La Contratación Pública es una de las actividades del Estado con más riesgo de corrupción y mal destino de los fondos públicos; debido justamente a la gran cantidad de dinero que se destina anualmente para dicho fin. Teniendo en consideración dicho escenario y sobre todo con la finalidad de proteger los fondos públicos cuya finalidad debe ser, exclusivamente, la satisfacción del interés público que nuestra legislación vigente sobre las contrataciones con el Estado ha regulado a lo largo de los años determinados impedimentos para contratar con las entidades públicas dirigidos a altos funcionarios públicos y a sus cónyuges, convivientes y parientes más cercanos; esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de riesgo de corrupción o favoritismos cuyo único propósito sea la satisfacción de un interés particular. Es a la luz de estos hechos, entonces, que en el presente Informe Jurídico se cuestiona el análisis realizado por el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias donde declara que dichos impedimentos referidos a los parientes más cercanos de los Congresistas de la República vulneran derechos constitucionales; sin tomar en cuenta la finalidad de estas restricciones ni el alto riesgo de corrupción y favoritismos que habría si no se contaran con los mismos. / Public Procurement is one of the activities of the State with the highest risk of corruption and bad use of public funds; precisely due to the large amount of money that is allocated annually for this purpose. Taking into consideration this scenario and above all with the purpose of protecting public funds whose purpose must be, exclusively, the satisfaction of the public interest that our current legislation on contracting with the State has regulated over the years certain impediments to contracting with public entities aimed at senior public officials and their spouses, partners and closest relatives; this in order to avoid any type of risk of corruption or favoritism whose sole purpose is the satisfaction of a particular interest. It is in light of these facts, then, that in this Legal Report the analysis carried out by the Constitutional Court in one of its judgments is questioned where it declares that said impediments referred to the closest relatives of the Congressmen of the Republic violate constitutional rights ; without taking into account the purpose of these restrictions or the high risk of corruption and favoritism that would exist if they were not available.

La Contraloría General de la República cumple un rol estratégico en la gestión pública, es por ello que la función control que realiza se orienta a brindar los mejores resultados a la sociedad supervisando la labor de los gestores públicos, para que los recursos del Estado se destinen en el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población. El presente trabajo tiene por objeto evaluar porqué existen informes de auditoría en los que el Órgano Superior de Control frente a un mismo hecho administrativo, otorga tratamientos distintos en la aplicación de recomendaciones que los auditores formulan, para luego determinar responsabilidad a funcionarios y servidores por supuestas faltas administrativas. En ese sentido, me pregunto, ¿existe predictibilidad en las recomendaciones que formulan los auditores en los informes que emiten? Para imputar responsabilidad administrativa se debe investigar para sancionar o comprobar la probidad de quien eventualmente pudo ser injustamente comprendido en una acción de auditoría, motivo por el cual se requiere un régimen disciplinario que incluya mecanismos de quien no ha actuado en forma diligente al emitir un informe de control, así como un procedimiento que garantice el derecho de defensa previo al inicio de las correspondientes acciones administrativas o legales. En mi tesis explicaré, entre otros, cómo aparece la necesidad de controlar el uso de los recursos públicos delegados por la sociedad al aparato estatal y cómo la función control es asumida por instituciones que en representación de la comunidad aportan bien común. Si bien es cierto la Contraloría General de la República cumple un rol preponderante en nuestra sociedad, también debe garantizar la calidad de los informes de control. Es por ello que los auditores deben contar con las competencias y capacidades técnicas suficientes en gestión pública y en otras especialidades, para evitar fiscalizar lo que no se conoce; asimismo, debe promover una conducta orientada a presumir la licitud del actuar del funcionario o servidor, priorizando el logro de las metas fijadas por las instituciones auditadas, respetando la discrecionalidad de los gestores públicos en las decisiones que adoptan, situación que coadyuvará a optimizar la gestión pública.

