El presente trabajo de investigación pretende analizar los problemas jurídicos más importantes que se desprenden del expediente materia de revisión a fin de emitir una opinión al respecto. Para tales efectos, se realiza una revisión de los hechos principales que componen la controversia, así como las actuaciones procesales más relevantes. De esta forma, nuestra metodología se respalda en las normas vigentes en el transcurso de los hechos, su respaldo constitucional y las normas internacionales ratificadas por el estado peruano, junto con la interpretación realizada por diversos autores para así aplicar todo ello a las principales decisiones jurisdiccionales que resolvieron el proceso. En ese sentido, nos adherirnos al sector de la doctrina que se encuentra a favor de la estabilidad absoluta ante el despido incausado y de aquel que no respeta el debido procedimiento. Asimismo, postulamos por un proceso laboral que no revista de una absoluta rigidez que perjudique al trabajador, quien es la parte procesal más débil por su acceso a la prueba y sus recursos económicos. Finalmente, determinamos que la causa de la extinción de la relación laboral fue una renuncia válidamente formulada y examinamos la actuación notarial que no respetó los requisitos previstos para la emisión de la certificación de la firma y la certificación de la reproducción.

Para que el juicio oral se desenvuelva demanera eficiente y eficaz, es necesario que la dirección judicial de la audiencia, no sea meramente intuitiva, sino que esté técnicamente orientada. Las técnicas no sólo son habilidades adquiridas en la práctica, sino también reglas aplicativas que deben orientarse hacia la realización de los principios propios del Estado constitucional de Derecho. La ausencia de una labor sistemática de conceptuación, sistematización y desarrollo de las técnicas de dirección judicial (TDJ) priva a los magistrados de una fuente de estudio y reflexión sobre esta importante actividad. El objetivo de la presente investigación es precisar cuál es regulación jurídica de la dirección judicial del juicio y qué técnicas de dirección judicial son posibles en este ámbito, en lo que respecta al alegato de apertura y la planificación subsiguiente, para hacer más eficaz y eficiente la administración de justicia penal. Como hipótesis de investigación se planteó que es posible construir un sistema interpretativo de la regulación jurídica de la dirección judicial del proceso penal, en lo que respecta al alegato de apertura y la planificación del juicio; y que también es posible conceptuar, sistematizar y desarrollar las técnicas aplicativas correspondientes a esta etapa que posibiliten un trabajo judicial eficiente y eficaz. Esta hipótesis ha sido corroborada. En el presente informe se presentan algunas líneas básicas de la dogmática de la dirección judicial del proceso penal en el alegato de apertura y en la planificación del juicio; así como las técnicas correspondientes.

En estos tiempos, la constitucionalización de los derechos -y del proceso- ha llevado a que los estados reformulen el modo de comprender y actuar del Derecho. Y es, justamente, bajo ese contexto que nace el paradigma de Estado constitucional, cuyos principales postulados son: i) la defensa de los derechos fundamentales; y, ii) el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Es así que, bajo dicho paradigma, esta tesis buscará, en primer lugar, describir el impacto que el Estado constitucional tiene sobre el proceso, el juez y las partes procesales; y más concretamente, sobre la prueba de oficio en el marco de una litis. A partir de ello, pretendemos también sentar las bases de un nuevo modelo de proceso, que dejando atrás el procesalismo científico, y en concordancia con la tesis denominada “Constitucionalización del Derecho Procesal”, no es más que un Modelo de Proceso Garantista (o “Constitucionalismo Procesal”); que nos permitirá identificar al Juez como: a) Garante de los derechos - garantías en el proceso (por ejemplo: imparcialidad, debido proceso u otros); y, b) Garante de los derechos que protege el proceso en relación a las partes (por ejemplo: derecho a la identidad, a la pensión, a alimentos, etc.). Reconociéndole, igualmente, en el juzgador la obligatoriedad de evaluar los derechos en litigio, a efectos de decretar prueba de oficio en un estadio procesal predictible (etapa de saneamiento) que les permita a las partes el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Para lo cual, también se planteará un modelo de razonamiento para que dicho accionar (incorporación de una prueba de oficio) tenga como finalidad la tutela de los derechos fundamentales de forma oportuna, idónea y eficaz. Finalmente, ponemos a consideración de la comunidad jurídica los argumentos expuestos en la presente investigación; donde describiremos, en líneas generales, el traspaso de la clásica “prueba de oficio” vista como un poder exclusivo-unilateral del juez hacia un modelo racional - argumentativo. Lo cual ciertamente implica todo un verdadero cambio de nuestra cultura jurídica procesal, que modestamente esperamos sea corregida a fin de tener un proceso dúctil y justo, en el marco de un Estado constitucional.

