Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-21T06:02:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 195298.pdf: 429753 bytes, checksum: ebaed44e6efa75ad01b3b6b6a720955a (MD5) / Neste trabalho, foram apresentados e analisados alguns indicadores genéricos de desempenho, tais como eficácia, eficiência, economia e qualidade e o grau de satisfação em serviços de transporte em Instituições Federais de Ensino Superior (IFES); constata-se também que o modelo de gestão utilizado para gerenciar o ambiente organizacional necessita ser configurado e adaptado às mudanças que vêm impactando o gerenciamento da informação.Após a implantação das ferramentas de controle e de instrumentos de controle de Gestão (modelo proposto com o fito de prover informações gerenciais), houve uma significativa melhoria na forma de gerenciamento da instituição estudada. A definição de indicadores do perfil dos serviços a serem prestados apresentou seus pontos fortes e fracos, o que incentiva o melhor aproveitamento de tais serviços e, dentro do possível, possibilita corrigir outros no processo de execução e avaliação do desempenho.

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro / A presente dissertação de mestrado objetivou constituir-se numa contribuição à produção de conhecimento acerca das demandas relativas à questão social que chegam ao Poder Judiciário, tendo em vista o cumprimento de direitos sociais negados no âmbito do Poder Executivo, dentre os quais o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A pesquisa bibliográfica de estudos referentes ao tema da questão social, do direito e do Poder Judiciário constituiu o recurso metodológico utilizado para o alcance do aludido objetivo, tendo fornecido elementos para a reflexão, ainda incipiente no âmbito do Serviço Social, acerca do fenômeno da judicialização. Destarte, acredita-se que o tema aqui proposto adquiriu centralidade nessa discussão, pois o BPC é o único programa de combate à pobreza normatizado como um direito social, e, assim, podendo ser requerido junto ao Poder Judiciário. Pressupunha-se que a judicialização do acesso ao BPC se evidencia a partir das políticas neoliberais de restrição de direitos, que acabaram gerando um confronto entre a Constituição Federal e as legislações infraconstitucionais. Tal fato foi comprovado na pesquisa dos recursos decididos no ano de 2010 pelos juízes das Turmas Recursais do Tribunal Regional Federal da 2 Região, em que se analisou as seguintes questões: quantitativo de recursos interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social e por autores dos processos; quantitativo de recursos decididos nos anos de 2008 e 2009; argumentação, tanto do Instituto Nacional do Seguro Social quanto dos autores, para a interposição dos recursos junto ao TRF; e decisões dos juízes das Turmas Recursais acerca dos recursos interpostos. Neste último aspecto, objetivou-se analisar a interpretação judicial acerca da situação de ausência de direito vivenciada pelo sujeito que pleiteia judicialmente o BPC, considerando que o gerenciamento estatal desse benefício assistencial se assenta na perspectiva de um gerenciamento da pobreza, primando pelo obscurecimento da questão social, em que os problemas vivenciados cotidianamente pelos sujeitos são tidos como problemas individuais, e que possam ser solucionados através da transferência de renda. / Esta tesis tiene como objetivo aportar una contribución a la producción de conocimiento acerca de las demandas sobre la "cuestión social" que llegan al poder judicial, teniendo en cuenta el cumplimiento de los derechos sociales negados bajo el poder ejecutivo, entre ellos el beneficio Entrega continua (BPC). Una búsqueda bibliográfica de estudios relacionados con el tema de la "cuestión social" de la ley y el poder judicial era el enfoque metodológico utilizado para alcanzar el objetivo antes mencionado, y proporcionaron los elementos para la reflexión, todavía en su infancia dentro de los Servicios Sociales, sobre el fenómeno de judicialización. Por lo tanto, se cree que la centralidad que aquí se propone adquirir en esta discusión porque el BPC es el único programa para combatir la pobreza regulado como un derecho social, y por lo tanto puede ser requerido por el Poder Judicial. Se suponía que la judicialización de acceso a los BPC se desprende de las políticas neoliberales de restricción de derechos, lo que terminó provocando un enfrentamiento entre la Constitución y las leyes derivadas de la Constitución. Este hecho quedó demostrado en los recursos de investigación decidió en 2010 por los jueces de las clases de recuperación Tribunal Regional Federal de la 2 Región, que examinó las cuestiones siguientes: apelaciones cuantitativos por el Instituto Nacional de Servicios Sociales y los demandantes "; determinada cantidad de recursos en los años 2008 y 2009, los argumentos tanto del Instituto Nacional de Seguros y los autores para llevar los recursos junto con la Fundación Rotaria, y las decisiones de los jueces de las clases de recuperación de los recursos. En este último aspecto, se tuvo como objetivo analizar la interpretación judicial de la situación de ausencia de la ley que experimenta la persona que se declara en la corte del BPC, mientras que la gestión de la prestación estatal de ayuda se basa en una perspectiva de gestión de la pobreza, sobresaliendo por la sombra de la " cuestión social "en los problemas cotidianos experimentados por los sujetos son vistos como problemas individuales, y que puede ser resuelto mediante la transferencia de ingresos.

