El objetivo principal del presente trabajo de tesis es demostrar que en el proceso civil, un demandado –al igual que inculpado en el ámbito penal– tiene derecho a que las autoridades judiciales le brinden –como parte de la efectivización del derecho de defensa constitucionalmente asegurado por el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución peruana– con la primera notificación que se le curse, información sobre sus derechos defensivos, las condiciones y plazos para su ejercicio, así como de las consecuencias negativas de no ejercitarlos o ejercitarlos tardíamente. Para lograr este objetivo, en el trabajo de tesis se individualiza, primero, el origen del deber de las autoridades de brindar información defensiva a los inculpados en el ámbito penal y su progresivo reconocimiento en el ámbito extrapenal, hasta llegar a la individualización , en particular, en el espacio jurídico europeo, de un estándar informativo para el demandado en un proceso civil; luego, se constata el estado deficitario de la información defensiva que se brinda al demandado en el actual proceso civil peruano; finalmente, se sustentan las razones por las cuales resulta imperativo no solo reconocer sino plasmar, en términos sencillos y comprensibles, el derecho a la información defensiva del demandado, sin que ello requiera de modificación legislativa alguna, bastando únicamente de buenas prácticas judiciales. Por último, se hace una propuesta concreta de información defensiva a brindarse en la primera resolución judicial que se notifica al demandado así como de aquella que debería estar contenida en el documento de notificación. / The main objective of this thesis is to demonstrate that in civil proceedings, a defendant – as well as a accused in the criminal field – has the right to be provided by the judicial authorities – as part of the effectiveness of the right of defense constitutionally guaranteed by paragraph 14 of article 139 of the Peruvian Constitution – with the first notification that is given to him, Information on your defensive rights, the conditions and deadlines for exercising them, as well as the negative consequences of not exercising them or exercising them late. To achieve this objective, the thesis work individualizes, first, the origin of the duty of the authorities to provide defensive information to the accused in the criminal field and its progressive recognition in the extra-criminal field, until reaching the individualization, in particular, in the European legal area, of an informative standard for the defendant in a civil proceeding; Then, the deficient state of the defensive information provided to the defendant in the current Peruvian civil proceeding is confirmed; Finally, the reasons why it is imperative not only to recognize but also to express, in simple and understandable terms, the right to defensive information of the defendant are supported, without this requiring any legislative modification, only good judicial practices being sufficient. Finally, a specific proposal is made for defensive information to be provided in the first judicial decision that is served on the defendant as well as that which should be contained in the notification document.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor introdujo el Libro de Reclamaciones, el cual, es concebido como un instrumento que permite a los consumidores presentar una queja o reclamo en el preciso momento en que recibe un mal servicio o un producto defectuoso, determinando como obligación que todos los proveedores con establecimientos comerciales abiertos al público deben contar con el Libro, ya sea en físico o virtual. El Indecopi, al tener como una de sus funciones la protección de los derechos de los consumidores, realiza acciones de supervisión a nivel nacional orientadas a la verificación de este cumplimiento normativo; inicia procedimientos administrativos sancionadores en aquellos casos donde comprueba que el proveedor no ha implementado esta herramienta; y posteriormente impulsa el procedimiento de ejecución coactiva donde se impuso una multa al proveedor infractor. En estas tres etapas, aproximadamente, pueden transcurrir por lo menos 2 años. En ese sentido, la implementación del Libro de Reclamaciones debe ser lo más eficiente posible a efectos que el Estado no tenga que incurrir en gastos en la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores. Motivo por el cual, en el presente trabajo de investigación se evalúan como alternativas que la obligación de la implementación de este instrumento sea incluida como requisito para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, así como también que el Indecopi pueda determinar la responsabilidad objetiva por estas infracciones, de modo que pueda imponer la multa correspondiente en el preciso momento en que detecte su incumplimiento. / Trabajo de investigación

