Actualmente nos encontramos en un momento de profunda transformación en la historia de la humanidad y de las leyes de la naturaleza caracterizada, entre otras cosas, por un desarrollo expansivo de la industria biotecnológica. La biotecnología tiene como materia prima los recursos genéticos y, también, los extractos bioquímicos de las especies vegetales, animales y microbianas que componen la diversidad biológica, la cual permite un sin fin de posibilidades alimenticias, medicinales, energéticas, industriales entre otros recursos básicos que proveen bienes y servicios esenciales a la pervivencia de la especie humana al mismo tiempo que constituye un elemento integrante de la red de la vida.Si, la perpetua tradición del biocolonialismo o biopiratería que desarrollaron algunos pocos países arrollando a muchos se atenúa o, siendo optimistas, se extingue observando las normas que edifican el Convenio sobre la diversidad biológica y, especialmente, el régimen de acceso a los recursos genéticos en él instituido (artículo 15), las posibilidades de crecimiento económico y, consecuentemente, de desarrollo humano de estos países podría ser una de las innumerables alternativas para empezar a tomar forma. Además, la minimización de los efectos perniciosos sobre la diversidad biológica, mediante su conservación y la aplicación del paradigma desarrollo sostenible, podría favorecer y corregir el dilema utilización versus deterioro.Así pues, el artículo 15 del referido Convenio ofrece por primera vez en el Derecho internacional público un régimen jurídico para un acceso a recursos genéticos legalmente constituido. La característica principal del mismo es que el acceso a un determinado recurso genético se trata de una expectativa sometida a complejas y a la vez oportunas condiciones. Por una parte, está vinculado a contraprestaciones anteriormente inexistentes, las cuales afectan especialmente a la parte usuaria: la transferencia de tecnologías, incluidas las biotecnologías; la distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de cualquier modalidad de utilización y la realización de investigaciones científicas basadas en los recursos accedidos. Por otra parte, está vinculado a la legislación nacional del Estado suministrador del recurso, al consentimiento fundamentado previo del mismo e a las condiciones mutuamente convenidas en la negociación de los acuerdos que le darán vida jurídica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

In this article, the author analyzes if the application of the Specific Antievasive Rules (NAE) is compatible in the scope of the Convention for the Avoidance of Double Taxation (CDI). For this purpose, he investigates if the Peruvian legal system adopts a monistic or dualistic position on the incorporation of CDI’s, so that the relationship between internal law and treaty by the technique of remission is established. / En el presente artículo, el autor analiza si es compatible la aplicación de las Normas Antielusivas Específicas (NAE) en el ámbito del Convenio para evitar la Doble Imposición (CDI). Para tal propósito, indaga sobre si el ordenamiento peruano adopta una postura monista o dualista sobre la incorporación de los CDI’S, de tal manera que se establezca la relación entre la ley interna y el tratado mediante la técnica de la remisión.

The objective of this article is to review and analyze the different arguments and legal excuses made by the Government and the private sector in Peru, this for the purpose of that the first-mentioned institution fails or avoids its juridical obligation of execute the preview consultation process for the indigenous peoples in Peru, this whenever the State is going to adopt a legislative or administrative measure susceptible that will affect directly to the indigenous peoples. In summary, this article seeks to analyze about the juridical problems founded at the moment of the implementation of the preview consultation process in our Legal System. If we consider that Convention 169 ILO, and the right to consult has been in force since February 2nd of 1995, and the Constitutional Court established on binding jurisprudence that the Convention in question is a norm that no needs a legislative development for its effectiveness, thus we can conclude that, rather than arguments is about legal excuses. / El objetivo del artículo es revisar y analizar los diferentes argumentos y pretextos jurídicos utilizados por el Gobierno y el sector privado en el Perú, para que el primero incumpla o evada su obligación jurídica de realizar el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas en el Perú, esto cada vez que el Estado prevé adoptar una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. En buena cuenta lo que hace el artículo es analizar los problemas jurídicos encontrados al momento de implementar la consulta previa en nuestro ordenamiento jurídico. Si tenemos en cuenta que el Convenio 169 de la OIT, y el derecho a la consulta estaban vigentes, y eran exigibles en el Perú desde el 2 de febrero del año 1995, y que el Tribunal Constitucional ha dicho en jurisprudencia vinculante, que el referido convenio es una norma que no necesita desarrollo legislativo para desplegar sus efectos normativos, podemos concluir, que más que argumentos, se trata de pretextos jurídicos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / ¿En qué consiste el Convenio 169 de la OIT? ¿Cómo fue la discusión que ratifica el convenio mencionado en el Congreso Nacional? ¿Cómo ha sido la implementación del Convenio? Las preguntas enunciadas tienen por objetivo generar inferencias descriptivas respecto el impacto que ha tenido el Convenio en los procesos de consulta y participación de los pueblos indígenas en Chile. Mediante una revisión exhaustiva de la discusión suscitada en el Congreso Nacional que antecedió la ratificación de este convenio, se aportan los principales elementos de análisis para abordar tres fallos de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que sientan jurisprudencia respecto del trámite de consulta de los pueblos indígenas y del estándar establecido para este por el Convenio 169. Además, se hace hincapié en el proceso de consulta constituyente iniciado por el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), donde se avizoran críticas a la implementación del convenio, por parte de los propios pueblos indígenas y otros actores de la sociedad civil. Este elemento del derecho internacional, en una lógica de dos niveles, permea el ordenamiento jurídico interno e invita a cuestionar los avances del Estado chileno en el reconocimiento de las demandas históricas de los pueblos indígenas, generando una superficie propicia de mejora en la materia.

