El presente informe analiza la Sentencia N° 03343-2007-AA emitida por el Tribunal Constitucional, la cual resuelve declarar fundada el recurso de agravio constitucional presentado por el demandante Jaime Hans Bustamente Johnson contra la resolución de la Primera Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San Martín de fecha 10 de mayo de 2007, la cual declara infundada la demanda planteada contra las empresas Talismán Petrolera del Perú, REPSOL y Petrobras Energía Perú S.A. En el informe se analiza lo resuelto por el Tribunal Constitucional; y, se centra en la necesidad de regulación de procesos colectivos con sentencias estructurales para garantizar la eficacia de derechos constitucionales. Así, se señala la necesidad de reconocimiento de tutela colectiva a comunidades nativas y campesinas, se establece la diferencia con la tutela de derechos difusos; y, se señala la necesidad de regulación de procesos colectivos estructurales / This report analyses judgment N° 03343-2007-AA issued by the Constitutional Court, which resolves to declare the constitutional grievance appeal founded presented by the plaintiff Jaime Hans Bustamente Johnson against the resolution of the First Decentralized Mixed Chamber of the Superior Court of Justice of San Martín dated May 10, 2007, which declares the lawsuit filed against the companies Talismán Petrolera del Perú, REPSOL unfounded and Petrobras Energía Peru S.A. The object is the analysis of the decision of the Constitutional Court, but focusing on the need that Peru regulates structural adjudication

El proceso de amparo contra laudos y el recurso de anulación de laudo son dos procesos cuya relación y aplicación ha cambiado intensamente en las últimas décadas. Ello, porque el proceso de amparo ha pasado de ser un proceso alternativo a uno subsidiario, y el recurso de anulación de laudo de ser una vía previa para interponer un amparo a una vía excepcional e igualmente satisfactoria a este. A partir de ello, el objetivo de este Informe es analizar si corresponde declarar nulo un laudo a partir de una presunta vulneración a la garantía de imparcialidad, tomando en cuenta la normativa y la jurisprudencia, que ha establecido criterios específicos para la aplicación del amparo y anulación de laudo. Por ello, la investigación detrás de este informe tiene por finalidad verificar la aplicación práctica de estos instrumentos a partir de su naturaleza jurídica, a efectos de determinar si es correcto el razonamiento de las instancias judiciales involucradas, o si, por el contrario, contradice la razón de ser del arbitraje. Como se concluye en este documento, la demanda de amparo es improcedente pues no correspondía un proceso de amparo, sino un recurso de anulación como vía excepcional e igualmente satisfactoria. Además, se determina que la decisión del Tribunal Constitucional sobre la existencia de una vulneración a la garantía de imparcialidad no considera adecuadamente los medios probatorios presentados, motivo por el cual sí está facultado para declarar la nulidad de su propia sentencia al evidenciarse vicios graves de motivación. Para efectos de este informe, estas decisiones y su fundamento nos permiten estudiar las instituciones jurídicas para la mejor resolución de casos posteriores.

El presente trabajo de académico pretende realizar un análisis de la interpretación y aplicación del artículo 70 inciso 5 de la Ley N° 28411 que esta estrictamente relacionado con el derecho de ejecución de sentencias bajo una tutela jurisdiccional efectiva, para ello se realizará un análisis de las normas que permite ejecutar una sentencia donde el ejecutado es el Estado, siguiendo esa línea se mencionara como parte de la investigación expedientes donde están aplicando este artículo en los juzgados especializados laboral del Distrito de Piura. Debido a que, la aplicación de este artículo permite ejecutar una sentencia en 5 años posteriores del requerimiento de pago. Ante este escenario, se busca aportar una posible salida de interpretación ante la colisión del derecho de tutela jurisdiccional efectiva y principio de legalidad presupuestaria. Puesto que, tanto el derecho y el principio llegan a colisionar en su aplicación y la solicitud de atención que requieren las partes. / The aim of this academic work is to carry out an analysis of the interpretation and application of the 70th Article, paragraph 5, of Law N° 28411, which is strictly related to the right to execute judgements under the effective jurisdictional protection. In order to achieve our goal, we will analyze the legal norms that allow the execution of a judgment where the enforcement respondent is the State; in that regard, as part of this investigation, there will be mention of case files where the aforementioned article is applied in Labor Courts of the Piura District; due to the fact that its application allows the enforcement of a ruling in the span of five years following the payment requirement. Given this scenario, we intend to provide a possible way out to the interpretation in the face of the collision between the right of effective jurisdiction protection and the principle of budgetary legality; since both the right and the principle come to collide in their application, as well as in the attention required from the parties. / Trabajo académico