Desde diciembre del 2013 hasta la fecha, he venido desarrollándome laboralmente en proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) del tipo autofinanciadas y cofinanciadas, en la cual se utilizan técnicas y herramientas económicas que pueden ser manejadas por el concesionario tanto para la formulación como para el desarrollo de su política de negocios, un ejemplo de ellas es el estudio de la oferta y la demanda con el fin de la maximización del beneficio para ambas partes, pero considerando siempre el mejor nivel de servicio para los usuarios. Actualmente, vengo laborando como Especialista Financiero en la Dirección General de Política y Promoción de la Inversión Privada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargado, entre funciones, de verificar y validar los modelos económicos-financieros de los contratos de Asociación Público Privada que requieran la opinión de dicha dirección a fin de promover la reactivación económica del país en el contexto de la pandemia por el covid-19. Para ello, en el presente informe se analizará la importancia de la promoción de los proyectos APP y puntos de mejora de estos en el contexto peruano.

El presente informe expone mi experiencia laboral como analista económico en el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación (DIDI) de la Dirección General de Abastecimiento (DGA), específicamente realizando investigaciones sobre la dinámica de los mercados público y privado, identificando mejoras e innovaciones para la Cadena de Abastecimiento Público. La importancia radica ya que la DGA es rectora del Sistema Nacional de Abastecimiento y como tal, se constituye a nivel nacional como la más alta autoridad técnico - normativa en materia de abastecimiento, encargada de proponer políticas, dictar normas y procedimientos para la conducción de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público. Para ello, es necesario hacer uso de la revisión de literatura económica, así como el uso de la estadística orientada a la optimización de la Cadena, a fin de proponer medidas que permitan minimizar los costos y maximizar el servicio dentro de esta.

La presente investigación plantea la necesidad de indagar sobre cómo es la satisfacción laboral de los investigadores científicos desde la perspectiva del estudio de la satisfacción laboral general así como de su satisfacción respecto a nueve dimensiones de trabajo que la componen: remuneración, ascensos, supervisión, condiciones de trabajo, beneficios laborales, compañeros de trabajo, reconocimiento, comunicación y naturaleza del trabajo en sí mismo. Asimismo, el estudio busca conocer en qué grado están relacionadas la satisfacción laboral general y las nueve dimensiones de trabajo y el modo en que las características demográficas (sexo y edad) y laborales (régimen laboral y tiempo de pertenencia a la organización) impactan en el nivel de satisfacción laboral general que experimentan los investigadores científicos. La aproximación de la investigación tiene por objeto de estudio un instituto público de investigación, el Instituto del Mar Peruano (IMARPE), y como referentes de comparación a otros dos institutos públicos de investigación del sector Producción, el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), así como estudios realizados en el extranjero sobre la satisfacción laboral de investigadores científicos (estudios en India, Arabia Saudita, entre otros). Como resultado del estudio, se busca tener un panorama desde el cual el IMARPE pueda tomar medidas desde el campo de los recursos humanos para aumentar la satisfacción laboral de sus investigadores científicos en alguna de dichas dimensiones de trabajo y con ello aumentar su satisfacción laboral general, para que de ese modo, estos servidores públicos pueden prestar de una mejor manera sus servicios de I&D.

