidas por entidades de la Administración Pública que imponen sanciones y la forma en que han venido aplicando los derechos, garantías y principios de las cuales goza el administrado

¿Existe incertidumbre en el administrado respecto del reconocimiento de la aplicación de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad administrativa en nuestro ordenamiento jurídico peruano? Esta es la interrogante que motivó el presente trabajo y para esbozar una respuesta se desarrolla la siguiente estructura: Primero, se analiza la vinculación que existe entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, en específico entre las figuras excusa exculpatoria y la subsanación como eximente de responsabilidad administrativa. Precisándose, el análisis de la naturaleza de los eximentes para entender cómo operan y cómo debería ajustarse su regulación. Segundo, se explica los presupuestos que comprende la figura de subsanación como eximente de acuerdo con la disposición legal prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). Tercero, analizar algunas disposiciones reglamentarias, emitidas por algunos organismos reguladores, donde se puede constatar que se crean “condiciones” o “limitaciones” no previstas en la norma general, LPAG. En síntesis, luego del análisis que se desarrolla en este trabajo, se ha podido concluir que la subsanación voluntaria como eximente se encuentra desnaturalizada y en ese sentido si genera incertidumbre en su procedencia cuando el administrado lo formule ante la autoridad administrativa

A fines del año 2016, la legislación administrativa peruana tuvo una fundamental reforma llevada a cabo por la publicación del Decreto Legislativo N° 1272, que implicó una total redefinición de instituciones y figuras jurídicas previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Entre las principales modificaciones de dicha reforma se incorporó el régimen jurídico de la caducidad procedimental, la misma que volvió a experimentar una reforma acaecida con ocasión de la publicación del Decreto Legislativo N° 1452. Debido a la escasa cantidad de estudios doctrinarios y jurisprudencia jurisdiccional y administrativa realizada en el Perú sobre esta la caducidad, nos planteamos como objetivo principal documentarnos sobre ella y reunir información que nos permitiese configurar su caracterización jurídica, descubriendo sus orígenes, naturaleza, clasificaciones y finalidad. Este análisis sirve para identificar el tipo de caducidad que nuestra legislación administrativa incorporó en el capítulo referido a la regulación de la potestad sancionadora de la Administración. La investigación implica identificar los contrastes resultantes de la consagración de la caducidad administrativa en el Perú, así como los alcances dogmáticos que forman el contenido y aplicación de esta figura. De tal modo, la principal conclusión a la que arribamos, luego de concluida nuestra investigación, estriba en advertir que nuestro ordenamiento jurídico administrativo configura a la caducidad como una figura de naturaleza perentoria cuyos efectos recaen únicamente sobre el procedimiento administrativo sancionador, excluyendo de su ámbito de aplicación a otros procedimientos susceptibles de imposición de medidas de gravamen. Asimismo, cabe manifestar que la legislación peruana acoge una caracterización de la figura basada en su carácter objetivo, oficioso, automático y declarativo, así como también, que su aplicación no se extiende a los procedimientos recursivos; y en cuanto a los plazos, el ordenamiento jurídico dotó a la caducidad con un plazo aceleratorio de 9 meses, ampliables excepcionalmente a 3 meses adicionales. / At the end of 2016, the Peruvian administrative legislation had a fundamental reform carried out by the publication of Legislative Decree No. 1272, which involved a total redefinition of institutions and legal figures provided for in Law No. 27444, General Administrative Procedure Law. Among the main modifications of said reform, the legal regime of procedural expiration was incorporated, which again underwent a reform that occurred on the occasion of the publication of Legislative Decree No. 1452. Due to the low number of doctrinal studies and jurisdictional jurisprudence about procedural expiration, our main objective is to document ourselves on it and gather information that would allow us to configure its legal character, discovering its origins, nature, classifications and purpose. This analysis serves to identify the type of expiration that our administrative legislation incorporated in the chapter referring to the regulation of the Administration's sanctioning power. The investigation involves identifying the contrasts resulting from the consecration of administrative expiration in Peru, as well as the dogmatic scope that forms the content and application of this figure. Thus, the main conclusion we reach, after the conclusion of our investigation, is to warn that our administrative legal system configures expiration as a peremptory figure whose effects fall solely on the administrative sanctioning procedure, excluding from its scope applicable to other procedures subject to imposition of lien measures. Likewise, it should be stated that the Peruvian legislation welcomes a characterization of the figure based on its objective, informal, automatic and declarative nature, as well as that its application does not extend to recursive procedures; and as for the terms, the legal system provided the expiration with an acceleration period of 9 months, exceptionally extendable to an additional 3 months.

