El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar si la interpretación de los principios de legalidad y tipicidad a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema constituye un medio para brindar mayor tutela a los administrados en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores. Para efectuar ese análisis, se realiza una revisión profunda de la Constitución, la doctrina, y las normas y los casos más relevantes en materia administrativa sancionadora ambiental y laboral; así como una investigación detallada de las principales sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en las que se ha desarrollado el contenido esencial de los principios de legalidad y tipicidad. A partir de ello, se concluye que la interpretación conforme a la Constitución constituye un mandato del Estado constitucional de derecho, por lo que la autoridad administrativa se encuentra obligada a interpretar las normas a la luz del contenido de las disposiciones constitucionales, el cual es desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. En ese sentido, dicha interpretación es un medio para brindar mayor tutela a los administrados en los procedimientos administrativos sancionadores, pues tales entidades les otorgan a los principios de legalidad y tipicidad un contenido bastante amplio, protector y garantista. / The objective of this research work is to determine if the interpretation of the principles of legality and criminality in light of the jurisprudence of the Constitutional Court and the Supreme Court constitutes a means to provide greater protection to those administered within the framework of administrative sanctioning procedures. To carry out this analysis, an in-depth review of the Constitution, the doctrine, and the most relevant norms and cases in environmental and labor sanctioning administrative matters is carried out; as well as a detailed investigation of the main judgments of the Constitutional Court and the Supreme Court in which the essential content of the principles of legality and typicity has been developed. From this, it is concluded that the interpretation in accordance with the Constitution constitutes a mandate of the constitutional State of law, for which the administrative authority is obliged to interpret the norms in light of the content of the constitutional provisions, which is developed in the jurisprudence of the Constitutional Court and the Supreme Court. In this sense, said interpretation is a means to provide greater protection to those administered in sanctioning administrative procedures, since such entities grant the principles of legality and typicity a fairly broad, protective and guaranteeing content. / Trabajo académico

El Estado al ser un estado garante, cuenta con el deber u obligación de garantizar el goce absoluto de los derechos fundamentales; no obstante, para el presente trabajo, el derecho importante es el de la libertad de empresa. Una de las formas para salvaguardar el derecho de todos los ciudadanos para el acceso, permanencia y salida en el mercado, es la eliminación de la figura de las Barreras Burocráticas. La regulación respecto a las barreras burocráticas la vamos a encontrar en el Decreto Legislativo N° 1256; sin embargo, el tema central que se va a abordar es lo regulado respecto a las barreras burocráticas que sean carentes de razonabilidad, pues estas ante su declaración como tal, van a ser inaplicadas con efectos al caso concreto, lo cual no sucede en las barreras burocráticas ilegales, que su inaplicación es con efectos generales, lo cual no encuentra sustento de dicha diferencia. / The guarantor state has the obligation or duty to ensure the absolute enjoyment of all fundamental rights; nevertheless, for the purposes of this work, the most important right is freedom of enterprise. A ways to safeguard the right of people to market access and the stay in the economy or market is the elimination of bureaucratics barriers. The regulation regarding bureaucratic barriers is to be found in Legislative Decree No. 1256; however, the central issue to be addressed is the regulation regarding bureaucratic barriers lacking reasonableness, since such barriers, when declared as such, will be inapplied with effects to the specific case, which doesn´t happen in illegal bureaucratic barriers, whose inapplication is with general effects, which is not supported by such difference. / Trabajo académico

El presente trabajo se enfoca en analizar la actuación del Registrador Público frente a los casos de inhibición en sede registral. Para ello, se analiza el procedimiento registral en su conjunto, a partir del cual se derivan las limitaciones, prohibiciones y responsabilidades del Registrador, analizando a la par si existe un procedimiento adecuado que le permita tomar conocimiento de un proceso judicial en trámite, que acción le corresponde luego de ello y cuál es la consecuencia de una no inhibición A partir de las consideraciones anteriores, se evalúa también si es necesario que la inhibición se encuentre regulada en el TUO del Reglamento General de los Registros Públicos de forma especial y no solo en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ya que actualmente no se cuenta con un procedimiento establecido a seguir por la primera instancia registral frente a un supuesto caso de inhibitoria.

