El presente trabajo busca cuestionar los argumentos utilizados por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en la Sentencia Casatoria N° 1888-2012- CUSCO para impedir que una hipoteca sea transferida vía cesión de derechos junto con la no caducidad adquirida en su constitución. La postura que adopta la Sala Suprema se basa esencialmente en que el cesionario no es una empresa del Sistema Financiero y en que la no caducidad es una facultad de las empresas del Sistema Financiero y no un privilegio de la hipoteca. Sobre los argumentos planteados por la Sala Suprema, en el trabajo se desarrollan contraargumentos sólidos, en los que se sustenta la relevancia de la situación jurídica de crédito por sobre la persona posicionada y la nula razón jurídica para denominar facultad a algo que técnicamente no lo es. Asimismo, se explora la posibilidad de actualizar el concepto de privilegio dentro del ordenamiento peruano a fin de que esta institución no se limite al orden de prelación de cobro. En suma, la conclusión principal es que los argumentos dados por la Sala Suprema carecen de justificación externa en las premisas normativas correspondientes a la cesión de derechos, por lo que la Sentencia Casatoria N° 1888-2012-CUSCO vulnera el derecho fundamental a la debida motivación judicial

La presente investigación se desarrolla a partir del contraste entre los postulados, en materia de complicidad en el delito de colusión, de la Casación N.° 661-2016/Piura con los de la teoría de los delitos de infracción de deber desde las perspectivas de Jakobs, Roxin y sus respectivos seguidores. En el transcurso del trabajo se identifican -a partir de la casuística sometida a la justicia penal peruana- dos “supuestos de sujetos” -distintos a los autores de colusión y los “terceros interesados”- que podrían dar un aporte a hechos de colusión y que, según la Casación N.° 661-2016/Piura, no podrían responder a título de cómplices de colusión. Sin embargo, tales “supuestos de sujetos” son evaluados por el autor del trabajo de investigación, desde su perspectiva de la teoría de los delitos de infracción de deber y concluye que ambos “supuestos de sujetos” sí pueden responder a título de cómplices de colusión; además de que identifica que los postulados de la Casación N.° 661-2016/Piura contravienen los principales lineamientos de la teoría de infracción de deber desde las perspectivas de Jakobs, Roxin y sus respectivos seguidores.

El presente Informe tiene como objetivo exponer y analizar los razonamientos del Tribunal Constitucional en la sentencia relativa al caso del desdoblamiento de las legislaturas ordinarias por parte del Congreso de la República. La disolución del parlamento por parte del ex presidente Martín Vizcarra mediante Decreto Supremo 165-2019-PCM en septiembre del año 2019, trajo como consecuencia la elección de un nuevo Congreso, destinado a completar el período parlamentario 2016 – 2021. Cuando éste estaba por culminar, en junio del año 2021, el Congreso introdujo, mediante Resolución Legislativa 021-2020-2021-CR, una modificación a la tercera disposición transitoria del Reglamento del Congreso, creando una cuarta legislatura ordinaria, con el objetivo de aprobar, en segunda votación, proyectos de leyes de reforma constitucional, de acuerdo a los requisitos que establece el artículo 206 de la Constitución. La Resolución Legislativa fue cuestionada en un proceso de acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda e inconstitucionales la Resolución Legislativa 021-2020-2021-CR, así como, por consecuencia, las tres leyes de reforma constitucional aprobadas durante la cuarta legislatura ordinaria irregular, argumentando que el Congreso había cumplido tan solo en las apariencias con los requisitos que la Constitución exige para su reforma en el artículo 206. / The purpose of this paper is to expose and analyze the reasoning of the Constitutional Court in the ruling on the case of the division of ordinary legislatures by the Congress of the Republic. The dissolution of parliament by former President Martín Vizcarra through Supreme Decree 165-2019-PCM in September 2019, resulted in the election of a new Congress, intended to complete the 2016-2021 parliamentary period. When it was about to end, in June 2021, Congress introduced, through Legislative Resolution 021-2020-2021-CR, a modification to the third transitory provision of the Regulations of Congress, creating a fourth ordinary legislature, with the objective of approving, in second vote, constitutional reform bills, in accordance with the requirements established in article 206 of the Constitution. The Legislative Resolution was questioned in an unconstitutionality action process. The Constitutional Court declared the lawsuit founded and Legislative Resolution 021-2020-2021-CR unconstitutional, as well as, consequently, the three constitutional reform laws approved during the irregular fourth ordinary legislature, arguing that Congress had complied only in the appearances with the requirements that the Constitution demands for its reform in article 206.

