Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo trata sobre el procedimiento al cual se deben enfrentar los extranjeros al momento de regularizar su situación migratoria (desde la entrada al país), si es necesario que este cumpla con los estándares modernos de un debido proceso y si, en caso de ser así, efectivamente cumple con dicho estándar. Así, el trabajo compara lo que se entiende por un debido procedimiento administrativo, lo que señala la legislación migratoria vigente y lo que ha sucedido en la práctica, analizando diversos casos. Finalmente, se expondrá si efectivamente con la actual legislación migratoria es posible lograr dichos estándares o si, por el contrario, se deben realizar cambios legislativos y cuál sería la profundidad de estos. / 20/11/2019

El presente informe contiene el análisis jurídico de la Resolución Directoral Nº 844-2015-OEFA/DFSAI de OEFA contra PETROPERÚ por el derrame de petróleo en el km 41+833, ubicado en la localidad de Cuninico, distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto. El análisis aborda la implementación de los principios de responsabilidad ambiental y de prevención en el procedimiento administrativo sancionador ambiental, así como la conceptualización e implementación de las medidas y sanciones por daño ambiental por el derrame bajo análisis, siendo fundamental el abordaje de este tema dado que en la Amazonía peruana se superponen territorios de pueblos indígenas con actividades de hidrocarburos por lo que es importante lograr la sostenibilidad ambiental y la aplicación eficiente y efectiva de la fiscalización ambiental. En ese sentido, se analiza como OEFA determina la responsabilidad administrativa ambiental de PETROPERÚ, el daño a la fauna y flora (daño ecológico) y el daño a la vida y salud (daño por influjo ambiental), así como las medidas y sanciones impuestas por dicho organismo a la empresa titular. Para ello, utilizamos un análisis sistémico normativo con el fin de lograr un análisis integral, comparando dicha resolución con otras resoluciones relacionadas con casos de derrames de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano. Además se realiza un análisis de la situación actual del caso y concluyéndose que si bien se determina responsabilidad administrativa contra Petroperú, aplicándose el procedimiento excepcional en el marco de la Ley Nº 30230, por el cual se impone sólo medidas correctivas, consideramos que si se incluía un concepto integral de salud (daño mental y/o social) de los pueblos indígenas, el procedimiento sancionador pudo haber sido ordinario y por tanto el titular merecer una sanción (multa)

El presente informe jurídico analizará la Resolución N° 1571-2021/SPC-INDECOPI, el cual versa sobre un trato discriminatorio que sufrieron los señores Diego Andre Estrada Medina y Gonzalo Daniel Cáceres Bartra quienes al encontrarse en el bus de transporte de la empresa Tepsa se vieron incitados a separarse a consecuencias de algunas muestras de cariño que tuvieron como cualquier pareja. Dicho hecho estaría vulnerando el articulo N° 38 de la Ley N° 29571, configurándose así una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor. La finalidad de este informe es evaluar si efectivamente Tepsa cometió un acto de discriminación en perjuicio de los señores Diego Andre Estrada Medina y Gonzalo Daniel Cáceres Bartra. Y para ello, el presente informe contará con una cuestión previa si es que INDECOPI es la vía adecuada para analizar este tipo de casos en donde se involucran derechos humanos; de igual manera, evaluaremos que derechos están involucrados en el caso; un marco teórico que permitirá explicar el concepto de la discriminación en el consumo. Asimismo, se analizara si la solicitud efectuada realmente es un acto de discriminación o si es parte de la libertad de la empresa solicitarles que se separen y se revisará la carga probatoria presentada en el caso a fin de ver si se configura el acto de discriminación. Luego, revisaremos si es o no responsable Tepsa. de los actos efectuados por su trabajador el Terramozo y si Sala realizó un correcto análisis de las medidas correctivas dictadas. Finalmente, se plantearan las conclusiones del caso y las recomendaciones para complementar futuros razonamientos de la Sala

Las reformas económicas e institucionales emprendidas en los países en vías de desarrollo para la dotación de servicios (electricidad, gas natural, telecomunicaciones y agua potable) han tenido un denominador común en la última década, esto la incorporación de los organismos reguladores (Stern & Holder, 1999; Gray, 2001, p.1) como supervisores del buen funcionamiento de estos mercados. (Quintanilla Acosta, 2004) / Tesis

Esta investigación, ha abarcado la importancia del uso de las tecnologías de la información y comunicación en los gobiernos locales, específicamente en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, porque es necesario llevar a esta institución hacia la modernidad para que pueda realizar una gestión eficiente. Una forma de mejorar el servicio que brinda esta entidad es mediante la actualización de los procedimientos que los ciudadanos realizan, esto se logrará gracias a las TIC, fusionando el procedimiento administrativo tradicional, con el procedimiento administrativo electrónico. De esta manera, la Municipalidad se convertirá en una institución de fácil acceso para los administrados, ya que ahora se podrán enviar documentos, realizar trámites, solicitar un servicio y hasta realizar pagos de manera virtual, pudiendo además dar seguimiento a su expediente y ver el estado de su proceso por internet y recibir la respuesta a su solicitud mediante una resolución virtual. Así todos los ciudadanos se verán beneficiados con estos cambios y el gobierno municipal mejorará.