El presente trabajo tiene como propósito hacer un análisis crítico de la normativa vigente, específicamente, sobre la figura jurídica de la subsanación voluntaria frente a la tramitación del procedimiento administrativo sancionador aplicado a las infracciones instantáneas. Para tal efecto, se propone desarrollar el marco conceptual de los tipos de infracciones administrativas y si la subsanación voluntaria resulta aplicable de manera eficiente a las infracciones instantáneas, pues dicha figura se constituye en la normativa vigente como un eximente de responsabilidad administrativa; por lo que, la potestad sancionadora de la Administración Pública puede verse afectada en el sentido que se estaría generando impunidad de parte de los administrados que incurren en una conducta infractora de configuración instantánea. La presente investigación académica tiene por objeto establecer parámetros claros y definidos a fin que la Administración Pública ostente la potestad sancionadora de forma correcta; debido a que, la subsanación voluntaria ha dispuesto una serie de requisitos para su aplicación, donde estos no necesariamente han sido pensados para los distintos tipos de infracciones, la idea de esta figura es permitir que el administrado pueda subsanar una conducta que resultó contrario a las disposiciones administrativas y, por tanto, corresponde la emisión de una sanción administrativa; sin embargo, en la actualidad no se ha establecido que pasa en los casos donde el daño causado no puede ser subsanado, pero aún así es perfectamente viable la aplicación de la subsanación voluntaria, esto implica un desmedro a los bienes jurídicos protegidos por la administración pública y acorde a las metas públicas. Finalmente, de este trabajo se podrá advertir que actualmente existe una falta de desarrollo del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, ya que, si bien es cierto, los eximentes de responsabilidad administrativa permiten que el aparato estatal no se active frente a conductas que ya han sido subsanadas, no obstante, en la práctica hoy en día existen bienes jurídicos protegidos que están siendo afectados por la falta de desarrollo en cada tipo de infracción, permitiendo en estos casos que se genere la impunidad dentro del ámbito administrativo.

El presente trabajo de investigación partió de la constatación de una gran incoherencia en cuanto a la regulación concerniente al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) dentro de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La incoherencia a la que hacemos referencia surgió a partir de la modificación a la mencionada Ley mediante el Decreto Legislativo N° 1452 en el año 2018, puesto que con esta modificación varían las consecuencias, de manera negativa, que se podrían generar en el régimen de una entidad pública que no tenga su TUPA vigente. Se afirma ello debido a que aquellas entidades ya no tendrían un incentivo para mantener actualizado su TUPA, específicamente cuando se tratan de procedimientos administrativos de aprobación automática sujetas a silencio administrativo negativo, puesto que, a pesar de no haber compendiado dichos procedimientos en su TUPA, de todas formas, podrán exigir el cumplimiento del determinado procedimiento regulado, así como sus requisitos; lo cual ocasionaría, en última instancia, una vulneración al principio de predictibilidad y seguridad jurídica que debe garantizar la Administración Pública. Además, otra de las consecuencias que se ocasiona con la referida modificación normativa es que los administrados ya no podrían acudir ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI para denunciar la presencia de una barrera burocrática ilegal (al no estar el procedimiento de evaluación previa sujeta a silencio negativo recogido en el TUPA), puesto que la propia Ley N° 27444 señalaría que, de todas maneras, se debe seguir el régimen establecido en la norma de creación o modificación del procedimiento del que se trate. En tal sentido, se analiza el caso del procedimiento de licenciamiento institucional a cargo de SUNEDU con la finalidad de evidenciar que dicha entidad tenía un régimen sin TUPA vigente y, además, se exponen las consecuencias que genera ello.

