El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la eficacia del anonimato como mecanismo de denuncia del whistleblower en el modelo de prevención de las personas jurídicas, así como explorar las diferencias entre confidencialidad y anonimato en el procedimiento de denuncia interna y cómo esto puede afectar su eficacia. Además, se evaluarán los impactos de la confidencialidad y el anonimato en los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de información y la protección de datos personales, así como el derecho al debido proceso expresado formalmente por el derecho de defensa. Uno de los principales obstáculos en las denuncias internas es la falta de anonimato, ya que revelar la identidad del whistleblower puede ser una barrera para denunciar conductas indebidas o sospechosas, potencialmente ilícitas; para lo cual se considerará también el impacto de la implementación y uso del canal de denuncias anónimo en las organizaciones. Se examinará la legislación peruana en este ámbito, así como las similitudes y diferencias con la legislación de Estados Unidos de Norte América y España. Para respaldar el análisis, se revisarán estudios e investigaciones sobre el tema, así como reportes sobre los niveles de fraude a nivel mundial y el impacto del whistleblowing en otros países. Debemos acotar que no será materia de estudio en el presente trabajo de investigación el supuesto de exoneración de responsabilidad administrativa atribuible a las personas jurídicas por la comisión de los delitos señalados en la normatividad legal peruana

El presente trabajo tiene como objetivo principal medir la efectividad de la política fiscal en el Perú a nivel departamental durante el período 1999-2008. Para tal fi n, se estiman los multiplicadores fi scales del gasto público y de impuestos a través de la metodología propuesta por Blanchard y Perotti (2002). Además, en el caso del gasto público se realiza un análisis desagregado por tipo de gasto (corriente y de capital). Finalmente, dada la heterogeneidad de los multiplicadores fi scales a nivel departamental, se analiza la correlación entre estos, la gestión del gasto público y la informalidad. Los resultados muestran que en la mayoría de departamentos los multiplicadores fi scales estimados son consistentes con la teoría estándar; además, los multiplicadores se incrementan cuando se analiza el subperíodo 2005 - 2018, durante el cual rige la Ley de Decentralización Fiscal. Por tipo de gasto, se encuentra que el multiplicador del gasto de capital tiene efectos limitados sobre el producto en la mayoría de los casos, mientras que el multiplicador del gasto corriente tiene efectos macroeconómicos mucho más expansivos sobre el producto. Finalmente, se encuentra evidencia de que la magnitud de los multiplicadores fiscales está relacionada con la percepción de la gestión del gasto público y con el nivel de informalidad de los departamentos.

Plantear la efectividad de la función “ex-post” de los Programas de Compliance en empresas que se han visto involucradas en temas de corrupción, que puedan haber sido generadas por el órgano directivo, plana gerencial o cualquier empleado. Los beneficios de los Programas de Compliance han sido principalmente difundidos desde su aporte a la prevención y al fortalecimiento de una “cultura de cumplimiento”, sin embargo, en este artículo se propone extender sus beneficios hacia situaciones en donde las empresas que ya realizaron actos que “no cumplieron” con las expectativas o estándares planteados en los Programas de Compliance, desde su rol preventivo, consideren útil la implementación de estos Programas como una forma de mitigar el impacto que un involucramiento en actos de corrupción haya podido generar, y así lograr mantener su actividad que vaya de la mano con una renovación de los estándares corporativos. En este tipo de circunstancias es que cobra mayor importancia el que se pueda llegar a evidenciar apropiadamente que el Programa de Compliance, desde su rol “Ex-Post” no se trate de un simple documento con una “letra muerta”, que sólo sirva para “aparentar” o “maquillar” una actitud de renovación del compromiso de la empresa, sino que por el contrario sea muestra clara de los objetivos planteados por las empresas en su ánimo de fomentar nuevos valores que permitan alcanzar la “reconstrucción de su moral”. Ahora bien, la forma en cómo las empresas podrán evidenciar un real contenido y adherencia a los principios que establecen los Programas de Compliance dependerá de cada empresa dentro de su ámbito de libertad de gestión, sin embargo, en el presente artículo se busca proponer componentes mínimos de los Programas de Compliance que sirvan de base para la finalidad planteada. / Trabajo de investigación