La presente investigación analiza la comunicación para el alineamiento decisional de las políticas y planes en las entidades del Estado involucradas con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las Recomendaciones de la OIT relativas a la eliminación de la extrema pobreza en las poblaciones más vulnerables, que en este caso fueron las comunidades campesinas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante la Agenda para el Desarrollo Sostenible y la Declaración 169, posicionan la necesidad de la titulación de tierras como medio de erradicación de la extrema pobreza de las comunidades campesinas. Dichos lineamientos son una exigencia con rango constitucional para el Estado peruano y los organismos implicados del gobierno central y regional en beneficio de las comunidades campesinas cuya población se debate mayormente en la extrema pobreza. La metodología empleada ha sido cualitativa, comprendiendo las técnicas del análisis de contenido para verificar el alineamiento decisional contenido en las políticas y planes del Gobierno Central (Foro del Acuerdo Nacional, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego) y los Gobiernos Regionales de Apurímac, Cusco y Junín, en los años 2016-2019. También se ha utilizado, de modo secundario, entrevistas en profundidad a funcionarios encargados de la titulación de tierras y congresistas de la Comisión de Titulación de Tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas del Congreso de la República en el año 2019. Los resultados confirman la inexistencia de un alineamiento a las decisiones internacionales por parte del Foro del Acuerdo nacional y del MIDAGRI; la ruptura de la cadena de valor 5 público con las Entidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales; y, la exclusión de las comunidades campesinas de las principales decisiones sobre propiedad territorial integral, consulta previa para mejorar su capacidad de negociación y acceder a los beneficios del subsuelo y de los recursos productivos colindantes. A partir de esta desatención comunicacional y decisional, las comunidades campesinas, además de extremadamente pobres, quedan como los sectores más afectados por la desigualdad horizontal; es decir, por la discriminación étnico racial, cuyas consecuencias en el ordenamiento social son imprevisibles. / The present investigation analyzes the communication for the decisional alignment of the policies and plans in the State entities involved with one of the United Nations Sustainable Development Goals and the ILO Recommendations related to the elimination of extreme poverty in populations. most vulnerable, which in this case were the peasant communities. The United Nations Development Program (UNDP) and the International Labor Organization (ILO), through the Agenda for Sustainable Development and Declaration 169, position the need for land titling as a means of eradicating extreme poverty of the peasant communities. These guidelines are a requirement with constitutional rank for the Peruvian State and the central and regional government agencies involved for the benefit of 6 peasant communities whose population is mostly struggling in extreme poverty. The methodology used has been qualitative, including content analysis techniques to verify the decisional alignment contained in the policies and plans of the Central Government (National Agreement Forum, Ministry of Agrarian Development and Irrigation) and the Regional Governments of Apurímac, Cusco and Junín, in the years 2016-2019. Secondarily, in-depth interviews with officials in charge of land titling and congressmen of the Land Titling Commission of the Peasant and Native Communities of the Congress of the Republic in 2019 have also been used. The results confirm the nonexistence of an alignment to international decisions by the National Agreement Forum and MIDAGRI; the rupture of the public value chain with the Executing Entities of the Regional Governments; and, the exclusion of peasant communities from the main decisions on integral territorial property, prior consultation to improve their negotiation capacity and access to the benefits of the subsoil and adjacent productive resources. From this communicational and decisional neglect, peasant communities, in addition to being extremely poor, remain the sectors most affected by horizontal inequality; that is, due to ethnic-racial discrimination, whose consequences on the social order are unpredictable.

La presente memoria es una reflexión y análisis de la experiencia profesional del autor de la misma en el sector público, la cual se enfoca en la reformulación, repotenciación y rediseño de la plataforma web de Cienciactiva. Una institución pública que pensó, desarrolló y orientó sus canales digitales, principalmente su web, para el beneficio del ciudadano como usuario final. Para ello, el User Experience (UX) y el Marketing Digital son herramientas que permiten revolucionar la manera de comunicar del Estado, sobre todo en el ámbito digital. Por ello, esta memoria se enfoca en analizar cómo la aplicación de estas herramientas con el complemento de Design Thinking y Lean Startup, contribuyen a crear plataformas y/o productos digitales orientados a las necesidades, intereses y expectativas del ciudadano o usuario. Este documento hace un análisis de los pasos a seguir, la información recogida y las incidencias que se presentan durante la ejecución de un proyecto como este. Destaca la búsqueda de una relación duradera con los usuarios y la combinación de criterios informáticos con comunicacionales para contribuir al fortalecimiento de un Gobierno Electrónico peruano. Asimismo, la importancia de la experiencia de esta memoria radica en la utilidad que pueden tener el uso de estás metodologías y herramientas en el desarrollo de servicios públicos y la mejora de las plataformas de comunicación en nuestro país.