En el presente trabajo se plantea el alcance real de la aplicación de la Potestad de Autotutela Administrativa por parte de las autoridades administrativas en el Perú mediante el planteamiento de un caso en el que se ve involucrado un servicio público. Siendo ello así,se parte desde el análisis histórico de esta potestad y sus orígenes en el derecho francés,así como una comparación con el derecho español. Posteriormente,se detalla respecto de su naturaleza,y sobre su aplicación en el marco legal peruano,en el que no se tiene un reconocimiento explícito de la mencionada Potestad de Autotutela,pero que si encuentra respaldo en normativa de rango infralegal como la Ley del Procedimiento Administrativo General. En base a lo detallado,planteamos la postura respecto de que la Potestad de Autotutela resulta ser un privilegio de la Administración y no puede aplicarse en beneficio de los administrados;sin perjuicio de que,en salvaguarda de sus propios intereses,los efectos de su aplicación puedan beneficiarlos. Finalmente,se concluye señalando que existen problemáticas por resolver que implican la habilitación de una vía alternativa por la que la Potestad de Autotute la dirija las problemáticas a la vía administrativa, evitando así la excesiva carga procesal al PoderJudicial y ofreciendo una solución rauda a los administrados. / Trabajo académico

La potestad sancionadora de la Administración Pública tiene que realizarse con respeto al debido procedimiento administrativo, establecido por el Tribunal Constitucional, uno de estos principios es el ne bis in ídem, que establece que nadie puede ser sancionado o procesado dos veces por los mismos hechos. Una de las entidades que imparte el procedimiento administrativo sancionador es la Contraloría General de la República a partir de la Ley N° 29622 y su Reglamento se ampliaron las facultades sancionadoras de la Contraloría General de la República, con el propósito de sancionar administrativamente a funcionarios que habrían incurrido en faltas administrativas en el desempeño de sus funciones, sin embargo si bien esta decisión la encuentra acertada como política anticorrupción vemos que muchos de los fundamentos de estas faltas administrativas que son consideradas como muy graves compartirían el mismo fundamento que algunos tipos penales vigentes en nuestro Código Penal. En ese sentido, me planteo como objetivo dilucidar si no sería el fundamento jurídico de algunas faltas administrativas y de algunos delitos el mismo, para lograr el mismo divido el presente trabajo en tres partes, siendo la primera de ellas el estudio de la función punitiva del Estado y el desarrollo de los principios constitucionales de la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos y de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. En la segunda parte del presente trabajo se tratara un aproximamiento a los principales delitos contra la administración pública, como el Cohecho, Peculado, Negociación Incompatible, Colusión, Tráfico de Influencias, Nombramiento o Aceptación Indebida para Cargo Público, Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, Concusión y Malversación de fondos. En la tercera parte se realizara un análisis comparativo entre las faltas administrativas sancionadas por la Contraloría General de la República y algunos delitos contra la administración pública a partir de la Ley N° 29622, para luego pasar a las conclusiones y recomendaciones.

El presente trabajo de investigación busca analizar el tratamiento que se establece dentro del procedimiento administrativo disciplinario a la falta disciplinaria de actos contra la libertad sexual, la cual se encuentra tipificada en el literal f) del artículo de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. Se parte de la premisa sobre el poder punitivo con el que cuenta el Estado para sancionar aquellos servidores públicos (docentes) que comentan alguna falta disciplinaria; las garantías procesales las cuales deben estar presente al momento de someter a un servidor público a un procedimiento administrativo como el principio de tipicidad el cual fue modificado a través del Decreto Legislativo N° 1272, el cual añadió que las infracciones tanto en materia penal y administrativa no pueden tener con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos que son considerados como delitos o faltas. Bajo ese supuesto el considerar como falta administrativa a delitos contra la libertad sexual se estaría vulnerando el principio de tipicidad ya que también se encuentra tipificado como delito en el código penal. Asimismo, el hecho que este considerado como falta disciplinaria los delitos contra la violación sexual se debe considerar que la Administración Pública está realmente preparada para realizar las investigaciones del caso y si las herramientas que utiliza para erradicar con este tipo de actos.