Existe un consenso generalizado que el Perú constituye una ‘democracia sin partidos’, y de igual manera, que, pese a intentos institucionales de reforma electoral y partidaria, nuestro sistema partidario es persistentemente esquivo a la recomposición. Frente a la afirmación de que en el Perú resulta extremadamente difícil formar partidos políticos, al menos refiriéndose estrictamente a partidos políticos de carácter programático, resulta particularmente interesante realizar un repaso al sistema de partidos existente hoy en día, así como la exploración de las dinámicas de construcción partidaria en un sistema caracterizado como colapsado. Para ello, en primer lugar, resulta necesario dejar en claro desde una perspectiva teórica el estado del sistema de partidos peruanos, y dejar en claro porque constituye un sistema de partidos en persistente colapso. Asimismo, se realizará breve repaso por la evolución del sistema partidario como tal, así como los principales factores que evidencian el rumbo de su evolución. Finalmente, tras dilucidar las dinámicas y pautas de construcción y articulación partidaria, se expondrán casos particulares que evidencian la construcción de partidos en un sistema colapsado. La conclusión denota la imposibilidad de articular un partido de carácter programático, estable y duradero, no a menos que la utilización de recursos administrativos y dinámicas clientelistas persistan como los mecanismos más importantes para formar un partido en el Perú hoy.

El Poder Ejecutivo aprobó en el 2018 el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, Reglamento de Políticas Nacionales, el cual establece que los ministerios con competencias compartidas determinan, mediante modelos de provisión de bienes y servicios, los roles y las responsabilidades para cada nivel de gobierno. En ese sentido, la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, como rector del proceso de descentralización, aprobó instrumentos (lineamientos y guía metodológica) para la elaboración de modelos de provisión de bienes y servicios y brindó asistencia técnica para su aplicación. El presente informe analiza el proceso de elaboración de dichos modelos desde 2 dimensiones: aplicación de los instrumentos y resultados alcanzados. Así, se encuentra que el contenido de los 2 únicos modelos de provisión aprobados no cumple con el objetivo de consolidar la descentralización, pero no por una incorrecta aplicación de los instrumentos. Por el contrario, se concluye que los instrumentos fueron diseñados con una lógica de mejorar los servicios en cuanto a su provisión y no en garantizar que los servicios se brinden de forma descentralizada, es decir que dicha provisión en el territorio implique una real distribución del poder y recursos.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:19:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Decio Gabriel Gimenez.pdf: 1389513 bytes, checksum: 9512940015616e7305783d3af232b11a (MD5) Previous issue date: 2010-10-27 / The purpose of the present work is to comprehend one of the hypotheses of extinction of the effects caused by administrative acts, such as that one which results from the non-compliance by the addressee of obligations identified in the Brazilian Law. This hypothesis deserves a specific treatment, once it is submitted to a peculiar law regime, resultant of its qualification as administrative sanction. Therefore, the administrative act has been contained within the realm of administrative function, drawn afterwards to an overview of the hypotheses of its extinction and under a dogmatic methodological perspective, in order to identify and detach, among the kinds of State declarations with revoking efficiency, that one which has as presupposition the practice of an imputable administrative illicit to the addressee of the act, henceforth called cassation act. Moreover, this work aims to identify, taking the structural focus of the administrative act and the juridical regime that regulates the edition of administrative sanctions, what are the limits to the edition of the State declarations here discussed. To reach this purpose, this study approaches the object, the fundaments, the presupposition and the juridical effects of the cassation act. Finally, this work also treats the control of this kind of administrative act, focusing the actions exerted by the Judiciary / O presente trabalho tem por finalidade compreender uma das hipóteses de extinção dos efeitos dos atos administrativos, qual seja, a que