Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema que abordaremos, adquiere importancia, toda vez que actualmente nuestro país cuenta con un gran número de personas que se encuentran sujetas a la supervigilancia de Gendarmería de Chile. Así por ejemplo, al 31 de marzo de 2014, el total de atendidos (hombres y mujeres) por la administración penitenciaria ascendió a la suma de 121.506 personas6. Todas estas personas pueden ser objeto de una sanción disciplinaria, cuando se cumplen los supuestos estipulados en el Reglamento Penitenciario para que ello ocurra. Adoptaremos una posición crítica de nuestro sistema Disciplinario Penitenciario actual, dado que éste no resulta ser coherente con los estándares internacionales y que han sido aceptados por nuestro país, pues es posible evidenciar que ciertas características del marco normativo vigente, propician la violación de determinados derechos que deberían tener un mayor grado de protección. Además, se intentará dejar en evidencia ciertos problemas que nuestro sistema penitenciario actual presenta.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / El presente trabajo surge como resultado de un proyecto de tesis iniciado durante el curso de Taller de Memoria denominado “El Derecho Sancionatorio de las Superintendencias: Casos Prácticos de la SVS y SEC”, y busca realizar una revisión crítica del estado de la regulación administrativa del Mercado de Valores, tanto desde la perspectiva de la regulación proveniente de los órganos autorregulados como desde la regulación impartida a nivel legislativo y administrativo. Sin intentar desdibujar los lineamientos del sistema económico actual, se sostiene que es necesario que la regulación del Mercado de Valores se efectúe de forma integrada, teniendo en consideración el interés público involucrado en las actuaciones realizadas por sus participantes. La situación anterior, se ejemplifica mediante el análisis de casos de ilícitos de manipulación bursátil, ocurridos en nuestro país durante los últimos años. Se plantea que el problema de la regulación actual del Mercado de Valores atiende tanto a aspectos de fondo como de forma. En relación al fondo, y desde una mirada más sociológica que jurídica, se señala que el problema atiende a que aún las normas del Mercado de Valores no son percibidas transversalmente en la sociedad como una vulneración al interés público, tal como sucede en otros ámbitos del derecho, como el Derecho Penal o la Libre Competencia. En cuanto a la forma, se sostiene que la regulación y los enfoques de fiscalización aplicados actualmente en el Mercado de Valores, son incapaces de anticiparse a los ilícitos, dedicándose principalmente a reaccionar ante los acontecimientos. v Atendido lo anterior, se plantea la tesis de que, en buena medida, la solución a estas problemáticas, se encuentra en realizar modificaciones tanto a nivel teórico como práctico, a través de la implementación de ciertos conceptos como la “Autorregulación Regulada” y la “Supervisión Basada en Riesgos”. / 15/09/2018

