Submitted by William Justo Figueiro (williamjf) on 2015-07-01T21:38:02Z No. of bitstreams: 1 03.pdf: 660026 bytes, checksum: 341bc771ba36286a3616510efbe11c5b (MD5) / Made available in DSpace on 2015-07-01T21:38:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 03.pdf: 660026 bytes, checksum: 341bc771ba36286a3616510efbe11c5b (MD5) Previous issue date: 2011 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / PROSUP - Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares / O presente trabalho tem por objetivo estudar, por uma perspectiva jurídica e bioética, o direito de acesso a medicamentos em fase de pós-pesquisa clínica farmacológica, e o dever de fornecimento. O problema ora enfrentado parte do momento em que a pesquisa é concluída, quando o patrocinador do estudo contabiliza e recolhe a medicação experimental remanescente, cessando o fornecimento do produto aos sujeitos de pesquisa, que, consequentemente, tem o tratamento paralisado. No caso destes sujeitos de pesquisa terem apresentado um quadro de melhora clínica ou terem auferido benefícios em razão do tratamento experimental, a suspensão do tratamento pode significar a ocorrência de danos à pessoa. Portanto, assevera-se que os sujeitos de pesquisa, em razão de sua participação no estudo, sucedida pelo alcance de benefícios com o tratamento experimental, detém o direito de acesso ao medicamento estudado em fase de pós-pesquisa clínica farmacológica. Partindose da constatação de que a relação de pesquisa dá origem a uma relação jurídica negocial tipicamente contratual entre os sujeitos de pesquisa, o patrocinador do estudo, o pesquisador responsável e a instituição de pesquisa, o dever de fornecimento de medicação em fase de pós-pesquisa clínica farmacológica constitui-se como uma obrigação post pactum finitum fundamentada na existência dos deveres pós-contratuais de solidariedade, proteção e lealdade, resultantes da boa-fé objetiva contratual. / El presente trabajo tiene por objetivo estudiar, por uma perspectiva jurídica y bioética, el derecho de acceso a medicamentos en fase de post investigación clínica farmacológica, y el deber de fornecimiento. El problema que se enfrenta parte del momento en que la investigación se ve concluída, cuando el patrocinador de la investigación contabiliza y recoge la medicación experimental remanente, interrumpiendo el fornecimiento del producto a los sujetos de investigación, que, consiguiente, tienen paralizado el tratamiento. En caso de estos sujetos de investigación presentaren un cuadro de mejoría clínica o que tengan auferido benefícios en razón del tratamiento experimental, la suspensión del tratamiento puede significar la ocurrencia de daños a la persona. Para tanto, se asegura que los sujetos de investigación, por ocasión de su participación en el estudio, sucedida por el alcance de benefícios con el tratamiento experimental, detienen el derecho de acceso al medicamiento estudiado en fase de post-investigación clínica farmacológica. Partiendo de la constactación de que la relación de investigación dá origen a una relación jurídica negocial tipicamente contractual entre los sujetos de investigación, el patrocinador del estudio, el investigador responsáble y la institución de investigación, el deber de fornecimiento de la medicación en la fase de post investigación clínica farmacológica constituyese como una obligación post pactum finitum fundamentada en la existencia de deberes post contractuales de solidariedad, protección y lealdad, resultantes de la buena-fé objetiva contractual.