decorre do inadimplemento de deveres pelo destinatário, com o intuito de identificar se, no direito brasileiro, ela merece um tratamento específico, em razão de estar submetida a um regime jurídico peculiar, decorrente de sua qualificação jurídica como espécie de sanção administrativa. Para tanto, localiza-se o ato administrativo no âmbito do exercício da função administrativa e traça-se um panorama das hipóteses de sua extinção, a partir de uma perspectiva metodológica dogmática, a fim de identificar e destacar, dentre as espécies de declarações estatais com eficácia extintiva, aquela que tem como pressuposto a prática de um ilícito administrativo imputável ao destinatário do ato, rotulada então como ato de cassação. Em seguida, a partir de um enfoque estrutural do ato administrativo e do regime jurídico que regula a edição de sanções administrativas, procura-se identificar quais são os limites para a edição das declarações estatais em foco. Para atingir esse objetivo, estuda-se o objeto, o fundamento, os pressupostos e os efeitos dos atos de cassação. Ao final, trata-se do controle dessa espécie de ato administrativo, com enfoque para o exercido pelo Poder Judiciário

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:22:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Claudio Penedo Madureira.pdf: 1548963 bytes, checksum: 885287097fa585f00cf0f8791dd13ae0 (MD5) Previous issue date: 2014-05-12 / I focus the problem of litigation in the legal process, but under the view of needed compatibility of administrative acting in the boundaries imposed by positive-law order to the State intervention in the range of legal possibilities of the citizen. The discussion proposed here is important because the State, as an organic element of political institutionalization of a society supports in all its aspects several possibilities and claims that lead it to legal litigations dayly. The fact is that Public Administration and its agents are subject to the rules of written legality (here understood as juridicity in order to cover the following of rules that are part of the Constitution) and have their activities linked to the achievement of public interest (here understood as State and society interest observing the established juridical order). This finding is of crucial importance for understanding the litigation problem in the public field, since the incidence of strict legality and need of public interest achievement condition the state activity to a correct application do Law. The achievement of this purpose presupposes interpretative activity and not always the public agents are prepared to act, which explains diversity in the basis of professional training that are part of the Administration. Like this problems outcome in the realization of necessary acts to the administrative functions, based on mistakes in the Law application. It may happen that Administration denies usufruct to subjective rights by order or from it imposes the administered people obligations and punishment not authorized by the normative terms. These mistakes need to be corrected by Administration under the hazard and risk of inferring offense to strict legality and of not promoting properly the achievement of public interest. The importance of Public Advocacy and its participants is here to whom the Constitution (articles 131 e 132) gives assistance to the public service in the administrative processes by means of which these professionals can have the internal control of juridicity of the administrative acting (article 70). As a consequence of this juridical control, when acts practiced by the Administration contradicts Law, the public lawyers must direct their review in the administrative range. It is their duty to use tools that are given to them to promote the anticipation of litigious demand closure that the validity of these same acts are discussed, for example, not presenting defense or legal resources and promoting conciliation in the process. These elements lead to the conclusion that it is incompatible to the administrative law system, specially to the strict legality and with the need of achieving public interest, the understanding according to which it is for the public lawyers , as professionals of the linked legal activity support the unsustainable or question the unquestionable in the processes they are linked to / Abordo o problema da litigiosidade no processo, mas sob o enfoque da necessária compatibilidade do agir administrativo aos limites impostos pelo ordenamento jurídicopositivo à intervenção do Estado na esfera das disponibilidades jurídicas do cidadão. A discussão