Las empresas que tienen inscrito un valor o programa de emisión en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV), tienen la obligación de presentar información periódica o eventual. Esta obligación tiene como sustento proteger un bien jurídico, es decir la transparencia de mercado, así como el que los inversores puedan fundamentar mejor sus decisiones respecto de los activos emitidos. En ese sentido, el presente artículo, explica los plazos oportunos de presentación de dicha información, las etapas del procedimiento administrativo sancionador y los Criterios de Sanción tomados en cuenta.

El Código Tributario vigente, que regula el fundamento de la potestad sancionadora en materia tributaria, está a disposición de la Administración Tributaria para su utilización en el ejercicio de acciones y ejecución de sanciones tributarias; en la instancia correspondiente ante un organismo de la administración fiscal, según sea el caso, el contribuyente puede hacer valer estos principios. Sin embargo, hay un principio el de culpabilidad, que no es recogido por la autoridad sancionadora en materia tributaria. Es aquí donde surge el desacuerdo ya que habría que evaluar la eficacia de la Administración Tributaria al momento de imponer sanciones o el derecho del ciudadano ya que está prohibido evaluar dicho principio en materia tributaria. Como objetivo general del presente estudio es resolver si el procedimiento sancionador tributario administrativo, vulnera al principio de culpabilidad. Para ello se realizará una investigación cualitativa en la cual se recoge datos no cuantificables basados en observaciones del comportamiento para su posterior interpretación. Concluyéndose que la responsabilidad objetiva solo reconoce que la SUNAT ejecute una precipitada tarea para poder sancionar al contribuyente que comete una infracción, en materia tributaria no existe un procedimiento especial estipulado en el Código Tributario y el artículo 165 tiene que incluir la responsabilidad subjetiva, ya viene a ser un límite a la facultad sancionadora del Estado. / The Tax Administration, in taking measures and executing tax sanctions, has the current Tax Code who controls the foundations of the sanctioning power in tax matters; In the corresponding instance before a tax administration body, as the case may be, the taxpayer can assert these principles. However, there is a principle of guilt, which is not included by the sanctioning authority in tax matters. This is where the disagreement arises since it would be necessary to evaluate the effectiveness of the Tax Administration when imposing sanctions or the right of the citizen since it is prohibited to evaluate said principle in tax matters. The general objective of this investigation is to determine if the administrative tax sanctioning procedure violates the principle of culpability. To do this, a qualitative investigation will be carried out in which non-quantifiable data is collected based on behavioral observations for subsequent interpretation. Concluding that objective responsibility only recognizes that SUNAT executes a quick task to be able to sanction the taxpayer who commits an infraction, in tax matters there is no special procedure stipulated in the Tax Code and article 165 has to include subjective responsibility, it is already coming to be a limit to the sanctioning power of the State.

La tesis se inicia con el análisis de los distintos significados del término responsabilidad, tanto en el lenguaje ordinario como en el jurídico. Inspira ese examen el postulado de que las palabras y los contextos en los que son usadas dan cuenta de una determinada forma de comprender y de delinear una institución social. Siguiendo ese método, se concluye que la responsabilidad constituye un mecanismo de intervención social que tiene un significado particular que permite diferenciarlo de otros sistemas de atribución de consecuencias gravosas, y que el contenido central del mismo puede esbozarse de manera unitaria, sin atender a la tradicional dicotomía entre responsabilidad civil y responsabilidad penal. De manera detallada, la tesis efectúa un análisis del contenido de la responsabilidad, ahondando, entre otros, en sus presupuestos, elementos, efectos y significado. Finalmente, de manera somera, la autora esboza la estructura de otros deberes de responder distintos de la responsabilidad y que tienen como criterios de fundamentación la solidaridad y la seguridad. / The thesis begins with an analysis of the different meanings of responsibility -both in terms of day- a- day language and also in its legal context-. This analysis examines the words and contexts that are used to understand and define social institutions. Within that method of analysis, there is a logical conclussion that responsibility is a form of social intervention that has a unique meaning and is different from other systems of attibution resulting from grave consequences. The meaning of the institution can be seen in a more singular form without taking into account the traditional dichotomy between civil resposibility and criminal responsibility. The thesis details an analysis of responsibility with its accompanying assumptions, elements, effects and meaning. Finally, the autor outlines the structure of other responding sistems that take into account solidarity and security.

One of the most important transformations of contemporary Administrative Law Penalties is the one related to the openness to cooperation with private actors, considering that one of its expressions is the commitment to cease.In this academic paper, the author realizes a theoretical approach on the legal concept of concerted administration regarding penalties, and analyzes its regulation within sectoral rules. Finally, he offers some criticisms of the use of this concept by the public administration. / Una de las transformaciones más importantes del Derecho Administrativo Sancionador contemporáneo es la relativa a la apertura a la concertación con los agentes privados, siendo una de sus expresiones el compromiso de cese. En el presente artículo, el autor realiza un acercamiento teórico a la figura de la administración concertada en el ámbito sancionador, y analiza su regulación en normas sectoriales. Finalmente, ensaya críticas sobre la utilización de esta figura por parte de la Administración Pública.