El presente estudio tiene como fin presentar un plan comercial con énfasis en el análisis del marketing en redes sociales, el cual podría impactar de manera positiva en el desarrollo y posicionamiento de una marca. La investigación se realiza mediante el estudio de una empresa del subsector moda – retail, específicamente del caso de una marca peruana de moda femenina, para la cual se realizará la propuesta en mención sobre la base estratégica del marketing tradicional y su aplicación hacia el marketing de redes sociales. Esta propuesta fue seleccionada debido a que hoy en día las redes sociales son uno de los medios para influir en la relación entre los clientes y las marcas. Las inversiones en el marketing de redes sociales cada vez toman mayor protagonismo en las estrategias generales de las empresas, ya que están más cerca de usuarios y tienen mayor repercusión en ellos. Facebook, Twitter e Instagram son las redes sociales que hoy en día están más cerca de los usuarios y están logrando mayor repercusión en el desarrollo y posicionamiento de una marca (Datum, 2017). A lo planteado anteriormente se suma el crecimiento de la moda juvenil femenina, el cual está tomando fuerza en los últimos años. Es importante indicar que para este tema se conversó con representantes de la moda peruana, quienes mencionaron que el crecimiento de la moda también se debe al mayor y mejor uso de las redes sociales debido a que el público objetivo son los llamados millennials, quienes nacieron entre los años 1980 y 2000. Este grupo, a diferencia de los demás grupos, pasa más tiempo frente a una computadora o algún aparato electrónico (celulares, tablets, entre otros), lo que hace que estén más conectados a las redes sociales, chats, blogs o webs. Además, hoy en día, las marcas de ropa son un claro ejemplo de que a través del apoyo de las redes sociales uno puede llegarse a posicionar en el mercado, sin descuidar el marketing tradicional. Por lo tanto, en el presente estudio se plantean objetivos que responderán la situación actual de la marca, lo que permitirá contribuir con su desarrollo y posicionamiento presente.

El presente caso se trata de una demanda de amparo contra resolución judicial, específicamente, una resolución emitida por nuestra Corte Suprema en el ejercicio de sus competencias. A partir de la Sentencia surgen varias discusiones en torno a la procedencia de la demanda de amparo, el conflicto de competencias entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, el rol del Tribunal Constitucional en el control de constitucionalidad, la participación de la parte vencedora en el proceso ordinario. Adicionalmente, se suman las diversas críticas que ha realizado un sector de la doctrina sobre el amparo contra resolución judicial que generan cuestionamientos sobre ciertos aspectos que caracterizan a este proceso. Debido a ello, este trabajo propone analizar y responder, con base a fuentes normativas y doctrinarias, a la problemática sobre el conflicto de competencias que surge cuando el Tribunal Constitucional revisa el fondo de una resolución judicial emitida por un órgano jurisdiccional en el ejercicio de sus competencias, así como reflexionar sobre el límite al control constitucional de una resolución judicial, a fin de destacar la importancia de dicha actividad en salvaguardia de los derechos fundamentales y la vigencia del Estado Constitucional de Derecho. Por otro lado, se analizará la posición de la parte que obtuvo una pronunciamiento a su favor en sede ordinaria, pero debido al amparo interpuesto, verá posiblemente afectado su derecho a la cosa juzgada y la ejecutabilidad de las resoluciones judiciales. A partir de ello, propondremos algunas disposiciones cuyo propósito será proporcionar de mayor protagonista. / This case is about a judicial protection against a judicial decision, specifically, a decision issued by Supreme Court in the exercise of its powers. As from the judgment, several discussions have arisen regarding the admissibility of the amparo claim, the conflict of competence between the Constitutional Court and the Supreme Court, the role of the Constitutional Court in the control of constitutionality, the participation of the winning party in the ordinary proceeding. In addition, there are several criticisms made by a sector of the doctrine on the amparo against judicial decision that generate questions on certain aspects that characterize this process. Therefore, this paper proposes to analyze and respond, based on normative and doctrinal sources, to the problem of the conflict of competences that arises when the Constitutional Court reviews the merits of a judicial resolution issued by a jurisdictional body in the exercise of its competences, as well as to reflect on the limit to the constitutional control of a judicial resolution, in order to highlight the importance of such activity in safeguarding fundamental rights and the validity of the Constitutional Rule of Law. On the other hand, we will analyze the position of the party that obtained a ruling in its favor in the ordinary courts, but due to the amparo filed, will possibly see its right to res judicata and the enforceability of judicial decisions affected. Based on this, we will propose some provisions whose purpose will be to provide a greater protagonist.