El estudio de la retroactividad y de sus límites constituye un tema clásico y fundamental de Derecho tributario, sometido en la actualidad a un intenso debate, como demuestra la abundante jurisprudencia constitucional y europea existente sobre el tema. En este trabajo se lleva a cabo un análisis sistemático del principio de irretroactividad en Derecho tributario en los planos de la aplicación y la producción de normas tributarias - como regla general supletoria y como principio constitucional vinculante para leyes y reglamentos -, distinguiendo en función del carácter sustantivo, procedimental o sancionador de la norma. La investigación - de marcado carácter interdisciplinar y de Derecho comparado - se ocupa de la noción de retroactividad, el Derecho transitorio y los límites constitucionales a la retroactividad tributaria, completándose con un análisis de la retroactividad de actos y sentencias, con especial referencia a los efectos en el tiempo de las declaraciones de inconstitucionalidad de leyes tributarias.. / The study of retroactivity and its boundaries constitutes a classic and fundamental issue in Tax Law. Nowadays, this topic is subject to an intensive debate regarding how it proves the prolific constitutional and European case law related to the matter. This study carries out a systematic analysis of the non-retroactive principle in Tax Law, in the fields of application and production of tax norms - as a general supplementary rule and as a constitutional principle - whilst at the same time distinguishing between the substantive, procedural and penal character. The investigation (which has an interdisciplinary and internationally comparative law nature) deals with the retroactivity notion, grandfathering and with the constitutional boundaries of the tax retroactivity effect. Concurrently, the study is complemented with the analysis of the retroactivity of administrative acts and court decisions, with special reference to the temporal effects of the declaration of an anti-constitutional character of tax laws

This work studies constitutional bases of two essential institutions of Collective Labor Law: employer’s obligation to negotiate collectively and facultative arbitration. In relation to the first one, using tools provided bythe Theory of Law, it is argued that the section 28º of Peruvian Constitution establishes a collective negotiation concept as claim (not as permission) so, employers legal obligation of collective negotiation is constitutional. In theother hand, regarding facultative arbitration, it has constitutional support on state’s obligation to promote pacific ways to labor conflicts; even though, it is questioned that a «sub constitutional» rule has restrictively regulated this institution. / En este trabajo se estudian las bases constitucionales de dos instituciones centrales del derecho colectivo del trabajo: la obligación patronal de negociar colectivamente y el arbitraje potestativo. En lo que se refiere a la primera, utilizando las herramientas que proporciona la teoría del derecho, se sostiene que el artículo 28 de la Constitución consagra una concepción de la negociación colectiva como pretensión (y no como permiso), y por tanto, que es constitucional el deber legal de los empleadores de negociar colectivamente. En cuanto al segundo, se afirma que este encuentra sustento constitucional en la obligación estatal de promover formas pacíficas de solución de los conflictos laborales, aunque se cuestiona que la normativa infraconstitucional haya regulado esta institución de forma restrictiva.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La siguiente tesis, estudia la acción pauliana de familia o acción revocatoria especial, contenida en el artículo 5 inciso 7° de la Ley 14.908, por la cual son revocables los actos jurídicos, fraudulentos, simulados o aparentes, distinguiéndola como una figura autónoma del derecho procesal de familia. Se conceptualiza y analiza entonces, su naturaleza jurídica, requisitos, especificidades, efectos y procedimiento incidental en un juicio de alimentos. Lo anterior, únicamente posible si se vincula este incidente revocatorio a una interpretación hermenéutica del deber y obligación de esclarecimiento patrimonial del alimentante contenido en el artículo 5 inciso 1° de la misma Ley. Por ello, es que es menester desentrañar las implicancias del principio de buena fe en el proceso de alimentos que devienen de este deber de transparencia patrimonial, reconduciendo así a los deberes de veracidad, completitud y coherencia, y como operan éstos, en dinámica con la propia sanción revocatoria.