Este presente trabajo de investigación ha pretendido determinar las causas de la vulneración del plazo razonable en la investigación preliminar de los delitos comunes no complejos en el distrito fiscal de Junín, específicamente tomando como muestra las fiscalías penales corporativas de Huancayo, dado que a la fecha ya se encuentra vigente para todos los delitos el nuevo código procesal penal, caracterizado básicamente por la distribución de roles en las diferentes etapas del proceso, como los son; investigación preparatoria (Diligencias preliminares o investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente dicha), etapa intermedia y la etapa del juzgamiento, resaltando que la sub etapa de diligencias preliminares se encuentra específicamente a cargo del ministerio público, quien es el titular de la acción penal. Siendo ello así este trabajo de investigación está destinado al análisis del plazo razonable solo de esta etapa – investigación preliminar, puesto que surgieron diferentes cuestionamientos en cuanto al plazo dispuesto en el artículo 334° que fue modificado por el artículo 3° de la Ley N° 30076, el cual indica que el plazo para las diligencias preliminares será de 60 días, pudiéndose ampliar por el mismo término – 120 días, término de plazo que se vulnera de dos formas, primero porque el tiempo resulta ser insuficiente para que el representante del ministerio público termine con realizar los actos urgentes e inaplazables para formalizar y continuar con la investigación preparatoria o caso contrario archivarla; segundo porque en los delitos comunes no complejos que no requieran muchas actos investigatorios se plantea un plazo demasiado suficiente como en el caso de los delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, que muchas veces no requieren más de 30 días para establecer la comisión del mismo. En este sentido, y atendiendo a los objetivos pretendidos, e hipótesis planteados, a través del instrumento – encuesta que se realizó a los conocedores del derecho entre ellos abogados litigantes, fiscales y jueces que ha llegado a las siguientes conclusiones, i) La vulneración del plazo razonable en la investigación preliminar de los delitos comunes no complejos en el distrito fiscal de Junín, es a causa de la excesiva carga procesal, que se viene afrontando actualmente, trayendo como consecuencia la falta de evaluación estricta de los presupuestos de configuración de los tipos penales comunes no complejos, y por ende la falta de razonabilidad en el plazo de la investigación; ii) Se vulnera el plazo razonable en la investigación preliminar, porque los fiscales de las fiscalías provinciales penales corporativas de Huancayo, consideran un plazo genérico para todos los delitos, estableciendo para ello, 60 días para la investigación preliminar cuando muchas veces existen delitos que no requieren más de 10 o 15 días de investigación (como es el caso de la omisión de asistencia familiar o el delito de conducción en estado de ebriedad); iii) La falta de compromiso de las demás instituciones involucradas en la investigación dispuestas por el fiscal como lo son la oficina de criminalistica, medicina legal, etc, al no remitir lo requerido por el fiscal en un tiempo prudencial; Y finalmente la carencia de recursos humanos (personal fiscal y administrativo), la carencia de recursos materiales (mobiliario, material logístico) e infraestructura inadecuada como causa de afectación del derecho al plazo razonable, estos aspectos no permite el buen desenvolvimiento del personal fiscal. Planteando para ello alternativas de solución como lo son, las capacitaciones continuas y avanzadas para los Fiscales respecto a las estrategias de investigación para planteamiento concreto asertivo de los plazos de investigación, proponer un acuerdo institucional con aquellas instituciones involucradas en la investigación por disposición fiscal a efectos de que lo solicitado sea remitido en el menor tiempo posible; y por último sugerir el aumento de presupuesto para la administración de justicia en cuanto a los recursos humanos y materiales para el ministerio publico quien es el titular de la acción penal, consecuentemente el primer filtro de la investigación para finalmente obtener una sentencia con el cumplimiento del debido proceso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como propósito dar cuenta de la existencia diferenciada de dos estándares insertos dentro del procedimiento abreviado. En primer lugar, se analizará el baremo contemplado en el artículo 410 del Código Procesal Penal antecedentes suficientes considerando las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que se han elaborado en Chile, para luego sustentar una posible interpretación alternativa de dicha regla. Posteriormente el estudio se abocará al estándar de prueba más allá de toda duda razonable, teniendo en cuenta las particularidades que reviste el juicio abreviado.

La sociedad en busca de seguridad frente al crimen, así como la estigmación social, ha invertido el fundamento del derecho a la presunción de inocencia. En la actualidad muchas veces el investigado y el acusado son quienes deben de probar su inocencia, vulnerándose así también su derecho al silencio. Es decir, la carga de la prueba se ha invertido, lo cual es contrario a los enunciados constitucionales. Por otro lado, es el imputado quien tendrá únicamente la carga de la argumentación de la duda razonable, es decir, la sustentación de que existe otra hipótesis razonable en su defensa que explique los hechos del caso. Por último, señala el autor que, la solución no es rebajar el estándar de prueba, criterio decisor para condenar, sino mejorar los mecanismos de investigación de los delitos y otorgar mayores recursos a los órganos de investigación.