proposta é relevante porque o Estado, como elemento orgânico da institucionalização política de uma sociedade, sustenta, em todas as suas emanações, numerosas responsabilidades e pretensões, que o conduzem, cotidianamente, aos litígios judiciais. Ocorre que, como cediço, a Administração Pública e seus agentes estão sujeitos aos ditames da legalidade estrita (aqui compreendida como juridicidade, para também abarcar o cumprimento das regras e princípios que integram a Constituição) e têm sua atuação vinculada à realização do interesse público (aqui compreendido como interesse do Estado e da sociedade na observância da ordem jurídica estabelecida). Essa constatação tem crucial importância para a compreensão do problema da litigiosidade na esfera pública, visto que a incidência da legalidade estrita e a necessidade da realização do interesse público condicionam a atuação estatal a uma correta aplicação do Direito. É certo que o atendimento desse reclame pressupõe atividade interpretativa, e que nem sempre os agentes públicos estão preparados para exercitá-la, o que em parte se explica em parte pela diversidade na base de formação profissional das pessoas que integram a Administração. Com isso, surgem, em concreto, problemas na realização de atos necessários à execução da função administrativa, pautados em equívocos na aplicação do Direito. Assim, pode ocorrer, por exemplo, de a Administração negar fruição a direitos subjetivos assegurados pelo ordenamento, ou dela impor aos administrados obrigações e sanções não autorizadas pelos textos normativos. Esses equívocos precisam ser corrigidos pela Administração, sob pena e risco de se depreender, na casuística, ofensa à legalidade estrita e de não se promover adequadamente a realização do interesse público. Nisso reside a importância da Advocacia Pública e de seus integrantes (os advogados públicos, também designados como procuradores), a quem a Constituição (arts. 131 e 132) confere o atendimento ao poder público nos processos administrativos (atividade consultiva) e judiciais (atividade contenciosa), no curso dos quais esses profissionais exercem, ainda, o controle interno da juridicidade do agir administrativo (art. 70). Como decorrência desse controle jurídico, sempre que verificarem que atos praticados pela Administração contrariam o Direito, os advogados públicos devem orientar a sua revisão na esfera administrativa (atividade consultiva). Cumpre-lhes, ainda, utilizarem-se dos mecanismos que lhes são conferidos pelo ordenamento para promover a antecipação do desfecho de demandas judiciais em que se discute a validade desses mesmos atos viciados, por exemplo, deixando de apresentar defesas/recursos e promovendo a conciliação no processo (atividade contenciosa). Esses elementos induzem a conclusão de que é incompatível com o regime jurídico administrativo, em especial com a legalidade estrita e com a necessidade de realização do interesse público, a compreensão segundo a qual compete aos advogados públicos, como profissionais de atividade jurídica vinculada, sustentar o insustentável , ou contestar incontestável , nos processos em que atuam

Submitted by Biblioteca de Adminsitração (bibadm@ufba.br) on 2017-07-25T13:29:18Z No. of bitstreams: 1 Wilson Cedraz da Silva.pdf: 3054125 bytes, checksum: 19e4d7597d3f7a910644c6b4f313b9ec (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Angela Dortas (dortas@ufba.br) on 2017-07-25T13:51:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Wilson Cedraz da Silva.pdf: 3054125 bytes, checksum: 19e4d7597d3f7a910644c6b4f313b9ec (MD5) / Made available in DSpace on 2017-07-25T13:51:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Wilson Cedraz da Silva.pdf: 3054125 bytes, checksum: 19e4d7597d3f7a910644c6b4f313b9ec (MD5) / O objetivo desta dissertação é analisar os sistemas de governança corporativa, gestão de riscos e conformidade da Petrobras e da Eletrobras, antes e depois da Operação Lava Jato, e verificar se foram realizadas as mudanças adequadas para a remediação das deficiências que levaram aos desvios de recursos. A relevância do trabalho está, principalmente, na análise das medidas que foram tomadas pelas empresas, diante das evidências de que um complexo esquema de corrupção vinha realizando grandes desvios de recursos, nestas que são as maiores estatais brasileiras, gozavam de boa reputação e tinham seus sistemas de controles certificados nacional e internacionalmente. Através de uma pesquisa documental e de outras fontes, as ações das empresas foram analisadas, com suas respectivas legislações sobre contratações, considerando os desdobramentos da Operação Lava