El objetivo de la investigación busca explicar que la falta de motivación del acto administrativo en ciertas situaciones puede componer un reconocimiento indebido de derechos y perjuicios económicos al sector que emite el acto. En esta se explicará la problemática de los actos que reconocen el beneficio económico de promoción económica en el sistema administrativo de la Policía Nacional dicho beneficio se reconoce de manera excepcional y es cuando los policías en cumplimiento del deber fallecen o adquieren una discapacidad. La finalidad del beneficio es incrementar la pensión en un tiempo determinado de años tanto en las categorías de suboficiales y oficiales según los topes determinados por ley. Por ello la motivación administrativa es una garantía de todo procedimiento administrativo y permite una estructura sólida del acto. El presente artículo usará un enfoque de dogmática jurídica inteàreas aplicando instituciones jurídicas relacionadas a la problemática y explicativa por mostrar las causas y consecuencias que se han generado la falta de motivación administrativa de ciertos actos administrativos del beneficio que han llevado a un reconocimiento indebido a administrados y generando expectativas que el acto administrativo está debidamente motivado. Esta investigación explica las consecuencias de del error en la de motivación en los beneficios de promoción económica

El presente informe jurídico tiene por objeto revisar los principales problemas jurídicos que plantea el laudo derivado del tercer proceso arbitral seguido por el Consorcio Neshuya contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, el cual resolvió las divergencias surgidas entre dichas partes por la ejecución del Proyecto de Obra Pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Tingo María – Pucallpa, sector Aguaytía – Pucallpa, Tramo III: Neshuya – Pucallpa”. En ese orden de ideas, el informe aborda el marco normativo vigente al momento de surgidas las controversias y, a partir de ello, analiza si el pronunciamiento recogido en el laudo resulta adecuado. Cabe señalar que este expediente, a pesar de su relativa antigüedad, nos permite analizar, entre otros aspectos, el tratamiento de las materias arbitrables, especialmente lo referido a la potestad de la Contraloría General de la República para aprobar adicionales y el enriquecimiento sin causa; así como también, la ejecución de mayores metrados. Es así que la importancia del presente informe reside, precisamente, en que tales tópicos mantienen plena vigencia en la actualidad y, a pesar de las sucesivas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su aplicación todavía resulta compleja y continúa siendo causa de controversias entre contratistas y el Estado. Finalmente, realizado el análisis correspondiente, se concluye que la decisión emitida por el Tribunal Arbitral fue correcta a la luz de la normativa aplicable.

El presente informe jurídico analiza el expediente Nº 20513/ASM el cual versa respecto a la controversia suscitada entre el Programa Nacional de Saneamiento y el Consorcio Nippon Koei- OIST. Se realiza con la finalidad de reafirmar la naturaleza de los conceptos de liquidación de contrato de consultoría de obra, certificado de conformidad y carta fianza; así como, cuestionar las decisiones por las cuales el Tribunal Arbitral opto como convenientes para la resolución de la controversia. Del análisis de los actuados en el expediente de la controversia se identifican tres problemas: el primer problema, refiere a la obligatoriedad de las formalidades para emitir la liquidación de contrato de prestación de servicios de obra. El segundo problema se encuentra relacionado con los efectos del certificado de conformidad y, si su entrega, limita el reclamo de penalidades. Finalmente, la posibilidad de solicitar indemnización posterior al consentimiento de la liquidación. En ese sentido, los mencionados problemas jurídicos se analizan utilizando jurisprudencia, doctrina y normas jurídicas. Principalmente se concluye que la liquidación del contrato de prestación de servicios debe de realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 43º de la Ley de Contrataciones y Adquisidores con el Estado debido a la obligatoriedad normativa. Asimismo, la entrega del Certificado de Conformidad manifiesta la idoneidad de las obligaciones realizadas y solo la manifestación contraria podría realizarse si existen vicios ocultos en la y prestación, lo cual no sucede en la controversia. De igual forma, la naturaleza de la carta fianza ratifica la adecuación de las obligaciones cuando se devuelva corroborando las prestaciones. Por tal, el consentimiento de la liquidación refiere a la culminación del contrato y de todas sus obligaciones las cuales son reconocidas como idóneas al entregar el Certificado de Conformidad y devolver la Carta Fianza.