Following American legal sources, I argue that the use of the reasonable person standard in criminal law is inaccurate and unfair, and, therefore, inconvenient to evaluate human behaviour based on three arguments which address flaws of the standard under analysis. Firstly, this standard is  by definition  abstract, theoretical  and  general, not  reflecting appropriately the person’s sensory and ideational perception of the situation. Secondly, the trend in American legislation and case-law is to apply, in criminal cases, e.g., self-defence, a hybrid criterion, which consists in the consideration of a person’s belief and the correspondence of such a belief to what a reasonable person would believe under the circumstances, as opposed to a purely objective standard. The principle of individual criminal culpability underlies this. Thirdly, the reasonable person standard imposes a sort of majority’s dictatorship by perpetuating a predominant culture disregarding the viewpoints from minority groups. / Siguiendo fuentes jurídicas americanas, sostengo que el uso del estándar de la persona razonable en derecho penal es inexacto e injusto y, por lo tanto, inconveniente para evaluar conducta humana sobre la base de tres argumentos que abordan las imperfecciones del estándar bajo análisis. Primero, este estándar es por definición abstracto, teórico y general y no refleja apropiadamente la percepción sensorial y cognitiva de la situación. Segundo, la tendencia en legislación y jurisprudencia americanas, en casos penales, por ejemplo, defensa propia, es el uso de un criterio híbrido, el cual consiste en la consideración de la creencia de la persona y la correspondencia de dicha creencia con lo que la persona razonable creería bajo las circunstancias, lo que es opuesto a un estándar puramente objetivo. Tercero, el estándar de la persona razonable impone una suerte de dictadura de la mayoría al perpetuar una cultura predominante sin considerar los puntos de vista de los grupos minoritarios.

The term "suitability" is understood as the correspondence between what a consumer expects and what he actually receives. In that sense, to clarify what is meant by "duty of suitability" it is necessary to analyze theconcept of "consumer” as well.However, when it comes to our consumer protection system, can we say it is protecting the reasonable consumer, the average consumer or the negligent consumer? In this regard, what are the implications of opting for the protection of one or the  other?  In this article, the author seeks to answer these questions through an analysis of national jurisprudence regarding consumer protection. / Se entiende por “idoneidad” la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que en efecto recibe. En ese sentido, para dilucidar qué debe entenderse por “deber de idoneidad” no puede dejarse de analizar lo relativoal concepto de “consumidor”.Ahora bien, en nuestro sistema de protección al consumidor, ¿se protege al consumidor razonable, al consumidor promedio o al consumidor negligente? Al respecto, ¿cuáles son las implicancias de optar por la protección del uno o el otro? En el presente artículo, el autor busca responder a estas preguntas a través de un análisis de la jurisprudencia nacional deprotección al consumidor.

En esta investigación abarca un problema relacionado con la vigencia de los derechos humanos dentro del proceso penal: el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Con motivo del proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal (ley 27.063, T.O decreto 118/19), se estudian aquí las herramientas legales que surgen de dicho digesto en aras de la garantía de ese derecho fundamental, con especial énfasis en la interpretación que debe darse a las normas respectivas dentro del tipo de sistema -acusatorio- que el Código implementa. En esta tarea se hace hincapié en los plazos regulados para completar la etapa preparatoria y formular acusación, como plazos perentorios tendientes a sumar una garantía adicional a la del plazo máximo de duración del proceso, en una mirada bifronte que abarca, también, la necesidad de asegurar la vigencia del derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva. / This research covers a problem related to the observance of human rights within the criminal process: the right to be tried within a reasonable time. On the occasion of the process of implementation of the Federal Code of Criminal Procedure (law 27.063), the legal tools that arise from this Code are studied here in order to guarantee that fundamental right, with special emphasis on the interpretation that must be given to the respective norms within the type of system -accusatory- that the Code implements. This task emphasizes the regulated deadlines for completing the investigation and making accusations, as peremptory deadlines that add another guarantee besides the maximum period of duration of the process. This study includes a two-sided view that also covers the need to ensure the victims’ right to an effective judicial protection.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La aspiración a la certeza y al conocimiento exacto, resultan ser ideas ilusas dentro del marco de la naturaleza humana, lo que se extiende también a las instituciones construidas y conformadas por seres humanos, los que son, por esencia, seres falibles. Así las cosas, no está de más recordar que los jueces, a pesar de su especial poder para adjudicar en los conflictos de terceros, siguen siendo personas, que llevan inherente a su naturaleza la imposibilidad de omnisciencia y, por ende, la capacidad de errar. Lo anterior, en el contexto de un juicio, inexorablemente abre paso a la necesidad de implementar alguna herramienta que posibilite al juez responder a la pregunta de ¿cuándo puede dar por acreditada una determinada versión sobre los hechos, sin incurrir en un error que acarree el reproche social? La respuesta a dicha interrogante, únicamente puede hallarse en la implementación de un estándar de prueba, herramienta procesal que se instituye como el elemento de concatenación lógica en la decisión del adjudicador, pues sin éste, los jueces se encontrarían en la imposibilidad de fundamentar íntegramente sus fallos y a la vez, es fiel reflejo de las expectativas de justicia de la sociedad toda, las que se manifiestan a través de la decisión político-normativa efectuada por sus representantes, a la hora de regular el umbral específico que indicará el nivel de suficiencia probatoria exigible y el margen de error que como comunidad estamos dispuestos a tolerar en las decisiones judicial

