Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La normativa sobre Libre Competencia en nuestro país faculta a un Tribunal especial a conocer de las actuaciones de organismos públicos y privados de actos contrarios a la Libre Competencia. Este órgano es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Junto con ello, la normativa faculta al Tribunal a imponer “multas a beneficio fiscal” las que han ido aumentando en su consagración legal. Pretendemos analizar qué fundamentos ha tenido el Tribunal (y en su momento la Comisión Resolutiva Central) para aplicar las multas cuando han determinado que existen actuaciones contrarias a la libre competencia. Para ello se torna indispensable una pequeña referencia a la evolución histórica de la imposición de multas (y en su momento de tipos penales a efectos de precaver conductas antimonopólicas), cómo han sido tratadas doctrinalmente y qué relevancia tiene ese tratamiento. Las multas fueron sustituyendo las respuestas que el Estado había impuesto a los ciudadanos, trasladando desde el ámbito penal al pecuniario su poder de reacción, considerando factores de eficiencia y otras finalidades, que incluso escapan al estudio de la Libre Competencia y se acercan al Derecho Punitivo. Para lo anterior hemos reunido las sentencias desde el año 2004 a 2012. Como hipótesis preeliminar creemos que esa fundamentación de las multas no ha sido siempre igual y que, atendida la mayor especialización en el conocimiento de la disciplina antimonopólica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia iría motivando cada vez más sus sentencias. Ello en razón de la importancia de su función para el mercado y sus agentes, pero además, porque estando sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, la posibilidad de enmendar sus planteamientos están latentes, máxime aun si este Tribunal Supremo constituye un Tribunal de derecho y con interpretaciones cargadas de formalismo y observancia de la ley. Discurre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en un sistema procesal altamente especializado, con análisis de prueba rendida sometida a las reglas de la sana crítica y con integrantes que no son abogados, mientras que la Corte Suprema es un Tribunal de Derecho, letrado y permanente, cuya función actual corre por dos cauces, la observancia de los derechos fundamentales y el cumplimiento del principio de legalidad y de igualdad ante la ley como Tribunal de Casación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En los últimos años, la doctrina administrativista nacional ha manifestado un creciente interés por el estudio de la potestad sancionadora que el ordenamiento jurídico le confiere a los órganos de la Administración del Estado. Ahora bien, ante la falta de un cuerpo normativo general en la materia, la doctrina y la jurisprudencia han ido sistematizando los principios y reglas aplicables al ejercicio de dicha potestad. Sin embargo, la opción del legislador ha sido la de regular a nivel sectorial el ejercicio de esta potestad en las respectivas leyes especiales de ciertos órganos de la Administración. Así, recientemente, ocurrió con la dictación de la Ley Nº 21.000 que creó la Comisión para el Mercado Financiero, en reemplazo de la Superintendencia de Valores y Seguros.

En el año 2015 se implementa la Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres de los integrantes del grupo familiar, inspirado en el fortalecimiento de combatir la desigualdad de género que existe en la actualidad, asimismo, con la ley N° 29282, se incorporó el Artículo 122-B, en el Código Penal, haciendo mención a la violencia psicológica, sancionando a quien cometa este delito con una pena efectiva que oscila entre uno y tres años, sin embargo al analizar la eficacia de la pena aplicable para este delito, se puede apreciar que no se está cumpliendo con la finalidad para la que fue creada, asimismo, resulta necesario establecer las razones para optar por una pena de multa en este delito, para que a raíz de esas situaciones se pueda justificar la propuesta legislativa, bajo el desarrollo de un investigación cualitativa a la luz de un análisis pormenorizado de las deficiencias que presenta la pena aplicable actual de acuerdo a la casuística nacional y su convención con los principios generales del Derecho Penal, lo cual conllevaría a plantear la pena de multa como la sanción idónea para combatir el delito, orientada a evitar la afectación de derechos fundamentales que se está teniendo con la pena efectiva, haciendo necesario plantear una Propuesta Legislativa de modificación del primer párrafo del art 122-B del Código Penal Peruano, para la conversión de la pena efectiva por pena de multa a los condenados por el delito de violencia psicológica.