En el presente informe se buscar analizar el problema actual sobre el incumplimiento de la vía previa a la pactada antes de acudir a un arbitraje a través de un cuestionable pronunciamiento de la una de las salas de la Corte Superior de Justicia de Lima y del previo acciona de un Tribunal Arbitral. Así, a través del análisis de la naturaleza del pacto de acudir a una vía previa y de las consecuencias que acarrea su incumplimiento, veremos que lo que se esconde detrás de este acuerdo es un convenio arbitral escalonado, de utilización y aceptación para arbitrajes nacionales e internacionales. Finalmente, analizaremos las consecuencias aplicables al incumplimiento de los requisitos en este tipo de convenios, siendo necesario evaluar si estas están relacionadas con la competencia del Tribunal Arbitral o con la admisibilidad de la demanda

El presente informe versa sobre el análisis realizado a la resolución N°7 del expediente 00581-2019-0-1817-SP-CO-02 emitida por la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual trata sobre el recurso de anulación interpuesto por el PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL- PROVIAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – PROVÍAS NACIONAL contra el laudo de fecha 22 de julio de 2019 emitido en el arbitraje seguido contra OBRAS DE INGENIERÍA S.A - OBRAINSA. A través de este informe, analizamos el problema acerca de la motivación que se produce en los laudos arbitrales, lo cual conlleva a abrir una ventana a que en sede judicial pueda revisarse de manera externa la decisión de estos laudos arbitrales y comprobar si efectivamente se cumplió o no con motivar el laudo arbitral. En ese sentido, en el presente informe, se concluye que la inexistencia de motivación en el laudo arbitral, transgrede el derecho a la debida motivación, no cumple con el principio de congruencia procesal y termina siendo correcto solicitar la anulación del laudo mediante el artículo 63 numeral 1 inciso b) del Decreto Legislativo 1071. Este análisis se desarrollará conforme a la revisión doctrinaria y jurisprudencial efectuada para el presente informe. / This report deals with the analysis carried out on Resolution No. 7 of the file 00581-2019-0-1817-SP-CO-02 issued by the Second Civil Chamber Commercial Subspecialty of the Superior Court of Justice of Lima, which deals with the annulment action filed by the SPECIAL PROJECT OF INFRASTRUCTURE NATIONAL PROVIAS OF THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS PROVÍAS NACIONAL against the award dated July 22, 2019 issued in the arbitration against OBRAS DE INGENIERIA SA - OBRAINSA. Through this report, we analyze the problem regarding the motivation that occurs in arbitration awards, which leads to opening a window so that the decision of these arbitration awards can be reviewed externally and check whether it was actually complied with or not with justifying the arbitration award. In this sense, in this report, it is concluded that the absence of reasons in the arbitration award, violates the right to due reason, does not comply with the principle of procedural consistency and ends up being correct to request the annulment of the award through article 63 numeral 1 subsection b) of Legislative Decree 1071. This analysis will be developed in accordance with the doctrinal and jurisprudential review carried out for this report.

Entendido el precedente vinculante como materialización del Principio de Seguridad Jurídica, la presente investigación busca demostrar la importancia de seguir y cumplir los precedentes judiciales por parte de la administración pública, comprobando para ello su eficacia vinculante —sea judicial o constitucional— afirmando que tal eficacia alcanza a todo el ordenamiento jurídico, incluido los tribunales administrativos. Es por ello que luego de investigar sobre el tema señalaremos los fundamentos positivos para la eficacia vinculante del precedente, comprobando con ello que los tres poderes del Estado —en específico los tribunales administrativos— se encuentran sujetos a la eficacia vinculante de tal norma de origen jurisprudencial. La hipótesis de trabajo identificada y que sirve de base para la presente investigación es que el criterio —señalado expresamente en la resolución como precedente vinculante—emitido por la Corte Suprema a través de la Casación N° 4392-2013 LIMA no ha sido seguido por diferentes fallos emitidos por el Tribunal Fiscal, pues mediante Resolución N° 11970-4-2015, por ejemplo, los vocales realizaron una singular interpretación del precedente para concluir que el caso desarrollado no era sustancialmente igual al desarrollado en la referida Casación, y, por ello, no podría aplicarse el criterio. Sin embargo, creemos que los precedentes vinculantes al aludir a los fallos de los máximos tribunales que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de las leyes, deberán ser observados por los tribunales de inferior jerarquía – incluidos los tribunales administrativos- al resolver casos idénticos o análogos a los que inspiraron los primeros; y esto debido a que los precedentes tienen como función principal asegurar la coherencia y predictibilidad dentro del ordenamiento jurídico