The digital age has reconfigured the security services, especially the forms of mass surveillance aimed at preventing various threats to society. However, this scenario may become problematic from the perspective of protecting the freedom of the media and journalistic privilege. The author of this article offers an overview of the scope of the protection of the journalistic privilege pursuant to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as well as its management in Poland from the developments prepared by its Constitutional Court. / La era digital ha reconfigurado los servicios de seguridad, sobre todo las formas de vigilancia masiva que buscan prevenir distintas amenazas para la sociedad. No obstante, este escenario puede convertirse en problemático desde la perspectiva de la protección de la libertad de los medios de comunicación y del privilegio periodístico. El autor del presente artículo nos ofrece un panorama sobre los alcances de la tutela del privilegio periodístico en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como sobre su tratamiento en Polonia a partir de los desarrollos realizados por su Tribunal Constitucional.

La existencia o no de ancestros en la Amazonía indígena ha sidoobjeto de importantes debates. Sin embargo, los líderes de la región no dudan en llamar ‘ancestrales’ sus saberes, normas o territorios,en un sentido que, desde un punto de vista académico, puede parecer enigmático. «Ancestrales, pero… ¿con o sin ancestros?», preguntaría entonces, confuso, el antropólogo. En este artículo propongo aportar elementos de respuesta a estapregunta a través del caso peruano. Primero analizo cómo los líderes indígenas amazónicos, conectándose al circuito del derecho internacional, adoptan la noción jurídica de ‘posesión ancestral’ del territorio para adaptarla al ámbito político. Este planteamiento rinde cuenta de la generalización y uniformización reciente del vocablo ‘ancestral’ pero deja pendiente el problema de su eventual articulación con las cosmologías indígenas que pretende reflejar. Por eso, en la segunda parte, intento sondear sobre la pertinenciade la categoría de ‘ancestro’ en la Amazonía indígena, recordando brevemente el debate académico para ir definiendo en qué medida esta categoría puede cobrar sentido. A partir del testimonio de un experimentado líder awajún, la tercera parte permite, entonces, volver más explícitos los diferentes sentidos y planos referenciales que despliega la referencia a lo ancestral, mostrando cómo los indígenas amazónicos no solo adoptan elementos conceptuales y discursivos externos, sino que al mismo tiempo los transforman a partir de sus propias singularidades cosmológicas y perspectivas políticas. / The existence —or not— of the concept of ancestors in the indigenous Amazon has been the subject of much debate. However, regional leaders do not hesitate to call upon ‘ancestral’ knowledge, customs, or territories in the sense that, from an academic point of view, could appear enigmatic. «Ancestral, but… with or without ancestors?» is the question a confused anthropologist might ask. In this article, I propose to offer elements of a response to this question,based on a case study in Peru. First I analyze how Amazonian indigenous leaders, following international law, have adopted the legal notion of ‘ancestral possession’ of their territory to adapt it to the political sphere. This approach accounts for the recent generalization and uniformization of the term ‘ancestral’, but poses the problem of how it articulates with the indigenous cosmologies that it supposes to reflect. For this reason, I explore in the second section the pertinence of the category of ‘ancestor’ in the indigenous Amazon, briefly drawing upon the academic debate in order to define inwhat way this category takes on meaning. Based on testimony from an experienced Awajún leader, we thus return in the third section more explicitly to the different meanings and planes of reference that unfold when one uses the term ‘ancestral’, showing how Amazonian indigenous people not only adopt external conceptual elements and arguments, but also transform them based on their own cosmological singularities and political perspectives.