En el presente trabajo se realiza un análisis de la incorporación del arbitraje nacional facultativo en materia tributaria para reducir la carga procesal en el Poder Judicial, la misma que resulta ser un mecanismo alternativo de resolución de conflictos frente a la demanda contenciosaadministrativa. De este modo, los contribuyentes tendrían la posibilidad de elegir entre dos vías para resolver sus conflictos: el Proceso Contencioso Administrativo y el Proceso de Arbitraje Nacional Facultativo. Se señala como problema del trabajo de investigación, el hecho de que, de acuerdo con la legislación tributaria actual, el proceso tributario es muy lento y provoca una carga procesal cada vez mayor ante la instancia del Poder Judicial, y es que cada vez se incrementa y dura más allá del plazo razonable. Por ello, se propone incorporar el arbitraje nacional facultativo para coadyuvar en la reducción de la carga procesal del Poder Judicial y reducir plazos de resolución de conflictos como derecho del contribuyente y como garantía del principio a un plazo razonable, cuyas ventajas están ligadas a los principios de simplicidad, especialidad, celeridad. En efecto, la propuesta de aplicar el arbitraje tributario nacional es una vía alternativa que tiene la finalidad de resolver las controversias tributarias según la interpretación del hecho imponible y del análisis normativo, mas no implica desconocer el poder tributario, ni la competencia del Poder Judicial, sino coadyuvar a reducir la carga procesal. Luego de analizar estos aspectos dentro de la legislación nacional, se revisa el tratamiento de esta provisión en la legislación comparada en países de Latinoamérica donde se aplica este tipo de mecanismos alternativos como es el arbitraje, tales como Panamá, Venezuela, y otros países como Portugal, Francia y Estados Unidos. Finalmente, se propone evaluar la posibilidad de incorporar el procedimiento del arbitraje nacional facultativo en un título del Libro III del Código Tributario. Del mismo modo, modificar los artículos 112 y 157 de dicha norma, cuyas ventajas están ligadas a los principios de simplicidad, especialidad, celeridad y el principio del plazo razonable

El presente Informe versa sobre el análisis del procedimiento administrativo sancionador seguido contra Corporación Lindley por parte de la SMV en el marco de los hechos de importancia divulgados -o que debieron ser divulgados- durante la negociación y ejecución de la transferencia de la mayoría de las acciones de dicha empresa (cuya titularidad era de la Familia Lindley) a favor de Arca Continental. Dicho análisis será realizado respecto de cuestiones relacionadas a la normativa de mercado de valores y derecho administrativo. De un lado, respecto a la regulación del mercado de valores peruano, se analizará los hechos de importancia y la forma en cómo deben ser divulgados, haciendo énfasis en la información que debe ser revelada por los emisores en el marco de una operación de M&A (Merger and Acquisition, por sus siglas en inglés). De otro lado, en el ámbito del derecho administrativo, se abordará el análisis del principio de tipicidad a la luz de las infracciones imputadas por parte de la SMV a Corporación Lindley; así como el derecho al debido procedimiento; específicamente, respecto de la fundamentación de la Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N° 056-2016-SMV/11 sobre las infracciones y sanciones impuestas a Corporación Lindley a efectos de analizar el cumplimiento de la debida motivación. En esa línea, sobre cada cuestión en referencia, se detallará y explicará un marco general de los principales conceptos relacionados a éstas (e.g. la transparencia en el mercado de valores, el principio de tipicidad, entre otros). Una vez realizado ello, y tras el análisis de cada cuestión a la luz de los hechos que obran en el Expediente, las principales conclusiones de este Informe serán las siguientes: (a) Corporación Lindley omitió divulgar información material en los hechos de importancia comunicados como consecuencia de la consumación de la Operación; (b) Corporación Lindley no comunicó como hechos de importancia el inicio del due diligence y el conocimiento de planes de cambio de control producidos en el marco de la Operación; (c) la omisión referida en el literal (a) anterior constituyó una infracción por presentar información incompleta, mas no inexacta, como lo imputó indebidamente la SMV a Corporación Lindley. Lo anterior implicó una vulneración al principio de tipicidad pues se imputó y sancionó por una infracción que no se condecía con los hechos; y, (d) la SMV motivó deficientemente la Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N° 056-2016-SMV/11 en virtud de la cual se sancionó a Corporación Lindley, infringiendo el derecho a la debida motivación de las resoluciones, el cual forma parte del debido procedimiento en un procedimiento administrativo sancionador.