El presente trabajo de investigación pretende analizar los problemas jurídicos más importantes que se desprenden de la casación materia de análisis, con la finalidad de emitir una opinión al respecto. Para tal efecto, se realiza una revisión de los hechos relevantes que componen la controversia, así como los antecedentes del caso. De esta forma, la metodología empleada en este informe se respalda en las normas vigentes en el momento de los hechos, su respaldo legal y constitucional, junto con la interpretación a la luz de diversos principios que rigen el Derecho del Trabajo y el Derecho Procesal del Trabajo, sí como la realizada por diversos autores para así aplicar todo ello a las principales decisiones jurisdiccionales que resolvieron el proceso y constituyen antecedentes de la Casación bajo análisis. En ese sentido, nos adherirnos al sector de la doctrina que se encuentra a favor de la estabilidad absoluta ante el despido incausado y la posibilidad que aplicar en el proceso figuras como la Pretensión Implícita como hipótesis de la flexibilización del Principio de Congruencia Procesal. En ese sentido, se postula la viabilidad de un proceso laboral que no revista de una absoluta rigidez que perjudique al trabajador, quien es la parte procesal en situación de inferioridad económica y jerárquica. Finalmente, se defiende el escenario de aceptar que se modifique la demanda, ampliando pretensiones o incorporándolas en concordancia con los principios y valores de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, lo cual es tributario de un proceso oral y permite darle un significado de garantía de los derechos laborales

El presente informe contiene un análisis jurídico del proceso penal ordinario que tiene como imputado a Rider García Inga. Dicho proceso se desarrolla entre los años 2007 y 2009 en el departamento de Lima, bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal de 1991. La elección del expediente radica en la vigencia que mantienen ambos códigos a la fecha en Lima Centro y Lima Sur, vigencia que continúa siendo interpretada como un obstáculo frente a la necesidad de constitucionalizar el sistema procesal penal. En esa línea, se tiene como objeto determinar si las interpretaciones realizadas por muchos fiscales, jueces penales y Colegiados se condicen con los principios y derechos reconocidos por la Constitución vigente. Al respecto, el expediente contiene materias jurídicas de especial relevancia, entre ellas el rol que le otorga la Constitución de 1993 al Ministerio Público dentro de la investigación preliminar, la detención policial, la medida cautelar de mandato de detención, los estándares de sospecha a lo largo del proceso, el razonamiento probatorio y la necesidad de motivar las resoluciones judiciales. A efectos de realizar el análisis, se hace una revisión de las normas, doctrina y jurisprudencia relativas al Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, así como de los derechos y garantías procesales reconocidos por la Constitución de 1993 y por el Tribunal Constitucional peruano. Finalmente, se concluye que Rider García Inga fue víctima de medidas arbitrarias y actuaciones inconstitucionales llevadas a cabo por las autoridades policiales, fiscales y judiciales en su contra, denotándose así una carencia de capacitación de las mismas en materia de Derecho Penal Constitucional, debido a que la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940 y del Código Procesal Penal de 1991 no debe representar una limitación al respeto del principio de interdicción de la arbitrariedad, a la garantía al debido proceso, al derecho de defensa, al derecho de igualdad procesal, entre otros

A pesar de existir resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado, se debe esperar la culminación de un procedimiento administrativo adicional al que ingresan todos aquellos beneficiarios de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales, de diferentes procesos, en calidad de cosa juzgada. Al respecto, se busca comprobar la hipótesis siguiente: Se requiere asegurar, de manera previa a la aprobación del presupuesto del sector público para el año fiscal siguiente, una partida presupuestal permanente, en todas las entidades públicas, destinada a efectivizar las resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado. Para sustentar nuestra hipótesis, la Tesis desarrolla: En el capítulo primero, el marco constitucional de la Efectividad de las Resoluciones Judiciales (en adelante, la ERJ); En el capítulo segundo, la vulneración de la ERJ en procesos constitucionales que contienen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado; y, • En el capítulo tercero, nuestras propuestas de solución.

A intenção de nossa pesquisa é fornecer à comunidade jurídica do Brasil estudo abrangente sobre determinado processo judicial brasileiro. O fim deste processo é solucionar, como questão principal, incertezas que possam surgir em torno dos limites dos Poderes do Estado; os chamos conflitos de atribuição. A pesquisa processual é antecedida por detalhado histórico sobre a separação brasileira de Poderes. / El propósito de nuestra investigación es proporcionar a la comunidad juridica, especialmente brasileña, un extenso estudio acerca del proceso constitucional brasileño cuya finalidad es proteger el equilibrio del sistema de frenos y contrapesos solucionando, como cuestión principal, los conflictos entre los poderes del Estado o, en otras palabras, proteger las atribuciones constitucionales de los distinctos órganos de poder solucionando dichos conflictos. En Brasil de 2006 casi no hay estudios acerca deste asunto, no obstante el derecho brasileño conocer la práctica de solucionar, en el campo judicial, los mencionados conflictos como cuestión principal en el proceso constitucional cuya localización, es importante destacar, está en el sector del Derecho Procesal Constitucional, más precisamente el Derecho Procesal Constitucional Orgánico. Nuestra investigación empieza con minuciosa historia sobre el sistema de frenos y contrapesos brasileño.

