El proceso civil peruano no proporciona suficientes herramientas para garantizar una tutela específica de los derechos materiales. Muchas veces, la tutela por equivalente se configura como la solución a todos los males y se olvida uno de los fines principales del proceso: otorgar al titular de un derecho, el mismo resultado o uno equivalente al que se hubiese producido si no habría surgido el conflicto de intereses. No obstante, la realidad actual demuestra que el proceso es instrumental al derecho material y la doctrina es unánime en afirmar ello. Así, para garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y, consecuentemente, una protección específica de los derechos, se hace necesario que, frente a una situación en la que haya que recurrir al proceso, se posean instrumentos que otorguen al titular de la situación de ventaja, la más específica y adecuada tutela. En ese sentido, este trabajo tiene como propósito analizar y profundizar en el estudio de las medidas coercitivas como actos ejecutivos, y su papel en la obtención de tutela específica, evaluando su posible implementación en el proceso civil peruano. Para ello, la investigación aborda la necesidad preponderante de reformar la ejecución civil peruana, con el objetivo de incorporar medidas coercitivas que respondan a las exigencias contemporáneas de una tutela jurisdiccional efectiva y adaptada a las situaciones materiales. A través de un análisis dogmático y comparativo, se evidencia la importancia de una adopción gradual y contextual de estas herramientas, que armonice la efectividad de la tutela jurisdiccional con las particularidades del contexto peruano. / The Peruvian civil process does not provide enough tools to guarantee specific protection of material rights. Often, equivalent protection is configured as the solution to all problems, forgetting one of the main purposes of the process: to grant the holder of a right the same outcome or one equivalent to what would have occurred if the conflict of interest had not arisen. However, current reality shows that the process is instrumental to material rights, and the doctrine unanimously affirms this. Thus, to guarantee the right to effective judicial protection and, consequently, specific protection of rights, it is necessary that, when faced with a situation where the process must be invoked, there are instruments that grant the holder of an advantageous situation the most specific and appropriate protection. In this regard, the present work aims to analyze and delve into the study of coercive measures as executive acts, and their role in obtaining specific protection, evaluating their possible implementation in the Peruvian civil process. To this end, the research addresses the overriding need to reform Peruvian civil execution, with the main goal of incorporating coercive measures that meet contemporary demands for effective judicial protection adapted to material situations. Through a dogmatic and comparative analysis, the importance of a gradual and contextual adoption of these tools is highlighted, harmonizing the effectiveness of judicial protection with the particularities of the Peruvian context.

El objetivo de esta investigación es proponer la complementación del artículo 352 inciso 2 del nuevo código procesal penal a fin de evitar las frecuentes devoluciones de la acusación fiscal en el proceso penal. Debido a que se utilizó la metodología cualitativa, para su desarrollo se tuvo en cuenta la técnica de fichaje, en la que se requirieron diferentes libros, normas y jurisprudencia, así como revistas y tesis nacionales e internacionales. Por consiguiente, se ha obtenido como resultados que la generalidad del artículo mencionado conlleva a una apreciación personal por parte del juez, como bien se explica en los casos “Clan de las 80 vacas” y “Caso Carlos Daniel Roncal Miñano”, en donde se demostró el daño que ocasiona la reiterada devolución de la acusación en el proceso, provocando su dilatación, muchas veces generado porque los fiscales no realizan correctamente su función al momento de formular su acusación. Por último, la modificación del inciso 2 del artículo 352 del nuevo código procesal penal serviría para limitar el número de veces que una acusación puede ser devuelta por una mala práctica, con el objetivo de que los procesos sean breves y no se vulnere así el principio de celeridad.

La revisión constitucional de los casos judiciales comprende el ejercicio de los derechos y garantías procesales de las personas. En nuestro país, el Tribunal Constitucional -como una alta corte- procura otorgar una tutela objetiva y subjetiva de derechos fundamentales a partir del uso de la herramienta jurídica del derecho procesal constitucional. Sin embargo, la tutela constitucional enfrenta diversos desafíos que ameritan el uso de otras herramientas jurídicas por parte del máximo ente constitucional. A partir de la presente investigación, se puede concluir que la introducción de la sentencia interlocutoria denegatoria -a través del precedente Vásquez Romero- a nuestro sistema jurídico significa la plena vigencia y el correcto ejercicio del orden constitucional en nuestro país. / The constitutional review of judicial cases includes the exercise of the rights and procedural guarantees of individuals. In our country, the Constitutional Court -as a high court- seeks to grant an objective and subjective protection of fundamental rights from the use of the legal tool of constitutional procedural law. However, constitutional protection faces various challenges that warrant the use of other legal tools by the highest constitutional entity. From the present investigation, it can be concluded that the introduction of the refusal interlocutory sentence - through the precedent Vásquez Romero- to our legal system means the full validity and the correct exercise of the constitutional order in our country. / Trabajo académico