All regulatory activity from the administration has an impact on the market and on people’s actions. For this reason, it is necessary to have tools to predict and evaluate these impacts, so that the most efficient state measures are chosen, avoiding undesirable results.In this article, the authors emphasize the need for an ex post regulatory impact assessment to maintain the effectiveness of the regulatory instruments chosen. This, especially for new regulatory measures, such as the incentive scheme recently implemented by the OEFA. / Toda actividad regulatoria por parte de la administración tiene un impacto en el mercado y en el actuar de los administrados. Es por esa razón que se hace necesario contar con herramientas que permitan prever y evaluar dichos impactos, permitiendo optar por las medidas estatales más eficientes, evitando resultados no deseados.En el presente artículo, las autoras hacen énfasis en la necesidad de la evaluación de impacto regulatorio ex post para mantener la efectividad de los instrumentos regulatorios elegidos. Ello, especialmente, frente a medidas regulatorias novedosas, como el régimen de incentivos recientemente implementado por el OEFA.

Desarrolla un estudio técnico económico, evaluando dos circuitos de conminución a un nivel conceptual (± 30%), para un proyecto minero situado en la región Goldfields en Australia Occidental. El proyecto busca procesar 300 t/h (nominal) de mineral de oro, el cual tiene un índice de trabajo de 14 kWh/t. El tamaño de partícula requerido para el producto de conminución es 100 µm de P80, que será luego introducido a un circuito de lixiviación. La simulación de ambos circuitos se lleva a cabo en el laboratorio de cómputo de la Escuela de Minas de Australia Occidental (WASM), los cuales cuentan licencia para el uso del software JKSimMet (WASM 2016). / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La crisis del sistema carcelario, provocada por las malas condiciones de vida de los penados y la nula capacidad de resocialización que implicaba la privación de libertad, derivó en la búsqueda de métodos distintos de sanción que permitieran a los condenados una vida digna, tanto durante como luego de cumplida la pena aplicada. Dichos métodos alternativos son las llamadas penas sustitutivas a la privación de libertad. En Chile estas sanciones están reguladas en la Ley Nº18.216, modificada por la Ley Nº20.603, las cuales establecen reacciones al delito que difieren de la privación de libertad. Una de ellas es la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad. La presente memoria tiene por objeto analizar la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad desde un punto de vista tanto legal como reglamentario, para luego llevar a cabo un análisis de la aplicación práctica de la misma, desde que entró en vigencia la Ley Nº20.603, en el año 2012.

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El proceso sobre el que se basa el estudio es el proceso de Generación de órdenes de trabajo en una empresa de concreto premezclado. A través del estudio se establecen las pautas y mejoras necesarias para que el proceso pueda desarrollarse de manera estandarizada. Es decir, definir el proceso actual, tanto el cómo y quiénes intervienen en el proceso, para posteriormente sugerir las mejoras correspondientes a través de la utilización de herramientas de mejora de la calidad. Es precisamente el uso de una serie de herramientas disponibles para la mejora de la calidad a problemas específicos y determinar la mejor manera de enfocarlo en el problema a dar solución, el interés principal del estudio. De las diferentes herramientas que se presentan en el primer capítulo, se seleccionó al FOCUS-PEVA, como la más idónea para desarrollar el estudio. En dicho capítulo se fundamenta la selección de dicha herramienta, que es una extensión del Ciclo de Deming o Ciclo PEVA. Esta herramienta servirá para indagar de mejor manera las causas de los problemas del proceso. El segundo capítulo pretende mostrar cómo se desarrolla actualmente el proceso y cómo es soportado por un sistema interno. En dicho capítulo se deducen los problemas y sus causas a través de la aplicación de diferentes herramientas de mejora de la calidad. El tercer capítulo muestra las oportunidades de mejora al proceso, que integra tanto mejoras operativas como creación de políticas y definición de roles, además de innovaciones a nivel del sistema que soporta el actual proceso. Por último, el cuarto capítulo muestra las conclusiones y recomendaciones. / Tesis

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El presente informe presenta mi experiencia profesional como asistente técnico del área de Diseño del Consorcio Besalco-Stracon, contratista gestor del expediente técnico del proyecto Quebrada San Idelfonso. Participé en la elaboración del estudio de análisis costo-beneficio del proyecto Quebrada San Idelfonso que forma parte de los expedientes técnicos del Paquete 1 de Soluciones integrales “Quebradas San Idelfonso y San Carlos”, desarrollados en el marco del acuerdo Gobierno a Gobierno entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Gobierno del Reino Unido. La implementación del análisis costo-beneficio en la elaboración del expediente técnico del proyecto Quebrada San Idelfonso fue idóneo ya que permitió optimizar el recurso público al elegir entre las distintas alternativas técnicas del proyecto la mejor (opción de diseño preferida) desde el punto de vista técnico-económico.