A intenção de nossa pesquisa é fornecer à comunidade jurídica do Brasil estudo abrangente sobre determinado processo judicial brasileiro. O fim deste processo é solucionar, como questão principal, incertezas que possam surgir em torno dos limites dos Poderes do Estado; os chamos conflitos de atribuição. A pesquisa processual é antecedida por detalhado histórico sobre a separação brasileira de Poderes. / El propósito de nuestra investigación es proporcionar a la comunidad juridica, especialmente brasileña, un extenso estudio acerca del proceso constitucional brasileño cuya finalidad es proteger el equilibrio del sistema de frenos y contrapesos solucionando, como cuestión principal, los conflictos entre los poderes del Estado o, en otras palabras, proteger las atribuciones constitucionales de los distinctos órganos de poder solucionando dichos conflictos. En Brasil de 2006 casi no hay estudios acerca deste asunto, no obstante el derecho brasileño conocer la práctica de solucionar, en el campo judicial, los mencionados conflictos como cuestión principal en el proceso constitucional cuya localización, es importante destacar, está en el sector del Derecho Procesal Constitucional, más precisamente el Derecho Procesal Constitucional Orgánico. Nuestra investigación empieza con minuciosa historia sobre el sistema de frenos y contrapesos brasileño.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La primera parte de este trabajo se enfocó en revisar algunos aspectos históricos de la Legislación Antimonopólica, primero en la legislación comparada y luego adentrándonos en la génesis de nuestro sistema de protección y defensa de la Libre Competencia, desde sus orígenes, pasando por el Decreto Ley nº 211, con sus respectivas instituciones, las modificaciones introducidas por la ley 19.911, y las ultimas adecuaciones efectuadas por la ley Ley Nº 20.361. En su segundo capítulo, el presente trabajo contiene el estudio del derecho procesal Orgánico y Funcional sobre defensa la Libre Competencia, comenzando por una revisión de los órganos encargados de velar por la libre competencia establecidos en el DL 211, con anterioridad a la existencia del Tribunal de Defensa de la Libre competencia, esto es las Comisiones Preventivas Regionales, la Comisión Preventiva Central, la Comisión Resolutiva y la Fiscalía Nacional Económica, efectuando un estudio de su organización, composición y procedimientos. En el mismo capítulo segundo capítulo, nos avocamos al estudio de los órganos que conforman la institucionalidad que nuestro ordenamiento jurídico se ha dado en pos de la defensa de la libre competencia en la actualidad, esto es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Que en cuanto al Tribunal, se presenta un trabajo que contempla su definición, sus características, un análisis del mismo desde las bases orgánicas de la jurisdicción, su organización, composición, funcionamiento, su competencia, atribuciones y potestades, concluyendo el estudio del procedimiento de las causas ventiladas antes dicho ente, sea contencioso o no contencioso. Finaliza nuestro estudio con un punto referente al la Fiscalía Nacional Economía, la que sin ser un órgano jurisdiccional, requería de un pequeño estudio necesario al ser uno de los principales intervinientes contemplados en la ley para los procesos ante el Tribunal de defensa de la libre competencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mediante la presente memoria intentaremos realizar un análisis respecto de las exigencias y la necesidad de fundamentar las sentencias judiciales a la luz de la garantía del debido proceso y en particular respecto de la garantía que recae sobre toda sentencia de ser debidamente fundamentada, toda vez que en nuestra legislación, el artículo 501 inciso 3º del Código del Trabajo, se faculta al juez para omitir de la sentencia la síntesis de los hechos y las alegaciones de las partes, así como el análisis de la prueba rendida, los hechos probados y el razonamiento que condujo al juez a fallar de una u otra manera. Esto lo realizaremos a lo largo de cuatro capítulos en los que abordaremos los aspectos más relevantes. En primer lugar, analizamos la fundamentación de las sentencias desde el debido proceso, su contenido y las garantías que lo comprenden, además de revisar la recepción normativa de esta garantía en el derecho internacional y el ordenamiento nacional. En segundo lugar, se determina cual es el contenido de la Motivación de la sentencia, así como las funciones endoprocesales y extraprocesales de la misma. En tercer lugar, daremos un breve repaso al procedimiento monitorio en materia laboral, respecto de sus características, naturaleza jurídica, así como a sus etapas y veremos algunos problemas anexos al tema en estudio respecto del mismo. Por último, en el capítulo final de este trabajo, analizamos, en base a todo lo anterior, los problemas y los alcances que se derivan de la omisión del análisis de la prueba y la fundamentación de la sentencia dentro del procedimiento monitorio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tuvo por objetivo determinar y analizar el procedimiento aplicable a los adolescentes entre 14 y 17 años, imputados por crimen o simple delito que se encuentren en la hipótesis del artículo 10 N° 1 del Código Penal. A partir del análisis de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad, Reglas de las Naciones Unidas para los Menores privados de libertad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se determinaron los estándares internacionales aplicables a esta hipótesis. Asimismo, se recurrió al derecho comparado (Derecho penal adolescente estadounidense y alemán) para conocer los avances y posibles alternativas a la persecución penal común para adolescentes con trastornos mentales. A la luz del marco teórico anterior, se analizó la normativa nacional pertinente, comprendiendo principalmente la Ley N° 20.084 y su reglamento, así como su implementación. Esto último, a partir de la información proporcionada por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, y encuestas realizadas a Defensores Públicos juveniles. Los datos recabados permitieron constatar vulneraciones a los derechos y garantías inherentes al debido proceso. En este sentido, se constató la aplicación a menores de edad de medidas de seguridad, procedimiento regulado en el Código Procesal Penal y aplicado a adultos. A partir de lo anterior, se formularon sugerencias orientadas a la adecuación del actual sistema a las exigencias de los instrumentos internacionales.