Jato. A análise de conteúdo foi utilizada para avaliar as remediações das deficiências nos controles internos e as alterações na governança corporativa, gestão de riscos e conformidade, comunicados pelas empresas através de seus Formulários de Referência. Finalmente, foi aplicada a técnica da triangulação, relacionando os dados da análise de conteúdo com os da pesquisa documental e confrontando com as melhores práticas levantadas através da pesquisa bibliográfica. O estudo mostra que as principais causas dos desvios estão fortemente relacionadas aos vícios no desenho institucional brasileiro. A conclusão do trabalho mostra que apesar de ambas as empresas terem apresentado propostas de remediação das deficiências, mediante alterações em seus sistemas de governança corporativa, gestão de riscos e conformidade, em concordância com os padrões do COSO e ISO 31000, apenas a Petrobras implementou efetivamente tais alterações, enquanto que a Eletrobras não havia implementado as necessárias remediações, até o fechamento da presente pesquisa. / ABSTRACT The goal of this work is to analyze the main changes in the corporate governance, risk management and compliance systems of the Petrobras and Eletrobras and verify if these changes were appropriate to remedy the deficiencies that led to the misappropriation of resources identified by Lava Jato Operation. The relevance of the research is mainly on the analysis of measures taken by the two companies based on the evidence that a complex corruption scheme had been carrying out large deviations of resources despite the fact that the two companies are the largest Brazilian state companies, whose reputation was good and their control systems certified nationally and internationally. Through documentary research and others sources it is presented an analysis of the events and the measures that both companies implemented. To evaluate the remediation of the deficiencies in internal controls and governance changes, submitted by the companies, it was used content analysis. Finally, the technique of triangulation was applied, relating the content analysis data with the documentary research and comparing the best practices raised through literature. The main problems were intrinsically associated with the Brazilian institutional problems. As a result, it was possible to identify that both companies submitted control remediation proposals and governance changes in accordance with the standards of COSO and ISO 31,000. However, only Petrobras has implemented a major restructuring in its systems of corporate governance, risk management and compliance.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:30Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2000-04-13T00:00:00Z / A proposta do trabalho é de analisar o processo de modernização da Administração Tributária a partir do que ocorreu na Secretaria dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo. A proposta é uma tentativa de compreensão e contextualização do fenômeno segundo os cânones da 'nova Administração Pública' e do que efetivamente tem ocorrido em outros lugares.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:49:53Z (GMT). No. of bitstreams: 3 86592.pdf.jpg: 11840 bytes, checksum: 1337f22365bacd4706bd8d68a1aa6473 (MD5) 86592.pdf: 1878244 bytes, checksum: 01f89ef3a174bf32eab7f214771a4bc2 (MD5) 86592.pdf.txt: 1243536 bytes, checksum: e4b783526a19a9438ccfcf3bbb644bf1 (MD5) Previous issue date: 2007-08-10T00:00:00Z / This work aims at contributing the analysis of tourism public policies of the city of São Paulo, Brazil. It draws from a research which goes back to the 1980s. In that decade a democratization process started to take place in the decentralized governance of that country. Before that historical features of Brazil had prevailed: decisions concentrated in the Executive power at national level and limited access for civil society representatives to the decision forums. The power concentration bias was present in tourism too and it underbalanced the participation of the state and local governments as well as business leaders in the making of public policies. The tourism industry lacked articulation both within itself and with the government, and the latter did not act in an orchestrated way in its three levels either. The citizens’ participation could be hardly detected. Nobody seemed to have a strategic perception of the sector of tourism. That scene went through transformation as a consequence of a reform in the Brazilian state which that took place during the 1980s, pointing to economy deregulation, decentralization of policy making, increase in