El presente trabajo de investigación versa en exponer cuál ha sido el tratamiento, criterios y lineamientos que han llevado a cabo el Tribunal del Servicio Civil respecto a la aplicación del principio de irretroactividad principalmente en la manifestación de retroactividad benigna sobre la norma que regula la prescripción, concretamente en los casos de responsabilidad administrativa disciplinaria. Asimismo, se ha tomado como punto de partida la importancia que tiene la naturaleza jurídica de la prescripción, un tema que resulta controvertido para el sector de la doctrina, pues dada su naturaleza no posee la calidad de norma sancionadora y por tanto inaplicable el principio de retroactividad benigna. Sobre estas premisas es que el presente trabajo de académico tiene como objetivos el dar a conocer el tratamiento actual de la prescripción en relación a su naturaleza jurídica y aplicación en el tiempo en los criterios aplicados por el Tribunal de Servir. De igual manera, se pretenden analizar las posiciones doctrinarias acerca de las teorías sustantiva y procesal respecto al fundamento de la prescripción; y las consecuencias jurídicas de aplicar el principio de irretroactividad en la norma que establece los plazos de prescripción y en los administrados como principales destinatarios de la misma.

La presente investigación, busca definir la naturaleza jurídica del pronunciamiento de la Administración Pública durante la ejecución de los contratos administrativos, ya que no está regulada como tal en la legislación peruana. Para desarrollar la investigación, se utilizó la metodología cualitativa, mediante la revisión de doctrina nacional, extranjera, jurisprudencia, así como legislación nacional y comparada, incluyendo el estudio de laudos arbitrales en sede nacional e internacional. Como resultado del presente trabajo, propusimos que se instituya en el ordenamiento jurídico peruano el acto administrativo contractual, entendido como aquella categoría del acto administrativo que se adecúa a las circunstancias particulares del pronunciamiento de la Administración Pública en la ejecución contractual. De esta forma, se podrá orientar a la Administración Pública cuando emita sus pronunciamientos en el marco de un contrato administrativo, pues deberá cumplir mínimamente con los requisitos del acto administrativo, lo cual a su vez permitirá ejercer un control más predecible sobre su decisión. Además, garantizará los derechos de los contratistas, pues estarán posibilitados a exigir, en la vía administrativa, que las entidades contratantes cumplan con observar las disposiciones normativas del acto administrativo y otras de carácter público en salvaguarda de sus intereses legítimos.