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Mediante el expediente materia de análisis se darán a conocer los fundamentos de hecho y de derecho de la denuncia iniciada por la Señora Manuela Iliria Fernández Rubio contra Viajes Falabella S.A.C. por presunta vulneración al deber de idoneidad e información establecidos en el artículo 1° literal b); 2° y 18° respectivamente, de la Ley N° 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor, asimismo, se precisarán a detalle los actos procedimentales correspondientes a la vía administrativa en la cual se encuentra inmersa, y se darán a conocer las decisiones tomadas por las autoridades administrativas en primera y segunda instancia, y el sustento de las mismas. Finalmente, se extraerá del presente expediente la materia controvertida, la misma que será analizada a través de la doctrina avocada a la responsabilidad administrativa del proveedor y al deber de información previos y durante la contratación. / The factual and legal grounds of the complaint filed by Mrs. Manuela Iliria Fernández Rubio against Viajes Falabella S.A.C. for alleged violation of the duty of suitability and information established in article 1, literal b); 2 ° and 18 ° respectively, of Law No. 29571 Consumer Protection and Defense Code, likewise, the procedural acts corresponding to the administrative route in which it is immersed will be specified in detail, and the decisions taken will be made known by the administrative authorities in the first and second instance, and their support. Finally, the controversial matter will be extracted from the present file, which will be analyzed through the doctrine devoted to the administrative responsibility of the supplier and the duty of information prior to and during the contracting. / Trabajo de suficiencia profesional

La trascendencia práctica del tema del régimen jurídico de las joint ventures es indudable. En los Estados miembros de la Unión Europea, y más especialmente en España, las joint ventures remiten a una idea de mayor eficiencia económica, permitiendo a las empresas formar alianzas entre ellas, y así mejorar su competitividad, adaptando sus estructuras a las dimensiones crecientes de los mercados europeos y mundiales.Las joint ventures no están reguladas como tales en ninguna legislación nacional europea. El derecho comunitario se concentra por su parte en el análisis de los efectos de estas operaciones sobre la competencia. Las joint ventures adquieren en la práctica, únicamente, su contenido jurídico.Este estudio tiene por objetivo presentar un análisis a la vez teórico y práctico del régimen jurídico de las joint ventures, intentando definir el "valor añadido" del trabajo del jurista profesional cuando interviene en la creación y el funcionamiento de las joint ventures. La adopción de esta óptica funcionalista permite integrar el análisis de los diversos aspectos jurídicos de las joint ventures, sus estructuras contractuales y societarias así como su tratamiento en derecho de la competencia, que se abordan tradicionalmente en estudios separados, e insistir en la interelación existente entre las diversas ramas del derecho afectadas. Este estudio se concentra esencialmente en las cuestiones planteadas por las joint ventures en el ámbito del derecho de las obligaciones y del derecho societario.El jurista profesional desempeña, en primer lugar, una función de naturaleza organizativa, creando un conjunto de reglas obligatorias (reglas jurídicas) para todas las empresas participantes en la operación, de acuerdo con sus intereses estratégicos. El resultado puede ser, por ejemplo, la conclusión de un simple contrato, la constitución de una AEIE o la de una sociedad de capital. La complejidad de la organización jurídica de la joint venture impide estudiar de manera separada, como dos piezas aisladas, el llamado acuerdo de base de la joint venture por un lado, y la sociedad eventualmente constituida, la llamada filial común, por otro. El hecho de no entender la filial común como parte de un todo unitario y más complejo no permite describir correctamente las especialidades del régimen aplicable a dicha sociedad frente a sociedades constituidas en otros contextos económicos. La organización compleja de las joint ventures se diferencia de otros negocios jurídicos complejos por razón de su finalidad económica específica, la de establecer una alianza entre empresas. Tal como indica el derecho comunitario de la competencia, la joint venture es una operación en la que: (i) participan dos o más empresas independientemente activas en el mercado; (ii) se agrupan recursos necesarios al desarrollo de una actividad económica común en el seno eventualmente, pero no obligatoriamente, de una entidad separada (la llamada empresa común"); (iii) las empresas participantes ejercen un control conjunto sobre dicha actividad económica común. Estos tres elementos forman el núcleo de la definición de la joint venture en derecho.La cuestión de la validez y eficacia jurídica de los pactos presentes en el contrato complejo de joint venture, cuando implica la existencia de una sociedad de capital, es la que más dificultades plantea. El problema respecto a la joint venture, como respecto a muchos otros contratos complejos, es organizar un discurso sobre el uso de la libertad y sus consecuencias en el ámbito del derecho de sociedades.Mientras el jurista profesional organiza la joint venture, atrae también la atención del legislador sobre las necesidades jurídicas de las empresas que deciden "aliarse" en el seno de una joint venture. Los pactos presentes en los contratos complejos de joint venture no dependen únicamente del contenido del derecho aplicable a la sociedad "filial común" por ejemplo, sino también de la creatividad de los juristas profesionales. Las finalidades a cubrir por el contrato lo serán en regla general mediante combinaciones originales y complejas de mecanismos jurídicos, demostrándose una vez más el papel relevante de la práctica en la formación del derecho. Como consecuencia, puede observarse una tendencia a la flexibilización del derecho aplicable a las sociedades de capital, sobre todo en los países europeos continentales. Esta