En el Perú, toda persona que inicia un proceso judicial, debe tener presente que existen gastos que, directa o indirectamente, tendrá que internalizar; sin embargo, aparentemente, dicha afirmación colisiona con la presencia del principio de gratuidad del sistema de justicia que caracteriza nuestro sistema judicial. Debido a ello, consideramos necesario desarrollar ideas en torno a la gratuidad de la administración de justicia para establecer su constitucionalidad en nuestros procesos constitucionales y proponer ideas de ser necesario. / In Peru, any person who starts a judicial process must have in mind that there are expenses that, directly or indirectly, will have to internalize; however, apparently, said statement collides with the presence of the principle of gratuity of the justice system that characterizes our judicial system. Due to this, we consider it necessary to develop ideas about the free administration of justice to establish its constitutionality in our constitutional processes and propose ideas if necessary. / Trabajo académico

Desde su origen en el derecho romano, la pluralidad de instancias ha sido un instituto jurídico sujeto a constante evolución. En el Perú, se concibe a la pluralidad de instancias como un derecho fundamental y una garantía de que el Estado, al menos en la jurisdicción ordinaria, dotará a las partes de una estructura jurisdiccional organizada en una doble instancia y los medios impugnatorios necesarios. Desde la política legislativa, en la vigente ley de arbitraje peruana, Decreto Legislativo N.° 1071, se optó por adherirse a la tendencia global de reducir los medios para impugnar las decisiones arbitrales. El recurso de apelación contra el laudo fue suprimido, quedando únicamente como mecanismo de control posterior, el “recurso de anulación”. El dilema se presenta en el diseño legislativo del enrevesado “recurso de anulación”, cuando dispone que sólo procede el recurso de casación cuando el laudo es anulado total o parcialmente: ¿se vulnera la pluralidad de instancias o no? El objetivo de este artículo es adentrarse en las latentes interrogantes en torno al problema sui géneris planteado. Dentro la diversidad de posibilidades por optar, algunas más intrincadas que otras, se propone una alternativa al dilema que no garantiza no traer a colación repercusiones en la opinión jurídica