El derecho a la negociación colectiva es una herramienta valiosa para la mejora de los beneficios laborales con contenido económico y no económico de los trabajadores en general; sin embargo, el desarrollo de dicho derecho en el sector público ha encontrado serias dificultades normativas, principalmente en las leyes de presupuesto que año a año han venido restringiendo su ejercicio en materia remunerativa, línea que también se siguió en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Ahora, con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) conocida como “Caso Ley de Presupuesto Público”, en cuyo numeral 2 de su parte resolutiva exhorta al Congreso de la República a aprobar una nueva regulación sobre negociación colectiva para los trabajadores del sector público, es que el presente trabajo pretende establecer, a partir del análisis de legislación comparada y lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una propuesta normativa que resulte conforme al deber de fomento por parte del Estado del referido derecho fundamental, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del artículo 28 de nuestra Constitución Política.

Estando rumbo al bicentenario de la Independencia de nuestro País, es necesario plantear y resolver uno de los problemas más álgidos de nuestra realidad nacional, tal es el caso del empleo público y de la diferenciación en la contratación del personal, problemática que vulnera el derecho a la igualdad; se hace pues necesario una pronta y propicia respuesta del Estado para solucionar ese problema que afecta no solo a los trabajadores, sino también a los ciudadanos y al propio Estado. El objeto principal del presente estudio consiste en analizar el estado actual de la contratación pública en el Perú en relación de la unificación que propone el nuevo Régimen del Servicio Civil desde la perspectiva de la problemática que implica la diversidad de regímenes laborales coexistentes en el sector público; para tal efecto, se analizará cada uno de los regímenes generales y el modo de acceso a los mismos; así como los beneficios e inequidades que pudieran existir en cada uno de ellos; sustentando con ello la necesidad y posibilidad de un tránsito directo de trabajadores, que cumplan con ciertos requisitos, al nuevo régimen laboral de la Ley 30057. Del mismo modo se realiza un estudio concreto de la situación histórica de la carrera pública en el Perú, de los intentos de reforma y de la presencia de los principales principios que rigen el acceso al empleo público, como son el principio de mérito y el principio de acceso a la función pública en condiciones de Igualdad. Asimismo se analiza la viabilidad y se argumenta en favor al tránsito directo a la Nueva Ley del Servicio Civil de los trabajadores que cumplan ciertos requisitos. La investigación se acoge a método teórico deductivo; asimismo, se basa en un soporte histórico y en la constitución.

Tesis (magíster en derecho) / La presente tesis tiene por objetivo el análisis de la situación actual de la Ley Nº 19.628 en relación a las normas que aluden a menores en su entorno escolar; básicamente se analiza los órganos públicos de educación y cómo estos cumplen con la obligación legal de proteger los datos de los educandos. Para la realización de este análisis, se tomó en consideración la Constitución Política de la República, La Ley Nº 20.370, Ley General de Educación; la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada; la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a Información Pública, además de legislación comparada, específicamente de México y España, y la forma en que estos ordenamientos jurídicos confluyen – o discrepan- en torno a la materia analizada. El trabajo comienza con un examen del tratamiento de los datos personales en los establecimientos de educación pública, específicamente a menores de edad, de acuerdo a la normativa legal y las competencias que se le atribuyen. Luego, se hace referencia a las obligaciones de los establecimientos públicos de educación en lo relativo a la garantía de protección de los datos personales de los alumnos, y también una revisión de los derechos de los titulares sobre 12 sus datos personales; todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.628 y la legislación mexicana y española que profusamente se han pronunciado sobre estas materias. En tercer lugar, se contempla un análisis del ámbito de aplicación de la Ley Nº 19.628, además de la revisión detallada de los principios de la protección de datos en su dimensión nacional, como también internacional, que deben ser considerados por quienes tratan datos personales. Finalmente, se presentan los órganos garantes de la protección de datos personales en México, España y Chile, y la forma en que estos han ido sentando jurisprudencia a través de los casos que han resuelto en materia de protección de datos de menores en centros educativos.