Analizaremos el acto administrativo contractual como forma de manifestación de la voluntad de una entidad en el marco de una relación contractual de derecho publicó a propósito del procedimiento de liquidación del contrato de obra pública, distinguiéndolo del acto administrativo y de la manifestación de voluntad entre privados. Considerando que este trabajo de suficiencia profesional implica analizar un caso contrato, estudiaremos el laudo arbitral asignado durante el curso de seminario de investigación académica, identificando los argumentos de los árbitros con la finalidad de expresar nuestra postura concordante y las diferencias de opinión sobre lo decidido. Para el tribunal, las entidades manifiestan su voluntad a través de actos administrativos, por ello declara el consentimiento de la liquidación del contratista debido a la falta de pronunciamiento de la entidad, sostiene que, si bien se pronunció dentro del plazo, tal pronunciamiento no cumple los requisitos de validez del acto administrativo según la ley del procedimiento administrativo general. Respetuosamente discrepamos, sostenemos que el referido pronunciamiento no es un acto administrativo sino un acto administrativo contractual, de manera que de haber adoptado dicha figura el resultado del arbitraje sería distinto. Dejando de lado lo anterior, examinaremos como problemas secundarios lo relativo a las reclamos por elaboración deficiente del expediente técnico, la oportunidad en la entrega de los certificados de prestación, y por último si la figura del acto administrativo contractual afecta o no la arbitrabilidad de las decisiones de las entidad dentro de un contrato. Esta investigación no sería posible sin la ayuda de autores como Linares Jara, Agustín Gordillo, Omar Alejos entre otros; también se utilizó las opiniones del OSCE comparando la variación de su postura a lo largo del tiempo, y como instrumentos normativas esenciales la ley de contrataciones y su reglamento aplicable al contrato, la ley del procedimiento administrativo general y el código civil. / We will analyze the contractual administrative act as a form of manifestation of the will of an entity within the framework of a contractual relationship of public law regarding the liquidation procedure of the public works contract, distinguishing it from the administrative act and the manifestation of will between private parties. Considering that this work of professional sufficiency implies analyzing a contract case, we will study the arbitral award assigned during the course of the academic research seminar, identifying the arguments of the arbitrators in order to express our concordant position and the differences of opinion on what was decided. For the court, the entities express their will through administrative acts, for this reason it declares the consent of the liquidation of the contractor due to the lack of pronouncement of the entity, it maintains that, although it was pronounced within the term, said pronouncement does not comply the requirements of validity of the administrative act according to the law of the general administrative procedure. We respectfully disagree, we maintain that the aforementioned pronouncement is not an administrative act but a contractual administrative act, so that if said figure had been adopted, the result of the arbitration would be different. Leaving aside the above, we will examine as secondary problems those related to the claims for deficient preparation of the technical file, the opportunity in the delivery of the performance certificates, and finally if the figure of the contractual administrative act affects or not the arbitrability of the decisions of entities within a contract. This research would not be possible without the help of authors such as Linares Jara, Agustín Gordillo, Omar Alejos among others; The opinions of the OSCE were also used, comparing the variation of its position over time, and as essential regulatory instruments the contracting law and its regulations applicable to the contract, the general administrative procedure law and the civil code.

En el presente trabajo se analizará una figura bastante frecuente en las contrataciones públicas como son los adicionales y las reducciones de las prestaciones. Estas figuras reflejan las potestades exorbitantes de las administraciones públicas que, por un lado, asegura que se cumpla con la satisfacción del interés público, pero que, por otro lado, en muchos casos puede atentar contra el principio de equilibrio económico financiero de los contratos. En ese caso, estamos ante dos frentes, en el cual no solo se debe preservar el interés general, sino también la satisfacción de los contratistas en los contratos públicos. Por lo tanto, en este trabajo se buscará resolver el principal problema de estas modificaciones unilaterales. El objetivo de este trabajo no solo buscará analizar la importancia de estas figuras legales permitidas, sino se buscará dotar de protección a los contratistas en base a las metodologías establecidas en la LCE y en su reglamento. En el presente trabajo nos referiremos principalmente a las adicionales y reducciones en las obras, vinculando diversa casuística como algunas resoluciones judiciales y laudos arbitrales. Ello con el fin de resaltar la importancia de sus figuras y los problemas que generalmente surgen en contra de los contratistas. / In the present work, a quite frequent figure in public contracting such as additional benefits and reductions will be analyzed. These figures reflect the exorbitant powers of public 1 administrations which, on the one hand, ensure that the satisfaction of the public interest is met, but which, on the other hand, in many cases may violate the principle of financial economic balance of contracts. In this case, we are facing two fronts, in which not only the general interest must be preserved, but also the satisfaction of contractors in public contracts. Therefore, this paper will seek to solve the main problem of these unilateral modifications. The objective of this work will not only seek to analyze the importance of these permitted legal figures, but will seek to provide protection to contractors based on the methodologies established in the LCE and its regulations. In the present work we will refer mainly to the additions and reductions in the works, linking diverse casuistry such as some judicial resolutions and arbitration awards. This in order to highlight the importance of their figures and the problems that generally arise against contractors. / Trabajo académico