La imposición de multas en materia de defensa de la libre competencia es una herramienta que busca evitar la realización de conductas anticompetitivas. En particular, el objetivo de la multa en el ordenamiento jurídico peruano es desincentivar la realización de este tipo de conductas como parte un esquema de incentivos que muestra a los infractores que no les resultará ventajosa su actuación anticompetitiva. Para tal efecto, la autoridad de competencia suele considerar al beneficio anticompetitivo obtenido como elemento inicial para el cálculo de la multa. Considerar al beneficio anticompetitivo obtenido le otorga un sentido compensador a la multa y señaliza que la multa prioriza la devolución de lo obtenido ilícitamente por parte del infractor. Sin embargo, el marco teórico utilizado por la autoridad de competencia para la determinación de la multa señala que la multa debe desincentivar la sola realización, independientemente de los resultados y devoluciones que correspondan, situación que se puede obtener al considerar al beneficio anticompetitivo esperado en lugar del obtenido como elemento inicial para el cálculo de la multa final. En ese sentido, el trabajo se centra en desarrollar una alternativa que permite considerar al beneficio anticompetitivo esperado como elemento inicial para el cálculo de la multa final, y lograr una mejor aproximación al desincentivo de la realización de conductas anticompetitivas. La propuesta desarrollada indica que la multa disuasiva debe considerar el valor real del beneficio indebido obtenido por el agente infractor desde, por lo menos, el inicio de la recepción del beneficio, en particular, indexando (deflactando) la suma de los beneficios obtenidos al periodo de inicio de la recepción, lo que le otorga a dicha suma mayores características de beneficio esperado e incrementa el efecto disuasorio de la multa final. Los ejercicios de estimación realizados sobre casos efectivamente resueltos por la autoridad de competencia, demuestran que la aplicación de la metodología propuesta muestra un mejor alineamiento con el esquema de incentivos orientado a disuadir la realización de conductas anticompetitivas sobre la base de que mayores montos de sanción tiene mayor efecto disuasorio sobre la realización de prácticas anticompetitivas.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:23:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Francisco Leocadio Ribeiro Coutinho Neto.pdf: 1810014 bytes, checksum: a33eee5907ae9c99921b3d374aad7a27 (MD5) Previous issue date: 2015-05-11 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The ultimate aim is to investigate the incidence of the penal provisions within the postulates of the Logical-Semantic Constructivism and identify the problems faced in their positivization cycle. It elucidates the concept of law and the Theory of Legal Rule as well as the meanings of the term sanction and its relationship with the coercivity and duress. By examining the tax and criminal penalties tax system in its generality, it has find a vicious cycle, a systemic problem, a real distortion of the penalty rule caused by many factors, such as fines under unpayable percentage, the need for discussion in the administrative and judicial fields, necessary editing laws that grant fines amnesty, construction flaws of the criminal legal facts and inefficient tax crimes. The fines amnesty and suspension or the extinguishment of the punishability in tax crimes removes a fragment of the structure of the complete legal norm, withdraws the coercivity. It discusses the penalty in order to organize the sanctioning legal system, contributing to a better syntactic, semantic and pragmatic construction of sanctions, that is, the effective penal provition guarantees the values safeguarded by society / O grande objetivo é investigar a incidência da norma sancionatória dentro dos pressupostos do Constructivismo Lógico-Semântico e identificar os problemas enfrentados no seu ciclo de positivação. Elucida-se o conceito de Direito e a Teoria da Norma Jurídica, bem como as acepções do termo sanção e sua relação com a coercitividade e a coação. Ao examinar o sistema sancionatório tributário e penal tributário em sua generalidade, encontrou-se um ciclo vicioso, um problema sistêmico, uma