El presente trabajo analiza al procedimiento de interpretación del numeral 2 del Anexo 11 del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez seguido ante el OSITRAN entre los años 2005 y 2009 con la finalidad de aportar parámetros de interpretación que permitan solucionar este tipo de controversias de modo eficiente y jurídicamente correcto; y además el identificar los efectos nocivos de un actuar inconsistente e incongruente del OSITRAN en este tipo de procedimientos. Para esto se identifica a la regulación de los contratos de concesión y a la vinculada al proceso de interpretación, se aplican los métodos de interpretación pertinentes para la resolución de la controversia y se realiza un análisis crítico de las actuaciones procedimentales del regulador. Se incluye por tanto al estudio de la normativa de concesiones y Asociaciones Público Privadas, del Código Civil, de la normativa de Bienes Estatales, y de las reglas del procedimiento de interpretación tanto en la normativa sectorial como en la Ley del Procedimiento Administrativo General. El informe concluye que la interpretación de un contrato de concesión debe seguir una estructura jurídica en particular en relación a nuestra regulación actual de modo que no permita futuras discrepancias respecto al entendimiento de cierto contenido contractual, y además que el OSITRAN no actuó conforme a derecho en el presente expediente. / The report analyzes the interpretation procedure of the numeral 2, Annex 11 of the Jorge Chávez International Airport Concession Contract guided by OSITRAN between the years 2005 and 2009 with the purpose of providing interpretation parameters that allow to solve this type of controversies in an efficient and legally correct way; and also, to identify the harmful effects of an inconsistent and incongruous OSITRAN proceeding in this type of procedures. For this, we identify the regulation related to concession contracts and the interpretation procedure, the pertinent methods of interpretation that can apply for the resolution of the controversy and a critical analysis of the OSITRAN proceeding. It includes the study of the concessions and Public-Private Associations regulation, the Civil Code, the State Assets regulation, and the interpretation procedure rules both in the sectoral regulation and in the General Administrative Procedure Law. The report concludes that the interpretation of a concession contract must follow a particular legal structure in relation to our current regulation so it prevents future discrepancies regarding the understanding of certain contractual content, and also that OSITRAN did not proceed in accordance with the law.

La sanción disciplinaria es un medio que garantiza indirectamente el correcto desarrollo de la función pública; por lo tanto, la entidad debe instaurar los procedimientos disciplinarios en un plazo oportuno, a fin de que la potestad punitiva responda a su finalidad, más aún que constituye una garantía del servidor el determinar un plazo específico a cuyo término no podrá ser investigado. En el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, este período temporal – denominado plazo de prescripción – es de un año a partir de que la oficina de recursos humanos toma conocimiento de la falta (plazo corto – hechos conocidos), salvo que no haya tomado conocimiento en el transcurso de tres años a partir de la comisión de la falta (plazo largo – hechos no conocidos). Por lo tanto, se entendería que la entidad cuenta con el plazo corto de un año porque está en la posibilidad de realizar las investigaciones necesarias para determinar la existencia de responsabilidad disciplinaria. No obstante, el poder de realizar las acciones de investigación no ha sido conferido a la oficina de recursos humanos, sino a la Secretaría Técnica; por lo tanto, surge la paradoja en la que la Entidad – a través de la Secretaría Técnica – ha conocido de la falta y cuenta con la posibilidad de realizar acciones de investigación, no obstante, estas acciones de investigación se desarrollarían en el marco de un plazo de prescripción largo que debería de operar únicamente cuando la falta aún no haya sido conocida. / The disciplinary sanction is a means that indirectly guarantees the correct development of the public function; therefore, the entity must institute disciplinary proceedings in a timely manner, so that the punitive power responds to its purpose, moreover, it is a guarantee for the employee to determine a specific time period at the end of which he/she may not be investigated. In the disciplinary regime of the Civil Service Law, this time period - called the statute of limitations - is one year after the human resources office becomes aware of the offense (short period - known facts), unless it has not become aware of it within three years of the commission of the offense (long period - facts not known). Therefore, it would be understood that the entity has the short period of one year because it is able to carry out the necessary investigations to determine the existence of disciplinary liability. However, the power to carry out the investigation actions has not been conferred to the human resources office, but to the Technical Secretariat; therefore, a paradox arises in which the entity - through the Technical Secretariat - has known about the misconduct and has the possibility to carry out investigation actions, however, these investigation actions would be developed within the framework of a long statute of limitations that should only operate when the misconduct has not yet been known. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación aborda cómo la subsanación voluntaria regulada en el sector forestal presenta problemas respecto a sus presupuestos básicos y sus límites de aplicación. En esa línea, es que se plantea como objetivo determinar si efectivamente se presentan problemas en su aplicación. Para tal efecto, es que se evalúa cómo la regulación de la subsanación voluntaria en el sector forestal genera confusión respecto de los presupuestos básicos para su configuración, y si es necesario establecer límites a la subsanación voluntaria regulada en el sector forestal. Producto de lo analizado, se llegó a la conclusión que la subsanación voluntaria en el sector forestal presenta problemas respecto a sus presupuestos básicos y sus límites de aplicación. En relación a sus presupuestos básicos, porque la subsanación voluntaria solo se configuraría en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, y, asimismo, porque se considera a la tala no autorizada como infracción subsanable, cuando ello supone un daño a los recursos forestales, siendo ello incongruente con lo regulado en el reglamento anteriormente aludido. Por otro lado, respecto a sus límites de aplicación, no basta con que la subsanación voluntaria no sea aplicable a sujetos reincidentes, sino que además se evalúe la introducción de algunos límites de su aplicación, como que su aplicación sea por única vez, que se considere la gravedad del daño generado y que la subsanación voluntaria tardía sea considerada como un posible factor atenuante de multa. / This research work addresses how the voluntary rectification regulated in the forestry sector presents problems with respect to its basic assumptions and its limits of application. In this line, the objective is to determine if there are indeed problems in its application. For this purpose, it is evaluated how the regulation of voluntary correction in the forestry sector generates confusion regarding the basic assumptions for its configuration, and if it is necessary to establish limits to regulated voluntary correction in the forestry sector. As a result of the analysis, it was concluded that voluntary rectification in the forestry sector presents problems with respect to its basic budgets and its application limits. In relation to its basic assumptions, because voluntary rectification would only be configured within the framework of a sanctioning administrative procedure, and, likewise, because unauthorized logging is considered a rectifiable infraction, when it supposes damage to forest resources, being This is inconsistent with what is regulated in the aforementioned regulation. On the other hand, regarding its limits of application, it is not enough that the voluntary correction is not applicable to repeat offenders, but also that the introduction of some limits of its application be evaluated, such as that its application be only once, that it be consider the seriousness of the damage generated and that late voluntary rectification is considered as a possible mitigating factor for a fine. / Trabajo académico