En la presente tesis se aborda la institución de la actuación de sentencia impugnada regulada en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional Peruano, cuyos presupuestos fueron fijados por el Tribunal Constitucional en el expediente No. 607-2009-PA/TC. A partir de un análisis de las características propias e implicancias de la institución, se corroborará que una adecuada aplicación de la misma, conlleva a que se otorgue una tutela jurisdiccional oportuna a las situaciones jurídicas y se respete el derecho a la efectividad de las sentencias. La hipótesis de la que parte la presente tesis es que la actual regulación de la institución de la actuación de sentencia impugnada en el Perú es deficiente. Al contrastar la regulación de la institución en nuestro país con la de ordenamientos jurídicos extranjeros, corroboraremos que existen distintas posibilidades de mejora. Así, al ratificar que, después de los presupuestos fijados por el Tribunal Constitucional para la aplicación de la institución en sede constitucional, la institución viene siendo aplicada por distintos jueces constitucionales de Lima; en la presente tesis se propone ampliar el ámbito de aplicación de la institución al proceso civil peruano, estableciendo en cuales procesos civiles resulta beneficiosa su aplicación y en cuales procesos sería un riesgo. Asimismo, se establecerán una serie de lineamientos que los órganos jurisdiccionales deberán tener en cuenta al momento de aplicar la institución objeto de estudio y se propondrán modificaciones normativas que sean acordes y complementen la propuesta de aplicación la institución en el proceso civil peruano. Frente a una población peruana que desconfía cada vez más de su sistema de justicia, resulta necesario implementar cambios y analizar distintos caminos dirigidos a otorgar una verdadera tutela jurisdiccional efectiva a la población peruana. Sostenemos que esta propuesta es uno de los caminos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca investigar el medio de prueba “declaración de parte” y cuál debe ser su valor probatorio en los procedimientos laborales, particularmente cuando es rendido por trabajadores. Este es un medio de prueba escasamente tratado en la doctrina nacional, presumiblemente debido a que no se encuentra recogido en las normas procesales de nuestro país. Si bien las teorías que se estudiarán acerca de valoración de este medio probatorio pueden ser usadas a otros procesos en donde se utiliza la sana crítica, se decidió aplicarlo a los procedimientos laborales debido, entre otras razones, a las características especiales que presenta la declaración del trabajador, especialmente en lo referido a las emociones que probablemente sentirá al presentar su testimonio, de acuerdo a la teoría del “contrato psicológico”. Luego de estudiar dos de los principios base que rigen actualmente los procesos reformados, como son la sana crítica y la libertad de prueba, y un breve análisis de los trabajadores en Chile y como sus características especiales pueden influir en su relación, se examinan las dos principales teorías modernas de valoración de la prueba, de Jordi Nieva Fenoll y Jordi Ferrer Beltrán. Posteriormente estas teorías se aplican a dos casos laborales ocurridos en Chile, para ver cómo se desenvuelven en la práctica. Al constatar que estas teorías no responden una de las interrogantes que motivaron esta investigación, como es si la declaración de parte puede ser suficiente para probar un hecho si no existen otros medios de prueba que lo corroboren teniendo en consideración el interés de la parte en el resultado del juicio, se esbozará una teoría propia que responda a esta interrogante.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Garantía de Indemnidad tiene un reconocimiento tardío en la legislación laboral chilena. Su acogida formal en nuestro ordenamiento parte con la dictación de las leyes N°19.759 y N°20.087, dentro del proceso de reconocimiento y protección de derechos constitucionales dentro de la relación laboral. Este trabajo tiene por objetivo describir en qué grado se ha acogido en nuestra jurisprudencia la garantía de indemnidad y las características de este proceso. Primero, se avoca a la descripción de la garantía de indemnidad, sus características y alcances. En una segunda parte, mediante una investigación descriptiva, se revisa una serie de reclamos judiciales por violación de la indemnidad, mediante la elección de una muestra de causas para observar la forma en eran falladas o terminadas, tabular el resultado de esas causas y describir algunas correlaciones, como las diferencias que caracterizan las causas de indemnidad con un grupo de control, para finalizar analizando los fallos que resolvieron los reclamos que invocaban violación a la garantía de indemnidad. Se pudo concluir que la mayoría de los juicios por tutela esgrime gravísimas causales de vulneración, como amenazas al derecho a la vida o acoso laboral; terminan en acuerdo en su mayoría y, las pocas que llegan a fallo, son rechazadas en una alta vi proporción. Mejor suerte corren las causas por violación de la garantía de indemnidad: del total de la muestra estudiada, una de cada cuatro demandas invocó violación de la garantía de Indemnidad. Estas, en su mayoría eran falladas a favor del trabajador, pero con una observación, obtenían en las acciones subsidiarias por despido injustificado y marginalmente, por la acción de indemnidad. Finalmente, mediante un diseño exploratorio, se recopilaron 22 sentencias, de tribunales de toda la República, la mayoría ejecutoriadas, en un periodo de 7 años, que tutelaron efectivamente esta garantía. De ellas, se extraen caracteres y definiciones doctrinales de gran interés para el desarrollo de esta materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto reflexionar en torno a la naturaleza, características y aplicación práctica de la facultad jurisdiccional que incorporó a nuestra legislación procedimental laboral el actual artículo 492 del Código del Trabajo, denominada doctrinariamente “Tutela Anticipada” o “Anticipatoria”. La hipótesis normativa, constituida por una parte por el atentado grave a las garantías fundamentales que el sistema general de los Derechos Fundamentales custodia, en los hechos, permite poner fin al conflicto planteado en su dimensión tutelar, sin audiencia e incluso oficiosamente y sin la procedencia de impugnación alguna, lo que podemos reconocer como Tutela Anticipatoria. La inclusión de la norma del artículo 492 ha sido, criticada por la Doctrina aduciéndose que, principalmente, su aplicación plantea pugna con aquellas normas adjetivas básicas, a propósito del debido proceso y de orden constitucional. Se concluye la pertinencia de su inclusión en la Ley Procesal Laboral, como un “procedimiento especialísimo” que tiene por objeto la cautela inmediata de derechos fundamentales, frente a una lesión especialmente grave, a través de la suspensión de los efectos del acto impugnado y/o denunciado, lo cual, si bien a primera vista colisiona formalmente con el debido proceso, veremos, éste ha debido imponerse dada la relevancia de los bienes jurídicos que pretende tutelar. Finalmente, debemos incluir igualmente las nociones relativas al acceso provisorio o provisional de la demanda en el procedimiento Monitorio, pues toca tangencialmente el aspecto central, precisamente en cuanto su anticipatoriedad, pero que sin embargo se justifica en la economía procesal y no -de modo centralen su función esencialmente cautelar. / 03/04/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

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