La corrupción es una patología extendida en nuestro país desde hace siglos. De hecho, de acuerdo con las encuestas, el 62% de la ciudadanía considera que el principal problema que enfrenta nuestro país es la corrupción de funcionarios y autoridades. Sin embargo, 9 de cada 10 personas víctimas de corrupción no presentan la denuncia, principalmente debido a que consideran que si denuncian ‘no pasará nada’, ‘no habrá resultados’ o ‘no quieren más problemas’. Esta última respuesta demuestra el sentimiento de desprotección de los ciudadanos, de parte del Estado, ante la denuncia de actos de corrupción y, por ende, que nuestro sistema de denuncias y protección de denunciantes presenta problemas. Si bien el Perú ha adoptado medidas e implementado legislación especial para proteger a los denunciantes y salvaguardar la integridad, es necesario que se hagan esfuerzos adicionales para fortalecer dichas protecciones, aumentar la conciencia y examinar y evaluar sistemáticamente el sistema de denuncias. En ese contexto, el presente trabajo de investigación analiza la protección de denunciantes de actos de corrupción en el ámbito administrativo como herramienta de lucha contra la corrupción y el tratamiento que el Perú le ha dado. Asimismo, a partir de experiencias extranjeras, propone acciones a tomar para fortalecer dicho sistema.

The purpose of this research is to analyse, from an economic perspective, whether it is efficient to grant extraordinary legitimacy to act in proceedings on behalf of a collective group when claims for damages are sought. In this sense, the hypothesis formulated is that not all collective protection proceedings should have the same regulation in relation to the representative person of the community. In collective rights proceedings or in proceedings where homogeneous it may be more efficient for a member of the class, who is one of the affected parties, to represent the group. After the investigation, it is concluded that the regulation of collective protection is a challenging task and precisely because of its difficulty, the legal system should allow the affected group to determine, from an effectiveness point of view, who should represent them. / Trabajo académico

El presente estudio tiene como objetivo demostrar que la omisión de pronunciamiento no es un vicio o defecto radical de nulidad, sino, todo lo contrario, es perfectamente subsanable, incluso ex officio por el juez o tribunal. Entonces, la omisión en el pronunciamiento -incongruencia omisiva- no debiera acarrear la decretación de nulidad por parte de los tribunales superiores, a diferencia de otro tipo de incongruencias (por exceso) donde sí ha llegado a quebrar el principio de congruencia. Las propuestas de este trabajo consisten en fortalecer el proceso civil, hacerlo más sencillo y ágil mediante alternativas interpretativas de nuestra legislación y la comparación con realidades externas al proceso civil peruano con la finalidad de encaminar a que el órgano judicial que dictó una resolución incompleta, pueda integrar las omisiones de pronunciamiento. Con este aporte, se evitaría la interposición de recursos de índole ordinario y extraordinario o amparos contra resoluciones de este tipo, generándose, con ello, una menor cantidad de resoluciones anulatorias. / The present study aims to demonstrate that the omission of pronouncement is not a vice or radical defect of nullity, but, on the contrary, it is perfectly rectifiable, even ex officio by the judge or court. Then, the omission in the pronouncement - omission inconsistency - should not lead to the decree of nullity by the higher courts, unlike other inconsistencies (by excess) where it has come to break the principle of congruence. The proposals of this work try to provide the civil process with simplicity and agility through interpretive alternatives of our legislation and comparison with realities external to the Peruvian civil process in order to direct the judicial body, which issued an incomplete resolution, to integrate the omissions of pronouncement. With this contribution, the filing of ordinary, extraordinary or amparo remedies against resolutions of this type would be avoided, generating, therefore, a lower number of annulment resolutions.

Para que el juicio oral se desenvuelva demanera eficiente y eficaz, es necesario que la dirección judicial de la audiencia, no sea meramente intuitiva, sino que esté técnicamente orientada. Las técnicas no sólo son habilidades adquiridas en la práctica, sino también reglas aplicativas que deben orientarse hacia la realización de los principios propios del Estado constitucional de Derecho. La ausencia de una labor sistemática de conceptuación, sistematización y desarrollo de las técnicas de dirección judicial (TDJ) priva a los magistrados de una fuente de estudio y reflexión sobre esta importante actividad. El objetivo de la presente investigación es precisar cuál es regulación jurídica de la dirección judicial del juicio y qué técnicas de dirección judicial son posibles en este ámbito, en lo que respecta al alegato de apertura y la planificación subsiguiente, para hacer más eficaz y eficiente la administración de justicia penal. Como hipótesis de investigación se planteó que es posible construir un sistema interpretativo de la regulación jurídica de la dirección judicial del proceso penal, en lo que respecta al alegato de apertura y la planificación del juicio; y que también es posible conceptuar, sistematizar y desarrollar las técnicas aplicativas correspondientes a esta etapa que posibiliten un trabajo judicial eficiente y eficaz. Esta hipótesis ha sido corroborada. En el presente informe se presentan algunas líneas básicas de la dogmática de la dirección judicial del proceso penal en el alegato de apertura y en la planificación del juicio; así como las técnicas correspondientes.

