This article examines the close relationship between criminal procedure and constitutional law within a democratic State framework as well as the guarantees provided from a constitutional point of view in accordance with the current context of human rights globalization. Then, the author approaches us to criminal procedure main principles and guarantees, procedural models historically formed. Finally, it presents an interesting Criminal Procedural Code analysis describing guarantees, principles and procedural models recognized in our country. / Este artículo reflexiona sobre la estrecha relación entre el proceso penal y el derecho constitucional en el marco de un Estado democrático, así como sobre las garantías que debe brindar desde la óptica constitucional y en el actual contexto de globalización de los derechos humanos. A continuación nos aproxima a los principales principios y garantías del proceso penal, y a los modelos procesales históricamente configurados. Finalmente, el artículo nos presenta un interesante análisis de Código Procesal Penal, describiendo las garantías, principios y modelo procesal reconocido de nuestro país.

In Peru, there are legal figures that, despite ofbeing abolished, continue having real effects. Such is the case of the "open mortgage”, which survives in our legal system.In this article, in regard to a recent judicial decision by the Peruvian Supreme Court, the author explains the figures of the “open mortgage” and the “ordinary mortgage”, showing their differences and warning of the inadequacy of equating their jurisprudential treatment. / En el Perú, existen figuras legales que, pese a estar derogadas, continúan teniendo efectos en la realidad. Tal es el caso de la “hipoteca sábana”, la cual pervive en nuestro sistema legal.En este artículo, a propósito de una reciente decisión judicial de la Corte Suprema del Perú, el autor explica las figuras de la “hipoteca ordinaria” y de la “hipoteca sábana”, mostrando sus diferencias, y advierte sobre lo inadecuado de equiparar su tratamiento jurisprudencial.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto analizar las distintas ideas y planteamientos que fueron tenidos en consideración al momento de proceder al debate y elaboración de las normas sobre derecho a la educación y libertad de enseñanza consagradas en la Constitución Política de la República de Chile promulgada en el año 1980, por aquellas personas que tuvieron a cargo su redacción. Una investigación acerca del origen de tales normas, contenidas respectivamente en los numerales 10 y 11 del artículo 19 de nuestra carta fundamental, resulta relevante desde el momento en que a partir de ellas se estructura un sistema educacional que se presenta como inédito en la historia constitucional chilena, y que se basará en una nueva concepción filosófica tanto sobre el rol que debe tener el estado en materia educacional, como en general, sobre el rol que éste debe tener en toda la economía.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los Testigos de Jehová son un grupo religioso que nació a principios de 1870 en Pittsburg, Pensilvannia , y que desde ese momento han experimentado un crecimiento en cuanto a la cantidad de seguidores y a los lugares en que se practican sus creencias. Hoy por hoy, en nuestro país su número también ha crecido desde su llegada en 1931 , alcanzando actualmente 119.455 seguidores, según el censo del año 2002 , y han cobrado importancia por diversas razones, entre ellas, por el hecho de que la práctica de una de sus creencias causa conflictos que han llegado a los tribunales de justicia. En general, este grupo se caracteriza principalmente por el estudio minucioso de los preceptos bíblicos, por su creencia de que la Biblia es la palabra de Dios. En lo particular, lo que nos interesa para este trabajo, es su creencia en que la “introducción de sangre en el cuerpo por la boca o las venas viola las leyes divinas” . En concordancia con lo dicho anteriormente, esta creencia tiene asidero en diversos preceptos bíblicos que indican la prohibición de ingerir sangre . Se ha interpretado, por los Testigos de Jehová, que esta prohibición se extiende a las terapias médicas que incluyan introducción de sangre ajena en el propio cuerpo, es decir, las transfusiones de sangre

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo de investigación pretende dar cuenta de la institución del informe pericial y de la persona del perito en el ámbito juridico procesal y especialmente en sede penal. Se advierte que la legislación nacional no ofrece regulación exhaustiva respecto de ciertos rasgos subjetivos que invisten la figura del perito en tanto experto en una determinada disciplina, sea esta una ciencia, un arte u oficio, especialmente en cuanto a la evaluación que respecto a su incorporación recae en fase de admisibilidad probatoria, relevando dichas calificaciones a las garantías de seriedad y profesionalismo que su ofrecimiento a juicio aspire a representar. Se examina a su vez la asimetría cognoscitiva existente entre juez y perito reconociendo a este como intermediario epistemológico de conceptos ajenos al acervo cultural común del juez, vinculando dicho desequilibrio a la desigual distribución de expertiz que nuestro ordenamiento procesal contemporáneo exhibe en un contexto de apropiación de medios probatorios, globalización y dinámico avance científico-tecnológico / 31 julio de 2020