El presente informe jurídico versa sobre el análisis del Expediente N° 1179-2005, una controversia respecto al pago por los excesos de consumo de energía de Luz del Sur S.A.A (LDS) a Electroperú S.A. (ELP), en el marco de un proceso contencioso administrativo. El objetivo del presente estudio consiste en determinar qué parte debe asumir los costos por los retiros en exceso de la energía contratada. Para ello, analizamos el rol del Estado en la tutela de los servicios públicos y si estamos ante un escenario de precios libres o precios regulados, a efectos de evaluar si resulta viable realizar una interpretación sistemática del contrato con la LCE y su Reglamento. Asimismo, identificamos el alcance de los decretos de urgencia, figuras jurídicas como la contraprestación y penalidad, así como la supuesta vulneración a los principios de legalidad y debida motivación en los extremos de las resoluciones impugnadas de OSINERGMIN. Finalmente, concluimos que LDS debe pagarle a ELP los excesos de consumo de energía considerando los costos marginales, siempre y cuando éstos no sobrepasen la tarifa en barra al estar destinados dichos consumos a usuarios regulados. Por esta razón, es necesario modificar la LCE y su Reglamento, a fin de trasladar los costos por los retiros en exceso del consumo de energía a los usuarios finales para garantizar al funcionamiento del mercado eléctrico y la inversión privada. / This legal report deals with the analysis of Case No. 1179-2005, a controversy regarding the payment for excess energy consumption of Luz del Sur S.A.A. (LDS) to Electroperú S.A. (ELP), in the framework of an administrative litigation proceeding. The objective of this study is to determine which party should bear the costs for withdrawals in excess of the contracted energy. For this purpose, we analyze the role of the state in the protection of public utilities and whether we are facing a scenario of free prices or regulated prices, in order to assess whether it is feasible to perform a systematic interpretation of the contract with the LCE and its Regulations. Likewise, we identified the scope of the emergency decrees, legal figures such as the consideration and penalty, as well as the alleged violation of the principles of legality and due motivation in the challenged resolutions of OSINERGMIN. Finally, we conclude that LDS must pay ELP for the excess energy consumption considering the marginal costs, as long as these do not exceed the busbar tariff since said consumption is destined to regulated users. For this reason, it is necessary to modify the LCE and its Regulations, in order to transfer the costs for withdrawals in excess of energy consumption to end users to guarantee the functioning of the electricity market and private investment.

Se desarrolla el análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucionalidad que declaró fundada parcialmente la acción de inconstitucionalidad interpuesta por un conjunto de ciudadanos contra la Ordenanza 014-2018-MPSCH, expedida por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, que declara de interés prioritario la protección de todas las fuentes de agua dulce ubicadas dentro de su jurisdicción entre otras medidas. Se analizan dos problemas. El primero relativo a la vulneración del principio de competencia y de taxatividad por parte de la municipalidad al emitir la Ordenanza Municipal No. 014-2018-MPSCH. El segundo problema aborda la cuestión de la aplicación efectiva del derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado, reflexionándose sobre el papel que cumple el Tribunal Constitucional como entidad responsable de la defensa de la constitución y los derechos fundamentales y, en ese sentido, como creadora de derecho y promotora de la paz social. Se efectúa un análisis jurídico del bloque constitucional ambiental y de recursos naturales, comparando la sentencia del TC con otras sentencias similares