En el presente trabajo se explicará la desnaturalización en la aplicación e impugnación de penalidades en la ejecución de los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso publico por parte del OSITRAN, en la medida que dicho organismo regulador en el marco de la facultad de fiscalización y supervisión que le confiere la Ley Marco de Organismos Reguladores y la Ley de creación del OSITRAN ha venido aplicando incorrectamente las penalidades contractuales. Asimismo, se explicará la naturaleza jurídica de las penalidades contractuales y sanciones administrativas, su procedimiento de aplicación e imposición y los medios de impugnación que se prevén para dichos instrumentos jurídicos

El presente informe tiene por objetivo analizar tres (3) problemas jurídicos identificados en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio por parte de la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados (STCCO) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) en contra de Telefónica del Perú S.A.A. por haber incurrido en la conducta de abuso de posición de dominio en la modalidad de ventas atadas, tipificada en el literal 10.2.h) del Decreto Legislativo 1034, que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (LRCA), por el condicionamiento de la prestación del servicio de Internet ADSL a la contratación del servicio de telefonía fija. Así, partiendo de los pronunciamientos de primera y segunda instancia, examinamos tres (3) puntos controvertidos durante el procedimiento: (i) la aplicabilidad de la referida norma a la conducta imputada, considerando que esta se encontraría cubierta por el principio de supletoriedad; (ii) la variación de la imputación durante el transcurso del procedimiento, en perjuicio de Telefónica; y, (iii) el cumplimiento del estándar de prueba relativo a la generación de efectos negativos actuales y potenciales en el mercado de telefonía fija. En base al desarrollo doctrinario y jurisprudencial que se expone en el informe, concluimos que (i) procede la aplicación de la LRCA a la conducta bajo análisis, ya que las excepciones a esta deben establecerse a través de una norma con rango legal; (ii) la STCCO varió la imputación al momento de la expedición del Informe Instructivo, al incluir un elemento adicional típico de una conducta distinta a la imputada; y, (iii) el pronunciamiento de segunda instancia no alcanzó el estándar de prueba necesario para la acreditación de la relación de causalidad entre la conducta imputada y los efectos que se le atribuyeron.

El presente informe de relevancia jurídica tiene como objetivo concientizar al lector sobre la importancia de la determinación en el régimen de la responsabilidad que se les asignará a los sujetos pasivos en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Además, se desarrollará una crítica a la Ley de Contrataciones con el Estado (vigente al desarrollo del caso expuesto en el presente informe) y su Reglamento. Tanto en el momento en el que se desarrolló el procedimiento administrativo sancionador del caso a desarrollar, como hasta la fecha, la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento contienen las mismas disposiciones con respecto a la aplicación de las reglas establecidas por responsabilidad objetiva ante los administrados, y la solidaridad que mantienen las partes de un consorcio. En ese sentido, mediante el presente informe se busca demostrar que dichas disposiciones vulneran diversos principios que rigen el buen funcionamiento del procedimiento administrativo y del procedimiento administrativo sancionador contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta investigación se sustenta no solo en lo establecido por el ordenamiento jurídico, sino también por la doctrina más destacada en el ámbito del derecho administrativo, así como en jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional del Perú. Además, nos remitiremos brevemente a la legislación, doctrina y jurisprudencia internacional. Por último, se concluye que la imputación de la responsabilidad objetiva y la solidaridad entre las partes de un consorcio generan el efecto contrario al fomento de la participación de los privados en los procesos de contratación estatal.

