Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo consiste en un análisis de los fallos de la Corte Suprema respecto de las causas reenviadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, en cuanto a la fundamentación de recursos de nulidad en materia penal, por no estar de acuerdo a la causal del articulo 373 A), sino al 373 E), con el objeto de extraer el criterio utilizado por el máximo tribunal de nuestro país. Para ello, en esta tesis se realizara una exhaustiva descripción del debido proceso y sus garantías, tal y como fueron invocadas por los recurrentes en los diversos casos, para proseguir con un análisis de las sentencias del año 2016 y finalizar con las conclusiones que de ello deriven

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria tiene por objeto realizar una sistematización de los argumentos emitidos por los tribunales de nuestro país en relación a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Chile a partir de la década de los 70’. Para estos efectos, se ha distinguido tres capítulos: el primero sobre conceptos generales en relación a los crímenes de lesa humanidad. En el segundo capítulo se realiza una sistematización de los argumentos utilizados en los fallos emitidos por los Tribunales de nuestro país, identificando y desarrollando los principales criterios empleados al momento de juzgar los hechos y calificarlos como crímenes de lesa humanidad. Y, por último, en el tercer capítulo, se hará referencia a las 6 inquietudes que nacen a partir del análisis de jurisprudencia realizado en el capítulo II.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se analizará cómo la Corte Suprema ha desarrollado y aplicado la teoría o doctrina de los actos propios al ejercicio de actos o conductas procesales manifestadas en el contexto de un juicio, a raíz de su regulación expresa en la Ley 20.886. Para ello se realiza previamente un estudio de todos los elementos que fundan y rodean a la teoría. El trabajo comienza con una revisión general del principio de buena fe procesal con el fin de identificar los fundamentos que respaldan la existencia de la doctrina. Asimismo, se desarrolla una exposición sobre los principales aspectos teóricos de los actos propios de manera de conocer su contenido, naturaleza, requisitos y aplicación, entre otros. Finalmente, el trabajo termina con la exposición y análisis de diferentes sentencias del máximo tribunal que permiten determinar cómo ha sido la recepción de esta teoría en la jurisprudencia chilena.

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES / Existe actualmente, tanto en la ley como en la doctrina nacional chilena, una incertidumbre respecto a que entendemos por falta o abuso grave cuando hablamos de recursos de queja. Pareciera ser que está bien claro que la finalidad del recurso de queja es corregir los faltas o abusos graves cometidos por nuestros tribunales de justicia. Sin embargo, no existe ni en la ley ni en la doctrina un tratamiento sobre cuál es el real alcance y sentido de la falta o abuso grave. Al observar esta deficiencia de contenido me vi en la necesidad de recopilar las definiciones o criterios jurisprudenciales recientes de abuso o falta grave. Es por ello, que el objetivo general de esta investigación radica en realizar un estudio exhaustivo de la jurisprudencia relevante de nuestra Excelentísima Corte Suprema durante el año 2017, con el fin de obtener el criterio o los criterios empleados por el máximo tribunal para describir o definir la falta o abuso grave en que incurren los tribunales de justicia para acoger o rechazar un recurso de queja en particular. Después de una clasificación de los criterios empleados, se procederá a realizar un análisis cuantitativo acerca de cuáles son los criterios más empleados por la Corte Suprema y, además, los criterios más usados por cada sala. Por último, se concluirá con los antecedentes incorporados al presente trabajo y se responderá a una pregunta esencial. ¿Es el recurso de queja en la práctica un recurso disciplinario o en realidad se utiliza como un recurso de instancia?

El presente artículo académico tiene como finalidad determinar la inconstitucionalidad de la consulta al momento de operar obligatoriamente sobre las resoluciones que versan sobre el ejercicio del control difuso. Para ello, es necesario analizar la figura jurídica de la consulta, la figura del control difuso, y la relación entre ambos. / The purpose of this academic article is to determine the unconstitutionality of the consultation at the time of mandatory operation on the resolutions that deal with the exercise of diffuse control. For this purpose, it is necessary to analyze the legal figure of the consultation, the figure of the diffuse control, and the relationship between both. / Trabajo académico

En los últimos años, dentro de mi práctica laboral he tenido la posibilidad de revisar diversos casos por investigaciones de delito de colusión y negociación incompatible; sin embargo, siempre me he cuestionado el por qué los Fiscales inician sus investigaciones con la siguiente frase: “Abrir investigación preliminar por el delito de colusión y de forma subsidiaria el delito de negociación incompatible”, dándome a interpretar que cualquiera de los dos delitos pueden ser propios de la investigación; siempre y cuando se encuentren los medios de prueba suficientes. Con el pasar del tiempo y los procesos observados, he podido notar que muchos casos terminan siendo archivados, en tanto nuestros operadores de justicia no terminan encontrando medios de prueba o indicios suficientes que pudieran acreditar la comisión de esos delitos, siendo cada uno de ellos, procesos cuestionables por las motivaciones de las sentencias que, con normalidad, se suelen dar. Mi cuestionamiento incrementó cuando analicé para mi examen de grado el caso Petroaudios, en donde la Corte Suprema confirmó la sentencia absolutoria contra Rómulo León y otros integrantes de PetroPerú por la comisión del delito de negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho; debido a que no se contaban con todos los medios de prueba que pudieran acreditar tales delitos. Es así como nace el presente artículo, con la finalidad de analizar la jurisprudencia que la Corte Suprema ha emitido respecto a los delitos de colusión y negociación incompatible, y sobre todo, tratar de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los criterios que tiene la Corte Suprema para poder establecer que una conducta es pasible de ser sancionada por delito de colusión o negociación incompatible?