En el presente informe, realizaremos una crítica a la labor y análisis realizados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) en la Resolución 199-2013/SPCINDECOPI, sobre cómo analizar el deber de idoneidad frente a un equipo celular que habría sido vendido con presuntos defectos de fábrica. Para ello, nos basaremos en tres pilares importantes. El primero está referido a la falta de comprensión que tuvo INDECOPI sobre la relación de consumo materia de análisis, que generó un error en la atribución de responsabilidades entre los proveedores participantes de este procedimiento administrativo, lo que generó un error en cadena. El segundo refiere a la casi nula actividad indagatoria de INDECOPI para acreditar no sólo la existencia del defecto alegado por el consumidor, sino también que éste fuese un defecto de fábrica, lo que debió impedir continuar con el análisis del deber de idoneidad. El tercero hace referencia al error en la dirección del análisis del deber de idoneidad efectuado por INDECOPI, sobre el cual podemos concluir que la entidad no analizó el contenido del Manual del Cliente sobre el que basó su decisión. Luego de ello, arribaremos a la conclusión de que la decisión de INDECOPI en este caso no es correcta, ya que atribuyó responsabilidad a un proveedor que no tenía dentro de su esfera de control la conducta infractora. / In this paper, we will criticize the work and analysis carried out by the National Institute for the Defense of Competence and Protection of Intellectual Property (INDECOPI), in Resolution 199-2013/SPC-INDECOPI, on how to analyze the duty of adequacy in the case of mobile equipment sold with alleged manufacturer's defects. To this end, we will rely on three essential elements. The first relates to INDECOPI's failure to understand the consumer relationship analyzed, which led to an error in allocating responsibilities between the suppliers involved in this administrative procedure, which led to a chain of errors. The second is related to the virtually complete lack of investigative activity on the part of INDECOPI to prove not only the existence of the defect alleged by the consumer, but also that it was a manufacturing defect, which should have prevented the analysis of the duty of adequacy from proceeding. The third relates to the error in the analysis of the duty of adequacy carried out by INDECOPI, from which we can conclude that the entity did not analyze the content of the customer manual on which it based its decision. Consequently, we conclude that the decision of INDECOPI in this case is incorrect, since it attributes liability to a supplier that was not responsible for the infringing behavior.

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general establecer el criterio de fiabilidad para la admisión o exclusión de la prueba prohibida en el proceso penal peruano. Ahora bien, con relación a la metodología empleada es aplicada o tecnológica, de revisión documental, teórica y bibliográfica, utilizando las técnicas de la observación, la ficha textual y las pautas de análisis documental. Entre los resultados se comprende que, en ningún momento se pretende alentar la obtención de pruebas prohibidas en el proceso penal peruano, al contrario, la jurisprudencia contradictoria demuestra el desenvolvimiento desordenado e inconsistente de la regla de exclusión y sus excepciones, considerando que, estas últimas pretenden solucionar la problemática que subyace en la aplicación de la primera. Es por ello que, no debe operar la regla de exclusión, cuando sea manifiesta la realidad de los hechos materia de investigación y no exista duda acerca de su verosimilitud, de caber la duda, opera a favor del acusado, partiendo de la premisa que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) es garantista no solo para el imputado, sino también para la parte agraviada, toda vez que, ningún Estado Constitucional de Derecho puede exceptuar a la persona de dicha garantía. / The general objective of this research project is to establish the reliability criteria for the admission or exclusion of prohibited evidence in the Peruvian criminal process. However, in relation to the methodology used, it is applied or technological, of documentary, theoretical and bibliographical review, using the techniques of observation, the textual record, and the guidelines of documentary analysis. Among the results it is understood that, at no time is it intended to encourage the obtaining of prohibited evidence in the Peruvian criminal process, on the contrary, the contradictory jurisprudence demonstrates the disorderly and inconsistent development of the exclusion rule and its exceptions, considering that the latter are intended to solve the problem that underlies the application of the first. That is why, the rule of exclusion should not operate, when the reality of the facts that are the subject of investigation is manifest and there is no doubt about its plausibility, if there is any doubt, it operates in favor of the accused, based on the premise that the New Criminal Procedure Code (NCPP) is a guarantee not only for the accused, but also for the aggrieved party, since no Constitutional State of Law can exempt the person from said guarantee.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro ordenamiento jurídico la copropiedad o indivisión ha mantenido un perfil marginal y transitorio desde la configuración temprana de las leyes civiles. No obstante, existen ciertas especies de comunidad, denominadas comunidades activas, que escapan a esta concepción tradicional. Este trabajo, a través del estudio sistemático de las leyes y otras fuentes del derecho, analiza la posibilidad de una aplicación diferenciada de la garantía constitucional del derecho de propiedad en las comunidades agrícolas, una especie paradigmática de comunidad activa. Entendiendo que, en tanto especie de propiedad, contiene elementos esenciales distintos a los de la propiedad regulada en el Código Civil, se concluye que es necesaria una tutela constitucional diferenciada para las comunidades agrícolas, en particular, y para otras comunidades activas de nuestro ordenamiento, en general

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto reflexionar en torno a la naturaleza, características y aplicación práctica de la facultad jurisdiccional que incorporó a nuestra legislación procedimental laboral el actual artículo 492 del Código del Trabajo, denominada doctrinariamente “Tutela Anticipada” o “Anticipatoria”. La hipótesis normativa, constituida por una parte por el atentado grave a las garantías fundamentales que el sistema general de los Derechos Fundamentales custodia, en los hechos, permite poner fin al conflicto planteado en su dimensión tutelar, sin audiencia e incluso oficiosamente y sin la procedencia de impugnación alguna, lo que podemos reconocer como Tutela Anticipatoria. La inclusión de la norma del artículo 492 ha sido, criticada por la Doctrina aduciéndose que, principalmente, su aplicación plantea pugna con aquellas normas adjetivas básicas, a propósito del debido proceso y de orden constitucional. Se concluye la pertinencia de su inclusión en la Ley Procesal Laboral, como un “procedimiento especialísimo” que tiene por objeto la cautela inmediata de derechos fundamentales, frente a una lesión especialmente grave, a través de la suspensión de los efectos del acto impugnado y/o denunciado, lo cual, si bien a primera vista colisiona formalmente con el debido proceso, veremos, éste ha debido imponerse dada la relevancia de los bienes jurídicos que pretende tutelar. Finalmente, debemos incluir igualmente las nociones relativas al acceso provisorio o provisional de la demanda en el procedimiento Monitorio, pues toca tangencialmente el aspecto central, precisamente en cuanto su anticipatoriedad, pero que sin embargo se justifica en la economía procesal y no -de modo centralen su función esencialmente cautelar. / 03/04/2018