La presente investigación contiene el estudio de dos herramientas jurídicas que emplea el Estado Peruano en la relación contractual que mantiene con los concesionarios que participan en el mercado de infraestructura de transporte de uso público. Estas herramientas son las penalidades y las sanciones administrativas. Las primeras tienen naturaleza civil y buscan garantizar el cumplimiento de una obligación; y las segundas, poseen naturaleza administrativa y cumplen un rol punitivo por la transgresión a las normas. Por lo tanto, si bien ambas permiten desincentivar los incumplimientos en los que pudieran incurrir los concesionarios, deben tramitarse desde sus respectivos procedimientos. Sin embargo, en el sector de infraestructura de transporte se ha presentado una confusión conceptual porque se ha creado un procedimiento especial para aplicar las penalidades, el cual dista de la naturaleza civil que tienen tales figuras y las aproxima al ámbito del derecho administrativo sancionador. Así ha ocurrido que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) ha emitido una Directiva a través de la cual crea una vía administrativa para imponer las penalidades, como si éstas fueran sanciones administrativas. La situación antes descrita incide sobre la integridad de los contratos de concesión en tanto que deja sin efecto la cláusula de solución de controversias, llevando los conflictos a sede judicial como última instancia. Esto genera tres potenciales problemas: incertidumbre y riesgo regulatorio, incremento de costos de transacción a nivel contractual e ineficacia del sistema de cumplimiento. En este contexto, la tesis aborda el análisis de las penalidades y las sanciones administrativas, considerando lo establecido en el marco normativo y el criterio expuesto por el OSITRAN, con el fin de esclarecer que son figuras que requieren un procedimiento de aplicación acorde con su naturaleza jurídica. A su vez, deja en evidencia que el problema se origina por la confluencia innecesaria de ambas, al haberse asignado para un mismo tipo de incumplimiento en los contratos de concesión. En nuestro estudio se concluye que OSITRAN carece de competencia legal para regular un procedimiento de aplicación de penalidades. Asimismo, se hace visible que la confusión conceptual involucra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por haber incluido, en los contratos de concesión, un régimen de penalidades que adolece de los defectos mencionados. Por ello, en esta investigación se analiza el régimen de penalidades con el fin de identificar los incumplimientos que sólo deberían ser objeto de penalidades y no de sanciones administrativas. De este modo, se le asigna a cada herramienta el uso que le corresponde según su naturaleza, reduciendo así la posibilidad de que puedan confluir sobre un mismo tipo de incumplimiento. Finalmente, como último propósito de la tesis, se plantea la idea de mejorar el procedimiento establecido en la Directiva, armonizándolo con el mecanismo de solución de controversias pactado por las partes, haciendo uso de la regulación responsiva; y se elaboran unos Lineamientos para la formulación de una cláusula que regule el régimen de penalidades en los contratos de concesión que a futuro se suscriban o que forme parte de las modificaciones contractuales a insertarse en los proyectos de inversión que así lo requieran. / The present investigation contains the study of two legal tools that the Peruvian State uses in the contractual relationship that it maintains with the concessionaires that participate in the transport infrastructure market for public use. These tools are penalties and administrative sanctions. The first ones have a civil nature and seek to ensure the compliance of an obligation; and the second ones have an administrative nature and have a punitive role when exist a transgression of the normative rules. Therefore, although both of them discourage contractual breaches in which the concessionaires could incur, penalties and administrative sanctions must be processed in their respective procedures. However, in the public transport infrastructure sector, conceptual confusion has arisen because a special procedure has been created to apply the penalties, which is far from the civil legal nature of penalties and, conversely, brings them closer to the scope of sanctioning administrative law. As it has happened, the Supervisory Organism of Investment in Public Transport Infrastructure (OSITRAN) has issued a Directive that creates an administrative procedure to impose penalties, as if these were administrative fines. The aforementioned situation affects the integrity of the concession contracts, as it leaves the dispute resolution clause without effect, taking the disputes to court as a last resort. This generates three potential problems: uncertainty and regulatory risk, increase in contractual costs and inefficiency of the compliance system. In this context, the thesis broaches the analysis of penalties and administrative sanctions, considering what is established in the regulatory framework and the criteria exposed by OSITRAN, in order to clarify that they are figures that require an application procedure according to their legal nature. At the same time, it shows that the problem is caused by the unnecessary confluence of both of them, having been assigned for the same type of noncompliance in the concession contracts. In our study, it is concluded that OSITRAN lacks legal competence to regulate a penalty application procedure. Likewise, it is visible that the conceptual confusion involves the Ministry of Transport and Communications, and the Agency for the Promotion of Private Investment for having included, in concession contracts, a penalty regime that suffers from the aforementioned shortcomings. Therefore, in this investigation the penalties regime is analyzed in order to identify the breaches that should only be subject to penalties and not administrative sanctions. Finally, as the final purpose of the thesis, the idea of improving the procedure established in the Directive is proposed, harmonizing it with the dispute resolution mechanism agreed by the parties, making use of the responsive regulation; and some Guidelines are prepared for the formulation of a clause that regulates the penalties regime in concession contracts that are going to be subscribed in the future or that form part of the contractual modifications to be inserted in investment projects that require it. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Derecho Disciplinario existe desde que se comienzan a formar las primeras asociaciones de personas. En toda organización es necesaria la disciplina, puesto que ésta se convierte en la única manera de proteger el buen funcionamiento de la organización. Según lo anterior, podemos distinguir Derecho Disciplinario Privado y Derecho Disciplinario Público, según sea la naturaleza jurídica de la organización a la que se aplican las normas. Dentro del Derecho Disciplinario Privado podemos encontrar diversos regímenes. Lo mismo ocurre con el Derecho Disciplinario Público, donde podemos encontrar algunos regímenes especiales y uno general: el Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos regidos por la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. La doctrina comparada –puesto que la materia no ha suscitado mucho interés en la nacional- ha llegado a considerar al Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos como una rama autónoma del derecho punitivo. No obstante, aún es discutido si ésta es parte integrante del Derecho Penal o es parte del Derecho Administrativo Sancionador.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos regula la actividad probatoria en tan sólo cuatro artículos, desde el 35 al 38. Esta deficiencia ha generado diversos conflictos, tanto doctrinarios como jurisprudenciales, al intentar dotar de contenido dicha actividad. En razón de lo anterior, y considerando la relevancia e importancia de la prueba en todo procedimiento, es que hemos decidido aventurarnos en la investigación de la actividad probatoria en el Derecho Administrativo Sancionador, desde una mirada analítica, descriptiva y crítica. Para ello recurriremos a la legislación vigente, la doctrina y jurisprudencia. Finalmente, con el desarrollo de esta investigación, pretendemos aportar bases para discusiones posteriores, razonamientos jurisprudenciales y, por qué no, ofrecer una propuesta lege ferenda.