verdadeira desnaturação da norma sancionatória causada por diversos fatores, tais como: multas em percentuais impagáveis, a necessidade de discussão em âmbito administrativo e judicial, necessária edição de leis que anistiem as multas, falhas na construção dos fatos jurídicos penais e crimes contra a ordem tributária ineficazes. A anistia de multas e a suspensão ou extinção da punibilidade nos crimes tributários retiram fragmentam a estrutura da norma jurídica completa, retira-se a coercibilidade. Discute-se a sanção com o fito de organizar o sistema jurídico sancionatório, contribuindo para uma melhor construção sintática, semântica e pragmática das sanções, ou seja, que a norma sancionatória eficaz garanta os valores resguardados pela sociedade

Memoria de prueba para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo analiza las penas pecuniarias que existen a luz del Derecho Penal y del Derecho Administrativo en materia ambiental. Para ello, se hará una recopilación de todas las sanciones de multa que puedan existir al respecto, analizando tanto la normativa interna como la internacional. Una vez hecha esta recopilación se hará mención a los bienes jurídicos protegidos por diferentes ramas del derecho que se relacionan con el medio ambiente, para así lograr conocer la diferencia que existe entre ellos o, a contrario sensu, la similitud entre aquellos. Y, finalmente, se hará mención, entre otras cosas, a los fines que el poder punitivo estatal pretende cumplir con la imposición de estas multas, para comprender si con ellas es o no posible reparar el medio ambiente dañado

Actualmente, dentro de los procesos, la acción de amparo se ha convertido la vía idónea por parte de los contribuyentes para salvaguardar lo que consideran una vulneración a sus derechos con la aplicación de intereses moratorios, alegando en la mayoría de los casos, la vulneración al plazo razonable. En los últimos años, con las resoluciones en sentencias, concretamente acciones de amparo han dado diversos pronunciamientos que, bien dejan sin efecto las resoluciones emitidas, o bien, para que se confirmen el pago de los mismos, bajo un criterio unívoco del Tribunal. Sin embargo, hasta el momento el Tribunal Constitucional, al no seguir una línea argumentativa uniforme – al contar con votaciones divididas – no ha podido señalar una directriz a seguir en los procesos, ya que ninguno de sus fallos tiene la naturaleza de precedente vinculante, por lo que, al no haber podido crear una tendencia jurisprudencial, fija dentro de los administrados una suerte de “inseguridad jurídica” con relación a los intereses moratorios. El presente trabajo tiene como objetivo por un lado exponer la naturaleza de los intereses moratorios en materia tributaria, así como las causales por las que se considera que el cobro de los mismos estaría vulnerando el derecho constitucional al plazo razonable, y su consecuente desnaturalización, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, basando el presente informe en la Sentencia N° 04532-2013-PA/TC, la cual también buscará analizar la diferencia en aplicación de la jurisprudencia y el precedente vinculante. / Currently, the “Amparo Process” has become the ideal way for taxpayers to safeguard what they consider a violation of their rights with the application of default interest, alleging in most cases, the violation of the reasonable term. In recent years, with the resolutions in sentences, specifically amparo actions, various pronouncements have been made to annul the resolutions issued, or to confirm their payment. However, to date, the Constitutional Court, by not following a uniform argumentative line – having divided votes – since none of its rulings have the nature of binding precedent, so it has not been able to create a jurisprudential trend. The objective of this paper is, on the one hand, to determine the nature of default interest in tax matters, as well as the causes for which it is considered that the collection of the same would be violating the constitutional right to a reasonable term, in view of the jurisprudence. of the Constitutional Court, basing this report on Judgment N° 04532-2013-PA/TC, which will also seek to analyze the difference in application of jurisprudence and binding precedent.