This paper provides an exploration of major traded derivative instruments in Chile, the interest rate swaps, and most commonly used valuation methods, addressing financial risk management in the context of the International Financial Reporting Standards (IFRS). We analyze the requirements for adopting hedge accounting, particularly with regard to evidence of effectiveness, and discuss particular aspects of the Chilean case that companies must face the time to prove the validity of contracts and contract coverage. The study’s findings suggest that the local market still has problems of efficiency and availability of information to (i) properly manage financial risks and (ii) demonstrate the effectiveness of hedges under IFRS. / El presente trabajo realiza una revisión, análisis y exploración de uno de los principales instrumentos derivados transados en Chile, los swaps de tasas de interés, y sus métodos de valorización más utilizados, además de abordar la gestión de riesgos financieros en el contexto de las International Financial Reporting Standards (IFRS). Se analizan los requisitos exigidos para adoptar contabilidad de cobertura, especialmente las pruebas de efectividad, y se discuten otros aspectos particulares del caso chileno que las compañías deben enfrentar al momento de demostrar la validez de las coberturas contratadas y por contratar. Las conclusiones del estudio apuntan a que el mercado local aún presenta problemas de eficiencia y disponibilidad de información para (i) gestionar correctamente los riesgos financieros y (ii) demostrar la efectividad de las coberturas bajo IFRS.

The author explains what «diligent bidder» means during bidding processes. First, he starts analyzing some civil law matters as due diligence and compliance with obligations. Then, he states his position about whether the consultation during bidding processes is a right or an obligation for the bidder, and under what conditions it would work. Furthermore, he explains the relevance of identifying strict liability on developing the technical file to set the compensation of damages. Finally, the author offers some cases to determine when contractors are «diligent bidders» and when they are not. He points out that when contractors are «diligent bidders», the owner must take full responsibility; on the other hand, when they are not «diligent bidders» and they partially caused the damage, the judge or the arbitrator should reduce the compensation. / El autor aborda el tema relacionado al «postor razonable» en los procesos de selección de obra pública. Su aproximación al tema parte por analizar aspectos civiles relacionados con la diligencia y el cumplimiento de obligaciones. Asimismo, presenta su posición respecto de si la formulación de consultas es una obligación o un derecho de los postores, y en qué casos se aplicaría. Además, explica porqué es importante determinar la responsabilidad objetiva en la elaboración del expediente técnico, a la hora de determinar el resarcimiento del daño. Al finalizar, presenta algunos criterios que deberían ser tomados en cuenta para analizar cuándo nos encontramos frente a un «postor razonable», y cuándo no. Explica que de encontrarnos frente a un «postor razonable», el contratante deberá asumir la responsabilidad total por los errores; sin embargo, en caso se determine que el «postor no fue razonable» y que eso contribuyó a generar el daño, entonces el juez o árbitro deberán reducir el resarcimiento.

A Reasonable Doubt is the act by which the Customs communicates the importer that doubts that this has declared the customs value in compliance with the valuation rules properly, requiring information and documentation necessary to verify that they have properly followed the rules valuation. In this article as we explore the conceptual and procedural aspects of management prerogative, we will try to find the limits to their exercise from the time, space and material point of view consistently (in concordance) with the rights and obligations of taxpayers. / Una Duda Razonable es el acto a través del cual la Aduana comunica al importador que duda que éste haya declarado el valor en aduanas cumpliendo las reglas de valoración adecuadamente, requiriendo la información y documentación que sea necesaria para verificar que se han cumplido adecuadamente con las reglas de valoración. En este artículo mientras analizamos los aspectos conceptuales y procedimentales de esta prerrogativa de la administración, trataremos de encontrar los límites a su ejercicio desde el punto de vista temporal, espacial y material en concordancia con los derechos y obligaciones de los contribuyentes.