Memoria (licenciado en ciencias jurìdicas y sociales) / El objetivo de esta investigación es estudiar a fondo la presunción de legalidad de los actos administrativos. Para ello se estudia la legislación comparada de procedimientos administrativos. En Chile se dictó la ley de la materia sólo en 2003, por lo que debemos estudiar si esta es la tendencia a nivel mundial. Asimismo, debemos conocer si la presunción de legalidad ha sido consagrada a nivel legal, qué sanciones existen para los actos ilícitos, y qué facultades se le otorga a la Administración de cada país en esta materia. Luego, se estudia a la doctrina comparada. No todos los países contemplan la existencia de la presunción de legalidad, por lo que debemos estudiar qué fundamento entregan los autores en Europa y en Latinoamérica para ella en el caso que se la reconozca. Del mismo modo, es importante saber cómo han surgido estas ideas en otros países, considerando que en Chile nació gracias a un dictamen de la Contraloría General de la República. Posteriormente, se estudia todo lo que ha señalado históricamente la doctrina chilena, clasificándola en dos distintas etapas: durante la vigencia de la Constitución Política de 1925 y durante la vigencia de la Constitución Política de 1980. En este último caso, se distingue entre antes y después de la dictación de la Ley N° 19.880. Finalmente, se estudia la jurisprudencia nacional en la materia. Siendo en Chile la presunción de legalidad una creación contralora, lo señalado por esta entidad reviste de gran importancia, en especial si durante muchos años fue la única fuente de la misma. También se estudia lo señalado por el Tribunal Constitucional. Si se ha acusado a esta institución de inconstitucionalidad, será este el órgano que tenga la última palabra en la materia. Asimismo, se estudia lo señalado por los tribunales ordinarios, como garantes últimos de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos efectuados por la Administración en el ejercicio de sus facultades

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el marco del procedimiento administrativo sancionador la prueba cumple un papel fundamental al permitir que la decisión que ahí se emita sea conforme a las garantías de un debido proceso. Uno de los propósitos de este trabajo es analizar los aspectos generales de la actividad probatoria dentro del procedimiento administrativo sancionador, tanto desde la perspectiva de la autoridad como del presunto infractor, a la luz de lo establecido en la legislación chilena. Para ello, me centraré en la interpretación de la Ley N°19.880, buscando establecer un marco común y supletorio para aquellos aspectos atingentes a la prueba que no han sido regulados en la normativa específica del órgano responsable del procedimiento. Otro de los propósitos de este trabajo será analizar el poco estudiado periodo de informaciones previas, considerando que en la práctica gran parte de los antecedentes incorporados por la autoridad al procedimiento fueron recabados dentro de él. En esta parte, las conclusiones se guiarán conforme a lo dispuesto en la carta fundamental, especialmente en cuanto al derecho a defensa. Lo anterior, a falta de una regulación especial por parte del legislador. Palabras claves: Procedimiento administrativo sancionador; debido proceso; derecho a defensa; periodo de información previa; prueba en el procedimiento administrativo sancionador.

Memoria de prueba para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo analiza las penas pecuniarias que existen a luz del Derecho Penal y del Derecho Administrativo en materia ambiental. Para ello, se hará una recopilación de todas las sanciones de multa que puedan existir al respecto, analizando tanto la normativa interna como la internacional. Una vez hecha esta recopilación se hará mención a los bienes jurídicos protegidos por diferentes ramas del derecho que se relacionan con el medio ambiente, para así lograr conocer la diferencia que existe entre ellos o, a contrario sensu, la similitud entre aquellos. Y, finalmente, se hará mención, entre otras cosas, a los fines que el poder punitivo estatal pretende cumplir con la imposición de estas multas, para comprender si con ellas es o no posible reparar el medio ambiente dañado

El presente informe contiene el análisis jurídico de la Resolución Directoral Nº 844-2015-OEFA/DFSAI de OEFA contra PETROPERÚ por el derrame de petróleo en el km 41+833, ubicado en la localidad de Cuninico, distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto. El análisis aborda la implementación de los principios de responsabilidad ambiental y de prevención en el procedimiento administrativo sancionador ambiental, así como la conceptualización e implementación de las medidas y sanciones por daño ambiental por el derrame bajo análisis, siendo fundamental el abordaje de este tema dado que en la Amazonía peruana se superponen territorios de pueblos indígenas con actividades de hidrocarburos por lo que es importante lograr la sostenibilidad ambiental y la aplicación eficiente y efectiva de la fiscalización ambiental. En ese sentido, se analiza como OEFA determina la responsabilidad administrativa ambiental de PETROPERÚ, el daño a la fauna y flora (daño ecológico) y el daño a la vida y salud (daño por influjo ambiental), así como las medidas y sanciones impuestas por dicho organismo a la empresa titular. Para ello, utilizamos un análisis sistémico normativo con el fin de lograr un análisis integral, comparando dicha resolución con otras resoluciones relacionadas con casos de derrames de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano. Además se realiza un análisis de la situación actual del caso y concluyéndose que si bien se determina responsabilidad administrativa contra Petroperú, aplicándose el procedimiento excepcional en el marco de la Ley Nº 30230, por el cual se impone sólo medidas correctivas, consideramos que si se incluía un concepto integral de salud (daño mental y/o social) de los pueblos indígenas, el procedimiento sancionador pudo haber sido ordinario y por tanto el titular merecer una sanción (multa)