En este caso legal, la demandante argumenta que su tía, la demandada, revocó la donación de un inmueble debido a intereses personales de sus hermanos, quienes consideraban que la propiedad era un patrimonio familiar. La demandada afirma que tomó esta acción debido al cambio de conducta de la demandante después de recibir la donación, alegando agresiones psicológicas y riesgo para su salud. Sin embargo, la demandante sostiene que la carga de la prueba no debería recaer exclusivamente en ella, ya que la demandada fue quien afirmó inicialmente un hecho en vía administrativa al solicitar la revocatoria de la donación. El problema principal se centra en determinar si la carga de la prueba recae únicamente en la demandante para demostrar los hechos en disputa. El argumento es que la carga de la prueba debería haber sido atribuida a la demandada, ya que fue ella quien afirmó originalmente el hecho en vía administrativa. Los problemas secundarios abordan la validez de utilizar la historia clínica y el informe médico como pruebas suficientes para demostrar que la donataria estuvo expuesta a un estado de peligro inminente. Se argumenta que estos medios probatorios son insuficientes para generar un razonamiento probatorio adecuado. Además, se cuestiona la aplicación del numeral 2 del artículo 744 del Código Civil, ya que la relación entre las partes es de tía y sobrina, no de ascendiente. También se discute si la donataria tenía la obligación legal de velar por la integridad y salud de la donante, concluyendo que no existía tal obligación en este caso. En resumen, se plantea que la carga de la prueba no debió atribuirse exclusivamente a la demandante, que los medios probatorios presentados son insuficientes y que la donataria no tenía la obligación legal de cuidar de la donante. / In this legal case, the plaintiff argues that his aunt, the defendant, revoked the donation of a property due to the personal interests of his siblings, who wanted the property for being a family patrimony. The defendant affirms that she took this action due to the change in the plaintiff's behavior after receiving the donation, alleging psychological aggression and risk to her health. However, the plaintiff maintains that the burden of proof should not fall exclusively on her, since the defendant was the one who initially asserted a fact in administrative proceedings when requesting the revocation of the donation. The main problem centers on determining whether the burden of proof falls solely on the plaintiff to prove the facts in dispute. The argument is that the burden of proof should have been attributed to the defendant, since it was she who originally asserted the fact in administrative proceedings. Secondary issues address the validity of using the medical history and medical report as necessary evidence to demonstrate that the donee was exposed to a state of imminent danger. It is argued that these means of proof are insufficient to generate an adequate evidentiary reasoning. In addition, the application of numeral 2 of article 744 of the Civil Code is questioned, since the relationship between the parties is aunt and niece, not ascendant. It is also discussed whether the donee had a legal obligation to ensure the integrity and health of the donor, concluding that there was no such obligation in this case. In summary, it is argued that the burden of proof should not be attributed exclusively to the plaintiff, that the evidence presented is insufficient and that the donee did not have a legal obligation to take care of the donor.

En nuestro medio el Nuevo Código Procesal Penal tiene un carácter acusatorio y en base a los principios de publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas; hacen que los sujetos procesales (parte acusada y acusadora) deben encontrarse preparados, a fin de conseguir la justicia y equidad en el proceso penal; en consecuencia, bajo el nuevo paradigma del Estado Constitucional de Derecho pasa a ser trascendental el papel desempeñado por la defensa quien está representada por el abogado defensor, quien es el llamado a ejercer una defensa técnica eficaz a fin de garantizar al procesado el cumplimiento y la efectividad del derecho al Debido Proceso y a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. En tal sentido, en el desarrollo del presente trabajo nos hemos planteado determinar los estándares de una defensa técnica eficaz; y si la actividad desempeñada por el abogado que no cumple con estos parámetros conlleva a la vulneración de las garantías constitucionales del procesado, situación que podría acarrear nulidad absoluta de acuerdo a lo establecido en el inciso d) del artículo 150 del Código Procesal Penal. Sin embargo, consideramos que para alegar nulidad por defensa técnica ineficaz no es suficiente que se configure esta; toda vez que, además, debe concurrir simultáneamente lo siguiente: a) Que el justiciable se encuentre en estado de indefensión; b) Que como consecuencia de la indefensión se le haya obstaculizado el acceso efectivo a la justicia; y, c) Se le haya vulnerado otros derechos constitucionales.

En este artículo la autora identifica un problema de la práctica judicial a nivel de Cortes Supremas -que actúan bajo el Código Procesal Civil como ley procesal aplicable- pues se estarían declarando procedentes infracciones normativas no invocadas por la parte impugnante, amparando esta decisión en el artículo 392-A del Código Procesal Civil e intentando justificar la misma en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. En tal sentido, el presente artículo tiene como objetivos evaluar cuáles son los límites de los jueces supremos en el marco de su actuación como jueces de casación, identificar cuáles son los derechos y principios vulnerados con las decisiones que siguen la tendencia antes mencionada y, a su vez, evaluar la necesidad de mantener o no el artículo 392-A del Código Procesal Civil en nuestro ordenamiento jurídico. La autora afirma que al ser el recurso de casación un medio impugnatorio de fuente legal, la actuación de los jueces supremos deberá delimitarse dentro del marco de sus competencias y dentro de lo regulado por la ley aplicable sobre el recuro de casación. Finalmente, se concluye que el artículo 392-A del Código Procesal Civil debe ser derogado de nuestro ordenamiento jurídico, pues dicho artículo no cumple con una finalidad específica que justifique mantener la “procedencia excepcional” en los términos expuestos, que lejos de ser utilizada, es distorsionada para entenderla como un permiso para la arbitrariedad judicial.