society’s participation in public affairs. In the tourism industry it enlarged the decision process – by incorporating subnational instances and citizens representatives. Several initiatives of society participants were institutionalized; that was the case of the Municipal Tourism Council of São Paulo, which is the object of our research. Under these circumstances the goal of this investigation can be stated more precisely: to check whether or not (and how) this Council contributed an enlargement of the city participation in the production of local public policies for tourism. The analysis of the Council’s path from 1991 through 2006 has disclosed an increasing interference by society’s actors in the debates, discussions and decisions, even though this process was often permeated by distortions. In fact, during most of its history, the Council had the tourism supply chain representatives as privileged participants, to the disadvantage of other segments of civil society. There has been a slow reversal in that trend from 2001. Nevertheless this move may be strongly impaired by two factors. On the one hand, the business leaders still lack a systemic, holistic perception of the tourism industry. On the other hand, recent changes in the juridical frame of the Council may result in new power concentration by the state, as decisions become centralized by the Council’s president. / Este trabalho tem como objetivo colaborar com os estudos de políticas públicas de turismo em nível municipal. Considera como panorama, a partir da década de 1980, quando floresceu, no Brasil, o movimento de democratização da gestão descentralizada, que se contrapunha às características históricas brasileiras de concentrar decisões nas mãos do Executivo, na esfera federal e de limitar a ampliação do ingresso de representantes societais nos fóruns decisórios. De fato, no âmbito do turismo, até a referida década, verifica-se que esse viés concentrador vai concorrer para manter inexpressivas, a representatividade dos governos estaduais e municipais e a presença da iniciativa privada, no que tange à produção de políticas públicas. Da mesma forma, é manifesta a ausência, neste processo, de participação cidadã, tanto quanto a falta de articulação no interior da referida atividade (entre as esferas da administração), afora do próprio setor turístico com os outros setores governamentais. Todavia, este cenário sofreu transformações através dos anos de 1980, quando começaram a serem vistas mudanças no macroambiente, advindas da Reforma de Estado e de seus desdobramentos, a saber: desregulamentação da economia, descentralização da produção das políticas, incremento da participação societal nos negócios públicos, etc. Em decorrência das alterações acima delineadas, verificou-se, na órbita do setor turístico, dentre outras implicações, o alargamento do processo decisório, que passou a incorporar os entes subnacionais, além de atores societais. Na seqüência, foram institucionalizadas variadas iniciativas de participação da sociedade civil, dentre elas, o Conselho Municipal de Turismo de São Paulo – COMTUR/S.P., nosso objeto de estudo. Dadas estas circunstâncias, a investigação se deteve em averiguar em que medida a existência desse lócus concorreu para aumentar a participação citadina na produção das políticas públicas do setor, na esfera municipal. Assim, a partir do exame da trajetória do COMTUR/S.P., desde 1991 até 2006, foi possível perceber uma ampliação progressiva da ingerência dos atores societais, no campo dos debates, discussões e até mesmo, nas decisões, ainda que, muitas vezes, este processo tenha sido permeado por distorções. Com efeito, há que se considerar que no decorrer da maior parte de seu percurso, privilegiouse notadamente a inclusão da cadeia produtiva do setor, nesta arena, em prejuízo de outros segmentos da sociedade civil. Ademais, ainda que tal tendência venha sendo revertida gradativamente a partir de 2001, cabe destacar que este movimento pode ser fortemente comprometido, por um lado, em face das recentes mudanças do quadro normativo no qual este colegiado está inserido, que consagraram uma forte concentração de poderes na mão do Estado – via a centralização de decisões na figura do Presidente do Conselho - e por outro, devido à permanência da falta de uma visão sistêmica da parte, principalmente, dos atores vinculados ao setor privado. Diante do exposto, alerta-se, sobretudo, para o risco iminente de que se reproduza no nível municipal, a concentração de poderes nas mãos do Executivo, a qual assistimos no âmbito federal, no transcurso de maior parte da nossa história pátria.