El presente informe tiene como objetivo exponer y analizar cuestiones relevantes en materia de protección consumidor contenidas en la Resolución 2188-2011/SC2- INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Como se podrá observar en el contenido del documento, dicho pronunciamiento justifica su trascendencia al poseer dos (2) niveles de análisis: uno de carácter procedimental, relacionado con la evaluación de la calidad de consumidor para microempresarios; y, otro de fondo, relacionado con la valoración fáctica del caso para establecer si existió o no una infracción al deber de información en el marco de la prestación de un servicio de publicidad mediante avisos. Con relación al aspecto procedimental se valorará la pertinencia del criterio adoptado por la segunda instancia administrativa del Indecopi para determinar cuándo un microempresario se encuentra en una situación de asimetría informativa, situación que embarga un debate jurídico incidental hasta nuestros días. Asimismo, respecto al deber de información se verificará si las condiciones esenciales del servicio ofrecido fueron trasladadas de forma clara y oportuna, para así poder estar en condiciones de adoptar una postura favorable o en contra de la decisión emitida en el pronunciamiento materia de evaluación.

El presente trabajo académico tiene como propósito determinar y desarrollar el valor objetivo que se debería aplicar a los programas de cumplimiento normativo, elaborados por las empresas, en procedimientos administrativos sancionadores en materia de protección al consumidor ante el INDECOPI. En ese sentido, empezaremos por una breve identificación de la forma en que se desarrollaron los programas de cumplimiento, entendido en el ámbito empresarial como compliance, resaltando la iniciativa privada. Lo cual posibilita el desarrollo empresarial con buenas prácticas comerciales en determinados ámbitos de su actividad. Ahora bien, con la modificación al Código de Protección al Consumidor, en el año 2016, mediante el Decreto Legislativo 1308, se añadió como atenuante, en los procedimientos administrativos sancionadores, la presentación de los programas de cumplimiento. En la actualidad son pocos los procedimientos donde se observa la presentación de estos programas de cumplimiento para su aplicación de atenuante. A su vez, INDECOPI no ha establecido criterios para la determinación del valor objetivo que debe asignarse a estos como factores atenuantes. A través del presente trabajo académico se tratará de dar un valor objetivo para el programa de cumplimiento en los procedimientos sancionadores en materia de protección al consumidor ante el INDECOPI. En ese sentido, en una primera parte se desarrollará un breve repaso de los programas de compliance en distintos rubros empresariales y sectoriales, luego se hará el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y las atenuantes en materia de protección al consumidor, lo cual dará paso a comentar y exponer el programa de cumplimiento en materia de protección al consumidor además de la forma de graduación de sanciones en la actualidad por los órganos resolutivos del Indecopi, y finalmente, analizare el valor objetivo que debe considerarse para los programas de cumplimiento.