En el presente informe se analiza la Resolución N° 006-2013-OEFA/TFA, el mismo que confirma la Resolución de sanción emitida por la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI) del OEFA contra la empresa Pluspetrol Norte S.A. por el incumplimiento de los compromisos asumidos en el Instrumento de Gestión Ambiental. Al respecto, tanto el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) y la DFSAI concluyeron que la empresa no culminó, en el plazo establecido en el cronograma del Plan Ambiental Complementario (PAC) del Lote 8, con las actividades de remediación de suelos y lagunas del yacimiento Yanayacu. Este yacimiento se encuentra ubicado dentro del área de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, departamento de Loreto. En el procedimiento administrativo sancionador se advierte que ambas instancias no desarrollan adecuadamente figuras jurídicas relevantes que justifican su decisión. Así, no se ha explicado por qué se la aplicación de la responsabilidad objetiva, la naturaleza jurídica de la opinión emitida por Sernanp y la aplicación de los principios de razonabilidad y debida motivación cuando se procede a calcular la multa. En ese sentido, el objetivo del informe es abordar y explicar estos problemas jurídicos, partiendo de la base normativa empleada al momento de ocurridos los hechos (años del 2009 al 2013) y la normativa vigente; así como jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano; y doctrina peruana y comparada. El empleo de estas fuentes del derecho será fundamental para proporcionar una postura coherente y sólida respecto a la decisión del OEFA. / This legal report analyses Resolution N° 006-2013-OEFA/TFA, which confirms the sanction resolution issued by the "Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos" (DFSAI) of the OEFA against the company Pluspetrol Norte S.A. for non-compliance with the commitments assumed in the Environmental Management Instrument. In this regard, both the "Tribunal de Fiscalización Ambiental" (TFA) and the DFSAI concluded that the company did not complete the soil and lagoon remediation activities at the Yanayacu field within the timeframe established in the schedule of the Complementary Environmental Plan (PAC) for Lot 8. This oilfield is located within the Pacaya Samiria National Reserve, department of Loreto. In the present administrative sanctioning procedure, it is noted that both instances do not adequately develop relevant legal figures that justify their decision. Such is the case of the application of objective responsibility, the legal nature of the opinion issued by Sernanp and the application of the principles of reasonableness and due motivation when calculating the fine. In this sense, the objective of the report is to address and explain the legal problems that arise in the case, based on the normative basis used at the time of the events (years from 2009 to 2013) and the current regulations; as well as jurisprudence of the peruvian Constitutional Court; and peruvian and foreign doctrine. The use of these sources of law will be essential to provide a coherent and solid position on the OEFA decision.

Los organismos reguladores tienen funciones que modelan el comportamiento no deseado de los agentes económicos como, por ejemplo, el ejercicio de poder de mercado, las afectaciones a los derechos de los consumidores o a diversas especificaciones técnicas. Para ello, el regulador debe alinear los incentivos con los objetivos mediante el establecimiento de multas y otras medidas. Las normas que regulan el comportamiento de los agentes se enmarcan dentro del derecho administrativo peruano, uno de cuyos principios establece que incumplir las normas no debe resultar más beneficioso que cumplirlas. Por el lado de la economía, desde los trabajos de Ronald Coase y Gary Becker, entre otros, se ha desarrollado un marco teórico para analizar el comportamiento infractor desde el punto económico. El OSINERGMIN aplicó este cuerpo teórico al diseño de sus escalas de sanciones y, en 2017, se utilizó en la determinación del valor monetario de las infracciones llamadas coercitivas. Este trabajo desarrolla el análisis empleado para determinar el valor pecuniario de las infracciones a las medidas administrativas. Este Informe muestra una forma en la que el análisis económico del derecho puede contribuir a la legitimidad y eficiencia de la institucionalidad jurídica en el País.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:25:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 osmar.pdf: 1488169 bytes, checksum: cfb4524fa1cecbf37c422054fd404724 (MD5) Previous issue date: 2007-06-06 / In face of the embarrassments to the effective of provisionses judicial, of the end antecipation nature or (art. 14, V, of the CPC), as well as in the executions of extrajudicial executive headings (2ª part of § 1º of art. the 656 of CPC), mainly when the debtor commits abuse in the right of action of the corporate entity, in clear offensive attitude to the exercise of the jurisdiction (art. 14, only Paragraph, of the CPC); the present work considers the application of the penalties contained in the statement of the only paragraph, of art. 14, the CPC (criminal, courteous and procedural fine and sanctions), in the cases where the judge will have that to declare the disrespect of the corporate entity, to surpass the difficulties and embarrassments to the accomplishment of the distrainment and consequence effective of the jurisdictional guardianship / Em face dos embaraços à efetivação dos provimentos judiciais de natureza antecipatória ou final (art. 14, V, do CPC), bem como nas execuções de títulos executivos extrajudiciais (2ª parte do § 1º do art. 656 do CPC), mormente quando o devedor comete abuso no exercício do direito da personalidade jurídica, em clara atitude atentatória ao exercício da jurisdição (art. 14, Parágrafo único, do CPC); o presente trabalho propõe a aplicação das penalidades contidas no enunciado do parágrafo único, do art. 14, do CPC, (multa e sanções criminais, civis e processuais), nos casos em que o juiz tiver que declarar a desconsideração da personalidade jurídica, para superar as dificuldades e embaraços à realização da penhora e conseqüente efetivação da tutela jurisdicional