adaptación del derecho a la realidad práctica se observa también, y de manera significativa, en otras ramas del derecho, como en derecho de la competencia donde el legislador intenta introducir un tratamiento cada vez más pragmático de los efectos producidos por las joint ventures sobre los mercados. El análisis de la organización jurídica de las joint ventures en la práctica demuestra, sin embargo, la falta de utilidad y de oportunidad de una ordenación legal de la joint venture como tal en Europa. Como en el caso de la organización de la empresa, basta con que los operadores "candidatos" a la alianza encuentren en el derecho positivo los legal tools, o instrumentos jurídicos, adaptados a los objetivos económicos legítimos que persiguen ( por ejemplo, diversas formas sociales, la AIE, la UTE, la cuenta en participación etc), y sobre la base de los cuales puedan conservar y reforzar el sentimiento de confianza que necesitan tener en la operación y en su "aliado" para alcanzar con éxito estos objetivos. / This study provides a comprehensive analysis of both practical and theoretical legal issues raised by joint ventures in Europe. In the European Union member states and especially in Spain, joint ventures are viewed as a high efficient strategic operation - allowing alliances between firms, which may improve their competitiveness and adapt them to the growing dimensions of European markets and to the new global economy. Joint ventures are not organised as such by any statute law in Europe. European law focuses on the analysis of the effects they may produce on competition. Joint ventures obtain a legal content only in practice.The aim of this study is to define the "added value" of the practical work of lawyers, when they take part in processes of creation of joint ventures. This question allows to integrate the analysis of different legal aspects of joint ventures - their contractual and corporate structure as well as their legal treatment under competition law - which are traditionally treated in separate studies, and to point out the existence of on-going interfaces between them. This study focuses essentially on the contractual and corporate aspects of joint ventures. Practitioners set up, first of all, mechanisms which are compulsory - i.e. legal rules - for the firms involved in the operation according to their strategic interests. The result may be, for instance, the creation of a mere "contractual joint venture", of an European Economic Interest Grouping, or the incorporation of a "joint venture company". The complexity of the joint venture legal organisation prevents from studying separately the so-called "joint venture agreement" on which is based the operation, and the company which may be incorporated within it. The joint venture company is only a part of a more complex ensemble, which needs to be understood as such in order to be correctly analysed.The complex legal organisation of joint ventures differs from any other complex legal organisations because of its specific purpose, ie. establish a strategic alliance between firms. It aims to organise an operation in which: (i) participate two or more firms independently active on the market; (ii) are gathered the resources necessary to carry out a common business activity, possibly but not obligatory within a separate entity; and (iii) the participating firms jointly control the common business activity. Those three features are at the basis of the legal definition of joint ventures.The question of the legal validity and efficiency of the terms and conditions present in incorporated joint venture agreements is the more problematic one for the practitioners. The main difficulty in relation with joint ventures like in relation with many other complex agreements is to determine the limits of use of contractual freedom in company law.While organising the operation, the practitioners are also drawing the attention of the legislator on the legal needs of the firms willing to enter into alliances. The terms and conditions present in joint venture agreements depend not only on the content of the statute law applicable to the joint venture company for example, but also on the creative skills of the practitioners. The joint venture agreement needs to cover different purposes generally through original and complex combinations of legal mechanisms, proving once again the relevant role of practice in the generation of law.As a result, it is possible to observe a certain "flexibilization" of the rules in company law, especially in continental Europe. This new tendency develops in parallel with the movement observed in competition law towards a more realistic and pragmatic analysis of joint venture effects on the markets.The analysis of the legal organisations of joint ventures existing in practice demonstrates however the lack of necessity for a statutory regulation of this (strategic) operation in Europe. Like in the case of the organisation of a firm, the economic players willing to enter into strategic alliances only need to find in statute law different "legal tools" which may adapt their legitimate economic interests - such as different company forms, the Economic Interest Grouping, the partnership - and on the basis of which they can conserve and reinforce the confidence they need to have in their partner and in the operation in order to achieve successfully their purposes.