El presente Informe tiene por finalidad analizar lo resuelto por la Corte Suprema en la Casación Laboral No. 16329-2015, Casación que versa sobre la discusión del reconocimiento del tiempo de periodos de inactividad como prestación efectiva de laborales en el caso de los trabajadores conductores interprovinciales. Para ello, se analiza los conceptos de jornada laboral de los conductores interprovinciales, si estos se encuentran fiscalizados, y si estos periodos de inactividad que tiene los conductores entre tiempo máximos continuos de conducción del vehículo deberían ser considerados como descanso o como parte de la jornada laboral. Asimismo, se sostiene la aplicación y reconocimiento del Convenio 67 de la OIT en nuestro ordenamiento ya que regula las horas de trabajo y descanso de los trabajadores que prestan servicios de transporte en carretera. En ese sentido, después de dicho análisis se concluye que los trabajadores conductores interprovinciales no cumplen una jornada intermitente ya que dichos períodos de inactividad no son para el disfrute del mismo sino que se encuentran a disposición y en constante fiscalización del empleador, por lo que se evidencia que los conductores interprovinciales no deberían ser considerados dentro de la excepción de jornada máxima legal, por lo tanto, los lapsos de inactividad deberían ser considerados como trabajo efectivo y por ende, ser remunerados. Palabras clave: Trabajadores conductores interprovinciales, jornada intermitente, periodos de inactividad, descanso, Convenio 67 de la OIT.

La Casación Laboral N° 25646-2017-Arequipa se focaliza en el conflicto que surge entre el empleador (Minera Cerro Verde) y el trabajador (Zenón Mujica) quien es sancionado por no haber prestado sus servicios el 8 y 9 de abril de 2016, fecha en la que decidió ejercer su derecho a la huelga junto con otros trabajadores del sindicato al que pertenece. Este caso es considerado como uno de los muchos casos en los que se declara la improcedencia e ilegalidad de la huelga. La improcedencia e ilegalidad están sujetas al cumplimiento estricto de requisitos señalados en el T.U.O de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y de su reglamento a fin de obtener una decisión que declare la procedencia por parte de la Autoridad Administrativa del Trabajo. A través de una metodología teórica e histórica, en el presente trabajo cuestionamos la exigencia de tales requisitos desde el ámbito del derecho constitucional y sus métodos de interpretación. / The judicial review N° 25646-2017-Arequipa focuses on the conflict between an employer (Cerro Verde Mining Corp) and its employee (Zenon Mujica). Zenon Mujica is sanctioned for not working on April 8th and 9th, 2016, when he was exercising his right to riot with other workers from the labor union that he is associated with. This case is considered to be one of the many cases in which the right to strike has been limited based on inadmissibility and illegality. These two classifications can be avoided once the labor organization accomplishes the fulfillment of all the requirements set forth in the strict regulation of the national labor law (LRCT). However, if the labor union fails to accomplish every requirement, the organization is not allowed to execute their right to strike. The following academic work uses a theorical and historical methodology to question the inflexibility of the requirements to practice the right to strike from a constitutional law perspective and its interpretation methods.

El presente informe jurídico tiene como finalidad hacer un análisis crítico de la casación laboral N° 4542-2017-Del Santa; mediante la cual, la Corte Suprema asume un criterio lesivo y arbitrario, respecto a los trabajadores que cumplen los 70 años, en el marco de la aplicación del último párrafo del artículo 21 del T.U.O. del D.L. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. De esta manera, se analizará si es que la renovación contractual generada en el caso materia de análisis, constituye – o no – un pacto en contrario; si es que la facultad de extinción del vínculo laboral, por parte del empleador, puede extenderse más allá del cumplimiento de los 70 años; y, por último, si es que los jueces podrían modificar una norma mediante su ejercicio de interpretación. En tal sentido, los problemas jurídicos identificados serán desarrollados a la luz de lo que nuestra Constitución – y los instrumentos internacionales – ha establecido con respecto al derecho al trabajo, la igualdad y no discriminación y el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales.