El Derecho a la Igualdad supone que el Estado tiene la obligación de tratar en forma igual a todos los ciudadanos. Ello se encuentra establecido desde la Declaración universal de los Derechos del Hombre y del ciudadano, así como en la Declaración de Filadelfia, en el Convenio sobre Igualdad de Remuneración (C 100), en el Convenio relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación (C 111), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Recomendación 182 de la Organización Internacional del Trabajo, en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, etc. hasta llegar a nuestra Carta Magna. La constitución Política del Perú vigente desde 1993, establece en su artículo 2 inciso 2 que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley1, por lo cual nadie debe ser discriminado; sin embargo, en nuestra propia legislación encontramos normas limitativas de derechos hacia algunos trabajadores, dejando ver que en nuestro país existe una discriminación legal al no cumplir cabalmente con resguardar el Derecho a la Igualdad de todos los hombres. La diferencia de jornada de trabajo no es una razón objetiva que pueda sustentar la exclusión de un beneficio que protege al trabajador; por lo que, privar a los trabajadores a tiempo parcial de los beneficios sociales de compensación por tiempo de servicios, indemnización por despido arbitrario y vacaciones, iría en contra del derecho antes mencionado. Atendiendo a ello este trabajo tratará sobre “El derecho a la igualdad y la no discriminación de los trabajadores a tiempo parcial en el Perú.” / Trabajo académico

El objetivo de esta investigación es estudiar las acciones de las trabajadoras frente a la legislación laboral hacia comienzos del siglo XX, más específicamente durante el período que va de 1924, con la creación del Ministerio de Higiene, Asistencia, Trabajo y Previsión Social (a partir de la fusión del Departamento de Higiene y Beneficencia del Ministerio del Interior y la Oficina del Trabajo de Obras Públicas); a 1928 y el reordenamiento interno que se produjo en el Ministerio de Higiene, que pasó a llamarse Ministerio de Bienestar Social. La legislación laboral, su creación y aplicación, pone en directa relación a tres actores que proceden de distinta forma frente a esta misma: las trabajadoras, los patrones y la inspección del trabajo. La historiografía ha trabajado distintos ámbitos del sistema laboral chileno hacia finales del XIX y principios del XX. Por un lado, la legislación social ha sido estudiada, además de quedar registrada en los archivos del Estado; así mismo los debates de los parlamentarios en torno a estas reglamentaciones. Por otro lado, largamente se han investigado las reacciones de los patrones, sus intentos de evasión de la normativa legal, o la mantención de las prácticas de explotación de las trabajadoras. También se han estudiado el rol histórico que jugaron las inspectoras e inspectores del trabajo, como los agentes que implementaron la normativa legal. Como lo plantea, Hutchison: “Los inspectores de la Oficina del Trabajo abrazaron el optimismo liberal en el área de la legislación social; ellos se consideraban el brazo justiciero del Estado contra la resistencia de los dueños de fábrica. Los informes de los inspectores muestran que no sólo estaban interesados en hacer cumplir la legislación existente, sino también en proveer una evidencia científica sobre la necesidad de nuevas reformas”.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria realiza un estudio y análisis del trabajo infantil en nuestro país, específicamente, a través del Plan de Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Adolescente en Chile, realizado por el Gobierno de Chile el año 2001. Para dar inicio a este trabajo y para entender el ámbito normativo, tanto nacional como internacional, que nos regula sobre esta materia, se analizan los distintos cuerpos normativos relacionados con el trabajo de menores, como son la Constitución Política de la República, Código del Trabajo, Reglamento N° 50, Ley N° 20.507 sobre delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, Ley N° 20.526 sobre sanciones al acoso sexual de menores, la pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil, Ley N° 16.744 sobre accidentes y enfermedades profesionales, Ley de Menores N° 16.618, Ley General de Educación N° 20.370, Convención sobre los Derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convenio N° 138 y el Convenio N° 182. Además se realiza un estudio profundo del Plan de Prevención y Erradicación, especialmente de los principios rectores que lo guían, las áreas estratégicas, es decir, la sensibilización para el desarrollo de una actitud responsable de la población ante la desvalorización y vulneración de los derechos por medio del trabajo infantil; producción de datos y trabajo infantil; aspectos normativos y de fiscalización; objetivos específicos por grupos de edades y el seguimiento y medición del progreso del plan. Se determina cuánta aplicación han tenido estas áreas estratégicas y la forma en que han sido llevadas a cabo. De igual forma, se conocen los resultados de la implementación de las políticas en contra del trabajo infantil y del Plan Nacional, como son el sistema de registro único de las peores formas de trabajo infantil, las oficinas de protección de derechos de la infancia (OPD), las modificaciones normativas que ha tenido que realizar el país para adecuarse a la normativa internacional sobre el trabajo infantil, entre otras más. También se entregan y analizan los objetivos y acciones implementadas por el Plan Nacional

Tesis(para optar al grado de doctor en derecho) / Sostendremos que el ordenamiento jurídico laboral chileno no ha sido completamente refractario a los problemas del empleo y, más en general, de la economía, constituyéndose en un ordenamiento jurídico laboral bidireccional o con dos grandes fines. A nuestro juicio esos fines son la protección al trabajador y la protección a la fuente del empleo que, por cierto, es la empresa y no necesariamente el empleador, como podría ser comprendido en una concepción patrimonialista fuerte del tema. En efecto, justificaremos que la fuente del empleo, esto es, la empresa, es una organización que trasciende los intereses individualmente considerados de los trabajadores y de los empleadores, erigiéndose en un ente o ser jurídico que, por generar empleo y contribuir al desarrollo económico y social del país, es protegido por el orden público laboral. Las ideas generales previamente expuestas serán formuladas en tres hipótesis dogmáticas relacionadas entre sí, en las cuales se postula: a) Que en el ordenamiento jurídico laboral chileno actualmente vigente existe un principio de protección a la fuente del empleo; b) Que el principio de protección a la fuente del empleo coexiste con el principio de protección al trabajador, y c) Que su aplicación permite solucionar casos en los cuales el principio de protección al trabajador o los principios que protegen el derecho de propiedad del empleador, pueden ser preteridos, haciéndoselo pesar más que aquellos en la dictación de la sentencia. Nuestra tesis tiene un enfoque dogmático por cuanto su objeto será determinar el sentido normativo del derecho laboral positivo. Y porque el sentido normativo a determinar circunscribirá su justificación a la existencia del principio de protección a la fuente del empleo como un principio del ordenamiento jurídico laboral chileno, que coexiste con el principio de protección al trabajador, resolviéndose sus colisiones mediante la ponderación. Presentaremos, por tanto, un análisis del Derecho del Trabajo chileno desde el punto de vista de sus conexiones internas de sentido jurídico, inducibles, ciertamente, de sus enunciados normativos. 13 Dado el carácter dogmático de nuestra tesis, y en función de las hipótesis propuestas, analizaremos el derecho del trabajo vigente a la luz de sus fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinarias, sin perder de vista sus fuentes históricas, sus fundamentos prácticos y el derecho comparado. Nuestro método dogmático analítico configurará el principio de protección a la fuente del empleo mediante la inducción –a partir de los enunciados jurídicos laborales– de los elementos conceptuales que lo estructuran. Vale decir, configuraremos este principio mediante la inducción de las siguientes categorías jurídicas laborales: principio jurídico, principio jurídico laboral, empleo, fuente del empleo y protección a la fuente del empleo. En este proceso la revisión de la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional será especialmente tomada en cuenta, sobre todo a propósito de la inducción de la categoría principio jurídico. A nuestro juicio, la conceptualización de la idea de principio jurídico que ambos Tribunales hacen, en particular la Corte Suprema, es compatible con la idea de principio como mandato de optimización (Alexy), que será el modelo teórico que utilizaremos. Asimismo, nuestra interpretación de la jurisprudencia de la Corte Suprema sugerirá que aquella es correcta, en cuanto a su noción de principio jurídico

El presente trabajo aborda la problemática existente en torno a la escasa regulación que existe respecto al contrato a tiempo parcial, el mismo que debiera ubicarse como un mecanismo que incentive la productividad en las empresas, así como una alternativa para los trabajadores que requieran laborar en jornadas reducidas. Se plantea como objetivo demostrar que existe una exclusión de beneficios sociales en los trabajadores contratados a tiempo parcial contraria al principio-derecho de igualdad, y que, en aplicación de este, se pueden cubrir vacíos normativos existentes. En efecto, este principio-derecho, implica, entre otros aspectos, un derecho constitucional subjetivo de ser tratado con igualdad ante la ley y de no ser objeto de forma alguna de discriminación, pero que también permite, con base en la razonabilidad y objetividad, establecer diferencias entre las personas, porque así lo exige la naturaleza de las cosas. Sobre la base de esta premisa, es que se aprecia que la regulación peruana vulnera el principio-derecho de igualdad cuando excluye de ciertos beneficios sociales a los trabajadores contratados a tiempo parcial, sin razón que lo justifique. No obstante, se concluye también que el contrato a tiempo parcial reviste diferencias en relación al contrato a tiempo completo que hacen que, en tanto sea razonable y guarde correspondencia con el objeto que los diferencia, los trabajadores bajo aquel tipo contractual dejen de percibir ciertos beneficios válidamente.