El presente informe tiene por finalidad examinar si el laudo arbitral cuestionado en el proceso judicial de anulación iniciado bajo el Expediente N° 155-2012 fue válidamente anulado de manera parcial. Primero, examinaremos el derecho a la debida motivación de los laudos como garantía del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual, si bien el fondo de la motivación de los laudos no se puede revisar en sede judicial, los árbitros deberán demostrar los razonamientos que los llevaron a laudar en favor de la parte vencedora. Segundo, se analizará el derecho a la prueba en sede arbitral, y determinaremos cuál es el estándar de valoración probatoria que puede ser cuestionado en el proceso de anulación. Tercero, desarrollaremos el derecho a ser juzgado por un árbitro imparcial e independiente como garantía del debido proceso arbitral, en el marco de un viaje realizado entre un árbitro y uno de los letrados que representaba a una de las partes del proceso, el cual no fue revelado ante la solicitud de la presunta parte afectada por dicha circunstancia. En ese sentido, examinaremos si la parte afectada por dicha falta de revelación podía utilizar algún medio impugnatorio para cuestionar dicha supuesta falta de imparcialidad e independencia, luego del cierre de instrucción del arbitraje y la fijación del plazo para laudar. / The purpose of this report is to examine if the arbitral award challenged in the annulment proceeding in Case No. 155-2012 was validly partially annulled. First, we will examine the right to the motivation of the awards as a constitutionally protected content of the right to effective judicial protection, which, although the merits of the motivation of the awards cannot be reviewed in court, the arbitrators must demonstrate the reasoning that led them to the award in favor of one of the parties. Second, we will analyze the right to evidence in arbitration, and we will determine what is the standard of evidentiary assessment that can be challenged in the annulment process. Third, we will explain the right to be judged by an impartial and independent arbitrator as a right of the due process of arbitration, in the context of a trip made between an arbitrator and one of the lawyers representing one of the parties to the arbitration, which was not disclosed at the request of the alleged party affected by such circumstance. In this regard, we will examine whether the party affected by such non-disclosure could use any means to challenge such alleged lack of impartiality and independence, after the closing of the arbitration proceedings and the setting of the time limit for the award.

¿Qué determina el éxito de las iniciativas en derechos humanos en un país marcado por el posconflicto como el Perú? ¿Por qué muchas propuestas ciudadanas fallan al momento de trasladar sus demandas a la esfera política? El presente trabajo de investigación busca explicar un caso atípico en la legislación peruana: la aprobación de una ley que beneficia a víctimas y familiares del conflicto armado interno (1980-2000) en el año 2016. La respuesta a una de las más grandes deudas que arrastró el Estado desde el restablecimiento de la democracia se dio, sorprendentemente, sin los enfrentamientos y discusiones usuales de un contexto social y político aun polarizado. Actualmente sigue siendo difícil poner en agenda problemáticas y demandas que involucren reconocimiento y reparación para los afectados por el periodo de violencia política que aconteció en el país. De ese modo, mediante una metodología cualitativa, la presente propuesta busca analizar y determinar los factores que permitieron la aprobación de la Ley de Búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia (1980-2000) en mayo de 2016. La organización y articulación de una red que representó y trabajó en favor de los desaparecidos y sus familiares resultó en una movilización a nivel nacional que encausó distintas demandas, desde distintos frentes, hacia el objetivo común de encontrar personas que se encontraban desaparecidas desde, por lo menos, 15 años. La estrategia comunicativa fue fundamental para convencer a sectores políticos usualmente adversos a estos temas y evitar cuestionamientos que deslegitimen sus demandas ante la opinión pública. Por último, el seguimiento y los mecanismos de presión que empleó esta red hacia los tomadores de decisión de la esfera política logró que estos se comprometieran con la causa y su aprobación en el Congreso.