[pt] Esta tese é composta por três artigos relacionados à macroeconomia. O primeiro artigo analisa os efeitos macroeconômicos dos processos de aprofundamento de crédito observados no Peru e no México através de um modelo padrão Novo Keynesiano dinâmico de equilíbrio geral com fricções financeiras. Do ponto de vista do modelo, os efeitos sobre o consumo, o PIB e o investimento são pequenos. Assim, nossos resultados sugerem apenas uma contribuição modesta da expansão do crédito para o crescimento acima do potencial das economias peruana e mexicana durante o período considerado. No segundo artigo, documentamos que a associação entre o crescimento do consumo e expansão do crédito é maior para países com maior desigualdade de renda. Nós usamos um modelo de mercados incompletos com agentes heterogêneos, risco idiossincrático e restrições ao crédito para verificar em que medida este arcabouço teórico é capaz de racionalizar a evidencia empírica. Em nosso modelo, consideramos duas fontes de desigualdade de renda: a variância do risco idiossincrático e o nível fixo de capital humano dos agentes. Mostramos que, quando a fonte de desigualdade de renda vem da menor nível fixo das famílias do capital humano, o nosso modelo pode racionalizar a evidência empírica. Nos outros casos, o resultado oposto ocorre. O terceiro artigo testa os efeitos de um grande programa de intervenções no mercado cambial anunciado pelo Banco Central do Brasil afim de combater o excesso de volatilidade e overshooting da taxa de câmbio. Nós usamos uma abordagem de controle sintético para determinar se o programa de intervenção foi bem sucedido ou não. Nossos resultados sugerem que o primeiro programa de intervenção cambial mitigou a depreciação do real frente ao dólar. Todavia, um segundo anúncio feito no final do ano que o programa ia continuar com uma intensidade menor teve um efeito menor e não significativo. Esse resultado é corroborado por uma metodologia de estudo de evento padrão. Nós também documentamos que o programa e a continuação do mesmo não tiveram impacto sobre a volatilidade da taxa de câmbio. / [en] This dissertation is composed of three articles in macroeconomics. The first article explores the macroeconomics effects of the credit deepening processes observed in Peru and Mexico using a standard New Keynesian dynamic general equilibrium model with financial frictions. From the perspective of the model, the effects on consumption, GDP and investment are small. Hence, our results suggest only a modest contribution of credit expansion to the abovetrend growth experienced by Peruvian and Mexican economies during our sample period. In the second article, we documented that the association between consumption growth and credit expansion is stronger in countries with higher income inequality. We use an incomplete-markets model with heterogeneous households, idiosyncratic risk and borrowing constraints to corroborate this empirical finding. A loosening of credit constraints mitigates precautionary motives, inducing households to reduce savings along the transition path to the new steady-state. Therefore, consumption grows more rapidly in the shortrun. This consumption boom is amplified in economies with more constrained households. We consider two sources of income inequality in our model: the variance of the idiosyncratic risk and the households fixed level of human capital. They have different implications for the extent to which households are credit constrained in equilibrium. We show that when the source of income inequality comes from households lowest fixed level of human capital, our model can rationalize the empirical evidence. In the other cases, the opposite occurs. The third article tests the effects of a major program of interventions in foreign exchange markets announced by the Central Bank of Brazil to fight excess volatility and exchange rate overshooting. We use a synthetic control approach to determine whether or not the intervention program was successful. Our results suggest that the first foreign exchange intervention program mitigated the depreciation of the real against the dollar. A second announcement made later in the year that the program was going to continue on a smaller basis had a smaller effect, which was not significant. This result is corroborated by a standard event study methodology. We also document that both program did not have an impact on the volatility of the exchange rate.