En la actualidad, se presenta una problemática en lo concerniente a la competencia para tramitar la ejecución de las actas de conciliación extrajudicial en materia de alimentos; debido a que las mismas son tramitadas ante los juzgados de paz letrado de familia y juzgados de paz letrado civil. En ese sentido, generan que las pretensiones alimenticias que se presenten ante los juzgados de paz letrado civil, los jueces de primera instancia declaren la demanda improcedente por incompetencia procesal. Y todo ello sucediendo porque los justiciables se rigen por lo que indica la norma vigente. En esa línea de ideas, siendo necesario que lo sucedido en la realidad se adecue a la norma vigente, para así evitar que se genere un vacío legal y con ello que los justiciables no tengan dudas ante juez deberán tramitar dichas pretensiones alimenticias. En vista de ello, se plantea como propuesta legal la modificación del artículo 690°-B del código procesal civil, a fin de que sean los juzgados de paz letrado de familia los que tengan exclusivo conocimiento de las demandas de ejecución de actas de conciliación extrajudicial en materia alimentaria.

El problema principal de la presente investigación, se circunscribe a dilucidar si el principio Kompetenz-Kompetenz resulta vulnerado, cuando en el interior de un proceso arbitral una de las partes no ha cuestionado la independencia e imparcialidad de un árbitro, mediante el procedimiento de recusación correspondiente. Vale decir, si dicha parte procesal, en lugar de accionar el mecanismo correspondiente, acude directamente al auxilio judicial (esto es, el Poder Judicial y luego al Tribunal Constitucional) para realizar un control ex post de una decisión que no ha sido puesta en conocimiento ex ante, dentro del fuero arbitral. Por ello, el objetivo de la presente investigación se vincula a desarrollar detalladamente cuál es la definición, contenido y finalidad del principio Kompetenz-Kompetenz, en aras de aplicar ello al caso contenido en el Expediente N° 02851-2010-PA/TC (Caso Ivesur S.A.). A raíz del cual, se concluirá que principio Kompetenz-Kompetenz pretende garantizar que no se vulnere el principio de independencia funcional del fuero arbitral, mediante la intromisión del aparato jurisdiccional en cuestionamientos no postulados primeramente ante el Tribunal y, de ser el caso, ante las entidades cooperadoras en el arbitraje, como lo son los organismos de las Entidades Arbitrales. Ya que, caso contrario, las propias decisiones del fuero arbitral podrían resultar nulas, a pesar de que no tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre algún cuestionamiento y, de esta manera, sanear su decisión final, contenida en un laudo arbitral. / The main problem of this investigation is limited to determining whether the Kompetenz-Kompetenz principle is violated when, within an arbitration process, one of the parties has not questioned the independence and impartiality of an arbitrator, through the corresponding challenge procedure. . That is, if said procedural party, instead of activating the corresponding mechanism, goes directly to judicial assistance (that is, the Judiciary and then to the Constitutional Court) to carry out an ex post control of a decision that has not been made known ex ante, within the arbitral forum. Therefore, the objective of this investigation is linked to developing in detail the definition, content and purpose of the Kompetenz-Kompetenz principle, in order to apply it to the case contained in File No. 02851-2010-PA/TC (Case Ivesur S.A.). As a result of which, it will be concluded that the Kompetenz-Kompetenz principle aims to guarantee that the principle of functional independence of the arbitral forum is not violated, through the interference of the jurisdictional apparatus in questions not first submitted to the Court and, if applicable, before the cooperating entities in arbitration, such as the bodies of the Arbitration Entities. Since, otherwise, the decisions of the arbitration forum themselves could be null, even though they did not have the opportunity to rule on any question and, in this way, correct their final decision, contained in an arbitration award. / Trabajo académico

En la presente investigación sobre “La validez probatoria de las testimoniales en juicios orales ante juzgados penales colegiados”, se planteó como objetivo de estudio el análisis sobre la utilización de la videoconferencia en las audiencias virtuales en el proceso penal. La metodología de la investigación consistió en un estudio cualitativo - descriptivo, en el que se realizó el análisis documental de diferentes artículos científicos y de doctrina relacionada al tema. En ese sentido, se concluyó que, el sistema de videoconferencia favorece al sistema judicial en aspectos como la rapidez, eficiencia de comunicación y efectividad de llevarse a cabo el juicio oral para evitar gastos innecesarios. Además, se concluyo que el aplicar este sistema, conlleva a aspectos negativos en cuanto a la vulneración de los principios del juicio oral; especialmente, en el principio de inmediación, defensa del imputado y debido proceso. / The present investigation on "The probative validity of the testimonials in oral trials before collegiate criminal courts", raised as an objective of study the analysis of the use of videoconference in virtual hearings in the Criminal Process. The research methodology consisted of a qualitative - descriptive study, carrying out the documentary analysis of different scientific articles and doctrine related to the subject. Concluding that the videoconferencing system favors the judicial system in aspects such as speed, communication efficiency and effectiveness of carrying out the oral trial to avoid expenses. In addition, there would be negative aspects regarding the violation of the principles of the oral trial; especially, in the principle of mediation, defense of the accused and due process.