Según la doctrina peruana mayoritaria en los procesos de divorcio no procedería el allanamiento del demandado por cuanto el vínculo matrimonial sería indisponible, esto es, se trataría de un efecto no que se podría lograr a través del acuerdo entre los cónyuges sino solo por declaración judicial previa determinación de los hechos que fundamentan las causales invocadas en la demanda. La misma posición mantiene la jurisprudencia nacional. En el presente trabajo se sostiene la tesis de la procedencia del allanamiento del demandado en los procesos de divorcio cuando estos se funden en las causales de imposibilidad de hacer vida en común o en la separación de hecho de los cónyuges, en atención a que desde la introducción, en el año 2008, de la disolución extrajudicial (notarial o municipal) del vínculo, el vínculo matrimonial ha claramente dejado de ser indisponible y, sobre todo, porque considerar improcedente el allanamiento es contrario a los principios constitucionales de respeto de la dignidad humana, de libertad y de libre desarrollo de la personalidad, pues se constriñe a los cónyuges a seguir litigando y, como consecuencia, se les niega la posibilidad de salir de su crisis conyugal de la forma menos traumática posible, para el bien no solo de los cónyuges, sino también, de haberlos, de los hijos menores que no tienen por qué padecer por los enfrentamientos de sus padres, que es la esencia del divorcio-remedio. Para ello se analizan los nexos entre los principios constitucionales de libertad y libre desarrollo de la personalidad con la autonomía privada, las limitaciones de la autonomía de la voluntad en el Derecho de familia, el divorcio y sus modelos, la evolución que ha tenido el divorcio en el Perú, la posición de la doctrina y la jurisprudencia sobre la configuración de las causales remediales de divorcio (imposibilidad de hacer vida en común y separación de hecho) introducidas en el Perú en el año 2001, la figura del allanamiento del demandado y la posición de la doctrina y la jurisprudencia sobre su improcedencia en los procesos de divorcio y, finalmente, las razones que fundamentan la procedencia del allanamiento en los procesos de divorcio fundados en las causales remediales.

Esta investigación analiza si las sociedades anónimas sancionadas por conductas anticompetitivas pueden demandar a sus directores por el incumplimiento de sus deberes fiduciarios durante la comisión de dichas conductas. En ese sentido, concluimos que lo anterior es posible, pero el ejercicio de la referida acción debe tener en cuenta el cumplimiento del principio ex turpi causa non oritur actio (en adelante, el principio ex turpi). En efecto, el principio ex turpi dispone que se deben desestimar aquellas acciones judiciales que provengan o tengan su fundamento en un acto ilícito previo. Si bien es un principio desarrollado en el extranjero, se trata de un principio general del derecho que puede ser aplicado en sede nacional y tiene influencia en el ejercicio de la pretensión social de responsabilidad que la sociedad anónima puede iniciar contra sus directores en el presente caso. Sin embargo, no afectaría la procedencia de este tipo de demandas, pues son un mecanismo de enforcement privado de las normas de libre competencia. Finalmente, debemos tener presente que el análisis de los elementos de la responsabilidad civil en este tipo de casos se verá influenciado por la conducta anticompetitiva cometida (abuso de posición de dominio, colusión horizontal y/o vertical), el tipo de función incumplida por el directorio y el análisis fáctico empleado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en las resoluciones administrativas sancionadoras. De allí que es importante tener presentes estas características especiales a efectos de resolver adecuadamente estos casos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El documento electrónico se enfrenta a un aura de supuesta ilicitud en el proceso civil basada en la desconfianza técnica por parte de los operadores jurídicos al mismo, así como por la eventual vulneración de derechos fundamentales producto de la divulgación no autorizada de su contenido. Ahora bien, ¿por qué hemos de limitarnos a aceptar dichos prejuicios, obviando el impacto probatorio que pueda llegar a tener un documento de tales características? Resignarse a mantener esa preconcepción es insostenible porque se le quita al proceso la oportunidad de lograr ser un mecanismo eficaz y eficiente para la solución de los conflictos jurídicos suscitados, sobre todo cuando el documento electrónico puede marcar la diferencia entre tener o no por acreditado un hecho y, con ello, ganar o perder un juicio. Sin duda se requiere poner fin al reproche injustificado hacia el documento electrónico, para que así los litigantes y jueces puedan realizar su labor en forma adecuada, apreciando el documento electrónico de acuerdo con su verdadera naturaleza, despojada de tabúes y falsas interpretaciones que llevan a la restricción de su uso. Para ello, será necesario hallar, dentro de las herramientas procesales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, un mecanismo que, sin afectar el debido proceso, permita lograr dicho cometido, para lo cual será clave poder recurrir al uso combinado de ciertos medios probatorios, en conjunto con el documento electrónico, consagrados en nuestra legislación adjetiva.