On January 27, 2014 the International Court of Justice, principal judicial organ of the United Nations ruled in the case of the maritime dispute (Peru v. Chile), being Peru the one that brought forth the case in January 2008. During the proceedings in Court, the parties presented fundamentally different positions on the existence of a maritime boundary between them and how the Court should proceed solving the dispute. The Court should have considered the multiple legal reasonings presented by the States parties over the years to arrive to its ruling. Particularly, some of the legal reasonings presented by Peru were accepted by the Court and considered in the ruling, beginning from the interpretation given to the proclamations of Peru and Chile in 1947, going through the reasonings Peru presented about the 1952 Santiago Declaration (It was the main topic presented by Chile, which was discarded by the Court) until the reasoning presented by Peru saying that the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement didn’t create a zone of tolerance that extends to 200 nautical miles. However, the Court considered that in the 1954 agreement the parties accepted the existence of a tacit agreement, but this existence was not presented by them in the Court even though it has a legal support in the jurisprudence of the International Court of Justice. Then, the Court had to determine the extent of the tacit agreement, a very difficult duty because the parties hadn’t considered the existence of that situation and its extension. After establishing the implied legal agreement was for 80 nautical miles along a parallel of latitude, the Court proceeded to establish a maritime boundary applying thoroughly the rules and principles of maritime delimitation presented by Peru, which applied to the case determine the presence of an equidistant line. In relation to the starting-point of the maritime boundary, the Court didn’t use the point presented by Peru but, in a correct way, made it clear that the starting-point of the maritime boundary and the starting-point of the land boundary don’t have to match necessarily. Finally, the way how the Court established the maritime boundary recognizes, with no doubt, that the area previously named “outer triangle” belongs to Peru, as this country claimed and as Chile opposed repeatedly over the years. In summary, it is a decision based on International Law and adopted under the evidence presented in Court. The Court applied and confirmed various legal arguments presented by Peru during the process, in spite of the opposing position of Chile. / El 27 de enero de 2014, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), órgano judicial principal de la organización de las Naciones Unidas, dio su sentencia en el caso de la controversia marítima (Perú c. Chile), el cual el Perú presentó ante ella en enero de 2008. Durante el proceso ante la Corte, las partes presentaron posiciones fundamentalmente distintas sobre la existencia de un límite marítimo entre ellas y sobre cómo la Corte debía proceder para resolver este caso. Para llegar a su fallo, la Corte debió evaluar esos múltiples argumentos legales planteados por ambos Estados a lo largo de años. En particular, varios de los argumentos legales planteados por el Perú fueron aceptados por la Corte y acogidos en el fallo, desde la interpretación que dio a las proclamaciones de Perú y Chile de 1947, pasando por los argumentos que planteó el Perú sobre la Declaración de Santiago de 1952 (que había sido el núcleo del caso argumentado por Chile, el cual fue descartado por la Corte), hasta el argumento peruano en el sentido de que el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 no creó una zona de tolerancia que se extienda por doscientas millas marinas. Sin embargo, la Corte consideró que en ese tratado de 1954 las partes reconocieron la existencia de un acuerdo tácito, figura que no argumentaron las partes ante la Corte, pero que tiene su fundamentación legal en jurisprudencia previa de la CIJ. La Corte luego tuvo que determinar la extensión de ese acuerdo legal tácito, labor sumamente difícil ya que las partes no habían contemplado la existencia de esa figura ni argumentado hasta dónde se habría extendido la misma. Luego de establecer que el acuerdo legal tácito se extendía por ochenta millas marinas a lo largo de un paralelo de latitud, la Corte procedió a establecer un límite marítimo siguiendo exactamente las normas y principios sobre delimitación marítima planteados por el Perú, los cuales aplicados al caso determinan el establecimiento de una línea equidistante. Con relación al punto de inicio del límite marítimo, la Corte no empleó el punto planteado por el Perú pero, correctamente, dejó en claro que el punto de inicio del límite marítimo y el punto de inicio del límite terrestre no tienen necesariamente que coincidir. Finalmente, la manera como la Corte estableció el límite marítimo reconoce sin lugar a duda que el área antes llamada «triángulo exterior» corresponde exclusivamente al Perú, como ese Estado argumentó y Chile se opuso repetidas veces a lo largo de los años. En resumen, se trata de una decisión ajustada al derecho internacional y tomada sobre la base de la evidencia a disposición de la Corte, en la que esta emplea y confirma diversos de los argumentos legales planteados por el Perú durante el proceso, a pesar de todo lo que Chile argumentó contrariamente.