En el presente trabajo académico, en principio se tomará en cuenta las bases doctrinarias de la teoría de la pena, funciones de la pena, la interpretación constitucional y la función judicial, para luego verificar los dispersos y diversos criterios de justificaciones empleadas en fallos más recientes de la Corte Suprema de Justicia de Perú para convertir la pena privativa de libertad de (carácter efectiva) a una pena de servicios a la comunidad, respecto de los delitos de violación sexual a menores de 14 años, muy al margen de criterios legales o formales fijados taxativamente en el Código Penal. Para ello, se procederá a realizar el análisis de cada uno de los principales pronunciamientos emitidos al respecto, específicamente, en relación con la aplicación de las teorías de la argumentación jurídica materia de estudio y así determinar cuáles fueron las razones subyacentes -sustantivas, institucionales, de justicia, sociales, morales, teleológicas, etc.- que en su momento justificaron determinada decisión. Pues el propósito es que el juez realice una adecuada interpretación del derecho, sin pretender inaplicar la norma y crear otra, garantizando de ese modo no solo la primacía de la Constitución sino también el respeto de la dignidad y los derechos fundamentales que asisten a todas las personas.

La buena fe del sistema de transferencia inmobiliario, es un requisito necesario para la aplicación de diversas normas del referido sistema, como son los artículos 1135°, 2014° y 2022° del Código Civil. Sus alcances, determinados en la jurisprudencia de la Corte Suprema, han evolucionado con el transcurrir de los años. Desde la emisión del código vigente, hasta el año 2009, existía una interpretación netamente registral de la buena fe. Se exigía únicamente la verificación de la información publicitada por el Registro para actuar con el referido código de conducta. Con posterioridad a dicha fecha, la jurisprudencia comenzó a cambiar de criterio, hacia una concepción extraregistral de la buena fe, la cual abarca la inspección registral y extraregistral, como la verificación posesoria del inmueble. Esta última postura interpretativa, con la cual nos encontramos de acuerdo, siempre y cuando se respete un parámetro de razonabilidad, es la mayoritaria en la actualidad. Asimismo, es acorde a los cánones de la buena fe diligencia, según la cual, los terceros deben realizar actos mínimos de diligencia para obtener la protección del ordenamiento jurídico. La referida postura interpretativa toma en cuenta la realidad social y cultural de nuestro país. Así, acerca la “seguridad del derecho” a la “seguridad del tráfico”, la cual fue la finalidad buscada por el legislador del principio de fe pública registral del Código vigente, de acuerdo a su Exposición de Motivos.

En este artículo la autora identifica un problema de la práctica judicial a nivel de Cortes Supremas -que actúan bajo el Código Procesal Civil como ley procesal aplicable- pues se estarían declarando procedentes infracciones normativas no invocadas por la parte impugnante, amparando esta decisión en el artículo 392-A del Código Procesal Civil e intentando justificar la misma en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. En tal sentido, el presente artículo tiene como objetivos evaluar cuáles son los límites de los jueces supremos en el marco de su actuación como jueces de casación, identificar cuáles son los derechos y principios vulnerados con las decisiones que siguen la tendencia antes mencionada y, a su vez, evaluar la necesidad de mantener o no el artículo 392-A del Código Procesal Civil en nuestro ordenamiento jurídico. La autora afirma que al ser el recurso de casación un medio impugnatorio de fuente legal, la actuación de los jueces supremos deberá delimitarse dentro del marco de sus competencias y dentro de lo regulado por la ley aplicable sobre el recuro de casación. Finalmente, se concluye que el artículo 392-A del Código Procesal Civil debe ser derogado de nuestro ordenamiento jurídico, pues dicho artículo no cumple con una finalidad específica que justifique mantener la “procedencia excepcional” en los términos expuestos, que lejos de ser utilizada, es distorsionada para entenderla como un permiso para la arbitrariedad judicial.

El feminicidio es una categoría empleada por los movimientos feministas y, posteriormente, por los órganos internacionales de derechos humanos para referirse a los homicidios de mujeres que constituyen violencia basada en género. Esta categoría permite evidenciar la relación que existe entre la muerte de una mujer en específico y un sistema social que subordina a las mujeres como colectivo. En este contexto, la justicia penal es la responsable de precisar qué casos concretos constituyen un feminicidio y, a partir de ello, re-afirmar el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia y de patrones estereotipados de género. Sin embargo, la tipificación penal de la categoría feminicidio en las legislaciones latinoamericanas - particularmente en la peruana- ha sido un proceso caracterizado por diversas críticas, resistencias y dificultades. Como correlato, los tribunales han tenido serios problemas para aplicar la categoría. En este escenario, la presente investigación sistematizará y valorará críticamente las reglas que ha empleado la Corte Suprema de Justicia del Perú para definir qué es y qué no es un feminicidio. Con ello se identificará aquellos problemas interpretativos que han sido superados -al menos a nivel de Corte Suprema- y aquellos que, al persistir, mantienen vigentes serias lagunas de impunidad. / Femicide is a category used by feminist movements and, later, by international human rights bodies to refer to the homicides of women that constitute gender-based violence. This category makes it possible to demonstrate the relationship between the death of a specific soman and a social system that subordinates women as a group. In this context, criminal justice is responsible for specifying which specific cases constitute femicide and, based on this, reaffirming the right of women to live a life free of violence and stereotyped gender patterns. However, the criminal prohibition of the femicide in Latin American legislation -particularly in Peru- has been a process characterized by various criticisms, resistance, and difficulties. As a correlate, this courts have had serious problems applying the category. In this scenario, the present investigation will systematize and critically assess the rules that the Suprema Court of Justice of Peru has used to define what is and what is not a femicide. This will identify those interpretative problems that have been overcome -at least at the Suprema Court level- and those that, by persisting, maintain serious impunity gaps.