Esta investigación demuestra que, en el Perú, existe una configuración constitucional, basada en los derechos fundamentales de participación, libertad de expresión y de reunión, que hace de la protesta social una herramienta de democratización jurídicamente viable. Luego de una revisión detallada de la teoría de la democracia, se propone el uso de la comprensión procesal de la democracia de Charles Tilly para destacar el potencial democratizador de la protesta social. Así, se exhibe una ciudadanía que, en plena crisis de la representatividad, goza de una herramienta para participar políticamente en la esfera pública y trasladar sus demandas al Estado. Para corroborar empíricamente este carácter democratizador se analiza el caso de la protesta social contra el Régimen Laboral Juvenil, acontecida en el Perú entre los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015. Este caso demuestra que, en nuestro país, la protesta social se encuentra sometida a una tensión entre el uso democratizador que le dan los ciudadanos y la criminalización que despliega el Estado para reprimir esta actividad. Partiendo de esta tensión entre el fundamento democrático de la protesta social y los actos de criminalización que la lesionan y amenazan, se realiza un ejercicio de dogmática jurídica, que se nutre de doctrina, normas y jurisprudencia nacional e internacional, para formular una configuración constitucional de la protesta social que asegura su ejercicio y habilita que se activen las garantías constitucionales necesarias para salvaguardar esta manifestación de participación ciudadana.

La presente tesis analiza la regulación del contrato a tiempo parcial en el Perú, a partir de un análisis dogmático de esta figura contractual. Esta investigación parte del hecho de que, a través de los años, los contratos a tiempo parcial han sido instrumentos jurídicos que han permitido evadir y, a su vez, vulnerar derechos laborales, considerando que cuentan con una regulación flexible respecto de algunos derechos de los trabajadores y que, por ende, permiten que los empleadores reduzcan costos de personal. Esta situación se ha producido debido a que la regulación actual de estos contratos no establece una definición expresa ni una finalidad o fundamento que justifique el porqué de su existencia en el ordenamiento jurídico, lo cual genera que su uso sea discrecional. En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo determinar cuál es la finalidad propia de los contratos a tiempo parcial y plantear la necesidad de que esta sea incluida, de manera expresa y concreta, en la normativa laboral peruana. Asimismo, y sobre la base de dicha finalidad, tiene como objetivo evaluar, a lo largo del documento, diversos aspectos jurídicos de la contratación a tiempo parcial vinculados a los derechos de los trabajadores, a fin de poder formular propuestas que ayuden a que su regulación sea la adecuada. Para estos efectos, se analiza legislación nacional y comparada, datos estadísticos, doctrina nacional e internacional sobre el tema, así como jurisprudencia que aporte criterios relevantes al respecto. Finalmente, se presenta una propuesta de regulación legislativa ad hoc de los contratos a tiempo parcial, tomando en consideración su finalidad.

El programa Jóvenes en la Ruta, está ligado al objetivo ocho del desarrollo sostenible, trabajo decente y crecimiento económico, pues busca insertar al mercado laboral formal a jóvenes de escasos recursos que no han tenido oportunidad de continuar con sus estudios superiores y que no se encuentran trabajando o que cuentan con empleos informales. El programa está dirigido a hombres y mujeres entre 18 a 30 años. El objetivo planteado consiste en la identificación de los factores que limitan el logro de los objetivos del programa, por lo que analiza los motivos de la deserción de los jóvenes usuarios, las estrategias del programa para promover el desarrollo de capacidades en el proceso de inserción laboral, los intereses, expectativas y percepciones de los jóvenes usuarios y el proceso de monitoreo que el programa ha considerado para el crecimiento laboral y personal de los jóvenes. La estrategia metodológica es mixta con enfoque descriptivo, puesto que explicará la forma en que se desarrolla el programa, su organización, procesos y procedimientos que articulan los usuarios para su incorporación laboral formal, para ello se aplicó entrevistas semi estructuradas, encuestas y revisión documentaria. El estudio está constituido por 138 jóvenes y se realizó 9 entrevistas semi estructuradas a los usuarios activos del programa, 6 entrevistas a usuarios que no completaron el programa, 4 entrevistas al equipo responsable de la ejecución del programa y cuestionarios a 42 jóvenes activos del programa. Como resultado de la investigación, se obtuvo que la etapa de selección, capacitación y contratación se desarrolla en alrededor de un mes, siendo considerado un tiempo extenso por los usuarios puesto que no perciben ingresos económicos durante este periodo, otro factor de deserción se da en la evaluación médica ocupacional, en la que los jóvenes presentan observaciones médicas subsanables y por factores económicos no pueden superar esta etapa.

El presente informe profesional tiene por objetivo presentar la gestación, desarrollo y puesta en operación del instrumento del Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que se inició en el año 2002 y ya cuenta con 14 años de implementación. El énfasis estará puesto en la experiencia desarrollada en capital del país en el período 2005 al primer semestre de 2010, con los OSEL locales de Lima Norte y Lima Sur, que se implementaron en el marco de asociaciones público-privadas. / Proyecto Profesional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)