El presente informe analiza los principales fundamentos de la Resolución N° 1122-2007/TDCINDECOPI, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual del Indecopi, mediante la cual declara responsable a la empresa Ferrocarril Trasandino S.A.C (en adelante, Fetrans) y le impone como medida correctiva el cese del abuso de la posición de dominio, así como una multa ascendente a 165,9 UIT. Ello a propósito del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio y como consecuencia de la denuncia interpuesta por la empresa Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. La sanción impuesta corresponde a la infracción a los artículos 3° y 5° del Decreto Legislativo N° 701 cometida por la empresa Fetrans, al haberse demostrado la negativa injustificada de alquilar el material tractivo y rodante otorgado en concesión por el Estado peruano. El análisis de los problemas jurídicos identificados nos permite afirmar la insuficiencia de la medida correctiva ordenada por el Tribunal, siendo que, con dicho pronunciamiento, se dejó abierta la posibilidad de que se continúe en un mercado con condiciones anticompetitivas, aún cumpliendo con el mandato; por lo que, la reformulación de la misma o la consideración del servicio de alquiler de material de locomotoras y vagones con capacidad de operar en el tramo Sur Oriente peruano (en adelante, el material) por parte del Ositran , resultan alternativas menos gravosas que pudieron haber sido consideradas por la autoridad administrativa o que podrían serlo en posteriores pronunciamientos. En el mismo sentido, el análisis de los requisitos de validez de la resolución previa que habilita el pronunciamiento del Tribunal nos permite afirmar la validez del acto administrativo en esta última instancia. / This report analyzes the main foundations of Resolution No. 1122-2007/TDC-INDECOPI, issued by the Court for the Defense of Competition and Intellectual Property of Indecopi, by which it declares the company Ferrocarril Trasandino S.A.C (hereinafter, Fetrans) and imposes as a corrective measure the cessation of the dominant position, as well as a fine amounting to 165.9 UIT, this in connection with the disciplinary administrative procedure initiated ex officio and as a consequence of the complaint filed by the company Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. The sanction imposed corresponds to the violation of articles 3 and 5 of Legislative Decree No. 701 committed by the Fetrans company, having demonstrated the unjustified refusal to rent the tractive and rolling stock granted in concession by the Peruvian State. The analysis of the legal problems identified allows us to affirm the insufficiency of the corrective measure ordered by the Court, being that, with said pronouncement, the possibility of continuing in a market scenario with anti-competitive conditions was left open, even in compliance with the mandate; Therefore, its reformulation or the consideration of the material rental service for locomotives and wagons with the capacity to operate in the Peruvian South East section (hereinafter, the material) by Ositran, are less burdensome alternatives that could have been considered by the authority or could be considered in subsequent pronouncements. In the same sense, the analysis of the validity requirements of the resolution that enables the Court's pronouncement allows us to affirm the validity of the administrative act in this last instance.

El objetivo general del trabajo es identificar los vacíos normativos que identificamos en procedimientos administrativos sancionadores, y como ante dicho contexto, la Administración Pública puede incurrir en vicios que vulneren los derechos a los administrados sujetos a su competencia. Pero, este análisis no solo tiene por objetivo identificar dichas falencias y vacíos normativos, sino también plantear soluciones que permiten contribuir de mejor manera en la actuación de la Administración Pública. Los instrumentos que se ha utilizado en presente trabajo es el marco normativo que aplica al sector ambiental dentro un procedimiento administrativo sancionador, la jurisprudencia que aborda los principios del procedimiento administrativo y la doctrina que aborda temas no solo de principios sino también temas como procedente vinculantes en materia administrativa. En ese sentido, entre las principales conclusiones en que llega en el análisis de un caso surgido entre la Empresa Administradora Chungar y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es que, se ha vulnerado claramente los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, y que, por ende, correspondía a uno de los órganos que se interviene dentro del procedimiento que declare la nulidad de lo actuado, pero al no pasar esto, tiene por resultado emitir un precedente vinculante que contraviene el marco normativo aplicable. / The general objective of the work is to identify the regulatory gaps that we identify in administrative sanctioning procedures, and as in this context, the Public Administration may incur in vices that violate the rights of the administrations subject to its competence. However, this analysis is not only intended to identify these gaps and regulatory gaps, but also to propose solutions that allow a better contribution to the performance of the Public Administration. The instruments that have been used in this work are the normative framework that applies to the environmental sector within an administrative sanctioning procedure, the jurisprudence that addresses the principles of the administrative procedure and the doctrine that addresses issues not only of principles but also issues such as binding in administrative matter. In this sense, among the main conclusions reached in the analysis of a case that arose between the Chungar Administrative Company and the Environmental Assessment and Enforcement Agency, is that the principles that govern the administrative sanctioning procedure have been clearly violated, and that Therefore, it corresponded to one of the bodies that intervenes within the procedure to declare the nullity of the action, but when this does not happen, the result is to issue a binding precedent that contravenes the applicable regulatory framework.

El presente artículo tiene como objetivo explicar por qué un acto administrativo emitido bajo la potestad sancionadora de una entidad administrativa no puede ser analizado desde la perspectiva de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas; es decir, por qué una sanción o medida correctiva no podría contener una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. Para ello, se analizará la Resolución N° 0147-2015/CEB-INDECOPI emitida en el año 2015 por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, sobre la cual se hará una breve crítica que nos llevará a resaltar la importancia de la precisión establecida en el Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, al señalar que, entre otros, no se consideran barreras burocráticas a la imposición de sanciones.