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La propuesta de modificación al artículo 445 del Código de Procedimiento Civil que busca sustituir su numeral octavo, ampliando el ámbito de protección de la norma de manera sustancial, nos presenta una oportunidad única de analizar a la luz de los principios del análisis económico del derecho cómo responde la población, en general, al aumento de los bienes exceptuados en una liquidación en casos de insolvencia. Así, nos encontramos con que la experiencia internacional es rica en análisis del impacto del fortalecimiento de la posición de los particulares frente a las instituciones financieras, fenómeno dentro del cual es posible enmarcar la modificación en comento, los que serán utilizados en esta investigación para proyectar los efectos que pueden esperarse de un cambio de tal magnitud en nuestro país, toda vez que la experiencia internacional nos demuestra una relación positiva entre la imposibilidad de colateralizar bienes y el costo de los créditos, pero de igual forma se ha observado un aumento en las posibilidades de iniciar un emprendimiento cuando deja de existir el miedo de perder la vivienda. Distintas cifras soportan que no solo desaparece el miedo, sino que finalmente hay más gente iniciando negocios, emprendiendo, cuando se ponen trabas a la liquidación de activos valiosos como las viviendas. Postula esta investigación que el proyecto que declara inembargable los bienes señalados anteriormente tiene como resultado un aumento en el emprendimiento, al eliminar un factor que produce aversión a la hora de solicitar financiamiento para emprender, sobreponiéndose este efecto v a la restricción en la provisión de créditos por falta de garantías. En este sentido, la reforma propuesta es posible proyectarla como un incentivo para la actividad empresarial, a la luz de la experiencia internacional que se analiza, beneficiándose la economía en general de este cambio.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal ) / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET) / El texto busca establecer con mayor precisión la estructura del delito de desacato al que aluden las leyes N°19.968 y N°20.066 y que para estos efectos denominamos desacato en contexto de violencia intrafamiliar, a fin de contribuir a dar claridad en la configuración del mismo. Para ello se efectúa un análisis de la figura penal prevista en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, la que es contrastada con el ilícito en contexto de violencia intrafamiliar contenido en otras leyes especiales, con el objeto de verificar la existencia de diferencias y/o semejanzas. Particularmente, se pretende distinguir los elementos objetivos y subjetivos del tipo en comento, identificando además los contornos del bien jurídico protegido

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / El texto busca analizar el tratamiento jurídico que debe darse a la voluntad de la mujer víctima de violencia intrafamiliar en los casos en que, estando vigente una medida cautelar o accesoria de alejamiento contra el denunciado o condenado, ésta decide retomar el contacto o reanudar la convivencia con él. La aproximación a esta problemática se hace considerando los bienes jurídicos protegidos por el tipo penal del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. El texto concluye que la solución de las situaciones de incumplimientos aceptados o consentidos por la víctima del maltrato previo debe hallarse en el caso particular sobre la base de un análisis de las circunstancias en que ésta prestó su consentimiento, las razones que motivaron su decisión y sus reales necesidades de protección. Adicionalmente se efectúan alcances en relación a la naturaleza de las prohibiciones de residencia, acercamiento y comunicación en protección de víctimas de violencia intrafamiliar y se apuntan las principales características del delito de desacato por incumplimiento de las mismas y que inciden en el tratamiento de concursos de delitos, formas de autoría y participación y especialmente a nivel de tipicidad