Concession agreements in infrastructure have civil and administrative nature making possible for the Government to apply administrative fines and liquidated damages provisions in case of concessionaires breach.On the transportation infrastructure side, the authors explain that theoretical and practical misunderstandings are present between both legal systems and suggest amendments to the legal framework to overcome such problems.The analysis of these issues is supported on the review of several concession agreements and a comparison with the regulation of the matter in other markets. / Los contratos de concesión de infraestructura tienen componentes civiles y administrativos que generan, en cuanto a responsabilidades de los concesionarios, la posibilidad de aplicar penalidades contractuales y sanciones administrativas. En el sector infraestructura de transporte, los autores plantean que existen confusiones teóricas y prácticas entre estos dos institutos jurídicos y plantean la posibilidad de que el marco normativo se corrija para superar tales confusiones. El análisis de estos temas se basa en la revisión de diversos contratos de concesión de infraestructura de transporte público, y en la comparación de la regulación de la materia en otros sectores.

El objeto de esta investigación pretende el análisis detallado de los tipos penales recogidos en el Libro II del Código Penal, Título XVI, capítulo I, artículo 320, dedicado a la Prevaricación Urbanística, así como el capitulo V de ese mismo Título dedicado a las disposiciones comunes, artículos 338, 339 y 340 del Código Penal. El estudio se divide en cinco partes, en la primera se contempla el panorama urbanístico español, en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, tanto a nivel europeo, estatal, autonómico y ejecución municipal. La segunda parte viene referida al fenómeno de la corrupción. En tercer lugar, se realiza un examen de las infracciones urbanísticas incluidas dentro de la disciplina urbanística. En cuarto lugar nos detenemos en el análisis detallado del delito de prevaricación urbanística y su examen jurisprudencial. Finalmente, en quinto y último lugar, se examinan las disposiciones comunes, y cuestiones procesales. / The purpose of this research aims to the detailed analysis of the criminal offenses listed in Penal Code, Book II, Title XVI, Chapter I, Article 320, dedicated to Urban Prevarication and Chapter V of the same title on the provisions common, articles 338, 339 and 340 of the Penal Code. The study is divided into five parts, the first of which includes the Spanish urban landscape, in terms of spatial planning, urban development and housing, both at European, national, regional and local implementation. The second part is referred to the phenomenon of corruption. Third, it provides a review of the offenses included within the urban planning discipline. Fourthly we focus on the detailed analysis of the crime of trespass urban and jurisprudential consideration. Finally, in the fifth and finally, examines common provisions, and procedural issues.

A proper normative interpretation is undoubtedly one of the pillars of Law, all this thanks that brings a juridical security level and predictability to all the parties involved. In that sense the author submits a critique about the criteria that have been emitted by the diverse public  organisms  in  environmental  material,  specifically  with  the  juridical  concept  of«environmental damage» in the excess inside Maximum Permissible Limit. Also the article presents an objective focus through a temporal development of diverse administrative resolutions, which are established as incorrect on the basis of a wide and forced interpretation about environmental damage, concept applied not only in a case with real effects, but also potential ones. Finally, this is provided by the author as a defect, that although actually exists a remedial intention, this must begin from a clear conceptual framework in normative and resolutive topics by equal. / Una debida interpretación normativa, se constituye sin duda alguna, como uno de los pilares del Derecho, ello gracias a que otorga un nivel de seguridad jurídica y predictibilidad a todas la partes involucradas. Es en ese sentido, que el autor sostiene una crítica sobre el criterio que han venido emitiendo en instancia administrativa diversos organismos públicos en materia ambiental, específicamente con respecto al concepto jurídico de «daño ambiental» en el exceso de los Límites Máximos Permisibles (LMP). El artículo nos presenta un enfoque objetivo con un desarrollo temporal de diversas resoluciones administrativas, las cuales manifiesta, son erróneas en base a una interpretación amplia y forzada de lo que es daño ambiental, concepto que se aplica no solo para aquellos supuestos con efectos reales, sino también potenciales. Finalmente, ello es señalado por el autor como un defecto, que si bien en la actualidad existe una intención de subsanarlo, esto debe partir principalmente de un marco conceptual claro tanto en el ámbito normativo como resolutivo.

Legitimacy of criminal sanction is originated on its own purposes pursued in a state governed by the Rule of Law. That legitimacy should include the penalty as well as security measures, bearing in mind that both are imposed to someone breaking a rule of conduct, and therefore, someone capable to do it. Reviewing penal capacity or criminal liability concepts is required because if penal capacity means the capacity to understand the reality and adjust the behavior to it, and if every legitimate criminal sanction have to be imposed to someone who have the capacity of break it, then security measures also have to be imposed only to people responsible, capable to understand rules and act in accordance. With regard to people not subject to criminal liability they are standing outside Criminal Law and punish them would be illegitimate. In this line, criminal liability should be seen not only as a crime assumption but also as a basic statement for any dialogue the state shall have with the citizens: at the level of crime itself, proceedings and sentence execution . / La legitimación de la sanción penal se deriva de los fines que persigue en un Estado de derecho. Dicha legitimación debe abarcar tanto a la pena como a la medida de seguridad, y tener en cuenta que tanto la pena como la medida de seguridad se imponen a quien infringe una norma de conducta y, por tanto, a quien tiene capacidad para infringirla. Esto presupone revisar el concepto de capacidad penal o imputabilidad,pues si imputabilidad es capacidad para comprender la realidad y adecuar el comportamiento a dicha comprensión, y toda sanción penal legítima ha de imponerse a quien tiene dicha capacidad, también las medidas de seguridad han de ser impuestas solo a imputables. Los verdaderos inimputables son aquellos que están al margen del derecho penal y a quienes resulta ilegítimo imponer alguna sanción. En esta línea, la imputabilidad ha de ser vista no solo como presupuesto del delito, sino como presupuesto de cualquier diálogo que tenga el Estado con el ciudadano con respecto al delito, al proceso y a la ejecución de la pena.