La Corte Suprema en el Quinto Pleno Casatorio Civil determinó que el artículo 92 del Código Civil es una norma especial, por consiguiente, un acuerdo asociativo solo puede ser cuestionado conforme lo establece dicha disposición normativa. En el presente informe jurídico critico la posición de la Corte Suprema y analizo los problemas jurídicos identificados en el caso concreto materia del Quinto Pleno Casatorio Civil. Asimismo, planteo mi posición con respecto a dichos problemas jurídicos a fin de determinar tanto los alcances del artículo 92 del Código Civil, así como determinar el remedio jurídico que la Corte Suprema debió aplicar en el caso concreto. Mi posición es que la impugnación de acuerdos asociativos regulado en el artículo 92 del Código Civil no es un remedio especial, y, en ese sentido, las causales de nulidad u anulabilidad reguladas en los artículos 219 y 221 del Código Civil no se rigen por dicha disposición normativa. Asimismo, sostengo que la impugnación de acuerdos asociativos es un remedio jurídico de anulabilidad con causales y plazos fijados por el citado artículo, que cuenta el asociado legitimado frente a contravenciones a la ley o a las disposiciones estatutarias. Además, indico el impacto en sede registral sobre las cuestiones planteadas en el Quinto Pleno Casatorio Civil

La presente producción académica se cimienta en la dinámica establecida dentro del proceso especial de terminación anticipada (en adelante T.A.), como manifestación del derecho premial, establecida en el Art. 468° del nuevo modelo procesal penal (en adelante nCPP), el mismo que muestra como principal objetivo el resultado rápido y eficaz de la tan anhelada “justicia”, mostrándose como una manera de simplificación del tortuoso y dilatado proceso penal. Este proceso es la manifestación de la justicia negociada, con mayor preponderancia entre el fiscal y el imputado, con la finalidad de poner fin al conflicto durante la etapa de investigación. Sin embargo, cuando analizamos la actuación del actor civil, quien también forma parte de la relación jurídica procesal por haber sufrido materialmente la comisión del delito, detectamos que aquel tiene una participación limitada durante las negociaciones. Lo que solamente existe, es una aparente garantía en su favor, que es el derecho de impugnación establecido en el núm. 7 del acotado articulo procesal, cuando aquel no está conforme con la fijación de la indemnización económica postulatoria -reparación civil. Por ello, sostenemos que el proceso de T.A. afecta los derechos en sus hebras más fundamentales como lo son: la dignidad humana, tutela judicial y el debido proceso que corre a favor del actor civil ya que, durante el desarrollo de este proceso especial, el actor civil no tiene una participación trascendental y los jueces no garantizan sus derechos, a pesar de que lo que se negocia constituye el objeto civil del proceso, es decir su pretensión principal. / This academic production is based on the dynamics established within the special process of early termination (hereinafter TA), as a manifestation of the award law, established in Art. 468 of the new criminal procedural model (hereinafter nCPP), the same as shows as its main objective the quick and effective result of the much desired "justice", showing itself as a way of simplifying the tortuous and lengthy criminal process. This process is the manifestation of negotiated justice, with greater preponderance between the prosecutor and the accused, in order to put an end to the conflict during the investigation stage. However, when we analyze the performance of the civil actor, who is also part of the procedural legal relationship for having materially suffered the commission of the crime, we detect that he has a limited participation during the negotiations. What only exists is an apparent guarantee in their favor, which is the right to challenge established in no. 7 of the limited procedural article, when he is not satisfied with the fixation of the postulatory economic compensation - civil reparation. Therefore, we maintain that the T.A. affects rights in their most fundamental strands such as: human dignity, judicial protection and due process that runs in favor of the civil actor since, during the development of this special process, the civil actor does not have a transcendental participation and the Judges do not guarantee their rights, despite the fact that what is negotiated constitutes the civil object of the process, that is, its main claim.